Hay instituciones que sobreviven simplemente porque nos acostumbramos a ellas. La figura de la primera dama es una de esas instituciones que Chile debiera volver a discutir. La pregunta dejó de ser teórica cuando, mediante la Resolución Exenta N.º 391, de mayo de este año, se restituyó el gabinete de la primera dama, eliminado en 2022. Sus funciones exceden el acompañamiento protocolar: debe asesorarla en sus actividades oficiales y en la elaboración y seguimiento de iniciativas relacionadas con mujeres, infancia, familia y personas mayores, además de colaborar en la articulación de proyectos con instituciones públicas y privadas.

Estamos hablando, entonces, de una estructura estatal que permite incidencia pública a una persona que no fue elegida, no concursó para desempeñar esa función y cuyo vínculo con ella deriva de su matrimonio con el Presidente.

Desde una perspectiva feminista, esto resulta especialmente problemático porque durante décadas las mujeres hemos luchado para acceder al espacio público por nuestras capacidades, trayectorias, trabajos y decisiones. La institución de la primera dama conserva, en cambio, una idea difícil de conciliar con esa conquista: una mujer obtiene un lugar institucional precisamente por ser “la señora de”.

Esto se complejiza aún más cuando existe un gabinete financiado con recursos públicos. Corresponde,  entonces, saber quiénes lo integran, cuánto cuesta, cuáles son sus remuneraciones y funciones, qué actividades desarrolla, qué reuniones mantiene y con qué criterios se define su agenda.

La reciente visita de la primera dama a la agrupación Encuentro, en Valdivia, muestra por qué estas preguntas importan. La  organización acompaña a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y busca apoyarlas para que continúen sus embarazos. La pregunta institucional es por qué la primera dama escogió esa organización, qué criterio orientó esa decisión y cómo se garantiza pluralidad cuando una figura respaldada por la Presidencia interviene en materias relacionadas con los derechos de las mujeres.

Una visita, por sí sola, no permite concluir que exista una determinada agenda gubernamental, pero sí justifica preguntar cuál es la agenda de la primera dama y cuáles son sus límites. Y hay aquí una cuestión de fondo porque la vulnerabilidad de las mujeres no comienza ni termina con el embarazo.

Una política pública comprometida con sus derechos debe considerar también su autonomía económica, el acceso al trabajo y a los cuidados, las pensiones de alimentos, una vida libre de violencia y su autonomía física y reproductiva.

Son materias  que ya tienen lugar en instituciones estatales como el Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) o Prodemu. A ello se suma  que Chile cuenta con una legislación vigente que permite la interrupción del embarazo en tres causales y cuya implementación presenta importantes falencias.

En democracia pueden coexistir distintas convicciones morales o religiosas sobre el aborto, pero las actuaciones desarrolladas desde estructuras estatales deben respetar el marco jurídico vigente y los derechos que este reconoce. Eso incluye las actividades que se desarrollen desde el gabinete de la primera dama.

Por eso, el debate no debiera reducirse a si la cónyuge del Presidente desempeña bien o mal el papel de primera dama. La pregunta es anterior: ¿por qué necesitamos ese papel?

Que una institución sea tradicional no significa que sea democráticamente incuestionable. Si existe un gabinete, recursos públicos, despliegue territorial e intervención en asuntos de interés público, corresponde exigir atribuciones claras, transparencia y rendición de cuentas.

En pleno siglo XXI, el poder público debería provenir de reglas institucionales, no del estado civil. Y los derechos de las mujeres no deberían depender de las convicciones de quien circunstancialmente habite La Moneda, menos aún de las de la persona con quien el Presidente esté casado.

A 53 años del golpe de Estado, recordar lo ocurrido durante la dictadura exige también preguntarnos cómo hemos construido esa memoria y qué dimensiones de la represión tardamos demasiado tiempo en reconocer.

Durante demasiado tiempo, la historia de las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil militar fue construida sin atender suficientemente a las distintas formas en que la represión afectó a las personas. Hombres y mujeres fueron detenidos, torturados, ejecutados, desaparecidos y forzados al exilio, y el sufrimiento de cada una de esas víctimas forma parte indispensable de nuestra memoria.

Sin embargo, esa forma general de relatar la represión dejó durante años en un segundo plano una dimensión fundamental: la violencia ejercida por agentes del Estado también estuvo atravesada por el género y, en el caso de las mujeres, este operó como un factor específico de castigo, disciplinamiento y violencia.

Las mujeres fueron perseguidas por sus ideas, por su militancia, por participar en sindicatos, partidos, organizaciones sociales, juntas de vecinos y centros de estudiantes. Pero sobre ellas se ejercieron, además, formas específicas de violencia dirigidas contra sus cuerpos, su sexualidad y su condición de mujeres. La violencia sexual fue utilizada para torturar, humillar, obtener información, intimidar, castigar y disciplinar.

Por eso es importante nombrar la violencia política sexual como una forma de  tortura. No se trató de hechos aislados ni de simples “excesos” cometidos por determinados agentes. Ocurrió en el contexto de un aparato represivo estatal y desde una posición absoluta de poder sobre mujeres privadas de libertad o sometidas al control de sus captores.

Tampoco podemos reducirla a la violación. Las sobrevivientes han relatado desnudez forzada, tocaciones, amenazas de violación, insultos y humillaciones sexualizadas, agresiones sexuales y distintas formas de tortura dirigidas específicamente contra sus cuerpos y su sexualidad.

Había, además, un mensaje profundamente disciplinador. Se castigaba a las mujeres consideradas adversarias políticas, pero también a aquellas que habían transgredido el lugar que el orden patriarcal les asignaba. Mujeres que militaban, dirigían, opinaban, se organizaban y ocupaban el espacio público. Sus cuerpos se convirtieron así en un territorio sobre el cual ejercer la represión política y, al mismo tiempo, restaurar violentamente un determinado orden de género.

Después de la violencia vino el silencio. Muchas sobrevivientes necesitaron años, incluso décadas, para hablar. Hubo trauma, miedo y vergüenza, pero hubo también una sociedad que no estaba preparada para escucharlas. Por eso debemos ser categóricas: el silencio de las mujeres nunca significó ausencia de violencia; muchas veces significó ausencia de condiciones para poder contarla.

A más de medio siglo del golpe de Estado, todavía tenemos una deuda con esas mujeres. Una deuda de verdad, porque necesitamos conocer lo ocurrido; de justicia, porque estos crímenes deben ser investigados y sancionados; de reparación, porque las sobrevivientes tienen derecho al reconocimiento; y de memoria, porque las nuevas generaciones deben saber que la violencia sexual también formó parte del repertorio represivo de la dictadura.

Y reparar exige algo más: devolver la vergüenza al lugar donde siempre debió estar. La vergüenza nunca correspondió a las sobrevivientes. La responsabilidad pertenece a quienes utilizaron el cuerpo y la sexualidad de las mujeres para torturarlas y castigarlas.

Recordar a estas mujeres implica también no reducirlas a la condición de víctimas. Fueron estudiantes, trabajadoras, pobladoras, profesionales, dirigentes, militantes y defensoras de derechos humanos. Participaron de la vida política, resistieron a la dictadura y muchas fueron fundamentales en la recuperación de la democracia.

Incorporar la violencia política sexual a nuestra memoria no significa agregar un “tema de mujeres” a la historia de Chile. Significa contarla completa. Porque sin las mujeres, la memoria está incompleta.

*Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en el Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile

Actualmente, el Congreso chileno tramita tres proyectos de ley sobre la materia: uno que busca prohibir completamente la gestación subrogada y otros dos que buscan regularla en su forma altruista: es decir, que no exista un pago de por medio para la mujer gestante.

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con algunos de los legisladores que impulsan los proyectos y también, con una organización feminista que se pronunció sobre qué sería más adecuado implementar en nuestro país.

La iniciativa que prohíbe la gestación subrogada -y que incluso incluye sanciones penales para los involucrados- fue presentada en enero de 2025 por los diputados Consuelo Veloso, de la bancada del Frente Amplio (FA), y Juan Irarrázaval, del Partido Republicano.

En diálogo con nuestro medio, este último recalcó que cuando se habla de maternidad subrogada, “hablamos de un tema de derechos humanos”: “Nadie, particularmente la mujer, merece ser tratado como un objeto”, expresó.

El diputado Irarrázaval sostuvo que no es posible concretar una gestación subrogada realmente altruista y que “la experiencia internacional en Canadá o Reino Unido ha demostrado que es, en realidad, una fachada de la comercial, ya que siempre dispone de mujeres pobres para llevarse a cabo”.

“Oculta el pago en compensaciones, aun cuando las agencias, las clínicas o intermediarios lucren formalmente en un mercado que, por lo demás, crece a los cientos de millones de dólares a nivel mundial”, acusó.

De todas maneras, el parlamentario señaló que para él, el principal argumento para prohibir la gestación subrogada en todas sus formas, “es el daño que produce en la madre gestante y en su hijo, que durante nueve meses generan un vínculo biológico, químico, hormonal, personal, que se rompe al momento del parto”.

“Eso genera un trauma de desapego que en el niño manifiesta con una alta liberación de cortisol, lo que afecta además de manera permanente su desarrollo”, dijo.

Una visión distinta tuvo el senador de Demócratas, Matías Walker, quien por su parte, presentó un proyecto para regular la maternidad subrogada altruista. Walker afirmó que se debe tomar dicha opción, “primero porque tiene un fin noble, que es poder generar vida y permitir a miles de parejas que no tienen hijos, la posibilidad de formar una familia ante cualquier impedimento o situación de infertilidad”.

A su juicio, el tema debe ser incluido en la discusión de los mecanismos de fertilización asistida y es importante para que “tener hijos bajo estos mecanismos, no sean una posibilidad de una élite, sino que estén al alcance de toda la población”. “Más aún cuando hay un plan de Gobierno que se llama Chile Renace, para mejorar las tasas de natalidad. Tenemos una población cada vez más envejecida”, observó.

A diferencia del diputado Irarrázaval, el senador Walker aseguró que es factible la gestación subrogada altruista, en el que la mujer gestante sea una amiga o familiar de las personas que se convertirán en los padres del bebé. En su proyecto, se establecen una serie de requisitos, entre ellos: que exista un mínimo de edad para la mujer gestante, que haya tenido hijos previamente, y que además, se suscriba un contrato entre ambas partes.

“No se puede prohibir la gestación subrogada, se debe regular. Nuestro proyecto lo hace con el objeto de evitar un fin lucrativo, estableciendo requisitos, confiando en la autonomía de la mujer gestante. Eso es a diferencia del proyecto que lo prohíbe, que desconfía de la autonomía de la mujer, la trata como si fuera una incapaz y sujeta de tutelaje”, planteó.

Mistral Ensignia, abogada de la Corporación Humanas: “El sujeto que tenemos que cautelar es el de las mujeres gestantes”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada de la Corporación Humanas, Mistral Ensignia, estimó que lo más importante en esta discusión es que se proteja a las mujeres gestantes. La representante de la organización feminista, recalcó que no son “promotoras de la gestación subrogada” pero que al mismo tiempo, reconocen que es un tema que afecta a las mujeres y debe ser discutido.

La también docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile explicó que en esta materia se cruzan distintos intereses: los de las personas que buscan tener hijos a través del método, los de los niños y niñas que nacen producto de esta práctica y los de las mujeres gestantes.

“Lo que suele pasar,es que en general, cuando hablamos de prácticas que pueden afectar a las mujeres, se suelen poner otros intereses primero. Entonces, lo que nos interesa poner sobre la mesa es que, si vamos a hablar de este tema, el sujeto al que más tenemos que cautelar, independiente de que decidamos regular o prohibir, es la condición de las mujeres gestantes que son parte de estas prácticas de forma voluntaria y también, de quienes son víctimas de explotación o de trata”, apuntó.

En esa línea, la abogada de Corporación Humanas destacó el proyecto de ley presentado por la senadora del PPD, Loreto Carvajal, que regula la gestación subrogada altruista y que su parecer, “pone a las mujeres en el centro y establece una cautela de derechos, en un catálogo de restricciones que es mucho más completo que el proyecto del senador Walker”.

Ensignia mencionó que algunos de los elementos que se contemplan son una asesoría jurídica independiente para la mujer antes del proceso de gestación y también, la prohibición de tener una relación de dependencia económica con los futuros padres del bebé.

“La edad o haber tenido un hijo antes, esos son requisitos que, en el fondo, están orientados a asegurar que la mujer gestante entregue la guagua, pero no necesariamente son requisitos para prevenir que esa mujer sea víctima de explotación”, opinó.

De todas maneras, la abogada coincidió con el senador Walker en la importancia de que se respete la autonomía de las mujeres. A su juicio, lo que ahora debe resolver el Estado es cómo asegurar que la decisión de gestar para otra persona, sea realmente autónoma. 

“Las decisiones de las mujeres, la autonomía de las mujeres, está cruzada por múltiples contextos que las afectan. Las condiciones materiales, las condiciones migratorias, el ecosistema de cuidados en el que puede estar inmersa, las relaciones familiares, etc. Entonces la pregunta para nosotras es: ¿cómo es que el Estado puede fortalecer la autonomía de las mujeres, para que puedan tomar decisiones y cómo, si es que podemos, establecer un marco jurídico que reconozca la autonomía de las mujeres, pero también cautele sus derechos?”

El sábado 20 de junio fue el último en la vida de Claudia Durán, de 52 años. Su pareja la atacó con un cuchillo en plena vía pública, lo que le causó la muerte.

Los hechos ocurrieron en la comuna de Río Claro en Maule, y el sujeto —de 35 años— fue detenido en flagrancia, luego de que los vecinos del sector dieran cuenta de una pelea entre los involucrados.

“Intentamos ayudarla muchas veces, pero lamentablemente llegamos hasta acá porque no es fácil sacar a una persona violentada de su pareja”, dijo a TVN una de las hijas de la víctima el día de la formalización del agresor. 

Su relato se condice con antecedentes de maltrato en contra de su madre con anterioridad; el último episodio conocido por la familia apenas en febrero pasado.

Patricia Ojeda tenía 32 años y era madre de dos hijas.

“No es posible que haya otra víctima, otras mujeres en esta situación. Queremos las sanciones más drásticas para que esto se corte definitivamente y más adelante no tengamos que lamentar otro femicidio”, dijo su padre conmocionado.

Pero lamentablemente, su deseo está lejos de hacerse realidad. Sin ir más lejos, en lo que va de 2026 se han cometido 19 femicidios consumados y 157 frustrados.

Las cifras no muestran un escenario nuevo, todo lo contrario; son estadísticamente similares a las del 10 de julio del año pasado: 20 femicidios consumados y 153 frustrados.

Más de una década igual

En los últimos 13 años, el número de femicidios prácticamente no ha tenido diferencias: los crímenes cometidos han sido de 40 hacia arriba, salvo en 2016 cuando se registraron 34.

En el caso de los femicidios frustrados, estos han crecido exponencialmente desde 2019, aumentando los casos detectados en un 203%. 

Pese a que con el tiempo la conciencia sobre el maltrato de género ha crecido y han habido importantes avances legislativos al respecto —como la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres—, los asesinatos no dan tregua.

Paula Salvo, presidenta del directorio de la Corporación Humanas, el nulo retroceso de la violencia tiene que ver con que el fenómeno es multifactorial: “Lo primero es que la violencia contra las mujeres no disminuye porque no es un problema como individual, es un problema estructural y cultural, y de alguna manera los femicidios son la punta del iceberg debajo del cual hay una cultura que todavía tolera distintas formas de violencia contra las mujeres”.

En segundo lugar, Salvo sostiene que aunque Chile ha avanzado mucho en leyes a favor de la mujer, estas “por sí solas no cambian la realidad”. Se requiere implementar políticas públicas que sean sostenidas y evaluables.

“El desafío ya no es solo el de legislar, sino que el desafío es que las políticas públicas lleguen a la vida cotidiana de las mujeres, que nos lleguen a nuestra vida”, enfatiza.

También hace hincapié en la forma en que educamos a hombres y mujeres para evitar la violencia. «Los homicidios no se previenen solo en los tribunales, se previenen también en las salas de clases».

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) coinciden en que “los femicidios son la manifestación más extrema de la violencia de género» y sostienen que el fenómeno constituyen un problema grave de seguridad pública, que se debe abordar con urgencia. “Se trata de un fenómeno complejo y multifactorial” que necesita del compromiso permanente de las instituciones y la sociedad.

Eso sí, destacan que en los últimos años el Estado ha mejorado la forma de medir el fenómeno y actúa de manera más coordinada. Sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la Ley Gabriela, la cual extendió el tipo penal del femicidio más allá del ámbito íntimo y se elevó el estándar jurídico que permite detectar, identificar y calificar adecuadamente estos delitos.

“A esto se suma un fortalecimiento sostenido de la coordinación interinstitucional entre policías, Ministerio Público y servicios especializados, lo que ha permitido avanzar en procesos de denuncia más oportunos e investigaciones con mayor rigurosidad”, señalan.

Además, existe la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios (SCIF) que lidera la respuesta estatal ante una víctima de femicidios consumados, frustrados y tentados, así como ante suicidios femicidas.

Querella de oficio

Uno de los últimos avances concretos en materia de acción en contra de la violencia hacia la mujer, surgió de la Ley Integral. Desde el 13 de marzo de 2026 —fecha de promulgación del Reglamento de Representación Jurídica— permite al servicio en representación del Estado querellarse de oficio en casos de femicidio consumado y suicidio femicida, fortaleciendo la capacidad de acción institucional.

Lo anterior permite asegurar una acción inmediata y proactiva del Estado frente a estas expresiones de violencia extrema, sin depender de que la familia o terceros presenten la acción penal correspondiente.

¿Dónde pedir ayuda? 

El Sernameg despliega un trabajo integral que abarca la prevención, la atención inicial y procesos reparatorios. En las primeras etapas se intenta la detección oportuna de situaciones de riesgo y el acompañamiento psicosocial de aquellas mujeres que están viviendo alguna situación de violencia.

Además, existe el Servicio de Atención Telefónica y Telemática (SATT) —Fono 1455 — la que funciona gratuitamente y es confidencial. Atiende todos los días del año, de 08:00 a 00:00 horas.

También hay una red de atención especializada a nivel nacional, integrada por los Centros de las Mujeres y los Centros de Atención Especializada en Violencias de Género, donde equipos profesionales entregan atención psicológica, social y jurídica a mujeres que viven violencia. También cuenta con Residencias Transitorias que entregan un espacio  para la protección y seguridad de las víctimas de violencias de género en riesgo vital/extremo y sus hijos/as.

Reportaje publicado por Informe Especial 24 horas, 07 de julio, 2026.- 

Hay decisiones que no son administrativas. Son políticas. Y precisamente por eso deben ser evaluadas como tales. El cierre de la Unidad de Búsqueda sobre Adopciones Irregulares es una de ellas. Tres profesionales fueron despedidos, y su conocimiento y experiencia eran parte de una institucionalidad que recién comenzaba a consolidarse. Importa porque desaparece una capacidad especializada que el propio Estado había considerado necesaria para enfrentar una deuda histórica. Pero, sobre todo, importa porque sus efectos debilitan la respuesta institucional frente a una de las más graves vulneraciones al derecho a la identidad ocurridas en Chile.

Esa decisión compromete la responsabilidad política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargado de conducir la política estatal en esta materia. Tiene el deber de conducir la política de derechos humanos del Estado. Y cuando decide cerrar una unidad creada precisamente para responder a una violación de derechos humanos ya reconocida por el propio Estado, la señal es inequívoca.

Durante décadas fueron las víctimas quienes hicieron el trabajo que correspondía a las instituciones. Buscaron archivos, reconstruyeron historias familiares, financiaron exámenes de ADN y demostraron que lo ocurrido no eran casos aislados. Gracias a esa perseverancia, el Estado finalmente dejó de mirar hacia otro lado.

Hoy ya no existe discusión sobre la naturaleza del problema. La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la mesa interinstitucional convocada por el propio Ejecutivo coincidieron en un diagnóstico: las adopciones irregulares constituyeron una grave vulneración de derechos humanos y el Estado tiene obligaciones permanentes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ese reconocimiento cambió las reglas del juego. Cuando un Estado admite una violación de derechos humanos, deja de decidir libremente cuánto quiere involucrarse. Ya no se trata de una política opcional ni de una prioridad que pueda variar según el presupuesto o el gobierno de turno. Se trata del cumplimiento de obligaciones permanentes.

Es desde ese reconocimiento que Corporación Humanas ha acompañado este proceso. Porque detrás de las adopciones irregulares no solo hubo niños y niñas separados de sus familias. Hubo también mujeres a quienes el Estado les arrebató la maternidad. La mayoría eran jóvenes, pobres, muchas veces rurales, que llegaron a hospitales públicos en condiciones de enorme vulnerabilidad. A muchas les dijeron que sus hijos habían muerto. Otras firmaron documentos que no comprendían. Otras nunca volvieron a ver al niño o niña que acababa de nacer. La separación forzada de madres e hijos no solo destruyó vínculos familiares; también afectó el ejercicio de la maternidad y el derecho de miles de mujeres a decidir sobre sus propias vidas. No fue solo una vulneración al derecho a la identidad. Fue también una forma de violencia institucional contra las mujeres.

El cierre de la Unidad de Búsqueda no es un hecho aislado. Es la expresión más visible de un problema más profundo: el Estado sigue sin asumir plenamente la responsabilidad que él mismo reconoció. Lo preocupante no es únicamente que desaparezca una oficina. Lo preocupante es que se debilite la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación y el derecho a la identidad desaparezca mediante instituciones fuertes, permanentes y especializadas.

Chile ya hizo lo más difícil: reconocer que miles de personas fueron privadas de su identidad y que el Estado falló en protegerlas. Ese reconocimiento no puede quedar reducido a una declaración. Debe traducirse en instituciones capaces de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo que falta ahora no es evidencia. Lo que falta es voluntad política para estar a la altura de ese reconocimiento.

*Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en Cooperativa el 06 de julio, 2026

La llamada “mega reforma fiscal” impulsada por el gobierno ha sido presentada como una modernización tributaria orientada al crecimiento económico. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y de las promesas de dinamismo económico, lo que emerge es un proyecto profundamente ideológico: reducir deliberadamente la capacidad del Estado para financiar derechos sociales y trasladar crecientemente los costos de la protección social a las familias y al mercado.

La discusión no es abstracta. En un país donde las mujeres siguen sosteniendo de manera desproporcionada las tareas de cuidado, donde la pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres y donde amplios territorios dependen de servicios públicos debilitados, las rebajas tributarias al gran capital no son neutras. Cada punto menos de recaudación implica menos capacidad estatal para financiar salud, educación, pensiones, sistemas de cuidados, prevención de violencia y políticas sociales esenciales. Cuando el Estado retrocede, son las mujeres quienes absorben primero el impacto: cuidando más, trabajando más y sosteniendo en silencio aquello que deja de garantizar lo público.

La reforma propone reducir impuestos corporativos, ampliar exenciones tributarias y disminuir ingresos permanentes del Estado en un contexto de creciente presión fiscal. Sus defensores sostienen que menores impuestos generarían inversión y crecimiento económico. Pero esta lógica revive una vieja promesa que Chile ya conoce: la teoría del “chorreo”, según la cual favorecer primero al gran capital terminaría beneficiando indirectamente al resto de la sociedad. La evidencia reciente demuestra lo contrario. Durante décadas, Chile combinó crecimiento económico con profundas desigualdades estructurales, concentración de riqueza y una débil protección social.

El problema no es únicamente distributivo. También es fiscal. El propio Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la reforma podría generar riesgos relevantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas, pudiendo aumentar el déficit estructural y la deuda del país en los próximos años. Las rebajas tributarias tienen efectos inmediatos sobre la recaudación, mientras los supuestos beneficios en crecimiento son inciertos, difíciles de proyectar y de largo plazo. En otras palabras: los costos son concretos; las ganancias, hipotéticas.

Esto ocurre en un escenario internacional marcado por alta volatilidad económica, desaceleración global y crecientes demandas sociales internas. Debilitar deliberadamente la capacidad recaudatoria del Estado en este contexto no parece una apuesta técnica responsable, sino una decisión política orientada a redefinir el rol de lo público. Lo que está en juego no es solo una reforma tributaria, sino una determinada concepción de sociedad.

Las señales son claras. Mientras se promueven beneficios tributarios atractivos electoralmente, incluyendo exenciones amplias y rebajas sin focalización, se legitiman simultáneamente recortes en políticas sociales, investigación científica y gasto público. El mecanismo es conocido: primero se reducen los ingresos fiscales y luego se argumenta que “no hay recursos” para sostener derechos y programas esenciales.

Presentar esta discusión como un simple debate económico oculta su dimensión más profunda. La pregunta de fondo es quién financia la vida colectiva y quién asume sus costos. En sociedades altamente desiguales, los impuestos no son solo herramientas recaudatorias; son instrumentos de cohesión democrática. Debilitar al Estado en nombre de la eficiencia económica no elimina las necesidades sociales: simplemente las desplaza hacia los hogares, los territorios y, especialmente, hacia las mujeres.

Por eso, la “mega reforma fiscal” no puede analizarse únicamente desde indicadores macroeconómicos. También debe evaluarse desde sus efectos democráticos y sociales. Porque cuando el Estado pierde capacidad para garantizar derechos, la desigualdad deja de ser una consecuencia y se transforma en un modelo de organización social.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera, el 15 de mayo del 2026.-

El miércoles 28 de enero debía discutirse y votarse en general el proyecto de ley de aborto por plazos en la Cámara de Diputados, sin embargo, una vez más esta cita se postergó.

Con esto se vuelve a detener un debate esencial y se mantiene intacta una situación que afecta diariamente la vida, la salud y la dignidad de quienes requieren acceder a este derecho.

La magnitud de esta omisión es real. Cuando el Estado dilata, quienes pagan el costo son mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar, especialmente quienes viven en mayor precariedad, quienes han sufrido violencia, y quienes no pueden acceder a información ni a atención segura a tiempo.

Esta postergación exige responsabilidad política transversal. La democracia no se mide sólo por lo que se aprueba o rechaza, sino también por la capacidad de dar debate y tomar decisiones. Evadir la votación es eludir el deber de representar, deliberar y responder ante el país.

Aún en este escenario, nuestra posición es de futuro: la urgencia permanece, porque la realidad no espera. Es por ello que exigimos al Ejecutivo, a las bancadas y partidos, compromiso público de asistencia y participación efectiva en la tramitación de este proyecto y que se garantice un proceso legislativo transparente, con participación y sin dilaciones injustificadas.

Mantenemos la esperanza de que en el próximo período legislativo se enmiende el camino, y se salde esta deuda impostergable.

Siomara Molina, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto
Javiera Canales, Corporación Miles
Ingrid Villena, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir
Paula Salvo, Corporación Humanas
Teresa Valdés, Observatorio de Género y Equidad
Bárbara Sepúlveda, ABOFEM
Libertad Vidal, @corporacion_fucsia
MIRA Observatorio Legislativo Feminista
@mira.observatorio
La Rebelión del Cuerpo

Carta al director publicar en El Mostrador, publicada el 22 de febrero de 2026.-