Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, en el programa  #SuperCiudadanos en Súbela conversó sobre la importancia de incorporar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución.

Lo relevante es indicar que se aprobó una norma sobre derechos sexuales y reproductivos que incluye diversas dimensiones y, una de ellas, es la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que reconoce a las personas como titulares de estos derechos basados en la autonomía respecto del propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción definiendo mandatos claros a los órganos del Estado para garantizar estos derechos y complementado con una norma sobre Educación Sexual Integral.

“Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos en general, nos referimos a derechos que hacen parte del derecho internacional de los derechos humanos (…) y una de las críticas a la Constitución del ’80 ha sido precisamente que no los incorpore, entonces se torna relevante que estos derechos humanos estén en la nueva Constitución”, indica Maturana.

Enfatiza que la iniciativa popular «SeráLey» surge desde la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto -que agrupa a una serie de organizaciones a lo largo del territorio nacional- y plantea la protección de los derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de la iniciativa que primero y en muy pocos días logra superar el umbral de las firmas requeridas que eran 15 mil, lo que demuestra que es un tema relevante para la ciudadanía.

En Chile el movimiento feminista ha logrado llevar a la Convención algo que en otros países no ha existido y que es plantear expresamente que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho, no un privilegio o algo que se pueda restringir de cualquier manera (…) vamos a ver grupos que van a tratar de desacreditar ese avance enorme que se ha dado en el órgano constituyente, precisa la abogada de Corporación Humanas.

Nosotras lo que hacemos es defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, una maternidad voluntaria, a ser la protagonista de su proyecto de vida. Que exista una ley que despenalice o asegure la atención del aborto no obliga ninguna mujer a interrumpir un embarazo. En cambio, cuando tu tienes una ley que criminaliza el aborto sí le estas imponiendo a las niñas, adolescentes y mujeres el miedo y retrasar una atención médica. Queremos derechos sexuales reproductivos plenos, no solo aborto, que las y los niños reciban educación sexual integral, no sexista, que vaya erradicando las prácticas de violencia de género desde la temprana edad, protección frente a la violencia sexual, que las disidencias y diversidades sexuales sean respetadas, protegidas y no enfrenten discriminación. Que la sexualidad sea una fuente de desarrollo personal, concluye Camila Maturana.

¿Qué se aprobó?

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó, en particular, con 113 votos a favor el primer inciso sobre derechos sexuales y reproductivos, y dice relación con que «todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción». En tanto que, el inciso central respecto de la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobado con 108 y en dicho texto se garantizan los derechos sexuales y reproductivos «sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos».

Asimismo, el Pleno aprobó la propuesta que establece una Educación Sexual Integral.

Por Nina Steward, pasante de Corporación Humanas.

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El evento, que se llevó a cabo en la Casa de la Culturas, las Artes y las Ciencias Violeta Parra, contó con la participación de su alcalde Mauro Tamayo quien en sus palabras iniciales indicó que han realizado un trabajo enorme para avanzar en más derechos y rechazar toda forma de violencia contra las mujeres. “Nosotros nos declaramos un municipio feminista y ha sido una tarea difícil porque si bien fue un acuerdo del Concejo no puede quedar solo en el titular ya que no tiene sentido, por eso creamos un Comité al interior del municipio que esté vigilando y cautelando con el fin de generar un protocolo que impida cualquier vulneración de derechos y que no existan espacios de acoso”.

Mariela Infante, directora de Corporación Humanas, compartió con las participantes los principales resultados de la encuesta realizada durante el 2021 sobre la Nueva Constitución: Oportunidad histórica de avanzar en Igualdad de Género y Derechos Humanos. “Queremos que las mujeres estén en el centro de la discusión del proceso constituyente (…), tenemos la expectativa que esta Constitución sea relevante para nosotras y, al contrario de lo que muestran los medios de comunicación que la Convención es algo lejano, que la ciudadanía es más bien indiferente, las mujeres sí creen que puede tener un impacto en su vida cotidiana”.

La dirigenta  de la Agrupación de Artesanos y Artesanas de Barrancas, Johanna Ruiz Uribe, quien además integra el Concejo Municipal dio cuenta de la iniciativa Popular de Norma por el Reconocimiento del Sector Económico-Cultural y Laboral de las Artesanas y los Artesanos, Artistas y Guardadoras y Guardadores de Oficios, con el fin de promover el desarrollo sostenible y el buen vivir. “Todas tenemos derecho a vivir dignamente con nuestras propias manos, con nuestros propios recursos, sostenible en el tiempo (…) y para eso siempre pueden contar con nosotras para avanzar en una Constitución Feminista y Popular para siempre estar instaladas en la historia.”.

Una de las participantes del evento que tomo la palabra, dio cuenta que en una las actividades que realizaron a nivel comunitario se platearon la pregunta de cómo está el Gobierno en torno a los derechos humanos, ocasión en la que, hizo un llamado a que cada una de las mujeres presentes en el Foro de la  importancia de educar y llevar a los territorios la realidad de lo qué esta sucediendo, qué es lo que se quiere y porque son parte del proceso constitucional que es histórico a nivel Latinoamericano.

La actividad – que contó con el apoyo de UNDEF- concluyó con un acto musical a cargo de Consuelo Libertad y con más 10 stands de organizaciones feministas y mujeres que presentaron sus diversos trabajos.

El evento, que se inicia a las 16:00 horas y es organizado conjuntamente con el municipio de Cerro Navia y el apoyo de UNDEF, ha convocado a 50 mujeres de la comuna para conversar sobre la agenda de género que promueven las organizaciones feministas y el trabajo que desarrollan las constituyentes al interior de la Convención como una forma de acercar sus debates y deliberaciones a la ciudadanía fortaleciendo así una comunicación democrática, diversa y plural.

Las organizaciones que hacen parte de la iniciativa: Corporación Humanas, el Centro de Estudios de la Mujer y el Observatorio de Género y Equidad – reunidas en la plataforma Nada Sin Nosotras- tienen una vasta experiencia para articular a organizaciones feministas y de mujeres, capacitar, elaborar e implementar diálogos y conversaciones que permitan una participación incidente en el proceso constitucional que vive Chile.

Revisa el programa:

De acuerdo a los resultados, las mujeres consideran que la nueva Constitución tendrá un gran impacto en sus vidas cotidianas y les permitirá avanzar en el reconocimiento de sus derechos (53,8%), manifestado que las expectativas sobre el proceso constituyente son positivas. Aquellas que expresan más confianza en el proceso son las mujeres del tramo de edad más joven, menores de 30 años.

Las expectativas de avance en derechos se dan en un amplio rango de ámbitos. El más mencionado es el ámbito laboral y la persistente brecha salarial, en tanto un 80,5% de las encuestadas cree que la nueva Constitución permitirá avanzar en la resolución de este problema. Luego, un 76,5% considera que se avanzará en el derecho a la maternidad voluntaria; un 74,1% en el derecho de todas las personas a ser cuidada y que dichas labores sean compartidas entre el Estado, el sector privado, hombres y mujeres; y un 68,9% cree que habrá avances respecto al derecho a vivir una vida libre de violencias.

 Si bien las mujeres identificadas políticamente con la izquierda y centro izquierda expresan una valoración más positiva de los avances que una nueva Constitución posibilitará a las mujeres, tanto las encuestadas de derecha y centro derecha, como aquellas que no se sienten representadas por el eje izquierda-derecha, tienen niveles similares de optimismo respecto a las posibilidades de superar la brecha salarial y asegurar el derecho al cuidado (sobre 70%), avanzar en maternidad voluntaria (75%), y garantizar el derecho a una vida libre de violencia (sobre 62%).

Los resultados de la encuesta revelan la existencia de una amplia aceptación a incluir los derechos humanos, así como, medidas de acción afirmativa para mujeres.  Un 63,2% de las mujeres está muy de acuerdo que los derechos humanos debiesen incluirse como principio en la nueva Constitución, y un 29.4% está de acuerdo. En contraste, solo un 5,5% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta inclusión.

Respecto a la inclusión de obligaciones para que el Estado mejore la situación de las mujeres más vulneradas, es decir, mujeres indígenas, migrantes, afrodescendientes, mujeres con discapacidad, mujeres mayores, mujeres de la diversidad sexual, un 68,6% de las entrevistadas considera que el Estado debe intervenir de manera permanente para alcanzar igualdad de resultados. Existe otro 27,5% que está de acuerdo con la intervención estatal en esta materia, pero sólo de forma temporal. Si se suman ambas alternativas, un 96,1% de las encuestadas apoya las medidas afirmativas para mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación.

 Paridad y distribución igualitaria de los cuidados

 Por otro lado, el sondeo advierte un alto apoyo a que se incluyan en el nuevo texto constitucional mandatos que aumenten la presencia de mujeres en cargos de representación política. Así un 55,7% manifiesta estar de acuerdo y un 36,8% de acuerdo, lo que suma un 92,5%. Este apoyo cruza las diferentes sensibilidades políticas, pues tanto las mujeres de centro derecha como aquellas que no se identifican con una posición particular expresan en un 52,5% estar muy de acuerdo con que la Constitución establezca esta obligación estatal.

En los primeros meses de trabajo de la Convención Constituyente, se ha debatido sobre diferentes maneras de comprender y aplicar la paridad, tanto en términos sustantivos como numéricos. Al respecto, un 77,1% de las encuestadas comprende la paridad como una integración mitad y mitad entre hombres y mujeres. Otras alternativas, como que la paridad debe ser mayoría mujeres o que debe establecerse un piso de 20% o 30% de mujeres, son minoritarias, con alrededor de 11% de apoyo.

Una mayoría de las mujeres encuestadas expresa que la Constitución debe incluir obligaciones para que el Estado asegure la protección de los derechos de las mujeres en diversos ámbitos sociales claves. A nivel general, una mayoría de las mujeres encuestadas (el 72%) está muy de acuerdo con que la nueva Constitución incluya obligaciones para que el Estado aplique políticas de prevención, atención y reparación de la violencia de género; un 71,3% asegure el acceso a la educación sexual en escuelas, a la información y a la salud sexual y reproductiva; y un 76,5% asegure que hombres y mujeres ganen el mismo sueldo cuando realizan el mismo trabajo.

Una dimensión que hasta ahora se ha considerado un problema privado de las familias, y una responsabilidad exclusiva de las mujeres, como el cuidado de niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y personas dependientes, se perfila crecientemente como un asunto público que debe ser asumido como sociedad. De este modo, un 63% está muy de acuerdo con que la Constitución debe mandatar al Estado para que incentive una distribución igualitaria de estas tareas entre hombres y mujeres, y un 67,8% señala estar muy de acuerdo en que el Estado debe asegurar que todas las personas dependientes reciban los cuidados requeridos. Nuevamente en este punto se observa un apoyo transversal que supera diferencias políticas, pues las mujeres de derecha, centro-derecha y sin identificación política apoyan mayoritariamente estas medidas.

Confianza transversal en la Convención  

Para Mariela Infante, socióloga y directora (I) de Corporación Humanas, la campaña de desprestigio hacia la Constituyente no se condice con las cifras que arroja la encuesta, ya que las mujeres tienen una expectativa positiva de este proceso. Hay transversalidad entre las mujeres respecto a sus derechos, la marea feminista ha logrado masificar los componentes esenciales de una agenda feminista, la instalación de ciertos temas que son consustanciales a sus demandas históricas”.

Advierte que “la generación menor de 30 años se siente esperanzada por el proceso en curso y por los efectos que tendrá en su vida diaria y en la lucha contra la discriminación de género”, afirma la socióloga y directora de Corporación Humanas.

Finalmente, apunta a que aun cuando la agenda feminista es apoyada principalmente por mujeres de izquierda o centro izquierda, varias temáticas se muestran transversales, lo que constituye un llamado a los sectores de derecha a incluir estos puntos en su trabajo en la Convención, especialmente, políticas de cuidados, paridad, erradicación de la violencia e igualdad salarial”.

Ver Encuesta Humanas

Publicación en Página19

Santiago 2021.- El pasado 04 de noviembre, Corporación Humanas, el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) y el Observatorio de Género y Equidad (OGE)  realizó la presentación de la encuesta «Nueva Constitución y Mujeres: Oportunidad Histórica de Avanzar en Igualdad de Género y Derechos Humanos”, un encuentro que convocó a un número importante de delegadas constituyentes.

Los resultados  fueron presentados por Mariela Infante, socióloga y  la directora de Corporación Humanas; Virginia Guzmán, directora del Centro de Estudios de la Mujer y Gabriela Curinao, integrante del directorio de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI).

Esta actividad contó con el apoyo del Fondo para las Naciones Unidas (UNDEF).

Por Mariela Infante, directora (I) de Corporación Humanas

La reciente aprobación de los reglamentos, que permitirán organizar el trabajo de la Convención Constitucional, da cuenta de la mayoritaria preocupación de sus integrantes por no reproducir durante la elaboración de la nueva Constitución las discriminaciones estructurales que excluyen a amplios sectores del país.

Antes que comenzara a funcionar la Convención, la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena presentó una propuesta de reglamento centrada en garantizar la presencia sustantiva de mujeres y disidencias en toda su diversidad. Las recomendaciones se ven reflejadas en buena parte de los reglamentos finales, pues principios tales como la igualdad de género, paridad, participación popular, plurinacionalidad, transparencia, inclusión y representatividad de grupos históricamente excluidos, fueron incorporados.

Un aspecto escasamente discutido a nivel político, pero sumamente relevante como reproductor de desigualdades, es el cuidado. El término se refiere a todas las actividades requeridas por las personas para mantener su vida, salud y bienestar. Entre estas tareas se encuentran las labores del hogar, como la preparación de alimentos, limpieza y lavado de ropa, y las tareas de cuidados personales, especialmente, de las niñas y niños, personas mayores, enfermas o aquellas que tienen alguna discapacidad. Aunque es indispensable para la sobrevivencia, este trabajo no ha sido reconocido como tal e históricamente se ha asignado a las mujeres. De este modo, las mujeres han asumido de manera individual la responsabilidad de una función invisible, gratuita y con nula valoración social que las priva e interfiere en su desarrollo personal y participación en el ámbito público.

Considerando la desigual distribución del cuidado, pues hasta el día de hoy las mujeres dedican el doble de horas a estas tareas que los varones, desde la Articulación se propuso garantizar la participación efectiva en condiciones de igualdad de los y las convencionales que tienen responsabilidad de cuidado, a través de horarios y jornadas de trabajo compatibles con el desarrollo de estas funciones y financiamiento para cubrirlas.

En términos generales, los reglamentos incorporaron disposiciones relativas al cuidado que constituyen un avance significativo dentro del contexto nacional, pues hasta ahora ni siquiera la sala cuna universal se encuentra garantizada.

Así, es posible observar que el enfoque de cuidados se integró como un principio rector del reglamento general y las sesiones deben informarse con la debida antelación y apegarse a los horarios dispuestos para no afectar la participación de los y las convencionales que tienen responsabilidades de cuidado, quienes recibirán una asignación monetaria especial para cubrir estos gastos. Del mismo modo, el reglamento de ética dispone que los y las integrantes de la Convención deben abstenerse de discriminar en el ejercicio de su cargo, explicitando como motivo prohibido de discriminación las labores de cuidado.

También es valorable que el derecho al cuidado y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado se incluyera entre los temas que deberá abordar la Comisión de derechos fundamentales. Además, el reglamento de participación ciudadana transversaliza el enfoque de cuidados, pues deberán generarse las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva y en condiciones de igualdad de quienes asumen tales responsabilidades.

A pesar de estos avances, existen otras propuestas elaboradas desde Nada sin Nosotras que habrían permitido que el enfoque de cuidados tuviera una aplicación consistente. Por ejemplo, fijar la jornada de trabajo de la Convención en 40 horas semanales y solo de manera excepcional y justificada trabajar fuera de este horario, para generar un modelo distinto que no replique el “vivir para trabajar” que sitúa a Chile como uno de los países en que más horas se trabaja. En el mismo sentido, entregar apoyo económico para cubrir las labores de cuidado de los y las asesoras de convencionales, o prestar la infraestructura necesaria para cuidado infantil, habría sido una medida óptima para no afectar las oportunidades de empleo de las mujeres que asumen mayoritariamente estas tareas.

No obstante lo anterior, como una primera experiencia de incorporación del enfoque de cuidados, el balance es positivo. El llamado en esta segunda etapa que se inicia con el debate de contenidos de la nueva Constitución es que el derecho al cuidado sea incorporado de forma efectiva, pues representa un giro fundamental para establecer un nuevo camino de organización y convivencia social. Reconocer el valor social y económico del cuidado, desprivatizarlo y distribuirlo igualitariamente para que sea una responsabilidad colectiva del Estado, los privados, las comunidades y las familias, es imprescindible para la igualdad sustantiva, la profundización democrática y para incentivar la participación de mujeres en espacios de decisión.

Publicación en La Tercera 

 

• En la reunión entregaron el Protocolo para prevenir y enfrentar la violencia política de género y una carta de compromisos para que las, los y les constituyentes suscriban.
• Las representantes de la Articulación asistentes a la reunión -Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Colectivo de Mujeres Afrodescendientes Luanda, Centro de Estudios de la Mujer (CEM), Corporación Humanas, Observatorio de Género y Equidad, Observatorio contra el Acoso Chile y Red de Defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos-, anunciaron la creación de un Observatorio que permita ir mostrando la violencia y hostigamiento hacia las constituyentes, y acompañamiento para quienes lo requieran.

Santiago, julio 2021.- Con el fin de entregar todo su apoyo y respaldo, la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena -que reúne a organizaciones desde Arica a Magallanes- se reunió esta jornada con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon. En dicha instancia expresaron toda su disposición a empujar las condiciones para que las delegadas convencionales no vivan violencia política de género, racial y otras, buscando así garantizar su pleno derecho a participar.

En diversos países de la región han adoptado medidas para hacer frente a la violencia política que viven las mujeres y disidencias. Tal como lo expresa la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres que define la violencia machista en la política de la siguiente forma: “Cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”. En este sentido, la violencia política puede abarcar diferentes áreas, pudiendo ser física, sexual, psicológica, económica o simbólica.

Quienes asistieron a la reunión pusieron en común con la presidenta un conjunto de instrumentos elaborados por la Articulación, para prevenir la violencia política de género al interior de la Convención, específicamente un Protocolo para prevenir y abordar la violencia política de género con carácter interseccional, así como también el compromiso que esperamos sea firmado por todos, todas y todes los convencionales.

“Agradecemos a la presidenta Elisa Loncon que nos haya recibido como Articulación e hicimos entrega, tanto del protocolo contra la violencia política como de la carta de compromiso que esperamos firmen las, los y les constituyes”, comenta Millaray Ferro, directora ejecutiva del Observatorio contra el Acoso Chile.

Agrega que, la violencia política como otras formas de violencia de género busca relegarnos a un espacio privado. “Han sido luchas de siglos conquistar los espacios públicos y es algo a lo que no estamos dispuestas a renunciar tanto en la Convención como en la sociedad y el mensaje para las convencionales es que ‘no están solas, cuentan con nosotras’”.

“Desde afuera lo que vamos a realizar son campañas levantando nuestras alertas y preocupación por lo que pase al interior de la Convención en términos, por ejemplo, de la violencia o acoso político que puedan enfrentar nuestras compañeras. También nos comprometemos a brindar espacios seguros para aquellas constituyentes que requieran algún tipo de acompañamiento y vamos a levantar ahora un Observatorio sobre la violencia política en el contexto de la Convención, con el fin de ir mostrando a la ciudadanía que esto es algo que no contribuye a la construcción del Chile que queremos”, puntualiza Lorena Fries, directora de Corporación Humanas.

Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, comenta que conversaron con la presidenta Elisa Loncon sobre la necesidad de garantizar la no violencia para que efectivamente las mujeres podamos participar en condiciones de igualdad. “La violencia es una limitación y una barrera histórica que nos ha sacado de los espacios públicos, que las y los constituyentes avancen en firmar este compromiso abrirá pasos para una nueva cultura que queremos instalar”.

La Articulación aprovechó la instancia para hacer entrega, a la presidenta Elisa Loncon, del MeteRuido que partió siendo un silbato, pero hoy es un concepto que apunta a formar comunidad, que tiene por inspiración las mujeres y la calle. Se trata de un emprendimiento social, armado con vecinas de Villa Francia y que demanda  la igualdad de género. Un silbato que cuelga del cuello para ser usado cada vez que las mujeres se sientan inseguras o no escuchadas y que hoy es compartido con las constituyentes. 

Finalmente, las integrantes de la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena asistentes a la reunión -Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Colectivo de Mujeres Afrodescendientes Luanda, Centro de Estudios de la Mujer (CEM), Corporación Humanas, Observatorio de Género y Equidad, Observatorio contra el Acoso Chile y Red de Defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos-, manifestaron su apoyo a la gestión de la Presidenta y el interés de visibilizar la violencia que están viviendo ella y sus lamngen, proponiendo la creación de un Observatorio que permita ir mostrando las manifestaciones de discriminación y violencia así como también promover la transformación de las ideas e imaginarios sexistas, racistas y clasistas.

Estudio violencia digital en plataformas sociales
Ser política en Twitter: violencia política de género en redes sociales a candidatas constituyentes

Santiago, julio 2021.- El estudio Ser política en twitter: violencia política de género en redes sociales a candidatas constituyentes fue realizado por Corporación Humanas en colaboración con Interpreta, en el marco de Juntas en Acción con el apoyo de la Unión Europea en Chile. Se analizaron las cuentas de Twitter de 428 candidatas a la Convención en 13 distritos del país y los escaños reservados para pueblos indígenas. El objetivo fue identificar y categorizar manifestaciones de violencia política dirigidas hacia mujeres y disidencias sexuales que fueron candidatas en el período que comprende entre el 11 de enero (inscripción de candidaturas) y el 13 de mayo de 2021 (cierre de campaña).

La investigación se orientó a visibilizar la violencia de género que se ejerce y difunde en redes sociales, particularmente aquella que enfrentan las mujeres y disidencias, pues dicha violencia contribuye a menoscabar el goce o ejercicio de sus derechos políticos, desincentivando la participación política de las mujeres en general.

El realizó un análisis interseccional para dar cuenta de las diferentes formas de violencia que enfrentan mujeres y disidencias por su edad, origen étnico o racial, conocimientos, experiencia política, entre otros. En esa línea, los resultados tienen como objetivo problematizar la violencia política de género e incidir en el debate público para que se tomen acciones de prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

Resultados del estudio

El estudio clasificó las diferentes manifestaciones de violencia en dos grandes categorías: expresiones discriminatorias y desprestigio. A partir de la definición de cada una de sus dimensiones, se seleccionaron palabras claves cuyo significado coincidiera con la descripción. A partir de dicha clasificación se observó el tipo de interacción que se generaba en torno a candidatas feministas y/o disidencias sexuales.

Por una parte, se analizaron las menciones a 63 candidatas feministas, identificando que en 6.246 se evidenciaba algún tipo de violencia explícita. De este total, 69% son expresiones discriminatorias y el 31% es desprestigio.

Como era esperable, las alusiones a roles y mandatos de género suben en este grupo y llegan al 8% de menciones. El principal insulto es loca o histérica, apelando a la falta de sumisión y obediencia que tienen éstas respecto a la construcción social de “la buena mujer”.

Del total de 18 candidatas que se auto identifican como disidencias sexuales de manera pública, se registraron 1.022 menciones violentas. En estas candidaturas se observaron también ofensas centradas en roles y mandatos de género que llegan al 10%, debido principalmente a insultos que tienen que ver con su orientación sexual o identidad de género.

Respecto a candidatas jóvenes y mayores, el menosprecio de capacidades es la expresión discriminatoria más prevalente (47%) y se centra en la falta de experiencia, trayectoria y conocimientos. En el caso de las candidatas que se desempeñan como académicas, se seleccionó a 5 que registraron 307 menciones violentas, aludiendo principalmente al menosprecio de capacidades y burlas que ponían en duda sus conocimientos disciplinarios.

En el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes las expresiones racistas son mayoritarias y aluden a prejuicios que estigmatizan a los pueblos indígenas y les asignan características negativas generalizadas, en particular al pueblo mapuche con acusaciones de terrorismo.

¿Quiénes enfrentan con violencia a las candidatas?

El resultado indica que, con independencia del partido político de la candidata, se trata generalmente de hombres (70%), identificados políticamente con la derecha en su mayoría.

Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas, advierte que “las amenazas, violencia y hostigamientos que recientemente ha denunciado la presidenta Elisa Loncon y otras constituyentes debe alertarnos para generar estrategias ‘hacia afuera’ de la Convención que visibilicen la violencia política de género y eviten su reproducción en redes sociales y otros espacios. En esta línea se enfoca la campaña ‘Dale unfollow a la violencia política de género’, de manera de dejar de normalizar y reproducir estas agresiones cuyo fin es deslegitimar a través de estereotipos de género a las mujeres, negando su pertenencia y competencia en la esfera política.

De la misma forma, es imprescindible establecer medidas “hacia adentro” de la Convención a través de la aprobación de un protocolo para prevenir y sancionar la violencia de género durante el funcionamiento y la suscripción del compromiso impulsado por la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena que invita a todas y todos los constituyentes a sumarse al desafío común de generar espacios libres de violencia de género, concluye la investigadora

«Internet es un espacio hostil para las niñas y mujeres y este estudio entrega evidencia que esto no es sólo una sensación, sino que es una realidad. La investigación devela, una vez más, que cuando levantamos la voz, sea en internet o en cualquier parte, las mujeres somos maltratadas. Desde Juntas en Acción estamos comprometidas con el fin de todo tipo de violencia de género, incluida la violencia política digital, por eso nos parece relevante, más aún en el marco del proceso constituyente, que se visibilice y se avance en educación y políticas públicas que permitan erradicar este tipo de violencia», Claudia Núñez, coordinadora de Juntas en Acción.

En consecuencia, la identificación de diversas expresiones de violencia política de género contra las candidatas seleccionadas en el estudio, representa un llamado de atención para prevenir que otras formas de violencia sigan afectándolas en tanto constituyentes electas.

Link al estudio