Mucho se ha comentado respecto a la crisis de natalidad en Chile, marcada por la tasa de fecundidad más baja de nuestra historia y de las más bajas del mundo. Si bien los factores que explican estas cifras son múltiples, abren una buena oportunidad para hablar de libertad, derechos, rol del Estado y la sociedad.

Por un lado, existe un cambio de paradigma en la forma en que muchas mujeres conciben su proyecto de vida. La participación laboral, el desarrollo profesional y el emprendimiento no solo representan una fuente de ingresos, también un camino de realización personal que, en algunos casos, lleva a postergar o incluso descartar la maternidad. Es una expresión de autonomía y decisión. Sin embargo, esta elección a veces también va de la mano de otros factores: muchas mujeres deben enfrentar condiciones estructurales que dificultan la conciliación entre su desarrollo personal y la maternidad.

En Chile, la responsabilidad del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres, impactando en su desarrollo profesional, autonomía económica y decisión de tener hijos o hijas. Las mujeres reciben menos salario, tienen la obligatoriedad del postnatal y viven una cultura laboral que aún castiga la necesidad de tiempo para amamantar, criar o cuidar. Si a esto le sumamos la pobreza de tiempo, el alto costo de la vida, la falta de redes de apoyo y de políticas de conciliación laboral, deja de ser sorprendente que muchas mujeres, simplemente, decidan no asumir la maternidad para no poner en riesgo su estabilidad o su proyecto de vida.

Por otra parte, la libertad para decidir ser madres, también pasa por contar con herramientas para ello. En Chile, según el Ministerio de Salud, la infertilidad afecta a una de cada seis parejas en edad reproductiva y el acceso a técnicas de reproducción asistida sigue siendo limitado por sus altos costos y una cobertura solo parcial en Fonasa. Además, aunque parezca un tema aparte, en este debate no podemos olvidar que la libertad para decidir ser madres también contiene el derecho a decidir no serlo, por lo tanto, es necesaria una ley de aborto por plazos.

La crisis de natalidad nos dice mucho sobre la situación de las mujeres, pero también de los acuerdos familiares y de cómo la maternidad y el cuidado se entienden en nuestra sociedad. Por ello, es fundamental que las soluciones a las que arribemos no se adopten bajo la premisa de que las mujeres deben estar siempre disponibles para tener hijos o hijas, sino desde el enfoque basado en autonomía, derechos y comunidad.

El Estado tiene el deber de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en toda su dimensión, asegurando condiciones tanto para la maternidad deseada, como el acceso a la anticoncepción, la información, las técnicas de reproducción asistida y el aborto seguro. A su vez, tiene la urgencia de promover un modelo de corresponsabilidad social, donde las instituciones públicas, privadas, la comunidad y las familias contribuyan al cuidado; donde ser madre no se viva como un castigo. De ahí la relación de estas cifras de natalidad con la necesidad de un robusto sistema de protección social, en el que tanto el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados como el derecho a sala cuna universal y el postnatal parental para hombres, sean un mínimo.

Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, 20 de marzo de 2025