«Algunos de estos requisitos están avalados por la evidencia disponible, pero la mayoría restringe injustificadamente el acceso al aborto», alerta el informe de CLACAI. Uno de estos requisitos es, por ejemplo, que los abortos solo puedan ser practicados por personal de salud específico o solo en determinados establecimientos. Ello a pesar de que no se trata de un procedimiento complejo, y según la OMS, puede realizarse de forma segura en servicios de salud del primer nivel de atención.

“Hace más de una década que los organismos de rectoría sanitaria recomiendan no restringir la ejecución de abortos a personal de salud de alguna especialidad particular», precisa el informe. Sin embargo, en Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay solo un grupo de especialistas puede practicar abortos. Por ejemplo, profesionales de ginecología o cirugía.

A estas barreras para el acceso, se suma la criminalización de las mujeres. “Hay casos dolorosos donde todavía se denuncia a las mujeres que llegan a los hospitales, como en Honduras, de República Dominicana, Panamá y Perú, cuatro países en donde no se protege la confidencialidad”, señaló la abogada Agustina Ramón, coordinadora de la red jurídica de CLACAI, al medio Infobae.

En contraste, países como Perú resaltan por la violencia de los sistemas de salud o justicia frente a niñas y adolescentes que buscan acceder al aborto terapéutico. De hecho, es el único país de Latinoamérica sancionado tres veces por negar el aborto a menores de edad cuyas vidas estaban en riesgo. La resolución más reciente corresponde al caso de Camila, una niña indígena víctima de violación que, además de no poder acceder al aborto, fue criminalizada por haber hecho la solicitud del procedimiento.

En junio de este año, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas determinó que Perú es responsable por violar los derechos de Camila. Las vulneraciones a la niña ocurrieron a pesar de la existencia de un Protocolo de Aborto Terapéutico en Perú desde 2014. De hecho, este protocolo fue implementado por dos sanciones que el Estado peruano recibió años antes.

En 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer encontró al país responsable de la violación de los derechos de L.C., una niña que quedó cuadrapléjica cuando se le negó el aborto terapéutico y recibió tarde una cirugía. En 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya había encontrado a Perú responsable de la violación de los derechos de K.L., una adolescente de 17 años que fue forzada a parir un bebé anencefálico.

Es importante resaltar que el Código Penal peruano contempla la despenalización del aborto terapéutico desde 1924. A pesar de ello, la «letra chica» pone restricciones que pone las vidas de las mujeres en riesgo. Una situación que se observa frecuentemente en la región. “Lo que pasó en Perú no puede repetirse en otro país, no puede ser el estándar de ningún país más”, señaló la psicóloga Rossina Guerrero, de Promsex.