La investigación que la Fiscalía de Antofagasta lleva adelante contra la diputada Catalina Pérez por un presunto delito de aborto, evidencia que en Chile la persecución penal a las mujeres que abortan o sufren pérdidas reproductivas está vigente.

Si bien la ley de tres causales significó un gran avance al poner fin a un periodo de criminalización del aborto en cualquier circunstancia, lo cierto es que por fuera de esas causales (riesgo vital, inviabilidad, violación), la decisión de interrumpir un embarazo no es amparada por la ley ni por el sistema de salud, y lamentablemente todavía se define como un delito que contempla para las mujeres penas de hasta 5 años de privación de libertad.

Aun cuando en el país el número de condenas por aborto es relativamente bajo, el riesgo de ser denunciadas, sometidas a interrogatorios y allanamientos, audiencias judiciales, o quedar con ‘los papeles manchados’ es una realidad. La mayoría de las afectadas enfrentan el miedo y la persecución criminal en anonimato y soledad, recibiendo muchas veces malos tratos en centros de salud.

De ahí la urgencia de abordar el debate de aborto legal, en resguardo de los derechos de mujeres y niñas que requieren interrumpir su embarazo por otras razones distintas de las tres causales.