El sábado 20 de junio fue el último en la vida de Claudia Durán, de 52 años. Su pareja la atacó con un cuchillo en plena vía pública, lo que le causó la muerte.

Los hechos ocurrieron en la comuna de Río Claro en Maule, y el sujeto —de 35 años— fue detenido en flagrancia, luego de que los vecinos del sector dieran cuenta de una pelea entre los involucrados.

“Intentamos ayudarla muchas veces, pero lamentablemente llegamos hasta acá porque no es fácil sacar a una persona violentada de su pareja”, dijo a TVN una de las hijas de la víctima el día de la formalización del agresor. 

Su relato se condice con antecedentes de maltrato en contra de su madre con anterioridad; el último episodio conocido por la familia apenas en febrero pasado.

Patricia Ojeda tenía 32 años y era madre de dos hijas.

“No es posible que haya otra víctima, otras mujeres en esta situación. Queremos las sanciones más drásticas para que esto se corte definitivamente y más adelante no tengamos que lamentar otro femicidio”, dijo su padre conmocionado.

Pero lamentablemente, su deseo está lejos de hacerse realidad. Sin ir más lejos, en lo que va de 2026 se han cometido 19 femicidios consumados y 157 frustrados.

Las cifras no muestran un escenario nuevo, todo lo contrario; son estadísticamente similares a las del 10 de julio del año pasado: 20 femicidios consumados y 153 frustrados.

Más de una década igual

En los últimos 13 años, el número de femicidios prácticamente no ha tenido diferencias: los crímenes cometidos han sido de 40 hacia arriba, salvo en 2016 cuando se registraron 34.

En el caso de los femicidios frustrados, estos han crecido exponencialmente desde 2019, aumentando los casos detectados en un 203%. 

Pese a que con el tiempo la conciencia sobre el maltrato de género ha crecido y han habido importantes avances legislativos al respecto —como la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres—, los asesinatos no dan tregua.

Paula Salvo, presidenta del directorio de la Corporación Humanas, el nulo retroceso de la violencia tiene que ver con que el fenómeno es multifactorial: “Lo primero es que la violencia contra las mujeres no disminuye porque no es un problema como individual, es un problema estructural y cultural, y de alguna manera los femicidios son la punta del iceberg debajo del cual hay una cultura que todavía tolera distintas formas de violencia contra las mujeres”.

En segundo lugar, Salvo sostiene que aunque Chile ha avanzado mucho en leyes a favor de la mujer, estas “por sí solas no cambian la realidad”. Se requiere implementar políticas públicas que sean sostenidas y evaluables.

“El desafío ya no es solo el de legislar, sino que el desafío es que las políticas públicas lleguen a la vida cotidiana de las mujeres, que nos lleguen a nuestra vida”, enfatiza.

También hace hincapié en la forma en que educamos a hombres y mujeres para evitar la violencia. «Los homicidios no se previenen solo en los tribunales, se previenen también en las salas de clases».

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) coinciden en que “los femicidios son la manifestación más extrema de la violencia de género» y sostienen que el fenómeno constituyen un problema grave de seguridad pública, que se debe abordar con urgencia. “Se trata de un fenómeno complejo y multifactorial” que necesita del compromiso permanente de las instituciones y la sociedad.

Eso sí, destacan que en los últimos años el Estado ha mejorado la forma de medir el fenómeno y actúa de manera más coordinada. Sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la Ley Gabriela, la cual extendió el tipo penal del femicidio más allá del ámbito íntimo y se elevó el estándar jurídico que permite detectar, identificar y calificar adecuadamente estos delitos.

“A esto se suma un fortalecimiento sostenido de la coordinación interinstitucional entre policías, Ministerio Público y servicios especializados, lo que ha permitido avanzar en procesos de denuncia más oportunos e investigaciones con mayor rigurosidad”, señalan.

Además, existe la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios (SCIF) que lidera la respuesta estatal ante una víctima de femicidios consumados, frustrados y tentados, así como ante suicidios femicidas.

Querella de oficio

Uno de los últimos avances concretos en materia de acción en contra de la violencia hacia la mujer, surgió de la Ley Integral. Desde el 13 de marzo de 2026 —fecha de promulgación del Reglamento de Representación Jurídica— permite al servicio en representación del Estado querellarse de oficio en casos de femicidio consumado y suicidio femicida, fortaleciendo la capacidad de acción institucional.

Lo anterior permite asegurar una acción inmediata y proactiva del Estado frente a estas expresiones de violencia extrema, sin depender de que la familia o terceros presenten la acción penal correspondiente.

¿Dónde pedir ayuda? 

El Sernameg despliega un trabajo integral que abarca la prevención, la atención inicial y procesos reparatorios. En las primeras etapas se intenta la detección oportuna de situaciones de riesgo y el acompañamiento psicosocial de aquellas mujeres que están viviendo alguna situación de violencia.

Además, existe el Servicio de Atención Telefónica y Telemática (SATT) —Fono 1455 — la que funciona gratuitamente y es confidencial. Atiende todos los días del año, de 08:00 a 00:00 horas.

También hay una red de atención especializada a nivel nacional, integrada por los Centros de las Mujeres y los Centros de Atención Especializada en Violencias de Género, donde equipos profesionales entregan atención psicológica, social y jurídica a mujeres que viven violencia. También cuenta con Residencias Transitorias que entregan un espacio  para la protección y seguridad de las víctimas de violencias de género en riesgo vital/extremo y sus hijos/as.

Reportaje publicado por Informe Especial 24 horas, 07 de julio, 2026.- 

Hay decisiones que no son administrativas. Son políticas. Y precisamente por eso deben ser evaluadas como tales. El cierre de la Unidad de Búsqueda sobre Adopciones Irregulares es una de ellas. Tres profesionales fueron despedidos, y su conocimiento y experiencia eran parte de una institucionalidad que recién comenzaba a consolidarse. Importa porque desaparece una capacidad especializada que el propio Estado había considerado necesaria para enfrentar una deuda histórica. Pero, sobre todo, importa porque sus efectos debilitan la respuesta institucional frente a una de las más graves vulneraciones al derecho a la identidad ocurridas en Chile.

Esa decisión compromete la responsabilidad política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargado de conducir la política estatal en esta materia. Tiene el deber de conducir la política de derechos humanos del Estado. Y cuando decide cerrar una unidad creada precisamente para responder a una violación de derechos humanos ya reconocida por el propio Estado, la señal es inequívoca.

Durante décadas fueron las víctimas quienes hicieron el trabajo que correspondía a las instituciones. Buscaron archivos, reconstruyeron historias familiares, financiaron exámenes de ADN y demostraron que lo ocurrido no eran casos aislados. Gracias a esa perseverancia, el Estado finalmente dejó de mirar hacia otro lado.

Hoy ya no existe discusión sobre la naturaleza del problema. La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la mesa interinstitucional convocada por el propio Ejecutivo coincidieron en un diagnóstico: las adopciones irregulares constituyeron una grave vulneración de derechos humanos y el Estado tiene obligaciones permanentes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ese reconocimiento cambió las reglas del juego. Cuando un Estado admite una violación de derechos humanos, deja de decidir libremente cuánto quiere involucrarse. Ya no se trata de una política opcional ni de una prioridad que pueda variar según el presupuesto o el gobierno de turno. Se trata del cumplimiento de obligaciones permanentes.

Es desde ese reconocimiento que Corporación Humanas ha acompañado este proceso. Porque detrás de las adopciones irregulares no solo hubo niños y niñas separados de sus familias. Hubo también mujeres a quienes el Estado les arrebató la maternidad. La mayoría eran jóvenes, pobres, muchas veces rurales, que llegaron a hospitales públicos en condiciones de enorme vulnerabilidad. A muchas les dijeron que sus hijos habían muerto. Otras firmaron documentos que no comprendían. Otras nunca volvieron a ver al niño o niña que acababa de nacer. La separación forzada de madres e hijos no solo destruyó vínculos familiares; también afectó el ejercicio de la maternidad y el derecho de miles de mujeres a decidir sobre sus propias vidas. No fue solo una vulneración al derecho a la identidad. Fue también una forma de violencia institucional contra las mujeres.

El cierre de la Unidad de Búsqueda no es un hecho aislado. Es la expresión más visible de un problema más profundo: el Estado sigue sin asumir plenamente la responsabilidad que él mismo reconoció. Lo preocupante no es únicamente que desaparezca una oficina. Lo preocupante es que se debilite la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación y el derecho a la identidad desaparezca mediante instituciones fuertes, permanentes y especializadas.

Chile ya hizo lo más difícil: reconocer que miles de personas fueron privadas de su identidad y que el Estado falló en protegerlas. Ese reconocimiento no puede quedar reducido a una declaración. Debe traducirse en instituciones capaces de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo que falta ahora no es evidencia. Lo que falta es voluntad política para estar a la altura de ese reconocimiento.

*Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en Cooperativa el 06 de julio, 2026

La llamada “mega reforma fiscal” impulsada por el gobierno ha sido presentada como una modernización tributaria orientada al crecimiento económico. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y de las promesas de dinamismo económico, lo que emerge es un proyecto profundamente ideológico: reducir deliberadamente la capacidad del Estado para financiar derechos sociales y trasladar crecientemente los costos de la protección social a las familias y al mercado.

La discusión no es abstracta. En un país donde las mujeres siguen sosteniendo de manera desproporcionada las tareas de cuidado, donde la pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres y donde amplios territorios dependen de servicios públicos debilitados, las rebajas tributarias al gran capital no son neutras. Cada punto menos de recaudación implica menos capacidad estatal para financiar salud, educación, pensiones, sistemas de cuidados, prevención de violencia y políticas sociales esenciales. Cuando el Estado retrocede, son las mujeres quienes absorben primero el impacto: cuidando más, trabajando más y sosteniendo en silencio aquello que deja de garantizar lo público.

La reforma propone reducir impuestos corporativos, ampliar exenciones tributarias y disminuir ingresos permanentes del Estado en un contexto de creciente presión fiscal. Sus defensores sostienen que menores impuestos generarían inversión y crecimiento económico. Pero esta lógica revive una vieja promesa que Chile ya conoce: la teoría del “chorreo”, según la cual favorecer primero al gran capital terminaría beneficiando indirectamente al resto de la sociedad. La evidencia reciente demuestra lo contrario. Durante décadas, Chile combinó crecimiento económico con profundas desigualdades estructurales, concentración de riqueza y una débil protección social.

El problema no es únicamente distributivo. También es fiscal. El propio Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la reforma podría generar riesgos relevantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas, pudiendo aumentar el déficit estructural y la deuda del país en los próximos años. Las rebajas tributarias tienen efectos inmediatos sobre la recaudación, mientras los supuestos beneficios en crecimiento son inciertos, difíciles de proyectar y de largo plazo. En otras palabras: los costos son concretos; las ganancias, hipotéticas.

Esto ocurre en un escenario internacional marcado por alta volatilidad económica, desaceleración global y crecientes demandas sociales internas. Debilitar deliberadamente la capacidad recaudatoria del Estado en este contexto no parece una apuesta técnica responsable, sino una decisión política orientada a redefinir el rol de lo público. Lo que está en juego no es solo una reforma tributaria, sino una determinada concepción de sociedad.

Las señales son claras. Mientras se promueven beneficios tributarios atractivos electoralmente, incluyendo exenciones amplias y rebajas sin focalización, se legitiman simultáneamente recortes en políticas sociales, investigación científica y gasto público. El mecanismo es conocido: primero se reducen los ingresos fiscales y luego se argumenta que “no hay recursos” para sostener derechos y programas esenciales.

Presentar esta discusión como un simple debate económico oculta su dimensión más profunda. La pregunta de fondo es quién financia la vida colectiva y quién asume sus costos. En sociedades altamente desiguales, los impuestos no son solo herramientas recaudatorias; son instrumentos de cohesión democrática. Debilitar al Estado en nombre de la eficiencia económica no elimina las necesidades sociales: simplemente las desplaza hacia los hogares, los territorios y, especialmente, hacia las mujeres.

Por eso, la “mega reforma fiscal” no puede analizarse únicamente desde indicadores macroeconómicos. También debe evaluarse desde sus efectos democráticos y sociales. Porque cuando el Estado pierde capacidad para garantizar derechos, la desigualdad deja de ser una consecuencia y se transforma en un modelo de organización social.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera, el 15 de mayo del 2026.-

El miércoles 28 de enero debía discutirse y votarse en general el proyecto de ley de aborto por plazos en la Cámara de Diputados, sin embargo, una vez más esta cita se postergó.

Con esto se vuelve a detener un debate esencial y se mantiene intacta una situación que afecta diariamente la vida, la salud y la dignidad de quienes requieren acceder a este derecho.

La magnitud de esta omisión es real. Cuando el Estado dilata, quienes pagan el costo son mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar, especialmente quienes viven en mayor precariedad, quienes han sufrido violencia, y quienes no pueden acceder a información ni a atención segura a tiempo.

Esta postergación exige responsabilidad política transversal. La democracia no se mide sólo por lo que se aprueba o rechaza, sino también por la capacidad de dar debate y tomar decisiones. Evadir la votación es eludir el deber de representar, deliberar y responder ante el país.

Aún en este escenario, nuestra posición es de futuro: la urgencia permanece, porque la realidad no espera. Es por ello que exigimos al Ejecutivo, a las bancadas y partidos, compromiso público de asistencia y participación efectiva en la tramitación de este proyecto y que se garantice un proceso legislativo transparente, con participación y sin dilaciones injustificadas.

Mantenemos la esperanza de que en el próximo período legislativo se enmiende el camino, y se salde esta deuda impostergable.

Siomara Molina, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto
Javiera Canales, Corporación Miles
Ingrid Villena, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir
Paula Salvo, Corporación Humanas
Teresa Valdés, Observatorio de Género y Equidad
Bárbara Sepúlveda, ABOFEM
Libertad Vidal, @corporacion_fucsia
MIRA Observatorio Legislativo Feminista
@mira.observatorio
La Rebelión del Cuerpo

Carta al director publicar en El Mostrador, publicada el 22 de febrero de 2026.- 

La llegada de Judith Marín al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género comienza a perfilar uno de los primeros focos de tensión del próximo Gobierno de José Antonio Kast. Secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), conservadora y ligada al mundo evangélico, Marín ha cuestionado públicamente la permanencia del mismo ministerio en el que ahora ha sido designada. Ese cruce entre institucionalidad y convicciones explica por qué organizaciones feministas ya encendieron las alertas, las que –por cierto– se activaron hace varios meses, dados los constantes ataques desde la derecha hacia dicha secretaría de Estado.

En julio de 2017, tras casi dos años y medio de tramitación, la Ley de Aborto en tres causales enfrentaba su prueba de fuego. En medio de la votación en el Senado un grupo de jóvenes evangélicos irrumpió en las tribunas, rezando y cantando, en oposición a la ley, hasta que Carabineros intervino y los desalojó.

Entre los carteles, uno destacaba por su tamaño: “Vuélvete a Cristo”, se leía. Lo sostenía Judith Marín, la misma que hoy asume como ministra. Frente a la cámara gritaba su consigna: “¡Vuélvanse a Cristo!”.

Una derecha “real y sin mezcla”

La futura ministra tiene 30 años. Es profesora de Castellano y Filosofía por la Universidad de Santiago (USACH) y se desempeña como la actual secretaria general del PSC. Antes de llegar al partido, militó en Renovación Nacional, siendo electa como concejala de San Ramón entre 2021 y 2024. En ese entonces, se desempeñaba como asesora del diputado Eduardo Durán (RN), hijo del obispo evangélico Eduardo Durán Castro, otrora una de las figuras más poderosas del evangelismo chileno y que en 2019 fue expulsado de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, tras ser acusado de malversación de fondos y lavado de activos del dinero de la iglesia.

Pero el lazo entre política y religión comenzó tiempo atrás. Durante su etapa universitaria, Marín fue parte de las “Águilas de Jesús”, un movimiento estudiantil evangélico con fuerte presencia política, fundado hace ya unos 25 años en la Universidad de Concepción por Héctor Muñoz y Francesca Muñoz, quienes hoy son alcalde de Concepción y diputada por la misma ciudad, respectivamente. El matrimonio de los Muñoz (no hay parentesco entre ellos) es parte fundacional del Partido Social Cristiano (PSC). De hecho, Héctor Muñoz es el vicepresidente del partido.

“Soy una mujer de fe. Sí, soy cristiana, y no tengo ningún problema en decirlo porque no me avergüenzo del evangelio”, dijo en octubre pasado en “24 Debates”. “Nuestro país está atravesando una crisis espiritual, social, moral y política, y más que nunca los hijos de Dios tenemos que levantarnos”, aseveró, en medio de su campaña como diputada por el distrito 12.

Aunque no resultó electa, obteniendo solo el 2,5% de los votos, su figura marcó presencia en la “nueva derecha”, como se define su colectividad, el cual indica en su página web que “el Partido Social Cristiano es la nueva derecha en Chile. Una derecha que entiende los desafíos del país y está dispuesta a enfrentarlos con propuestas innovadoras y eficaces. Somos la derecha del cambio real, del compromiso con las personas, del respeto por la vida y los valores cristianos que nos unen”. Entre sus principios, señala que “creemos en un país con bases jurídicas y culturales cristianas”.

El PSC, de hecho, ha construido su identidad sobre una agenda valórica clara: oposición al aborto, defensa de la “familia natural”, y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El partido llevó adelante la acusación constitucional contra el exministro de Educación Marco Antonio Ávila, por presuntas irregularidades en Junaeb y por “controversias” relativas a la guía de sexualidad afectiva, libelo que fue rechazado.

Marín defendió abiertamente el rol de las iglesias y de las familias en la educación, en el programa “En todas partes hay un cristiano”, afirmando que “nadie defiende los valores cristianos si no es cristiano”. Para ella, el partido busca “ser luz, ser sal” y sentar precedentes frente a lo que considera injerencias del Estado.

En esa instancia marcó su postura, aseverando que lo valórico es “la vida del que está por nacer desde la concepción hasta la muerte natural, la familia natural entre un hombre y una mujer como núcleo fundamental de la sociedad y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos”.

Los reparos

Sin embargo, desde el mundo del feminismo y los derechos humanos el nombramiento despierta una serie de recelos, dado el perfil conservador de la futura ministra de una cartera que, en general, ha tenido una impronta muy distinta.

Paula Salvo del Canto, presidenta de Corporación Humanas, centro de estudios de DD.HH. y justicia de género, dice al respecto que “quien encabece el ministerio tiene el deber de actuar con lealtad institucional hacia su mandato legal y hacia los estándares democráticos de igualdad”.

El conflicto se vuelve más evidente al revisar las propias declaraciones de Marín sobre el Ministerio de la Mujer. En agosto pasado, consultada por los planes de Kast –quien en 2021 propuso suprimir dicha cartera–, Marín planteó evaluar su fusión o incluso su eliminación.

“Si hoy nos preguntamos cuál realmente es la utilidad del ministerio, yo creo que por ahí es donde debiésemos comenzar. ¿Funciona de manera efectiva?”, se preguntó en Puranoticia, agregando que “fusionar” podía ser “un buen concepto”.

Desde Corporación Humanas señalan que ese punto es crítico: “La institucionalidad en materia de mujeres no es un adicional del Estado, sino el resultado de décadas de construcción democrática”. A juicio de Salvo, el riesgo no siempre es un retroceso explícito, sino “el vaciamiento silencioso: menos prioridad política, menos presupuesto, menos capacidad de incidencia”.

Javiera Canales, directora de Miles, organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos, tiene una lectura más directa: “Cuando el Ministerio de la Mujer queda en manos de una figura que no ha defendido activamente su rol, el mensaje es que la igualdad de género deja de ser una prioridad estratégica del Gobierno”.

El cruce entre convicciones religiosas y gestión pública es lo que preocupa a Margarita Peña, vocera de la Coordinadora 8M. “Es grave que un partido confesional, que no separa religión y política, esté a cargo de esta cartera”, advierte. “Nos hace retroceder más de un siglo en el consenso de separar Iglesia y Estado”, agrega.

El contexto no es menor. El nuevo Gobierno asumirá tres días después del 8 de marzo, una fecha que históricamente ha marcado la relación entre el poder político y el movimiento feminista.

Para Humanas, ese momento puede ser una oportunidad: una señal temprana de respeto institucional y apertura al diálogo. Para Miles, será un período de observación y vigilancia democrática.

La Coordinadora 8M, en cambio, anticipa un escenario de confrontación: “Nos declaramos en alerta. El perfil de Marín representa una afrenta a demandas levantadas por millones de mujeres y disidencias. Este 8M volveremos a ser multitudes en las calles, afirmando que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás”.

No se trata solo de un nombre. Tampoco de una ministra en particular. El conflicto es más profundo: qué lugar tendrán los derechos de las mujeres en un Gobierno que llega con una agenda conservadora, confesional y dispuesta a reordenar –o debilitar– la institucionalidad que los sostiene.

Noticia publicada en El Mostrador, 21 de enero 2026.-

La columna “La gran feminización de la sociedad” presenta como amenaza transformaciones que, en rigor, responden a compromisos democráticos y jurídicos largamente asumidos por los Estados. Plantear la ampliación de derechos y la mayor participación de las mujeres como un riesgo para el Estado de derecho supone invertir el problema: lo que debilita la democracia no es la inclusión, sino la exclusión persistente.

La subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no ha sido un fenómeno natural ni circunstancial, sino una forma estructural de desigualdad. En ese contexto, los mecanismos orientados a garantizar participación equilibrada -incluidas las políticas de paridad- no constituyen privilegios ni concesiones ideológicas, sino herramientas para hacer efectivo el principio de igualdad sustantiva.

Los estándares internacionales en derechos humanos son claros. Una democracia que excluye sistemáticamente a la mitad de la población carece de legitimidad plena. Así lo ha reafirmado el Comité CEDAW, al establecer que la representación equilibrada de las mujeres es una condición para la vigencia del Estado de derecho y para la adopción de decisiones públicas más justas y responsables.

El debate, entonces, no es si “lo femenino” amenaza la ley, sino si estamos dispuestos a sostener democracias que continúan operando sobre desigualdades estructurales que el propio derecho internacional exige remover.

Paula Salvo Del Canto – Directora Corporación Humanas

Fabiola Gutiérrez – Coordinadora de Comunicaciones Corporación Humanas

Jennifer Alfaro – Coordinadora Estudios y Litigio Estratégico Corporación Humanas

Carta al director, publicada el 13 de enero de 2026. El Mercurio