A cinco años de la entrada en vigor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Chile, que permite abortar en caso de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación, no se han superado aún muchos de los obstáculos de su implementación y los resultados quedan lejos de ser los esperados.

Cuando se promulgó la norma, se calculó que daría respuesta a unos 2.550 casos al año, pero las cifras están muy por debajo de esta estimación.

Según el Ministerio de Salud, desde 2018 hasta junio de 2022 se han practicado 2.793 abortos. El 31 % fueron por riesgo para la madre, el 49 % por inviabilidad fetal y el 20 % por violación. En 2021, el año con los registros más altos, se realizaron 672 y durante el primer semestre de 2022, 276.

Ante tal recuento y tras las alertas de una incorrecta ejecución de la ley por parte de organizaciones que observan y vigilan su puesta en práctica, los ministerios de la Mujer y Salud anunciaron una revisión del reglamento y la implementación de la norma.

Obstáculos para el acceso al aborto en Chile

«Existen barreras que dificultan que las mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales puedan acceder a la atención de salud que la ley IVE define», sostiene Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas.

Entre los principales obstáculos que mencionan las expertas se destacan la poca información sobre la ley y los derechos que reconoce, incluso de los propios equipos de salud.

«Hemos tenido una administración [del Gobierno anterior de Sebastián Piñera] que estaba en contra de esta ley y no le interesaba que se conociera», indica Lidia Casas, fundadora de la Mesa Acción por el Aborto.

Las analistas también apuntan a una falta de capacitación de los profesionales sobre los procedimientos; el estigma social con el que carga el aborto; la ausencia de mecanismos de fiscalización efectivos; y la falta de regulación de la objeción de conciencia.

El 47 % de los obstetras del sistema público son objetores de conciencia en caso de violación, según datos publicados en la prensa chilena proporcionados por la Ley de Transparencia.

«Existe una normalización de la violencia sexual por parte de los proveedores de salud», apunta la directora de la Corporación Miles, Javiera Carrera.

Otro dato que las expertas destacan es que solo el 14% del total de IVE se realizaron en un centro de salud privado, un porcentaje que cae aún más en la causal de violación (3%) y que se convierte en ínfimo cuando esta circunstancia afecta a menores: en cinco años, el sector privado solo ha realizado la IVE a dos menores por violación.

«Hay una fuerte presencia del conservadurismo en el mundo de la salud de los espacios más de élite. El sector privado no tiene fiscalización del Estado y pone sus propias normas», indica Siomara Molina, integrante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.

Batalla en las instituciones

Recientemente, el Partido Republicano ha presentado un proyecto para derogar la ley de la IVE y aumentar las penas a las mujeres que la realicen.

«Desde 2012 a 2021 ingresaron ante el Ministerio Público 1.430 nuevos casos por delito de aborto y de las personas formalizadas (69,5%) o posteriormente condenadas (57%) la mayoría son mujeres», señala Camila Maturana.

Para los detractores, como Constanza Schneider, presidenta de Siempre por la Vida, «la implementación de la ley de las tres causales dio pie a que se persiga una legislación completamente permisiva». La dirigente se refiere al artículo de la propuesta de nueva Constitución que garantizaba los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto.

La ciudadanía rechazó el nuevo texto en el plebiscito del 4 de septiembre, por lo que, por ahora, los avances en esta materia quedaron congelados.

«Según las encuestas, solo un 8% de las personas se movilizaron a votar rechazo por estar en contra de la agenda de género, por lo que en ningún caso se pierde la posibilidad para seguir avanzando», sostiene Javiera Canales.

Para Maturana, el recorrido debería darse al margen del proceso constituyente que está a punto de reanudarse.

«Los derechos sexuales y reproductivos, en tanto a derechos humanos consagrados en los tratados internacionales vigentes en Chile, son vinculantes para el país y no debieran depender del contenido de una nueva Constitución», explica.

El Gobierno presenta una ley

La ministra chilena de la Mujer, Antonia Orellana, ha anunciado que el Gobierno enviará un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales y cambiar así la ley que entró en vigor hace cinco años.

En declaraciones a la televisión CNN Chile, Orellana ha revelado que ya se han iniciado «las conversaciones con grupos de organizaciones de mujeres, de las ginecólogas, de los colegios profesionales y también con los movimientos feministas, para discutir respecto a un compromiso que tenemos como Gobierno que es el avance de los derechos sexuales y reproductivos».

La meta es definir «cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más, porque al menos digamos respecto de la oposición está claro, con muy notorias excepciones», afirmó.

La ministra ha criticado, asimismo, el proyecto promovido por dos diputados del conservador Partido Republicano Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, que con el apoyo de la Iglesia y grupos de ultraderecha, pretende prohibir el aborto en Chile.

«Quiero ser bien clara: no hay lugar para propuestas como la que han planteado dos diputados republicanos. O sea no sólo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda. Y lo que ellos plantean es bien grave», ha recalcado.

Nota de Meritxell Freixas para EFE 

La expansión del coronavirus y las medidas excepcionalísimas que se exige a la ciudadanía para evitar su propagación tiene un impacto enorme en las personas, pero en particular para las mujeres y las niñas.

Ello, debido a los roles de género tradicionales que se les asigna y a su posición subordinada en las relaciones sociales y económicas, que las expone en mayor medida a la violencia y a la precarización de la vida, además de los riesgos que enfrentan en razón de un embarazo.

Hasta ahora, bajo estado de catástrofe, no se asignado a estos asuntos la debida atención y la desigualdad que enfrentan mujeres y niñas. Frente a la crisis no pareciera tener mayor importancia en el debate público y en las decisiones de las autoridades.

Una primera cuestión es la mayor carga de trabajo que implica para las mujeres el confinamiento de las personas y grupos familiares. Dada la desigual distribución de las tareas y el trabajo doméstico y de cuidado, son las mujeres y las niñas quienes en mayor medida se encuentran cargo de atender las necesidades de abastecimiento de las familias, el cuidado de niñas y niños pequeños y personas mayores, la preparación de comidas y la limpieza, en un contexto de incertidumbre y mayor exigencia.

A la sobrecarga habitual que recae en las mujeres en términos del tiempo dedicado a labores domésticas y de cuidado, se suman nuevas responsabilidades, sin reconocimiento ni protección alguna y con gran impacto para su salud física y mental.

Ello se vuelve aun más apremiante y dificultoso para aquellas mujeres que, a la vez, deben desempeñar su empleo habitual a través de alguna modalidad de teletrabajo, y mucho más para quienes, por carecer de una relación laboral formal, deben igualmente salir de sus hogares para realizar trabajos que solo se pagan en función de haberse realizado.

Ya sea que podamos desempeñarnos laboralmente a través de modalidades de teletrabajo o que debamos salir diariamente a trabajar a fin de obtener los recursos necesarios, lo cierto es que la inmensa mayoría de las mujeres enfrenta la doble o triple jornada en condiciones aun más adversas producto de la crisis del coronavirus, que ha intensificado la exigencia de trabajo doméstico y de cuidado a niveles que no conocíamos y frente a lo cual no contamos con herramientas adecuadas para enfrentarlo ni protección alguna.

En condiciones de confinamiento y aislamiento, los riesgos de sufrir alguna clase de violencia en el hogar se multiplican de manera significativa.

Ello en la medida en que muchísimas mujeres se ven enfrentadas al imperativo de quedarse en sus casas, pero encerradas junto a su agresor, aisladas de su entorno y redes habituales, en condiciones de altísimo estrés.

Asimismo, en un contexto de mayor dificultad en la respuesta oportuna de las autoridades y operadores de justicia, por ejemplo, debido a las restricciones impuestas al funcionamiento de los tribunales de justicia, es posible que se retrasen medidas de protección que pueden resultar vitales y que, adicional a ello, los agresores puedan sentirse confiados de actuar en impunidad.

De ahí la necesidad de adoptar medidas especiales para la protección de mujeres y niñas bajo el estado de catástrofe. Resulta urgente dotar de recursos especiales a los organismos que atienden a mujeres en riesgo de violencia y que los tribunales de justicia y fiscales del Ministerio Público otorguen la debida prioridad a esos casos, disponiendo de las medidas de protección pertinentes y su fiscalización. Además de reforzar la línea telefónica de orientación y apoyo (1455), como ha dispuesto el Gobierno, se debe asegurar que las mujeres y sus hijos víctimas de violencia cuenten con ayuda y que puedan salir de sus casas si requieren auxilio, aun en comunas bajo cuarentena e incluso durante el toque de queda.

Pero hasta ahora, estas situaciones de riesgo no han sido contempladas en los instructivos sobre permisos de desplazamiento y salvoconductos.

La vida y la seguridad de las mujeres debe ser resguardada. Las medidas dispuestas por las autoridades hasta ahora no se hacen cargo del mayor riesgo que enfrentan quienes viven situaciones de violencia.

Por otra parte, el sector salud, a cargo de la atención de pacientes afectados por coronavirus, está integrado mayoritariamente por mujeres y la proporción de quienes no cuentan a la fecha con medidas mínimas de prevención es preocupante.

De ahí que resulte urgente asegurar la protección de quienes atienden a la población afectada, así como la dotación de recursos e insumos para la oportuna detección de casos y la atención de quienes lo requieran.

Preocupa especialmente que en el actual contexto se desatiendan las necesidades de salud sexual y reproductiva de mujeres, adolescentes y niñas, y que frente a la postergación de determinados servicios se retrase la atención de quienes han sufrido violencia sexual, de personas viviendo con VIH/SIDA o de quienes quieren evitar un embarazo.

Asimismo, preocupa la escasa información que reciben las embarazadas acerca de los riesgos que enfrentan, los cuidados que requieren y sobre las condiciones en que tendrán sus partos.

En tanto, la atención de quienes enfrentan un embarazo bajo alguna de las tres causales de aborto previstas en la ley –riesgo vital, inviabilidad y violación– amerita especial preocupación, pues si en tiempos normales ya se cuenta con amplia información sobre las dificultades y barreras que enfrentan las mujeres para interrumpir legalmente un embarazo, en tiempos de crisis es altamente probable que dichos obstáculos se intensifiquen y que no existan garantías de que dicha atención será oportunamente brindada por los equipos de salud.

Resulta prioritario que las autoridades, junto con asegurar el diagnóstico y atención de las personas afectadas por coronavirus, resguarden a los y las trabajadoras de la salud, disponiendo las medidas necesarias para su protección, como igualmente debe asegurarse la atención de salud sexual y reproductiva de la población, de las personas que viven con VIH/SIDA, de las víctimas de cualquier clase de violencia, de las mujeres embarazadas y de quienes requieren de métodos anticonceptivos para evitar un embarazo, así como de quienes requieren acceder al aborto en las causales previstas en la ley.

Publicado en Cooperativa