En el décimo aniversario del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, una decena de organizaciones evalúan los avances y desafíos en Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile. Este acuerdo, celebrado por 33 países, establece un marco global en igualdad de género, salud sexual y reproductiva.

“A diez años del Consenso de Montevideo, la hoja de ruta que traza en materia de derechos sexuales y reproductivos sigue siendo un horizonte a alcanzar en Chile”, afirma Pamela Valenzuela, vocera de la Coordinadora 8M.

A pesar de avances, hay deficiencias en la garantía de estos derechos. La baja implementación de compromisos en educación sexual integral y desafíos en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo preocupan a las organizaciones.

“Hay avances en la coordinación institucional para la atención en violencia de género y matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, los desafíos siguen estando en educación integral en sexualidad y aborto”, plantea Siomara Molina de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.

Sobre el actual escenario constituyente, las organizaciones subrayan la necesidad de contar con políticas públicas sólidas para salvaguardar la salud sexual y reproductiva en Chile.

“En un contexto que es de amenaza en Chile y en numerosos países de América para el reconocimiento de estos derechos, en especial de la Educación Sexual Integral, el aborto ante embarazos no deseados o no aceptados, así como los derechos de la comunidad LGTBQI+. Lo cual podría aumentar las barreras ya existentes”, agrega la vocera de la Coordinadora 8M.

Las agrupaciones feministas subrayan la necesidad de una supervisión constante del Estado en asuntos relacionados con mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. También insisten en la revisión de los compromisos internacionales en la agenda chilena. Carolina Cisternas, vocera de las Observadoras de la Ley de Aborto (OLA), destaca la importancia de la sociedad civil organizada en evaluar el progreso respecto a este marco normativo y similares.

En su declaración, las organizaciones instan a trabajar juntas para construir un futuro donde todas las personas tengan el derecho fundamental de decidir sobre sus cuerpos y vidas. “Este es nuestro llamado a la acción y contribución al avance de una sociedad más justa e igualitaria”.

Entre las organizaciones que adhieren a la declaración están APROFA, Asociación Ginecólogas Chile, Colectiva por el Derecho a Decidir, Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Miles, Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades (ODEGI), ONG Amaranta, Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, Red Nacional Con Las Amigas y En La Casa.

Noticia publicada en El Mostrador (16.11.2023) 

El Consenso de Montevideo representa un hito fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, por ello celebramos su importancia como un documento integral que aborda una amplia gama de cuestiones cruciales para el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo de todas las personas en sus diferentes ciclos de vida.

A lo largo de esta década, hemos presenciado el fortalecimiento de un sólido movimiento feminista y la expansión de redes de juventudes y organizaciones que representan la diversidad de voces y experiencias que enriquecen nuestra lucha por los derechos humanos y la igualdad. Estos movimientos y expresiones de lucha han sido fundamentales para la justicia, defensa y promoción de la autonomía y los derechos, así como para denunciar las violaciones a los mismos.

Además, hemos observado avances significativos en la promoción de políticas, programas y normativas que colocan en el centro la información y educación, el Estado laico y el rechazo a la criminalización de la autonomía reproductiva y de la vida sexual de las personas. Estos avances se han reflejado en marcos legales nacionales, en recomendaciones de órganos de monitoreo de derechos humanos y en decisiones judiciales que han ampliado y profundizado la protección de los derechos sexuales y reproductivos en la región. En particular, celebramos los avances en la lucha por el derecho al aborto con la despenalización y liberalización de las leyes en varios países de la región. Estos logros son un testimonio del compromiso regional en la promoción de políticas que respetan y garantizan el derecho a tomar decisiones libres, informadas, autónomas y responsables sobre la propia sexualidad y vida reproductiva.

Sin duda, el Consenso de Montevideo ha sido una herramienta importante para que las juventudes exijan sus derechos en materia de educación integral en sexualidad, igualdad de género y participación activa en la región y, gracias a ello y a la lucha de quienes defendemos estos derechos, ha habido avances significativos.

También, se ha logrado en gran medida el reconocimiento de los derechos de las personas adultas mayores y la promoción de un envejecimiento activo, digno y saludable.

Sin embargo, a pesar de estos logros, reconocemos que:

• Las niñas, adolescentes y juventudes en la región siguen siendo víctimas de la violencia sexual, enfrentando embarazos no intencionales o no deseados, matrimonio infantil, uniones forzadas, falta de acceso a empleo digno, desigualdades de género y socioeconómicas, racialización hacia mujeres indígenas, afrodescendientes y negras, y otras formas de racismo y discriminación. Todo lo anterior restringe y obstaculiza su autonomía corporal y económica, así como su pleno potencial para una vida digna. En algunos países, son precisamente las juventudes el foco principal de la violencia de las bandas o del crimen organizado lo que les hace víctimas del reclutamiento forzado, la extorsión, la desaparición, la trata de personas con fines de explotación sexual e incluso la muerte.
• A 10 Años del Consenso de Montevideo no se han establecido mecanismos de alerta que pongan en evidencia la vulneración de derechos a las que nos vemos sometidas las mujeres, juventudes y niñas indígenas, como la criminalización de los conocimientos y prácticas indígenas, en particular, hacia la partería, y la falta de consentimiento para la esterilización o el uso de métodos anticonceptivos.
• En nuestra región se observan los mayores índices de violencia criminal contra personas LGBTI+, a pesar de contar con algunos marcos legales y protocolos, los sistemas de justicia no han dado respuesta a los asesinatos, desaparición y crímenes de odio. Además, las poblaciones LGBTI+ enfrentan discriminación en los sistemas de salud y educativo, y dificultades para el acceso a empleos y vivienda dignos, con graves implicaciones para la autonomía y la autodeterminación, así como para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y de eliminación de la pobreza; no se ha logrado su incorporación en los registros y estadísticas nacionales, un insumo básico para garantizar su protección y la elaboración de políticas públicas.
• El CM hace un llamado a ampliar los sistemas de protección y seguridad social con perspectiva de género, para las trabajadoras informales, lo cual incluye a las trabajadoras sexuales, sin embargo en toda la región se registran cada vez más violaciones de sus derechos.
• El CM no obstante ser una agenda de avanzada y la más progresista del mundo, desde su adopción no incorporó expresamente a quienes viven con alguna discapacidad. Dicha omisión hoy más que nunca se expresa como una demanda y una deuda de la CRPD o, que debe saldarse.
• El CM ofrece oportunidades innegables para las acciones interseccionales. Sin embargo, persisten desafíos significativos en cuanto a la pobreza, la atención de salud, la inclusión social y la protección de los sectores más vulnerados.

En este contexto, queremos señalar desafíos apremiantes a atender en la región, que comprenden:

1. Impulsar esfuerzos continuos para lograr la plena implementación del Consenso de Montevideo.
2. Eliminar la mortalidad materna evitable y disminuir drásticamente el embarazo no planeado, no deseado y no consentido de niñas y adolescentes.
3. Diseñar e implementar planes estratégicos, políticas y programas con presupuestos suficientes para dar cumplimento al Consenso, con énfasis en el capítulo H, en concordancia con la Recomendación 39 de la CEDAW sobre los derechos colectivos e individuales de las mujeres y jóvenes indígenas.
4. Asegurar la inclusión de perspectivas interculturales, interseccionales e intergeneracionales, con pertinencia étnica y lingüística en los servicios de salud.
5. Asegurar que existan mecanismos para que las juventudes participen tanto en la toma de decisiones, como en la construcción de políticas públicas y accedan a servicios de educación, salud, vivienda, entre otros.
6. Impulsar la incorporación plena de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la toma de decisiones, incluyendo la consulta previa, libre, informada y con consentimiento.
7. Asegurar una vida digna y plena para las personas adultas mayores, garantizando los mecanismos para que participen en los asuntos que les conciernen.
8. Impulsar políticas de salud, educación y atención que reconozcan las necesidades y derechos de las personas con discapacidad, respondiendo a ellas de forma eficiente y respetuosa, sin tutelajes o discriminación.
9. Asegurar a las poblaciones LGBTI+ una vida libre de violencia, y acceso a los servicios de salud con plena garantía de sus derechos sexuales y reproductivos sin discriminación y que fomente su pleno desarrollo.
10. Lograr la eliminación de la transmisión vertical del VIH en un marco de respeto a los derechos humanos y garantizar los servicios integrales y el acceso a tratamientos.
11. Reconocer el trabajo sexual como un trabajo, tal y como lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
12. Llevar los avances que podemos celebrar, a Centroamérica, República Dominicana y El Caribe inglés, donde el aborto sigue totalmente penalizado y las mujeres siguen impedidas de ejercer su autonomía reproductiva y amenazadas de perder su libertad si es que, por cualquier circunstancia deciden interrumpir un embarazo.
13. Regular la objeción de conciencia para que ésta deje de ser un obstáculo para que las mujeres y personas con capacidad de gestar -en su amplia diversidad- accedan a servicios de aborto legal y seguro.
14. Impulsar una educación integral de la sexualidad que posibilite un cambio cultural para eliminar la homolesbitransfobia; y que considere la orientación sexual, identidad y expresiones de género, así como las características sexuales para determinar las acciones de gobierno.
15. Luchar contra la violencia machista y atender a las víctimas de violencia sexual -y de cualquier tipo de violencia basada en género- oportunamente y sin revictimización.

16. Asignar presupuestos específicos e insumos para atender la salud sexual y reproductiva de todas las personas, en todas las etapas de la vida, incluyendo la atención del aborto legal, seguro y gratuito.
17. Generar mecanismos de evaluación de las políticas públicas en materia de población y desarrollo con base en estadísticas desagregadas mínimamente por sexo, identidad de género, edad, pertenencia cultural, autoidentificación étnica o racial y discapacidad.
18. Generar programas de atención a poblaciones migrantes, desde una perspectiva de portabilidad de derechos que ponga énfasis en atender y minimizar los riesgos que enfrentan las mujeres en tránsito.
19. Poner fin a las prácticas extractivistas y a los megaproyectos que depredan nuestros territorios, generan desplazamientos forzados y dañan nuestro medio ambiente.

A 10 años del Consenso de Montevideo, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la igualdad, los derechos humanos y la justicia social en la región. La amenaza fundamentalista se expresa de múltiples formas, atacando libertades, criminalizando movimientos sociales, poniendo en riesgo a las defensoras de derechos y empujando retrocesos. Gobiernos conservadores o abiertamente anti-derechos se instalan en la región, las luchas progresistas los enfrentan y en el mejor de los casos logran transformarlos o al menos detenerlos. La nuestra es una región de avances y retrocesos, en donde vivimos una batalla cultural por la igualdad y los derechos humanos.

Seguiremos trabajando en colaboración con los gobiernos, las instancias multilaterales y otros actores interesados en garantizar que los compromisos del Consenso se cumplan de manera efectiva.

Queremos aprovechar este espacio para pronunciarnos sobre el horror de la guerra y sus consecuencias. Condenamos el ataque terrorista de Hamas en Israel al tiempo que condenamos también -enérgicamente- la venganza desproporcionada que ha cobrado miles de vidas palestinas inocentes. El alto al genocidio que se escucha en las calles de nuestros países, se reitera aquí con firmeza, llamando a los gobiernos de nuestra región a adoptar medidas para ponerle fin. La paz nunca puede ser excusa para la guerra.

El año próximo se conmemoran los 30 años de la Conferencia de Población y Desarrollo a nivel global. Llamamos a los Estados latino caribeños a involucrarse activamente y a aportar a la discusión global los compromisos asumidos en nuestra región, así como los avances acordados en este, nuestro Consenso de Montevideo.

Como sociedad civil, como movimientos feministas y de juventudes y como redes temáticas e identitarias continuaremos siendo una voz legítima y representativa de las personas que enfrentan desigualdades en la garantía y el acceso a sus derechos. Nuestra lucha es por un mundo en el que todas las personas podamos ejercer plenamente nuestros derechos, vivir con dignidad, sin violencia y contribuir al desarrollo sostenible de nuestras sociedades. El Consenso de Montevideo es una hoja de ruta fundamental en este camino, y juntas, seguiremos trabajando para hacerlo realidad en la vida cotidiana de cada una de las personas de nuestros países.

#ConsensodeMontevideoParaTodasLasPersonas

Articulación Feminista Marcosur
Comunidad Interenacional de Mujeres con VIH, ICW Latina
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro – CLACAI
Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas ECMIA
Fòs Feminista
International Advocacy Network for LGBTI+ Rights
Ipas LAC
IPPF ACRO
La sombrilla centroamericana
NGO CSW LAC
Red Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe
Red de incidencia internacional por el derechos LGBTI+
Red de jóvenes indígenas de América Latina y el Caribe
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
Red de Organizaciones de Lesbianas y Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe LESLAC
Red de mujeres indígenas y afrodescendientes con discapacidad
Red de mujeres Trabajadoras Sexuales de Latino América y el Caribe RedTrasex
RedLacTrans
Red latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos
Red por la Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe RSMLAC
Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva de América Latina
Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto en El Salvador
Alianza por la Solidaridad, Bolivia
Aquelarre, República Dominicana
Articulación Alerta Montevideo, Bolivia
Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre Bolivia
Articulación Salvadoreña por el Consenso de Montevideo
Asociación para la Autodeterminación de Mujeres Salvadoreñas
Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, México
Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA), Paraguay
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro – Argentina
Católicas por el Derecho a Decidir, México, Colombia, Argentiva, Bolivia y Brasil.
Centro de Derechos de Mujeres, Honduras
Centro de Documentación y Estudios (CDE), Paraguay
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Centro de Promoción en Salud y Asistencia Familiar /CEPROSAF, Honduras
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos- PROMSEX
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas, Chile
CEPAM, Guayaquil

CEPIA – Cidadania Estudo Pesquisa Informação Ação
Coalición por la Salud, la Vida y los Derechos de las Mujeres, República Dominicana
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, El Salvador
Colectivo Diversa-CODIVER y Casa Santa Lorenza
Colectivo Género y Teología para el Desarrollo, Bolivia
Colectivo Rebeldía, Bolivia
Comité de ONGs CSW LAC – CoNGO
Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía, República Dominicana
Confederación Nacional de Mujeres del Campo CONAMUCA, República Dominicana
Consorcio Feminista, México
Coordinadora 28 de Mayo Guatemala
Coordinadora de la Mujer, Bolivia
Cotidiano Mujer, Uruguay
Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Honduras
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, México
Equality Now
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, México
FEIM, Argentina
Foro Feminista Magaly Pineda, República Dominicana
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, México
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A. C. MEXFAM
Fundacion para estudio e Investigación de la mujer, Argentina
FUSA AC-Argentina
Gestos- Soropositividade, Comunicación e Gênero
Gestos-Soropositividade, Comunicação e Gênero
Girls Not Brides: la Alianza Global para Terminar con el Matrimonio Infantil
Grupo Cairo y Montevideo, Guatemala
Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE
Iniciativas Sanitarias, Uruguay
INPPARES, Perú
Jovenas Latidas
La Acción Cuidadana por la Democracia y el Desarrollo, Ecuador
La Mesa de Vigilancia de Los Derechos Sexuales y Reproductivos, Perú
Movimiento Manuela Ramos, Perú
MSI Bolivia
Mujer y Salud MYSU, Uruguay
Mujeres Indígenas por CIARENA
Observadoras Ley de Aborto Chile
Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Pdrsonas LGBGI+ en México
Organizacion de Desarrollo Etnico Comunitario, ODECO. La Ceiba, Honduras
Organización de Mujeres Tierra Viva, Guatemala
Red de Juventudes Feminista Bolivia
Red Nacional de Adolescentes y jóvenes x la salud Sexual y reproductiva, Argentina
Red Nacional de apoyo a personas migrantes y refugiadas LGBT México
Red Voces Unidas Acabemos con el Matrimonio Infantil, República Dominicana
Rede Brasileira de População e Desenvolvimento/REBRAPD
Somos Pytyvõhára, Paraguay

Declaración publicada el 15 de noviembre de 2023.- 

Puedes descargar la declaración aquí