A siete años de la ley que despenalizó el aborto en tres causales, el acceso efectivo a este derecho sigue siendo una deuda del Estado. Según el Informe 2024 que elaboramos en Corporación Humanas, el 41,6% del personal obstetra en hospitales públicos se declara objetor en la causal de violación. En tres hospitales del país -Cauquenes, Constitución y Lautaro- el 100% del equipo se acoge a la objeción, dejando sin alternativa real a quienes requieren esta prestación de salud.

La objeción de conciencia -que debiera ser una situación excepcionalísima, ya que supone el incumplimiento de una obligación jurídica-, hoy opera como una barrera estructural para el acceso a la Ley IVE. Afecta especialmente a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, quienes enfrentan una doble vulneración: la de sus agresores y la de un sistema de salud que no garantiza atención oportuna ni libre de juicios.

Es urgente que el Estado regule y fiscalice efectivamente esta práctica. La reciente actualización del reglamento de objeción de conciencia representa un avance en esa dirección, pero el sistema aún presenta brechas importantes que exigen redoblar los esfuerzos institucionales para asegurar el acceso igualitario y sin discriminación a este derecho.

La objeción de conciencia es un derecho individual reconocido, pero no puede limitar el acceso efectivo a derechos legalmente garantizados para las mujeres y niñas.

Constanza Schonhaut, Directora ejecutiva, Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera, 27 de junio del 2025.- 

La regla de cuotas contenida en el inciso quinto del artículo 4 de la Ley N° 18.700 fue incorporada el año 2015, aplicada por primera vez en las elecciones parlamentarias de 2017 y llega a su fin el año 2029. Esta medida afirmativa fue muy importante para aumentar la representación de mujeres en el Congreso Nacional, sin embargo, el balance a la fecha es que ha sido insuficiente para superar la subrepresentación histórica de las mujeres en la política.

En 1990, las mujeres representaban solo el 6% de los escaños en el Congreso Nacional y 20 años después, en 2010, ese número aumentó solamente a 14,9%. Luego de las elecciones de 2017, cuando se aplicó por primera vez la ley de cuotas, la representación de mujeres aumentó al 21,2%, pero luego de las elecciones de 2021 las mujeres solo llegaron a ser el 29,4%, constatando un claro estancamiento.

A esto se suma que la ley solamente considera este mecanismo para las elecciones parlamentarias, dejando fuera otros órganos colegiados, como los consejos regionales y concejos municipales, donde también se evidencia una brecha importante en representación política de mujeres, llegando solo al 35,2% y 33,4%, respectivamente.

Los espacios de representación política debieran ser expresión de sus sociedades, y en Chile, las mujeres representan el 51,5%. Esta brecha es preocupante y nos alerta sobre las barreras de entrada, pero también sobre la calidad de nuestra democracia, porque cuando las mujeres no están siendo parte de los espacios de toma de decisiones, hay otros hablando y decidiendo por ellas. Por ello, velar por la representación equitativa entre hombres y mujeres es velar también por una mejor democracia.

En ese sentido, ante el término del plazo de implementación de la ley de cuotas, es valorable el proyecto de ley ingresado el pasado 6 de mayo por el Ejecutivo. Este considera: i) una reforma constitucional para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la ley electoral; ii) la ampliación de la aplicación de la regla de cuotas a las elecciones regionales y locales; iii) una modificación a la ley electoral entregando un mandato de posición de las mujeres en las listas electorales, garantizando que ningún sexo supere el 60%, que siempre encabece una mujer, alternando luego sucesivamente con candidaturas de hombres, ya que las barreras de entrada se encuentran muchas veces en los mismos partidos políticos, al inscribir candidaturas de mujeres en posiciones desmejoradas dentro de las listas y solo para cumplir con la cuota.

Con todo, este proyecto de ley es un paso más en un camino mucho más largo. Se requiere seguir avanzando en medidas que no solo faciliten la representación equitativa, sino que garanticen la representación paritaria, de 50-50. Es necesario, además, mirar experiencias valiosas, como la de México, para implementar fórmulas de paridad también en la elección de cargos unipersonales. Y, por cierto, se requiere de acciones efectivas frente a las distintas formas de violencia política de género, ya que muchas veces las barreras no solo están para la entrada a las instituciones, sino en las instituciones mismas, mermando el ejercicio pleno del derecho a la participación política.

Por Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas

Columna publicada en El Mostrador, jueves 15 de mayo de 2025.- 

Horas más tarde, cuando ya todos se habían ido, el pololo de su amiga subió las escaleras y se asomó por la puerta de la pieza. No dijo nada, pero se quedó un rato mirando hacia adentro y moviendo la puerta discretamente. Pía se dio vuelta, lo miró y le preguntó “¿qué quieres? Él respondió: “Quiero dormir contigo”.

Pudo identificar de inmediato que estaba ebrio, pero aun así se sorprendió por su respuesta. Percibía que él tenía otras intenciones, pero en parte lo negó porque la posibilidad de que eso fuera cierto la descolocaba. Era el pololo de su amiga, se conocían hace años y entre ellos solo había existido una relación de confianza y respeto. Mientras lo veía parado en el umbral de la puerta, se cuestionó si había hecho algo para que él pensara que ella tenía ganas de acostarse con él. Ahora sabe que no, pero en su minuto fue inevitable –y una reacción casi automática– poner en duda sus propios actos antes que cuestionar los de él.

Aun así, pese a la incomodidad que sintió, pudo decirle varias veces que se fuera a su pieza, pero él se puso cada vez más insistente. “Me dijo que quería dormir en mi cama de dos plazas y que se acostaría en el rincón. Yo inventé excusas en mi cabeza para no aceptar el hecho de que en realidad me estaba acosando, como que quizás no quería dormir con su polola porque estaba ebrio, así que después mucha insistencia le dije que se acostara en un costado. Estaba asustada porque la situación ya se había vuelto tensa y me acosté lo más lejos posible de él”, recuerda. “Pero él se empezó a acercar y le tuve que decir que parara. Sin gritar porque me daba miedo y no quería despertar a nadie. Lo empujé varias veces, pero entre medio de los empujones él volvía a acercarse y a tocar mis partes íntimas. A esas alturas yo estaba muy confundida y no estaba siendo capaz de entender del todo lo que ocurría. Mi estrategia finalmente fue la de hacerme la dormida para que él dejara de tocarme”.

Pero lejos de parar, cuando pensó que Pía se había quedado dormida, se acercó más, se bajó los pantalones y se masturbó encima de ella. Después de eso fue al baño y se fue a acostar con su polola. “Durante todo ese rato quedé totalmente paralizada. No podía moverme ni hablar. Estaba inhabilitada. Al día siguiente me fui corriendo sin saber qué hacer”, relata. “Hasta que llamé a una amiga para contarle lo que había pasado y ambas coincidimos en que había sido de curado y que tenía que dejarlo pasar”.

Mirando hacia atrás, Pía reconoce que justificó el actuar de su abusador –aun siendo consciente de que lo que vivió fue un episodio de abuso sexual– porque estaba totalmente ebrio.Decidió incluso enfrentarlo unos días después y fue ella misma, según recuerda, la que terminó bajándole el perfil a lo ocurrido. “Total, estaba curado”, pensó. Para ella, todo había sido un accidente fortuito que ocurrió por un contexto determinado, restándole así la responsabilidad a su agresor. Pero aun así, sufrió las consecuencias de ese episodio durante mucho tiempo. “Tuve dificultades para establecer relaciones con otros hombres y sentí un nivel de miedos y ansiedades que nunca antes había sentido”.

A cinco años de lo ocurrido, se sigue preguntando qué medidas debió haber tomado y si se puede juzgar o no con la misma vara a un abusador si es que no tiene recuerdos de lo ocurrido y si se muestra tan arrepentido como lo hizo él. “¿Cómo se actúa en estos casos, cuando esa persona quizás no quiso hacerte daño pero lo hizo igual? Yo lo eximí de cierta responsabilidad cuando me dijo que no se acordaba de mucho y que jamás habría hecho algo así en un estado de consciencia, pero al final igual hizo lo que quiso y yo sufrí las consecuencias”, reflexiona.

Al igual que Pía, son muchas las víctimas que pasan por este tipo de cuestionamientos. Es difícil, en una cultura que tiende a la revictimización y a responsabilizarlas de lo ocurrido, no tener ese tipo de dudas. Especialmente en aquellos casos en los que el consumo de alcohol o drogas dan paso a situaciones aparentemente ambiguas, poco claras y que bordean ese límite que a ratos creemos difuso. Pero lo cierto es que ese límite no es difuso y la víctima de un abuso o agresión sexual nunca es responsable de lo ocurrido. Si las consecuencias para la víctima son las mismas, haya habido alcohol o no de por medio, ¿por qué al agresor habría que aminorarle su responsabilidad solo por haber estado bajos los efectos del alcohol o las drogas?

Pía decidió no denunciarlo, y reconoce que tomó esa decisión por miedo a lo que tendría que enfrentar en el proceso judicial y porque, según ella, no hizo las cosas como debió haberlas hecho para que realmente la tomaran en cuenta. “Me demoré en hablar y no quería que me juzgaran por eso. También sentí que con la conversación que tuve con él, en la que le pedí que él empezara un proceso de terapia psicológica, era suficiente. Al final fue una mezcla de ambas cosas; quería evitar el juicio y me compadecí de él”, cuenta. “Pero eso no quiere decir que no pueda cambiar de parecer, porque eso también es parte de nuestro proceso de reparación”.

La abogada litigante del estudio jurídico AML Defensa de Mujer, Paloma Galaz, explica que en este último tiempo, y más aun después de la intervención de Las Tesis y del caso de Antonia Barra, son muchas las mujeres que han podido constatar sus vivencias de violencia sexual, especialmente esas que parecían “dudosas”, de las cuales no tenían muchos recuerdos o en las que no tenían la certeza de haber dicho que no. Lo que se patentó en este tiempo, como explica la abogada, es la importancia del consentimiento. “Las reflexiones están empezando a girar en torno a cosas que suenan obvias pero no lo eran, como por ejemplo que el consumo de alcohol o drogas por parte del agresor no lo exime de responsabilidad o que si las víctimas se encuentran privadas de razón o inconscientes no es posible que consientan la actividad sexual. Durante mucho tiempo la omisión se entendía como consentimiento, pero lo que hay que tener interiorizado es que el consentimiento tiene que ser explícito y libre, y debe prestarse para cada práctica. Se puede decir que sí a algo y no necesariamente a lo demás”.

Y es que, como explica la especialista, en el imaginario colectivo que gira en torno a los delitos sexuales, sigue reinando la idea de que estos son cometidos en el manto de la oscuridad, en una calle desolada y por desconocidos. Sin embargo, la realidad dista mucho de eso: “La mayoría ocurren en lugares que podrían calificarse como seguros para las víctimas y por personas que pertenecen a su entorno cercano”. Y por eso es tan importante tener claro que el hecho que el victimario haya consumido drogas o alcohol no es ni aminorante ni eximente de su responsabilidad penal. El problema está en que en la mayoría de estos casos, la tendencia social es a no creerle a la mujer, a dar por hecho que ella quería o se lo buscó y a culparlas por exponerse al riesgo, muchas veces aludiendo a que si tomaron o consumieron drogas, no pueden asegurar que no consintieron. “En estricto rigor esto no debiese siquiera discutirse, porque hasta la misma ley –con lo precaria que es– establece que cuando hay privación de la razón o del sentido, no es posible consentir”, explica. “El punto está en que no hemos sido socializadas desde pequeñas como seres que otorgan consentimiento, sino que por el contrario hemos sido socializadas para poner nuestro cuerpo a disposición de los demás, por eso nos cuesta visibilizar y desnaturalizar estas violencias”.

Por eso, la abogada de Corporación Humanas, Constanza Schönhaut, recalca la importancia de que las mujeres externalicemos estas reflexiones, porque lo más probable es que nos encontremos con situaciones similares que para algunas víctimas pueden seguir siendo difusas o causantes de cuestionamientos. “Socializar esto nos va permitir comprender de mejor manera que no hay razón alguna para pensar que una víctima ha sido mínimamente responsable de la agresión que sufrió”, explica. “Si tenemos consciencia de que existe la violencia de género –que es aquella ejercida por hombres contra mujeres o disidencias sexuales y que supone una dimensión de subordinación en razón de género–, se vuelve clave entender que aquellos que pueden terminar cometiendo esos delitos, de manera más o menos conscientes, son responsables de la situación en la que están, de las relaciones que sostienen y por tanto también del consumo de alcohol y drogas”.

Y es que según la especialista, en la discusión que plantea si existe más o menos responsabilidad si es que uno de los involucrados está bajo los efectos del alcohol y las drogas, hay tres puntos fundamentales a tener en cuenta: El primero, que la víctima de violencia de género nunca es responsable de la agresión sufrida. Segundo, que el uso de alcohol y drogas no es eximente de responsabilidad penal para aquel que cometió el delito. Y tercero, que ninguna situación en la que se encuentra la víctima de abuso puede imputársela a ella. Ni cómo vestía, ni cuánto tomó, ni si se quedó dormida al lado del agresor o en el sillón de una casa ajena. Nada de eso la vuelve a ella responsable.

En ese sentido, es también fundamental poner en perspectiva qué significa ser víctima de un abuso o agresión sexual. “La clave es reconocer haber sufrido algún tipo de vulneración y entender que no tenemos responsabilidad alguna en que haya pasado. Ahora, el cómo se vive esa situación no tiene reglas estándares aplicables a todas. Se nos pide ser la “buena víctima” y seguir un patrón de conducta que permita validar que efectivamente fuimos víctimas de abuso. Pero cada una lo vive como lo vive”, explica Schönhaut. “Puede que la víctima cuente o no; puede que quiera denunciar o no; hacerlo público o no; e incluso perdonar o no al agresor. Todo eso es válido y está dentro de lo que cada una tiene que decidir para efectos de qué es lo mejor en términos de reparación. No hay una única forma de hacerlo, las herramientas están a disposición, pero nadie debiese juzgar a una víctima por cómo termina llevando adelante su proceso de reparación. Uno puede orientar, brindar apoyo y asesoría, recomendar que se denuncie o que se busque ayuda psicológica, pero la decisión de qué se hace con esa vivencia es de la persona que la vivió”.

Y es que, como explica la psicóloga Katherine Quiroz, una de las etapas más relevantes en el proceso de reparación de las sobrevivientes, es reconocerse como tal, porque eso supone un reconocimiento de que fueron negadas e invisibilizadas como sujetas por parte del agresor. Y eso siempre es complejo. “Ninguna mujer responde de la misma forma frente a situaciones de abuso o agresión sexual; va depender de su historia de vida o del apoyo con el que cuenta, pero jamás hay que imponerle una forma determinada. Porque eso impide la integración de la experiencia traumática, dejándola disociada. Más bien debiésemos avanzar hacia el reconocimiento social del daño y hacia el reconocimiento de que sin consentimiento, siempre va ser una transgresión. No podemos minimizar el que no haya habido consentimiento, inclusive en estados de alcohol o drogas”.

Publicado por Revista Paula 

En esta semana conmemorativa, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones feministas han trabajado para la visibilización de las distintas problemáticas entorno a este tema. Las mujeres que están privadas de libertad son un grupo especialmente vulnerado, y de diversas formas: antes y durante la cárcel.

En Chile hay cerca de 3.000 mujeres en el sistema penitenciario cerrado. De este grupo son muchas las que han sufrido algún tipo de violencia. El 62% reporta algún tipo de maltrato en la infancia. Además, el 72% declara haber sido víctima de algún tipo de violencia física, verbal o sexual de parte de sus parejas. Esto según el estudio Encarcelamiento femenino en Chile: Calidad de vida penitenciaria y necesidades de intervención.

“Estamos hablando en general de mujeres pobres, de mujeres madres que además están privadas de libertad en un sistema penitenciario que está pensado por y para hombres y que por tanto es doblemente falente en términos de protección de derechos humanos de las mujeres”, expresa Constanza Schonhaut de Corporación Humanas.

Mujeres privadas de libertad

Muchas de estas mujeres vivieron entre la pobreza y la vulneración de una infancia protegida. El 36% pasó por centros de internación provisoria del SENAME durante la adolescencia. Mientras que los delitos por los que son procesadas en su mayoría se caracterizan por ser no violentos. Estos son drogas (32%), robos (22%) y hurtos (14%), según el Informe anual de Carabineros de Chile del 2018.

Pero son este tipo de delitos los que el sistema judicial considera como “Delitos de Mayor Connotación Social” y con ello, aumentan las penas y la criminalización de las mujeres. Lo que tiene directa relación en cómo se ven fracturados cientos de grupos familiares, puesto que el 70% de las mujeres que ingresa a la cárcel cumplían el rol de sostenedora del hogar según Fundación Kalen.

“Un sistema que omite del todo que las mujeres cumplen un rol fundamental en la cadena de los cuidados, de la sostenibilidad de la vida, y que las mujeres privadas de libertad es algo que impacta fundamentalmente en el resto de sus familias o redes cercanas”. Agregó la representante de Corporación Humanas, agrupación que estima que 400 mil menores tienen a uno o los dos padres dentro de la cárcel.

La pandemia dentro de la cárcel 

Tras el Covid-19 las problemáticas al interior de la cárcel solo se agudizaron. Probablemente este año fue una dura experiencia para muchos estando confinados en sus casas. Además, por lo complejo del contexto, los índices de depresión y otros trastornos psiquiátricos afloraron.

Estando encerradas día y noche, en cubículos sobrepoblados, con condiciones insalubres y dependencias paupérrimas, la emergencia sanitaria era aún peor para la población penal. Quienes además en lo que va de pandemia han visto impedida la posibilidad de recibir visitas o realizar llamadas telefónicas a familiares. Como vienen exigiendo desde hace semanas sin recibir respuesta de Gendarmería ni del Gobierno.

El arte de mujeres privadas de libertad

“Hay un montón de situaciones de violencia, consumo, abandono, desde que son pequeñas. Hay todo un contexto que arrastra a este último eslabón de las violencias, como lo es la cárcel”. Así afirmó Myr Chávez, representante de Pajarxentrepuas. Una de las organizaciones que trabaja junto a mujeres privadas de libertad, especialmente realizando instancias culturales al interior de los centros.

“Nosotras con el arte lo que tratamos de hacer es que se sigan vinculando con la comunidad. Cada obra que se hace en contexto de encierro después las sacamos a la calle y ahí tratamos de que los transeúntes también sepan la realidad de las compañeras. En esas instancias nos hemos dado cuenta que es esencial que esa comunicación no se pierda. Para ellas tiene un impacto muy importante” asegura Myr Chávez.

“Ahora con el tema de la pandemia, que se sabe pero que ahora se agudiza, es que hay muchos temas que la institución o el Estado no se hace cargo. Hablamos de lo mínimo, como toallas higiénicas, jabón. Una institución que nunca fue pensada para mujeres entonces es súper complejo” cuenta Myr desde Pajarxentrepuas,

La agrupación lleva meses trabajando para hacer visible la demanda del votopresx. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer realizaron una instancia especial. Presentaron a las 19:30 un musical creado en la Cárcel de mujeres de Valparaíso, con Pajaras CPF y Mon Laferte.

La ayuda feminista

Durante la crisis del coronavirus habían múltiples causas que apoyar, sin embargo este grupo de mujeres ha sido históricamente excluido y es invisible para muchos y muchas, por lo que sus necesidades básicas se han vuelto cada vez más urgentes.

Debido a que desde abril el acceso a las cárceles ha estado restringido, dejando a miles de mujeres sin artículos básicos de aseo, organizaciones como Red de Acción Carcelaria están realizando colectas. Primero apoyando regiones del sur de Chile y este mes estarán ayudando a mujeres de Coquimbo.

“Nosotras estamos felices de ayudar y ellas super agradecidas de que podamos hacerles llegar estos kits pero también esa sensación detrás de un poco de rabia, de que esto es una injusticia que no tendría que estar peleando la sociedad civil” dice Antonella Oberti, abogada de esta agrupación.

Ya han colaborado con 1.003 mujeres privadas de libertad, a través de la entrega de kits de higiene. Cada kit contiene artículos básicos de aseo, como jabón, toallas higiénicas, papel higiénico, cepillo y pasta de dientes, desodorante, champú y acondicionador.

La abogada cuenta que las mujeres se muestran muy agradecidas, pero está la consciencia de que esto no corresponde. “En el fondo este tipo de acceso lo debería garantizar el Estado mediante Gendarmería. No puede ser que las internas tengan que depender de organizaciones para tener acceso a toallas higiénicas, a confort o cepillos de dientes. Es el Estado el que debería garantizar ese acceso” dice Antonella.

“En ese sentido, aquí hay un incumplimiento a múltiples tratados internacionales a los que Chile está suscrito que dicen que el Estado tiene que asegurar el acceso a cosas básicas así como atención ginecológica y en particular a mujeres que están embarazadas antes, durante y después del parto” agrega la abogada de Red de Acción Carcelaria.

Reportaje en Revista Bravas

“¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”. Era la pregunta de la segunda papeleta de votación del Plebiscito del 25 de octubre. Los resultados, dados a conocer por el Servicio Electoral indican que, de 7.555.222 votos válidamente emitidos, esto es, excluidos los nulos y en blanco, los resultados son: para la opción Convención Mixta Constitucional 1.501.793 votos, correspondiente al 21,01% y la opción Convención Constitucional 5.646.427 votos, correspondiente al 78,99%.

¿Qué implica eso? Chile tendrá una Convención Constituyente para elaborar la Constitución. Formada por 155 ciudadanas y ciudadanos elegidos por voto popular, será el primero en el mundo en dar paridad con un 45% a 55%, de mujeres y hombres.

Así Chile asume un lugar de vanguardia, superando incluso a países como Islandia y Finlandia.

Cuando la diversificación en la toma de decisiones no existe, hay alta probabilidad de que los intereses, traducidos en políticas públicas, representen sólo a un grupo en desmedro de otros, en este caso, las mujeres.

Una oportunidad única para fortalecer la democracia y darle legitimidad al proceso, dice María Inés Salamanca, de ONU Mujeres Chile. Las mujeres constituyen en Chile el 51% de la población, y en este sentido, «permiten priorizar materias sensibles y trascendentales no sólo para ellas, sino para el conjunto de la sociedad”. Contar con paridad en este proceso y en todos, permite reducir las desigualdades y transforma las relaciones de poder.

“La convención va a quedar constituída de forma paritaria, y eso es un salto cualitativo en representación enorme”, indica María Cristina Escudero, abogada y académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, quien destaca que si bien en Chile se ha avanzado, por ejemplo en la ley de cuotas, está muy lejos de ser equilibrado y estar sobre los promedios regionales en cuanto a representación.

La paridad no es antojadiza, agrega la directora ejecutiva de ComunidadMujer, Alejandra Sepúlveda. Es un principio que otorga profundidad a la democracia. Permite avanzar desde una igualdad formal entre hombres y mujeres -como consagra la Constitución actual- a una real y sustantiva.

«A través de la distribución más equilibrada del poder, en el Estado y los organismos autónomos y del reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos específicos de las mujeres, por ejemplo, a vivir una vida libre de violencia, a la igualdad salarial, a la protección social sin discriminaciones por razón de género, al reconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y la corresponsabilidad social”, aclara Sepúlveda.

Es la reivindicación histórica y la profundización democrática de hombres y mujeres representados en igual proporción en un órgano tan relevante como aquel que va a definir el pacto social sobre las personas que habitamos este territorio, dice Constanza Schönhaut abogada de Corporación Humanas, “sobre todo, cuando sabemos que, en la historia política en general y constituyente en general, las mujeres hemos sido permanentemente excluidas, y por tanto nuestra realidad, necesidades y deseos no se ven reflejados en las decisiones país”.

Un principio y un derecho escrito en la carta fundamental despeja cualquier controversia sobre su existencia jurídica. De esta forma una ley que los contradiga no los derogaría, dice Sepúlveda, sino que sería inconstitucional. “Así podremos avanzar en un país más igualitario e inclusivo y profundizar la calidad de nuestra democracia, la justicia y el desarrollo de Chile”.

Para la historiadora María José Cumplido, es un evento muy relevante. Un hito histórico a nivel mundial, que marca un camino a seguir. Hace muchos años, hay conciencia de cómo las mujeres han sido excluidas de la política y del espacio público, «y esto invita a que cada proceso, desde asamblea a directorios, sea conformado con una mirada amplia, con distintas voces, que permita tener una visión más compleja y cercana a la realidad a que si se tienen puros hombres, porque implicaría un sesgo”.

La Convención Constitucional, a sido un gran logro de las mujeres organizadas, subraya Escudero. Un logro de tantas que salieron a pedir que hubiese una convención paritaria. Con ella se abre una gran oportunidad en Chile para dialogar como nunca hemos tenido, “para conversar temas importantes para todos y todas, y que además lo haremos en condiciones importantes con paridad y con independientes, aunque aún está pendiente los pueblos originarios”.

La paridad política es clave. Tal como lo destaca ONU Mujeres, es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas. “La democracia paritaria propone un nuevo modelo de un Estado inclusivo, tal como lo propone la Agenda 2030, y un nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad”.

Hillary Hiner, historiadora y una de las coordinadoras de la Red de Historiadoras Feministas está de acuerdo con que tener una convención constitucional con paridad es una oportunidad histórica. “En ningún otro país del mundo se ha logrado hacer y creo que en muchas latitudes nos van a estar mirando, para estudiar cómo nos va”.

Un paso que Chile ya había tomado antes, en términos de vanguardia. Fue uno de los primeros países en el mundo al erradicar la esclavitud. El 24 de julio de 1823, fue el primer país americano y segundo a nivel mundial, en decretar la libertad absoluta de la esclavitud. Dinamarca fue el primer país en decretar la abolición de la esclavitud a nivel internacional en 1792.

Al igual que la Ley de Libertad de Vientre, promulgada en 1811, por Manuel de Salas, que establecía que todos los hijos e hijas de esclavos nacidos en Chile, quedaban automáticamente libres al nacer, el voto femenino en 1949 o la reciente Ley de Acuerdo de Unión Civil, esta convención tienen en común, dice Cumplido que son aspectos en los que se trabaja por la verdadera inclusión.

“Marcan un camino que permita tener igual derecho de construir el país, donde no haya discriminación. Queda un montón por avanzar porque esto no resuelve todo, pero sí que haya ganado la convención paritaria habla de lo que está pensando y vive la gente, porque la discriminación no es solo un concepto, también se padece”, señala Cumplido.

Un paso que no deja de resultar una dicotomía dice Daniela Campos Letelier, miembro de Red de Politólogas. Chile es un país que está al debe con la paridad de género, ya que fuera de la convención constitucional eso no se cumple. «Pero ayer 25 de octubre, el país queda a la vanguardia porque escribiría una Constitución resguardando la paridad de género. Es histórico, inédito y sin duda importante para las mujeres y también para el feminismo”.

No obstante, dice Hiner, a la misma vez, falta bastante como para garantizar una “masa crítica” feminista dentro de la convención constitucional: «No es suficiente que sea un 50% de mujeres, porque también hay mujeres muy conservadoras, fundamentalistas en lo religioso o netamente anti-feministas. Además, dice todavía se está definiendo el tema de los escaños reservados para pueblos originarios y afro-chilenos, “es clave que estén, como también personas independientes, y no sólo desde partidos políticos”.

Chile no cuenta con paridad en muchos niveles ni en los espacios de poder, por eso este hecho es tan importante, añade Campos, porque va a ser la puerta de entrada de las mujeres a los nuevos rubros que han estado limitada por años. «El país se va a poner a la vanguardia con esta nueva Constitución. Este proceso constituyente paritario debe replicarse a nuevas áreas para mostrar nuestras capacidades en todas los ámbitos donde hay menos mujeres, que tengan la posición que merecen y que no han tenido en el tiempo, pero que se ha ido recuperando”.

Publicado en La Tercera