La columna “La gran feminización de la sociedad” presenta como amenaza transformaciones que, en rigor, responden a compromisos democráticos y jurídicos largamente asumidos por los Estados. Plantear la ampliación de derechos y la mayor participación de las mujeres como un riesgo para el Estado de derecho supone invertir el problema: lo que debilita la democracia no es la inclusión, sino la exclusión persistente.

La subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no ha sido un fenómeno natural ni circunstancial, sino una forma estructural de desigualdad. En ese contexto, los mecanismos orientados a garantizar participación equilibrada -incluidas las políticas de paridad- no constituyen privilegios ni concesiones ideológicas, sino herramientas para hacer efectivo el principio de igualdad sustantiva.

Los estándares internacionales en derechos humanos son claros. Una democracia que excluye sistemáticamente a la mitad de la población carece de legitimidad plena. Así lo ha reafirmado el Comité CEDAW, al establecer que la representación equilibrada de las mujeres es una condición para la vigencia del Estado de derecho y para la adopción de decisiones públicas más justas y responsables.

El debate, entonces, no es si “lo femenino” amenaza la ley, sino si estamos dispuestos a sostener democracias que continúan operando sobre desigualdades estructurales que el propio derecho internacional exige remover.

Paula Salvo Del Canto – Directora Corporación Humanas

Fabiola Gutiérrez – Coordinadora de Comunicaciones Corporación Humanas

Jennifer Alfaro – Coordinadora Estudios y Litigio Estratégico Corporación Humanas

Carta al director, publicada el 13 de enero de 2026. El Mercurio

Las protestas surgieron como expresión del descontento ciudadano ante la inseguridad, la crisis económica y la falta de respuesta estatal a demandas sociales legítimas. Sin embargo, la reacción del Estado ha sido marcadamente represiva. Se desplegaron convoyes militares y policiales en respuesta a las manifestaciones, incluido uno de más de 100 vehículos que salió de Quito hacia Imbabura el 28 de septiembre encabezado por los ministros del Interior y de Defensa. Se intervinieron Fuerzas Armadas en funciones de control de orden público —una tarea que normalmente no les corresponde— y se utilizó fuerza desproporcionada con armas de fuego.  

Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, hasta la fecha se registran 252 vulneraciones de derechos humanos, 124 personas heridas y una víctima fatal ocurrida en el marco de la represión estatal. Aunque las cifras oficiales refieren 111 personas detenidas, la Alianza ha documentado 101 detenciones arbitrarias y, al menos, 12 personas que sufrieron desaparición forzada de corta duración, entre ellas, una persona con discapacidad. En Cotacachi, Otavalo y La Esperanza se denunciaron cortes de internet y telefonía, una forma de censura que impide que manifestantes, comunicadores y defensores de derechos humanos se comuniquen y denuncien violaciones. Además, se han documentado detenciones masivas, procesos judiciales sin garantías, desinformación, bloqueo de cuentas bancarias, criminalización a operadores de justicia, personas defensoras y periodistas, y deportaciones sumarias.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha expresado su alarma por la escalada de violencia en Ecuador y ha hecho un llamado urgente al diálogo entre el Estado y los sectores movilizados, enfatizando la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos y la vida de todas las personas involucradas. Asimismo, recuerda que es una obligación estatal investigar el uso ilícito de la fuerza y que las fuerzas militares no están formadas para tareas de seguridad ciudadana.  

Recordamos que la protesta pacífica es un derecho fundamental, estrechamente vinculado con la libertad de expresión, reunión, asociación y participación pública. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar su ejercicio, lo que incluye asegurar condiciones seguras para la movilización, facilitar convocatorias en línea y proteger la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El uso de la fuerza solo es legítimo si cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad (limitando su uso a lo estrictamente necesario y proporcional al riesgo), y la participación de las fuerzas armadas en control del orden público contradice estándares internacionales y aumenta el riesgo de graves violaciones.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes exigimos al Estado ecuatoriano a cesar de inmediato el uso de la fuerza desproporcionada, garantizar la protesta pacífica y abrir espacios de diálogo genuino con la sociedad movilizada. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, incluida la CIDH y la ONU, a condenar la represión, requerir información oficial y realizar visitas de verificación en terreno para constatar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. 

Firman: 

Internacionales

1.     Centro de Derechos Reproductivos
2.     CIVICUS Alianza Global 
3.     Federación Internacional por los Derechos Humanos  (FIDH)
4. International Service for Human Rights (ISHR)
5.     Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

 Regionales

6.   Amnistía Internacional   Oficina Regional de las Américas
7.   Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
8.   Grupo de pueblos indígenas de la ILC-ALC – América Latina y el Caribe
9.   Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra – ILC – América Latina y el Caribe
10.   Plataforma Mujeres y Derechos a Tierra y Territorios de la ILC LAC – América Latina y el Caribe
11.   Plataforma Regional De Agricultura – América Latina y el Caribe
12.   Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe – América Latina y el Caribe
13.   Red Territorios de Vida TICCA Latinoamérica (ICCA Consortium) – América Latina

Locales

14.   Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
15.   Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS – Bolivia
16.   Environmental Defender Law Center – Brasil
17.   Corporación Humanas – Chile
18.   Observatorio Ciudadano – Chile
19.   Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) – Colombia
20.   Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) – Colombia
21.   Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) – Colombia
22.   Coalición Nacional Por la Tierra Ecuador – Ecuador
23.   Movimiento Mujeres Luna Creciente – Ecuador
24.   Manuel Eduardo Peralta Antamba – Ecuador
25.   Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
26.   Runa Ayllullakta Comunidad Amazónica Cordillera de Cóndor Mirador – Ecuador
27.   Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador – Ecuador
28.   Fundación Hermandad Integrada por la Solidaridad del Inmigrante (FHISI) – Ecuador
29.   Fundación Arupo – Ecuador
30.   Amazon Frontlines – Estados Unidos
31.   Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – Estados Unidos
32.   Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)   – Estados Unidos
33.   Robert F. Kennedy Human Rights – Estados Unidos
34.   Central de organizaciones indígenas maya Ch’orti’ Nuevo Día – Guatemala
35.   Red de Mujeres del Trifinio HOSAGUA Guatemala – Guatemala
36.   Centro Jurídico por los Derechos Humanos – Honduras
37.   Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – Honduras
38.   Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Mesoamérica
39.   Consultora Solidaria – México
40.   Mujeres Indígenas por ciarena – México
41.   Fundación para la Justicia – México
42.   Movimiento Autónomo de Mujeres – Nicaragua
43.   Congreso General indigena Maje Embera Drua – Panama
44.   Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco – Paraguay
45.   Asociación Pro Derechos Humanos – Peru
46.   Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra – Perú
47.   DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Perú
48.   Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD) – Perú
49.   Fundación Étnica Integral – Republica dominicana
50.   Mesa nacional para las migraciones y refugiados en República Dominicana (MENAMIRD) – República Dominicana
51.   Articulación Nacional Campesina  (ANC) – República Dominicana

A días de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la discusión en Chile se cruza con los esfuerzos por avanzar en el Congreso Nacional del proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. En este escenario, las voces de expertas feministas ponen sobre la mesa no solo las implicancias legales, sino también el trasfondo social, sanitario y cultural.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia de Corporación Humanas, subraya la importancia de que el gobierno haya dado inicio a esta discusión, pese al retraso respecto a lo prometido en la Cuenta Pública de 2024.

En vísperas de un nuevo ciclo electoral, la experta hizo un llamado claro a los aspirante a La Moneda y al Congreso Nacional: “Sería ideal que los candidatos, tanto presidenciales como parlamentarios, pudieran tomar conciencia de cuál es la relevancia que tienen los derechos sexuales y reproductivos. No es un tema menor, tiene un apoyo ciudadano importante y Chile está más que preparado para hacer este debate sin sesgos ideológicos”.

Así, defendió que el proyecto de aborto del Gobierno debe seguir avanzando y no sufrir contratiempos o restricciones dependiendo del sector político que gane la elección de noviembre. “Es bueno que el debate del aborto haga reflexionar a los tomadores de decisión respecto a qué violencia están sufriendo las mujeres embarazadas”, señaló.

Aborto como política pública, no imposición ideológica

“Nos parece muy importante que se inicie este debate. El año 2018 avanzamos en despenalizar en tres causales el aborto y la idea es que podamos ir avanzando hacia una despenalización social y una legalización del aborto por plazo en el mediano y largo plazo. Las organizaciones de la sociedad civil sabemos que puede ser un tema incómodo, Chile ha demostrado cierto conservadurismo respecto a temas que pueden tocar lo valórico”, expuso al ser consultada.

El debate sobre el aborto, enfatizó Bartolotti, no puede reducirse a una agenda exclusiva de los movimientos feministas ni a ninguna mirada netamente ideológica. “Detrás de la demanda del aborto, no solamente hay una demanda feminista, sino que también está directamente relacionado con el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, también con la reparación ante la violencia en el caso de mujeres que sufren embarazos producto de violación”, postuló.

“Acá no se le está imponiendo a nadie hacer abortos ni a un profesional de salud que vaya en contra de sus creencias religiosas. Lo que queremos es que se garantice sin discriminación el acceso a una prestación de salud que lamentablemente en Chile está en el Código Penal”, argumentó, agregando que nuestro país “es bastante conservador en su reglamentación del aborto”.

Una realidad social que requiere urgencia

“El debate en torno al aborto tiene un trasfondo mucho más importante detrás, que tiene que ver con el acceso a las políticas públicas sexuales y reproductivas. Y también tiene que ver con las maternidades deseadas y con qué sociedad de cuidados queremos crear”, complementó al respecto Bartolotti.

La experta insistió en que el aborto debe ser abordado como una política pública de salud. “No estamos hablando de un tema de nicho, sino que estamos hablando de una realidad social que viven muchas mujeres. Que en estos momentos no tienen las condiciones socioeconómicas, físicas, de salud, para continuar un embarazo, y el Estado no puede obligarlas a continuar un embarazo que vaya a perjudicar tanto sus proyectos de vida, su salud, etc. Y que todas tengan el derecho a decidir y recibir sobre todo una atención de salud digna”, recalcó Bartolotti.

Los casos recientes de fallas en anticonceptivos entregados por el sistema público, que derivaron en embarazos no deseados, son ejemplo de cómo la precariedad institucional golpea directamente a las mujeres. Por ello, Bartolotti remarcó la importancia del aborto como política para solucionar problemas de salud pública.

“La idea es que las mujeres que van a abortar, y que lo van a hacer de cualquier forma, no sean estafadas con pastillas falsas. Que puedan recurrir a un servicio médico en caso de una emergencia sin que las criminalicen, sin que las vayan a denunciar por un delito. Asimismo, desde el punto de vista de la actual ley de tres causales, es muy exigente respecto a hacer un aborto por la situación de riesgo vital de la madre. O sea, la mujer tiene que estar prácticamente al borde de la muerte para que haya un aborto”, sostuvo la experta.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile, 25 de septiembre 2025.-

El panel fue moderado por Tania Abdo Rocholl, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Directora General de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público de Paraguay, y contó con la participación de la senadora nacional Lilian Samaniego, la jueza Dra. Vivian López, la diputada nacional Rocío Vallejo, la directora de políticas de género del Tribunal Superior de Justicia Electoral Laura Garbett, y la presidenta de Corporación Humanas (Chile), Paula Salvo del Canto.

Durante su intervención, Paula Salvo advirtió que la violencia política de género “no es un fenómeno aislado, sino estructural”, y que se manifiesta en campañas de desprestigio, denuncias falsas y presiones institucionales que buscan inhibir la participación pública de las mujeres.

“No basta con las normas: hacen falta protocolos, formación y mecanismos efectivos de atención. Las mujeres siguen sin encontrar rutas claras cuando enfrentan estos ataques”, sostuvo. La presidenta de Corporación Humanas también llamó a fortalecer alianzas entre sociedad civil, academia e instituciones públicas para generar respuestas integrales: “La democracia plena no será posible mientras las mujeres sigan siendo expulsadas simbólica o materialmente de los espacios de poder”.

Desde una perspectiva regional, las panelistas coincidieron en que la violencia política no es un fenómeno aislado, sino una práctica estructural que limita el acceso igualitario al poder y a la justicia. Se identificaron formas comunes de exclusión, como campañas de desprestigio, cuestionamientos sobre la legitimidad de las mujeres en cargos públicos, invisibilización mediática y obstáculos institucionales que muchas veces no reconocen esta violencia como tal.

En este sentido, las participantes subrayaron la necesidad de fortalecer protocolos institucionales con enfoque de género, así como promover la capacitación especializada en violencia política dirigida a jueces, operadores de justicia, órganos electorales y partidos políticos.

El seminario fue una iniciativa del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), en conjunto con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Propuso una mirada crítica y constructiva sobre las respuestas del sistema penal paraguayo frente a las distintas formas de violencia contra mujeres y niñas. A través de cuatro paneles temáticos, se analizaron los vacíos normativos, las barreras en la judicialización y las estrategias para avanzar hacia un sistema de justicia eficaz, sensible y garantista de derechos humanos.

Revisa los paneles completos aquí

La reciente declaración de un diputado y candidato presidencial, en la que afirma sin titubeos que volvería a apoyar un golpe de Estado en Chile —incluso conociendo sus consecuencias—, es un hecho de extrema gravedad que no puede ni debe relativizarse. No es un exabrupto aislado ni una simple provocación de campaña: es una manifestación abierta de negacionismo, una banalización de crímenes atroces y un atentado directo contra la memoria histórica, los derechos humanos y la convivencia democrática.

Chile vivió una dictadura civil-militar que dejó heridas profundas, muchas de las cuales siguen abiertas. Según los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Comisión Valech, al menos 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, más de 38.000 fueron víctimas de prisión política y tortura, y cientos de miles se vieron forzadas al exilio. Las víctimas incluyen a niñas, niños, mujeres, hombres, personas mayores, estudiantes, campesinos, sindicalistas, profesionales.

La represión fue sistemática y generalizada: detenciones ilegales, centros clandestinos de tortura, violencia político-sexual, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, exilio y relegación. Crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que han sido condenados por organismos internacionales y por la comunidad internacional.

Frente a este brutal historial lleno de evidencia, las palabras dichas no solo constituyen una afrenta ética y política: son un acto de violencia simbólica contra las víctimas, sus familias, muchas de las cuales —como recuerda la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos— aún no han recibido verdad, justicia ni reparación. Más de 1.100 personas permanecen desaparecidas. Sus cuerpos siguen sin ser devueltos. Su memoria no puede ser negada ni ultrajada en el debate público.

No estamos hablando del pasado. Estamos hablando del presente. Chile se prepara para un nuevo ciclo electoral, y la democracia no puede ser puesta en riesgo por liderazgos que trivializan el sufrimiento colectivo o que promueven abiertamente la ruptura institucional como herramienta política. La historia no se puede usar como propaganda ni convertirse en botín electoral.

Resulta inaceptable que un candidato presidencial utilice su tribuna para legitimar hechos que destruyeron el Estado de derecho, eliminaron libertades, clausuraron el Congreso y silenciaron a la ciudadanía mediante el terror. La banalización del mal, como advirtió Hannah Arendt, se encarna en la capacidad de transformar lo inaceptable en rutina, de vestir la barbarie con lenguaje técnico o neutral. Eso es precisamente lo que hacen estas declaraciones.

También hacemos un llamado al periodismo, al mundo académico, a la sociedad civil y a la ciudadanía a no dejar pasar este tipo de discursos como parte del “colorido” electoral. No se trata de libertad de expresión, sino de apología de crímenes internacionales. No todo vale en campaña.

La memoria no divide: une a quienes creemos en la democracia, la justicia y los derechos humanos. Recordar es un acto de responsabilidad política y ética. El dolor de una sociedad no se banaliza. Nunca más.

Por Paula Salvo del Canto, presidente de Corporación Humanas

Columna de opinión publicada en El Mostrador, el 09 de julio de 2025

Como feministas del sur, no podemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en Gaza, ni frente a los retrocesos democráticos que se extienden por el mundo. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la criminalización de la protesta, la persecución de defensoras y defensores, y el cerco informativo, constituyen amenazas directas al ejercicio de las libertades fundamentales y a la vigencia del derecho internacional.

El genocidio en Gaza ha cobrado la vida de millones de personas, muchas de ellas mujeres, niñas y niños. Las imágenes que logran romper el cerco mediático nos enfrentan a una tragedia que exige acción urgente. Gestos como el de Greta Thunberg y la flotilla humanitaria, aunque simbólicos, son profundamente políticos y reflejan el clamor global por un alto al fuego y por justicia. La deportación de activistas humanitarias debe ser denunciada como parte del silenciamiento de quienes defienden el derecho a la vida y la paz.

No podemos dejar de mirar también lo que ocurre en África y Asia, donde mujeres y niñas enfrentan violencias extremas como la mutilación genital, el matrimonio forzado, la trata, la negación del acceso a derechos básicos y los feminicidios. Estas crisis nos interpelan a defender con más fuerza la inclusión de la perspectiva de género en la política internacional y en la resolución de conflictos armados.

En Centroamérica, también observamos con alarma el debilitamiento del estado de derecho, la criminalización de organizaciones sociales y feministas, y las graves restricciones a la libertad de prensa, como en Nicaragua. La militarización de la seguridad, como en El Salvador, ha derivado en detenciones masivas y arbitrariedades que afectan de forma desproporcionada a comunidades vulnerables, incluidas mujeres, juventudes y personas migrantes.

En Estados Unidos, las redadas migratorias y la declaración de estados de emergencia en ciudades como Los Ángeles refuerzan una política de criminalización de la migración que debe cesar. La dignidad no tiene fronteras.

Miramos con preocupación los atentados recientes en Colombia, que debilitan el camino hacia la paz con justicia social, y también las restricciones en Turquía y otras regiones donde mujeres, defensoras y diversidades sexuales enfrentan condiciones críticas para ejercer sus derechos más básicos.

Hoy más que nunca, reafirmamos que la paz, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional no son negociables. Las guerras, los autoritarismos y las políticas de odio no son el camino de la justicia ni de la convivencia.

Las organizaciones feministas hemos sostenido históricamente que no hay paz sin justicia, ni democracia sin derechos humanos para todas las personas. El impacto diferenciado de estas crisis sobre mujeres y niñeces debe estar en el centro de cualquier análisis o respuesta internacional.

Desde Chile, como parte de los movimientos feministas del sur global, alzamos la voz por una comunidad internacional que no tema decir: no al genocidio, no a la impunidad, no al silencio. Porque la dignidad será global, o no será.

Por Fabiola Gutiérrez, encargada de Comunicaciones, Corporación Humanas.

Columna de opinión publicada en Radio Universidad de Chile, 17 de junio, 2025.- 

Chile está hoy inmerso en un contexto de crisis global que pone en riesgo los avances alcanzados en las últimas décadas en igualdad, derechos humanos y justicia social. Paralelamente, en el país se profundiza la desconfianza hacia la política, la fragmentación social y el sostenido avance de las fuerzas conservadoras que amenazan la democracia y derechos conquistados.

Frente a ello, nos convocamos organizaciones de mujeres y feministas de todo el país. Mujeres diversas del norte y el sur, del campo y la ciudad; migrantas, indígenas, trabajadoras, cuidadoras, activistas por el medioambiente, jubiladas, jóvenes y mayores, dueñas de casa, buscando fortalecer nuestra unidad, ampliar nuestra presencia en los territorios, reforzando la acción colectiva.

Nos une la decisión de proteger lo avanzado y frenar proyectos regresivos, junto con defender la democracia y disputar el proyecto de país justo y decente que imaginamos. Desde la diversidad de este colectivo, reafirmamos nuestra convicción de que la respuesta frente a este escenario de incertidumbres y amenazas no es el retroceso ni el autoritarismo, sino ir por más derechos, más organización social y más democracia.

Hoy más que nunca, llamamos a defender lo conquistado durante décadas de lucha por los derechos de las mujeres, las niñas y las mujeres mayores, y a seguir construyendo juntas un futuro digno y democrático para todas las personas, en su más amplia diversidad. Las convocamos a participar en todas las instancias democráticas, en los territorios y también en la calle y en las redes sociales, exigiendo una vida libre de violencias machistas en lo público y en lo privado; derecho a la maternidad segura, libre y sin riesgos, y derecho al aborto sin causales; derecho a la salud integral durante todo el ciclo vital; reconocimiento y protección de los derechos sexuales y reproductivos; garantías en derechos al cuidado; derecho a la seguridad en el trabajo, en la educación y en el barrio; derecho la paridad real y sustantiva; derecho a un medioambiente sustentable.

Tenemos la fuerza y la memoria de las mujeres y organizaciones que nos antecedieron en el camino, quienes pavimentaron lo que hemos conquistado. ¡Ni un paso atrás!

¡Hoy las mujeres feministas decimos: Ni un paso atrás!

Observatorio Género y Equidad, Colectivo Mujeres Malhuén, Coordinadora Feminista 8M, Observatorio de Políticas Públicas, EPES, MEMCH, Corporación Humanas, Ni Una Menos Chile, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Fondo Alquimia,  Organización Migrantas, Agrupación Cultural Violeta Parra, Bordadoras en resistencia, Intransigentes, Tremendas, Iniciativa Mujer, ANAMURI, Observadoras Ley Aborto, Asamblea por la Legalización Aborto, Corporación Miles, la Rebelión del Cuerpo, Fundación Olga Poblete, Feministas en Acción, el Comité de DDHH El Bosque, feministas sueltas, Corporación La Morada, Colectivo Bordadoras Villa Frei, Plataforma Nada Sin Nosotras.

Santiago de Chile, 28 de mayo de 2025.

A 90 años desde la fundación del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile

La regla de cuotas contenida en el inciso quinto del artículo 4 de la Ley N° 18.700 fue incorporada el año 2015, aplicada por primera vez en las elecciones parlamentarias de 2017 y llega a su fin el año 2029. Esta medida afirmativa fue muy importante para aumentar la representación de mujeres en el Congreso Nacional, sin embargo, el balance a la fecha es que ha sido insuficiente para superar la subrepresentación histórica de las mujeres en la política.

En 1990, las mujeres representaban solo el 6% de los escaños en el Congreso Nacional y 20 años después, en 2010, ese número aumentó solamente a 14,9%. Luego de las elecciones de 2017, cuando se aplicó por primera vez la ley de cuotas, la representación de mujeres aumentó al 21,2%, pero luego de las elecciones de 2021 las mujeres solo llegaron a ser el 29,4%, constatando un claro estancamiento.

A esto se suma que la ley solamente considera este mecanismo para las elecciones parlamentarias, dejando fuera otros órganos colegiados, como los consejos regionales y concejos municipales, donde también se evidencia una brecha importante en representación política de mujeres, llegando solo al 35,2% y 33,4%, respectivamente.

Los espacios de representación política debieran ser expresión de sus sociedades, y en Chile, las mujeres representan el 51,5%. Esta brecha es preocupante y nos alerta sobre las barreras de entrada, pero también sobre la calidad de nuestra democracia, porque cuando las mujeres no están siendo parte de los espacios de toma de decisiones, hay otros hablando y decidiendo por ellas. Por ello, velar por la representación equitativa entre hombres y mujeres es velar también por una mejor democracia.

En ese sentido, ante el término del plazo de implementación de la ley de cuotas, es valorable el proyecto de ley ingresado el pasado 6 de mayo por el Ejecutivo. Este considera: i) una reforma constitucional para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la ley electoral; ii) la ampliación de la aplicación de la regla de cuotas a las elecciones regionales y locales; iii) una modificación a la ley electoral entregando un mandato de posición de las mujeres en las listas electorales, garantizando que ningún sexo supere el 60%, que siempre encabece una mujer, alternando luego sucesivamente con candidaturas de hombres, ya que las barreras de entrada se encuentran muchas veces en los mismos partidos políticos, al inscribir candidaturas de mujeres en posiciones desmejoradas dentro de las listas y solo para cumplir con la cuota.

Con todo, este proyecto de ley es un paso más en un camino mucho más largo. Se requiere seguir avanzando en medidas que no solo faciliten la representación equitativa, sino que garanticen la representación paritaria, de 50-50. Es necesario, además, mirar experiencias valiosas, como la de México, para implementar fórmulas de paridad también en la elección de cargos unipersonales. Y, por cierto, se requiere de acciones efectivas frente a las distintas formas de violencia política de género, ya que muchas veces las barreras no solo están para la entrada a las instituciones, sino en las instituciones mismas, mermando el ejercicio pleno del derecho a la participación política.

Por Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas

Columna publicada en El Mostrador, jueves 15 de mayo de 2025.- 

En el marco de su vigésimo aniversario, Corporación Humanas presentó un nuevo estudio sobre la percepción de las mujeres chilenas sobre su situación y condiciones de vida. Se trata de una muestra aleatoria, realizada a través de paneles online, a 1.406 entrevistadas mayores de 18 años que residen en el país y que pertenecen a los diversos grupos socioeconómicos. Aquí algunos de sus resultados.

“Son muchos los avances que se han logrado en términos de derechos de las mujeres”, dice Camila Maturana, directora de la corporación. Sin embargo –sigue– también se evidencian situaciones que amenazan las condiciones de vida de las mujeres en el país, y es por eso la importancia de este informe. “Nos permite tener una idea más acabada de la realidad de las mujeres, conocer y visibilizar sus voces para identificar cambios culturales y nudos a ser abordados en las políticas públicas”.

Dentro de los principales resultados hay uno que llama la atención: el 90% de las mujeres se siente discriminada y esto se ve transversalmente en los distintos grupos socioeconómicos. Los más altos niveles de discriminación lo perciben en el trabajo (65%), seguido por el ejercicio de su libertad sexual y la vida familiar.

“Yo diría que esta es una cifra de dulce y agraz”, dijo la exdiputada María Antonieta Saa, en la presentación de este informe. “Por un lado es algo terrible, porque hay discriminación y lo sienten las mujeres. Pero por otro lado, hay conciencia de que están siendo discriminadas, y hace algunos años atrás, no tantos, las mujeres no tenían conciencia de su discriminación. Y eso es relevante”.

Cuando a las mujeres les preguntan: ¿Qué creen que es lo más importante para ser feliz en la vida?, un 34% respondió ‘desarrollarse como persona’; un 24% ‘tener buena salud’; y un 22% ‘construir una buena familia o relación de pareja’.

Cifras que dan cuenta de la importancia del espacio público que ocupamos las mujeres. En ese sentido, un 26% de las encuestadas considera que el acceso al trabajo remunerado ha empeorado, un 50% sostiene que este se ha mantenido, y en relación a la igualdad salarial, el 59% cree que este no ha variado.

Frente a la pregunta sobre la urgencia de los proyectos en discusión legislativa, el 60% responde que la reforma al sistema de pensiones es urgente. Y cuando les preguntan si se debe aumentar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años, un 38% está en desacuerdo y un 37% muy en desacuerdo.

Una de cada tres mujeres encuestadas se interesa por la política. Respecto a su postura en este ámbito, cuando se les pregunta: ¿En qué posición se encuentra usted? Donde 0 es izquierda y 10 es derecha, el 42% de las entrevistadas dice ubicarse en el número 5, es decir, justo en el centro político.

Respecto de la idea de que el aumento de las mujeres en el parlamento permite que existan más leyes favorables para las mujeres, la mayoría también se posiciona en la mitad de la tabla, es decir, no está ni tan de acuerdo ni tan en desacuerdo con esta afirmación.

En lo que sí coincide la mayoría de las mujeres de nuestro país (65%) es que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, el 51% se siente insatisfecha con su funcionamiento en el país.

El 96% considera que hombres y mujeres tienen las mismas habilidades para ocupar cargos públicos, pero el 45% opina que el acceso se ha mantenido sin mayores cambios. El 82% está de acuerdo con que la mitad de los cargos de toma de decisión estén ocupados por mujeres.

Kathia Araujo, académica de la Universidad de Santiago, dijo en la presentación del informe que estos resultados dan cuenta de cómo ha cambiado la autopercepción de las personas de cómo deberían ser las cosas. “Casi todas están de acuerdo en que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para estar en política. Muchas ideas se han convertido en ideas de sentido común, que hace pocos años atrás no lo eran. Por lo tanto, para mí hay increíbles resultados cuando uno los mira desde el avance que hemos tenido como sociedad en las últimas décadas”.

Respecto del feminismo, el 28% de las chilenas se declara feminista o muy feminista y el 35% al menos algo feminista. En tanto, entre mujeres de nivel socioeconómico más alto, el 50% se considera feminista o muy feminista.

“Es increíble cuando uno ve esta cifra; el que hoy un 63% de las mujeres se declaren feministas o al menos algo feministas, es un gran avance. Hay que recordar que veinte o treinta años atrás nadie se declaraba feminista. Por eso para mí esta es una cifra extremadamente importante”, agregó Kathia Araujo. Sin embargo, la académica cree que el feminismo como movimiento social probablemente no ha acompañado lo suficiente el proceso de llevar el marco teórico a las experiencias ordinarias que tocan la vida de las mujeres.

Y es quizás por esa razón que muchas mujeres que no se declaran feministas, de todas maneras están adhieren a las “luchas” de este movimiento social. Por ejemplo: frente a la afirmación ‘Mujeres y hombres deben ganar lo mismo por trabajos de igual valor’, un 81% está muy de acuerdo; ‘Que a las salas cuna accedan padres y madres trabajadoras’, un 79% está muy de acuerdo; ‘Que existan establecimientos de cuidado (adultos mayores, niñez, personas dependientes) gratuitos, un 78% está muy de acuerdo; ‘La mantención económica y las tareas del hogar deben ser responsabilidad de hombres y mujeres por igual, un 81% está muy de acuerdo; ‘El trabajo remunerado les da a las mujeres autonomía económica y realización personal’, un 69% está muy de acuerdo.

En este ámbito, la Encuesta de Corporación Humanas 2024 develó un dato triste: un 62% considera que la violencia hacia las mujeres ha empeorado y 31% cree que se mantiene. Un 90% opina que la violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema generalizado y que es una expresión extrema del machismo.

“Hace un tiempo atrás lo más romántico que decían las mujeres es ‘quién te quiere te aporrea’. El aceptar la violencia como algo positivo realmente era horroroso. Ahora, al menos hay un alto porcentaje que considera que la violencia hacia las mujeres no puede ser permitida. Y eso es un gran avance”, dijo María Antonieta Saa.

Sin embargo –agregó Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo XXI y también parte del panel que presentó el informe–, a pesar de que se ha producido este cambio cultural y también en términos normativos, en la percepción de nuestras compatriotas vemos deudas y desafíos importantes en varias materias. Y la violencia sin duda es una de ellas. “Tenemos el desafío de hacer dialogar nuestras conquistas en términos normativos y de institucionalidad, con la expresión material y concreta de cómo eso afecta la vida cotidiana de las mujeres”.

En materia de libertad sexual y reproductiva, al 2024 casi la mitad (49%) de las mujeres piensa que se debiera permitir el aborto hasta la semana catorce sin causales. En las mujeres de nivel socioeconómico alto el nivel de acuerdo con la decisión de abortar sin restricción por causales asciende al 63% y entre las jóvenes (menores de 35 años) el nivel de acuerdo alcanza el 60%.

Un 59% también está muy de acuerdo con que se debiera legalizar la eutanasia cuando una persona posee una enfermedad terminal.

“El derecho a decir sobre nuestros cuerpos y vida queda demostrado que no es una conquista sino una condición de base del ejercicio de la ciudadanía. Este amplio apoyo nos muestra que tenemos una cancha abierta para avanzar en esas materias”, agregó Camina Miranda.

Y finalmente respecto de este ámbito, el 86% de las mujeres cree que la delincuencia ha aumentado en el país. El 28% se informa de ello por la televisión y el 25% por redes sociales.

El 85% de las encuestadas sostiene que por temor a ser víctima de un delito ha dejado de caminar sola por ciertas áreas o lugares y un 83% declara que dejó de salir de noche. Y para Camila Miranda este punto es el más grave: “Parte de lo que venimos peleando en los últimos años tiene que ver con conquistar esos espacios públicos. Y por lo tanto acá tenemos un enorme desafío”.

Publicado por Revista Paula de La Tercera el 23 de diciembre, 2024

En el marco de esta conmemoración, que busca erradicar una de las formas de violencia más extremas contra las mujeres, en la primera edición de Radioanálisis conversamos con la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, sobre este día, además de abordar los principales resultados del nuevo estudio de la organización sobre la percepción de las mujeres chilenas sobre su situación y condiciones de vida. 

Respecto del 19 de diciembre, la directora de Corporación Humanas reflexionó que: “Lamentablemente, una fecha como hoy nos recuerda las miles de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o de hombres que han buscado controlar nuestras vidas. Ha sido una lucha larga la que hemos dado, las organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas de femicidio para una mínima mayor visibilidad de la gravedad de estos crímenes”.

En ese sentido, Maturana sostuvo que “en fechas como hoy es importante conmemorar a las víctimas, saludar también a sus familiares y sobrevivientes, así como hacer un llamado también a las autoridades y a la sociedad en general, a adoptar medidas más contundentes no sólo declarativas para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, y avanzar en una cultura de no violencia, de igualdad de derechos y respeto“. 

“Esta encuesta, Corporación Humanas la viene realizando desde el 2004. O sea, son 20 años en que se ha buscado visibilizar la voz de las mujeres, cuáles son sus principales preocupaciones sobre su condición de vida y cuáles son los nudos que deben ser abordados en las políticas públicas. Si pensamos en esta mirada en el tiempo, es bien preocupante constatar que todavía existen numerosas barreras para que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos, eso es una constante. Y, ciertamente que, en el contexto actual en que se evidencia, no sólo los avances que hemos tenido, sino también las nueves amenazas y riesgos para la protección de estos derechos y eso también es una alarma importante”, agregó.

La representante de la organización además planteó que “en el ámbito de la participación política hay una nueva discusión porque, precisamente, la falta de mediadas institucionales ha derivado en que las elecciones pasadas se generen retrocesos en la representación de las mujeres. Entonces, es muy cierto, no es solo una hipótesis, es super concreto que efectivamente los derechos de las mujeres pueden enfrentar retrocesos, y eso es importante visibilizarlo con estudios como este y otros que se realizan”.

Acerca de los resultados del estudio de Corporación Humanas, Maturana señaló que uno de los indicadores “más dramáticos” tiene relación con la “altísima percepción que tienen las mujeres de ser discriminadas“.

“Eso ha sido una constante en las encuestas de Corporación Humanas. En la del 2024 el 90% de las mujeres, percibe que la discriminación en Chile es alta o media, sólo un 10% cree que no es baja. Entonces, esto nos muestra que los avances que hemos ido alcanzando en materia de legislación, de políticas publicas, no han logrado todavía generar cambios lo suficientemente importantes en la vida de las mujeres como para que exista una experiencia de vivir en condiciones de igualdad”, aseveró.

En esa misma línea, la abogada expuso que es en el ámbito del trabajo donde las mujeres perciben en mayor medida la discriminación, lo también ha sido una constante en el tiempo. “Lamentablemente, hay brechas socioeconómicas muy marcadas en estos temas que se abordan en la encuesta, pero en el ámbito de la discriminación en el trabajo es bien critico que a medida que disminuye el nivel socioeconómico, aumenta la percepción de discriminación, y a medida que aumenta la edad, también”, añadió.

Otra dato importante que entrega la encuesta en relación con el proyecto de aborto legal, es que casi la mitad de las mujeres, el 49%, está de acuerdo con la decisión de interrumpir un embarazo por voluntad de las mujeres en 14 semanas sin causales. “Esto es importante porque nos permitiría avanzar de un modelo actual, que se sustenta solo en estrictas causas, a un modelo de plazo. Lo que es importante considerar para el debate y da cuenta de una mayor consciencia de las mujeres y una afirmación de la autonomía personal, que también tiene que ver con estos cambios culturales”, afirmó la directora de Corporación Humanas.

“Vemos un avance cultural, ciertamente, una mayor consciencia de las mujeres sobre lo que es la violencia y sobre que nada la puede justificar, y lo vemos en la sociedad. Hoy en día, más allá de los dramáticos casos, a los que hemos estado expuestas a lo largo de todo el 2024, ha sido un caso tras otro de violencia contra las mujeres, de violencia sexual principalmente, donde ha quedado super claro que la violencia es transversal, que es generalizada, que todavía ocurre y que a pesar de que ha aumentado la consciencia de las mujeres de lo que no es aceptable, de lo que constituye violencia, de la importancia del consentimiento y el aumento de la valentía, vemos que todavía en la sociedad hay barreras, que la justicia no funciona de la mejor manera, que aún existen estereotipos y prejuicios que cuestionan a las victimas en su relato, incluso cuando se trata de niñas”, enfatizó.

Publicado por Radio Universidad de Chile

Jueves 19 de diciembre, 2024.-