Crédito de la foto: Pablo Rojas Madariaga

Santiago 08 de junio, 2023.- La situación migratoria regional actual es inédita, tanto por el crecimiento exponencial de los migrantes que viven en la región, como por la reconfiguración de las dinámicas migratorias en la que países que tradicionalmente casi no recibían migrantes comenzaron a hacerlo.

En este escenario emergen políticas securitarias y restrictivas que buscan controlar los flujos migratorios. Estas prácticas que parecían estar limitadas a los países del norte, avanzan sin demasiada oposición hacia nuestra región y, año tras año, corren el límite de lo habilitado. Mientras la situación de quienes buscan llegar a Estados Unidos se encrudece, la militarización de las fronteras sudamericanas aparece cada vez más naturalizada.

Desde finales de febrero cientos de migrantes, en su mayoría de Venezuela, Haití y Colombia, que residían en Chile se vieron obligados a dejar el país. Ello, por los altos costos de vida y el endurecimiento de la política migratoria -en particular la falta de canales para regularizarse y los proyectos de reforma legislativa que criminalizan la migración irregular-.

El gobierno de Chile decretó el despliegue militar al norte del país. Con ello, amplió las atribuciones y deberes de las FF. AA, habilitando controles de identidad y detención de personas en situación irregular o que hayan cometido o se crea que buscan cometer un acto ilícito para ponerlas a disposición de las policías.

La situación se agravó aún más cuando la salida del territorio chileno se vio impedida por la prohibición del gobierno de Perú de ingresar al país alegando falta de documentación. En este contexto, Dina Boluarte decretó el estado de emergencia y la militarización de las fronteras apelando a razones de orden interno y de seguridad nacional. Entre otras cosas, la declaración del estado de emergencia restringe y/o suspende el ejercicio de los derechos de libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Regularización migratoria: una tarea regional

La militarización de las fronteras es la respuesta inmediata de los gobiernos a un problema estructural que viene caracterizado a la región en los últimos años: la falta de mecanismos de regularización accesibles y permanentes.

Lejos de frenar la migración, la escasez de opciones para acceder a una residencia legal sólo aumenta la irregularidad y la vulneración de derechos. El acceso a la salud, la educación, a una vivienda adecuada, a derechos laborales y a la protección social se ven obstaculizados sin un estatus legal. Además, agudiza la violencia y vulnerabilidad a grupos de especial protección como Niños, Niñas y Adolescentes y comunidad LGBTIN+.

El despliegue de Fuerzas Armadas para contener estos flujos profundiza los conflictos y aumenta la situación de vulnerabilidad de esta población. La falta de herramientas y formación adecuadas para este tipo de tareas y el riesgo de uso excesivo de la fuerza ponen en peligro los derechos humanos de las personas migrantes.

Una política migratoria orientada a la inclusión, protección y no discriminación debe fortalecer los procedimientos ordinarios y permanentes de regularización. Los mecanismos de regularización extraordinarios que proliferaron en la región en los últimos años deben implementarse sólo en situaciones de emergencia y enlazar sin fisuras hacia procedimientos ordinarios y soluciones duraderas.

La respuesta que se pueda dar en este sentido no depende sólo de los Estados que están directamente involucrados. La migración sur-sur es, sobre todo, un fenómeno regional; las medidas adoptadas en cada país impacta en la movilidad hacia otros territorios. La responsabilidad, por lo tanto, es colectiva y debe guiarse por los tratados de derechos humanos y los principios de solidaridad que caracterizan a la integración regional.

La historia de la integración regional sudamericana tiene uno de sus hitos en los acuerdos alcanzados en política migratoria. Los acuerdos de residencia del Mercosur y de la Comunidad Andina han sido reconocidos internacionalmente por su alto nivel de protección de los derechos de las personas migrantes. A través de estos acuerdos, los Estados respondieron a los flujos migratorios desde un enfoque de derechos, con procedimientos amplios y permanentes. Sin embargo, la recuperación de esta historia exige de una enorme voluntad política que apueste a construir una respuesta regional y coordinada.

Es urgente reemplazar este modelo securitario y restrictivo de las migraciones que está avanzando por uno basado en el respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes. La detención y criminalización deben ser sustituidas por políticas de regularización amplias y accesibles y garantías para ejercer el derecho a solicitar asilo.

Organizaciones firmantes:

Argentina:

• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
• Comisión Argentina para. Refugiados y Migrantes (CAREF)
• Centro de participación popular monseñor Enrique Angelelli
• Red Nacional de Líderes Migrantes de la Argentina

Brasil:

• Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas
• Conectas Direitos Humanos

Chile:

• Observatorio Ciudadano
• Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes
• Movimiento Acción Migrante
• Brigada Migrante Feminista
• Colectivo sin Fronteras
• Organización Migrantas
• Centro Cultural y de Información El Monte
• Clínica jurídica de migrantes y refugiados UDP
• Observatorio de Género y Equidad
• Observatorio de Violencia Institucional de Chile (OVIC)
• Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile
• Fundación Incidencia
• Foro de migración del honorable senado chile
• Coordinadora Feminista Peñalolén
• Corporación Humanas

Colombia:

• Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento–CODHES
• Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR)

Ecuador:

• Acción Ecológica
• CEDHU Ecuador

EEUU:

• Haitian Bridge Alliance
• Center for Democracy in the Americas (CDA)

Honduras:

• Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

México:

• Casa Tochan – Tochan Sueños y Realidades AC
• América sin muros
• Sin Fronteras IAP
• Asylum Access México (AAMX) A.C.
• Colectivo para el desarrollo transnacional de Michoacán (CODETMIC)

Perú:

• Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD
• Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)

Venezuela:

• Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

Regional (América Latina y El Caribe):

• Red Jesuita con Migrantes (RJM-LAC)
• Programa para América Latina y el Caribe. Centro de Derechos Reproductivos

Adhesiones a título personal:

• Adrián Ramírez López, por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh
• María Elena López Gallardo – Sicsal, México
• Natalia Del Valle Rojas – UNAM, México
• Martha Angélica Robles
• Miriam Yolilitzin Morelos Ariza
• Gisela P. Zapata -l CEDEPLAR/UFMG, Brasil
• Mara Tissera Luna – consultora independiente para UNICEF y agencias y ONGs internacionales
• Valentina Rabasa Jofre – UNAM, México
• David Woluwoouliyúu – Organización Nacional Indígena de Colombia y Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Chile.
• Valeria España – Académica, México
• Antonia Mardones – Académica, Universidad de Chile
• Stephanie López Villamil – Red de Politólogas
• Manuel Eugenio Gándara Carballido, Académico Brasil.
• Maria Villarreal – UNIRIO-DICIMI
• Andrea Bolaños Vargas – ECO DDHH

En el año en que se conmemoran 50 años del golpe de Estado la encuesta Barómetro de la Política CERC – MORI 1987 – 2023, arroja resultados alarmantes: un 36% de las personas encuestadas señala que “los militares tenían razón en dar el golpe de Estado en 1973“. Este momento es uno de los más trágicos y oscuros de nuestra historia, que cobró vidas, víctimas de tortura y de violencia política sexual, separó y exilió familias e inició una dictadura que se extendió por 17 años.

Si bien esta cifra aparece como paradójica en el marco de esta conmemoración, nos preguntamos si no es precisamente el transcurso del tiempo el que pone al golpe de Estado a una distancia tal que nos impide apreciar su gravedad con nitidez. Así como los espejos retrovisores advierten que los objetos están más cerca de lo que parecen, parece necesaria una advertencia respecto de ciertos hechos históricos.

Quienes hoy somos personas de 33 o menos años hemos tenido la oportunidad de nacer, crecer y desarrollarnos en el marco de un régimen democrático. En la misma encuesta observamos un dato que revela el desconocimiento de lo vivido en aquella época como posible causa de su justificación: ante la consulta por su conocimiento sobre el golpe de Estado, un 32% de las personas encuestadas declara saber poco o nada, y esta cifra se eleva a un 36% en el tramo de los 36 a 52 años, y hasta un 41% en el rango de los 18 a 35 años.

Siendo la democracia el pilar fundamental de la sociedad, y el respeto y garantía de los derechos humanos condición necesaria de nuestra existencia y desarrollo, cifras como las develadas deben ponernos en alerta y llamarnos a la reflexión sobre las acciones necesarias para consolidar y proteger nuestro régimen democrático, promoviendo su conocimiento y valoración.

La memoria cobra hoy aún más importancia. Recordar los horrores del pasado es necesario para honrar a quienes perdieron la vida, para celebrar la de quienes sobrevivieron a sus vejámenes y, además, para conocer y reconocer lo que hoy vemos con distancia y que nos despojó de la democracia, de nuestros derechos humanos y de nuestra propia libertad. Finalmente, para tomar conciencia de que nada justifica que se levanten las armas en contra de los habitantes de un país y se ponga en suspenso el ejercicio de los derechos más básicos.

Es por ello que este año las expectativas están puestas en una conmemoración que esté a la altura de lo ocurrido y del riesgo que supone para la democracia su desconocimiento. Esto requiere, además, señales claras respecto de la importancia del reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos.

Debemos comprender nuestra historia, ser conscientes de que Chile no siempre ha sido como lo conocemos, con democracia y respeto a los derechos humanos. Solo así lograremos articular nuestros esfuerzos colectivos para evitar que se repitan los graves hechos del pasado.

Publicada el 02 de junio, 2023.-

“Como institución feminista que promueve y protege los derechos humanos de las mujeres, estamos conscientes de la importancia que tienen los procesos constituyentes, en tanto pueden ser una oportunidad para avanzar en derechos humanos de la mitad de la población, ausentes en la actual Constitución. Sin embargo, sabemos que existen desafíos para lograr levantar la voz y demandas de las mujeres, como dan cuenta la mayoría de los países analizados” dijo Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas.

Chile se encuentra en medio de un proceso constituyente que tiene de antesala más de una década de presión social. Promulgada en dictadura y reformada en distintos periodos, la actual Constitución ha sido ampliamente cuestionada. Perteneciendo al grupo de las constituciones vigentes más viejas del mundo, el país ha vivido más debates constitucionales que cualquier otro país democrático en veinte años.

La presidenta de Corporación Humanas, sostiene que los nuevos derechos van apareciendo con una rapidez que antes no teníamos y que son necesarios insertarlos en cuerpos constitucionales. “Si miramos las convenciones y tratados internacionales han ido avanzando en función de los cambios que se están dando en el mundo”.

En el caso de América Latina -entre 1978 y 2010- 28 países fueron parte de alrededor de 388 reformas constitucionales parciales y 16 tuvieron cambios constitucionales. Las asambleas constituyentes y los referéndum han sido los mecanismos más usados en la región y, en los últimos diez años, estos cambios han sido fruto de la presión de los movimientos sociales.

En esta misma panorámica regional observamos que la presencia de las mujeres en las asambleas constituyentes no fue lo que se esperaba a pesar del trabajo realizado por los movimientos de mujeres y feministas. “Si miramos las acciones afirmativas, es decir, la obligatoriedad de que las asambleas constituyentes tuvieran un porcentaje de mujeres solo lo vimos en Argentina, Ecuador y Bolivia”, resalta Carrera. Y advierte, que sea cual sea el mecanismo, para reformar una Constitución, el principio básico es la paridad.

Contar con el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es básico. Ella exige la redistribución del poder y los recursos políticos, económicos, y simbólicos entre mujeres y hombres, y entre las personas sin distinción alguna. Para que haya igualdad sustantiva, el Estado debe tomar medidas afirmativas necesarias para acelerar la superación de las desigualdades de origen.

“Este estudio de Corporación Humanas hace un énfasis importante en destacar las distintas estrategias que tienen las organizaciones de mujeres para hacer valer diferentes puntos de vista en las bases ciudadanas para una nueva Constitución desde una perspectiva de género”, comenta Pamela Figueroa, Jefa División de Estudios del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

En tanto, Claudio Fuentes, cientista político de la Universidad Diego Portales, señala que la experiencia comparada nos dice que los cambios no deben acotarse a ciertos principios mínimos. “Urge una incidencia coordinada desde la sociedad civil para que hagan efectivos sus derechos y en este punto la pregunta es sí es factible una incidencia coordinada y colectiva de grupos feministas para el proceso chileno que está en marcha”.

El objetivo de esta acción debiese ser incorporar la protección de los derechos de las mujeres es decir, “que la Constitución establezca el principio de igualdad, no discriminación y de compensación (acción afirmativa). Además, deben explicitarse derechos de acceso a funciones públicas, derechos económicos, laborales, protección contra la violencia, derechos de las mujeres indígenas y no discriminación en la maternidad”, puntualiza Fuentes.

Por su parte, la abogada Verónica Undurraga indicó que las mujeres debemos prepararnos no sólo frente a un escenario de asamblea constituyente, sino que también ante la eventualidad que los cambios se realicen en el Congreso. “Hasta ahora las constituciones la hecho siempre hombres y nunca por mujeres”.

La investigación “Cambios constitucionales y derechos humanos de las mujeres” incorpora además diversas miradas de actores/as locales, como son la sociedad civil, academia, partidos políticos, Gobierno y Congreso respecto tanto del déficit de la actual Constitución, como de las potencialidades y posibilidades de integrar derechos de las mujeres en una Nueva Constitución.

Santiago 04 de octubre, 2017.-

El informe también hace un repaso por la violencia de la región de La Araucanía, donde se cuestiona que la comisión creada en el Congreso para tratar el tema se centró solo en delitos presuntamente cometidos por los mapuche sin abordar las denuncias de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias en operaciones policiales.

El último informe entregado por Amnistía Internacional (AI) -presentado en París- puso la lupa sobre Chile por las distintas violaciones a los derechos humanos, la impunidad, los abusos policiales y la cuestionada justicia militar, destacando que en los crímenes de la dictadura “en pocos casos, los implicados fueron encarcelados”.

Entre los casos más destacados de 2016 por este informe y relativos a ese periodo, el organismo recalcó la sentencia de la Corte Suprema que confirmó las condenas a cuatro años de prisión dictadas contra dos ex militares por torturar en 1973 al general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta Michelle Bachelet.

Según The Clinic Online, AI incluye en su informe las numerosas denuncias de “uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía, sobre todo en el contexto de las protestas públicas” y que “entre las víctimas figuraban menores, mujeres, periodistas y trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que actuaban como observadores”.

La crítica de Amnistía Internacional apunta a que estos casos “siguieron siendo competencia de los tribunales militares”, pese a que una ley aprobada en noviembre excluyó a la población civil de la jurisdicción militar.

Por otra parte, el informe hace un repaso por la violencia de la región de La Araucanía, donde se cuestiona que la comisión creada en el Congreso para tratar el tema se centró solo en delitos presuntamente cometidos por los mapuche sin abordar las denuncias de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias en operaciones policiales.

Aborto e identidad de género

Respecto a los derechos sexuales, el organismo internacional destaca que el aborto en Chile sigue siendo un delito bajo todas las circunstancias, siendo uno de los cinco países en el mundo que actúa de esta manera, y que el proyecto sigue siendo discutido en el Congreso.

Además, el informe destaca que el proyecto de ley de identidad de género, que lleva cuatro años siendo discutido por los parlamentarios, significó un “primer paso” para nuestro país cuando en septiembre superó el trámite en la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Eso pese a que aún debe superar varias otras barreras antes de ser despachado como ley de la república.

AI también recalcó que en julio pasado Chile accedió a un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras una denuncia de tres parejas homosexuales a las que se les había negado el derecho a contraer matrimonio, ya que en nuestro país solo está estipulado para un hombre y una mujer.

Este acuerdo llevó al Gobierno a anunciar en agosto un proceso participativo con la sociedad civil para redactar un proyecto de ley que establezca la igualdad respecto al matrimonio, al tiempo que el Ejecutivo anunció el envío de una iniciativa en esta materia.

Fuente: El Dinamo