Santiago de Chile – Buenos Aires, 15 de noviembre de 2023.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Corporación Humanas expusieron ante la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado sobre la reforma a la sociedad conyugal. Contar con una ley que garantice la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es el principal compromiso asumido por el Estado de Chile en el Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Sonia Arce, quien en 2001 denunció la discriminación legal que le impedía disponer de su herencia sin la autorización de su marido con quien se encontraba casada bajo el régimen de sociedad conyugal.

La directora de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, destacó la importancia de reformar la legislación vigente pues discrimina a las mujeres, limita su capacidad jurídica y favorece la violencia económica. Asimismo, valoró el compromiso mantenido estos meses por las senadoras y senadores de la Comisión de la Mujer y por el Gobierno

“Sin perjuicio de reconocer estos avances reiteramos nuestra preocupación por las etapas de tramitación que aún quedan pendientes y los acuerdos transversales que se requieren para que en Chile se pueda contar con una ley sustentada en un principio tan básico como la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres y el fin de la subordinación de las mujeres a sus maridos”, expuso Maturana.

Mariangeles Misuraca, co-directora de Brasil y Cono Sur de CEJIL, sostuvo que al suscribirse el acuerdo de solución amistosa la Sra. Sonia Arce tuvo en cuenta a todas las mujeres chilenas y pospuso su derecho a recibir reparación con la expectativa de alcanzar una ley que las repare a todas. No obstante, a 22 años del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a 16 años de la firma del acuerdo de solución amistosa el Estado chileno aún continúa en deuda.

“Están frente a una oportunidad histórica de poner fin a una legislación que sistemáticamente discrimina a las mujeres casadas, despojándolas del patrimonio social y de sus bienes propios, subordinándolas a las decisiones de sus cónyuges varones. De avanzar con la aprobación del proyecto se abrirá la posibilidad de establecer una normativa legal que deje atrás las disposiciones discriminatorias y contribuya a erradicar las persistentes desigualdades de género arraigadas en la sociedad chilena”, sostuvo la representante de CEJIL.

A su vez, el senador Gustavo Sanhueza, Presidente de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género señaló que es necesario hacerse cargo de una realidad con la cual no están de acuerdo. “Queremos que no subsista está discriminación en la ley y por lo tanto, avanzaremos en generar una mejor sociedad. El compromiso es con las mujeres de Chile”, dijo el parlamentario.

Por su parte, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reiteró el compromiso del Gobierno de Chile con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y mantener la celeridad en la tramitación.

Al finalizar la sesión, las representantes de las organizaciones instaron a las senadoras y senadores a culminar prontamente la tramitación del proyecto. Asimismo, destacaron la importancia de que la legislación reformada sea aplicable a todas las mujeres, incluyendo especialmente a quienes en la actualidad se encuentran casadas bajo una normativa que las discrimina y las priva de sus derechos plenos.

09 de junio, 2023.- Organizaciones y referentes de derechos humanos de la región observamos con preocupación la próxima elección de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e instamos a los Estados a seleccionar candidaturas que apuesten al fortalecimiento de la Comisión y demuestren independencia, formación, experiencia y pleno compromiso con los derechos humanos. A la vez, destacamos la importancia de asegurar la paridad de género en el organismo.

En junio próximo la Asamblea General de la OEA elegirá cuatro personas para ser comisionadas. El proceso de selección de nuevos integrantes se produce en un contexto regional delicado, en el que persisten patrones estructurales de violencia, impunidad y desigualdad, y en el que crece la amenaza de gobiernos y grupos con posiciones autoritarias que ponen en tensión los valores democráticos.

Ante este escenario, es importante que los gobiernos den prioridad a las elecciones de comisionadas y comisionados. Cuatro candidaturas fueron presentadas y luego retiradas por sus proponentes. A la vez, entre las postulaciones confirmadas hay personas con escasa trayectoria en la defensa de los derechos humanos y un dudoso compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), lo que implica falta de idoneidad para cumplir con las misiones y funciones de la CIDH.

Entendemos que este contexto global y regional requiere que tanto los Estados como la sociedad civil trabajemos en fortalecer las instituciones internacionales de derechos humanos para resguardar las democracias del continente.

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Luego de trabajar durante 2022 junto a organizaciones de mujeres, comisiones del Senado y expertos en el tema, el gobierno reactivará la tramitación del proyecto de ley que reforma el régimen de sociedad conyugal.

El proyecto ha tardado 16 años en materializarse, luego de que en 2007 el Estado de Chile suscribiera un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Sonia Arce Esparza, quien denunció la discriminación que vivía porque el ordenamiento jurídico, por el hecho de ser mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, le impedía disponer de sus propios bienes. El primer compromiso fue, precisamente, la promulgación de una ley que reformara el régimen de sociedad conyugal.

En marzo de 2013, el proyecto fue despachado por la Cámara Baja para continuar con su segundo trámite constitucional ante el Senado. Y una vez creada la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, el 26 de octubre de 2018, la Comisión de Constitución le traspasó este proyecto de ley, que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional.

Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género señalan que la CIDH instó en marzo al Estado “a concretar una hoja de ruta con plazos para dar cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa, debido a que han transcurrido más de 15 años desde el acuerdo, sin que este se haya cumplido”.

Y según indicó la cartera, la tramitación se retomará la semana del 8 de mayo, mes durante el cual se recibirá en audiencia pública a los expertos, además de acoger nuevas indicaciones en un plazo que se extenderá hasta el 6 de junio, con el objetivo de comenzar a votar en particular los artículos del proyecto.

“Queremos saldar una deuda de muy larga data en nuestro país, y lo estamos haciendo en continuidad al trabajo ya realizado en gobiernos anteriores. En 2022 trabajamos en conjunto con expertas y expertos, organizaciones sociales, de mujeres, feministas y con los propios equipos de senadores y senadoras para alcanzar un amplio acuerdo respecto de las modificaciones a la sociedad conyugal que viene a hacerse cargo de una inaceptable e histórica discriminación que afecta a miles de mujeres”, dice la ministra Antonia Orellana.

Y añade: “Entre otras modificaciones, destacamos la indicación para que la administración de los bienes sea conjunta entre los cónyuges y ya no solo potestad del hombre. De esta forma, si conseguimos despachar las modificaciones a ley, estaríamos dando cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa con la CIDH, que es una obligación que tenemos como Estado. Y confiamos en que así será”.

Desde Corporación Humanas, que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) representan a Sonia Arce ante la CIDH, la abogada y directora Camila Maturana consideró muy importante que se reanude el debate, “pues se trata de una ley que discrimina a las mujeres subordinándolas a sus maridos y limitando gravemente su autonomía. En pleno siglo XXI es inaceptable que se niegue a las mujeres casadas la capacidad de administrar y disponer de sus propios bienes en lugar de asegurar la igualdad entre los cónyuges”.

Respecto a la lenta tramitación que ha tenido el proyecto tras el compromiso adquirido ante la CIDH, Maturana agregó que “desde Corporación Humanas esperamos este año se pueda concluir el debate y contar con una ley que proteja a las mujeres”.

Publicado en La Tercera el 27 de abril de 2023

Santiago, Chile, 28 de abril de 2023. En el marco del caso de Sonia Arce Esparza, que se tramita ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al Subsecretario de Derechos Humanos Xavier Altamirano Molina, el Director de la División de Derechos Humanos Tomás Pascual Ricke, Oliver López Serrano, Jefe Departamento Sistema Interamericano de Derechos Humanos; ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Jefa del Departamento de Reformas Legales Camila de la Maza Vent, Anita Peña Jefa de Relaciones Internacionales; ambas del Ministerio de la Mujer y Daniela Quintanilla Mateff, Jefa de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos se reunieron con la sra. Sonia Arce y sus representantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mariángeles Misuraca, Co-directora del Programa para Brasil y Cono Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Camila Maturana Kesten y Paula Salvo Del Canto, directora y abogada de Corporación Humanas, respectivamente, para escuchar y evaluar la ruta de trabajo que propone el Estado chileno, que permita avanzar en las reformas a la ley de sociedad conyugal, legislación que en la actualidad contiene disposiciones discriminatorias en contra de las mujeres. El caso que tramita ante la CIDH cuenta con un acuerdo de solución amistosa firmado por el Estado chileno en 2007 en el cual el Estado se comprometió a modificar esta legislación y asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

“Se trata de un caso   de fuerte discriminación y afectación del derecho a la igualdad de las mujeres” señaló Mariángeles Misuraca, recordando cómo en 2001 la señora Arce acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que se vio imposibilitada de tomar decisiones sobre un terreno que heredó de sus padres, dado que la ley establece que es el marido quien administra los bienes de la sociedad conyugal. “Han pasado más de 20 años desde que la Sra. Arce se presentó ante la CIDH y 16 desde que el Estado se comprometió -mediante un acuerdo de solución amistosa- a reformar esta legislación discriminatoria”.

Igualmente, vemos con optimismo esta reunión con altas autoridades de los diferentes organismos del Estado chileno que, por un lado, han manifestado su compromiso para cumplir con sus obligaciones internacionales y por otro, han ofrecido disculpas a la señora Arce por el tiempo transcurrido.  No hay que perder de vista que a nivel internacional el Estado responde como un todo, tanto sea ejecutivo, judicial o legislativo, ante los organismos internacionales. Así que, más allá del impulso que pueda dar el poder ejecutivo, se necesita compromiso y acciones concretas del poder legislativo para modificar una legislación vetusta, discriminatoria y violatoria del derecho de igualdad y así saldar una deuda con la señora Arce y con todas mujeres chilenas.

Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, considera muy importante que se reanude el debate sobre sociedad conyugal en el Senado, pues se trata de una ley que discrimina a las mujeres subordinándolas a sus maridos y limitando gravemente su autonomía. “En pleno siglo XXI es inaceptable que se niegue a las mujeres casadas la capacidad de administrar y disponer de sus propios bienes en lugar de asegurar la igualdad entre los cónyuges. Habiendo transcurrido 16 años desde este compromiso formal, ha sido demasiado lenta la tramitación del proyecto de ley por lo que esperamos este año se pueda concluir el debate y contar con una ley que proteja a las mujeres”.

En dicha reunión, Sonia Arce señaló que tiene la confianza y la esperanza que la ley se va a modificar. “Recuerdo como si fuera ayer que con mi hermana no pudimos vender la casa que heredamos de nuestros padres porque el marido se negaba. Estábamos atadas de manos, además en esa época los temas de las mujeres eran como de segunda clase”. Para terminar, agregó que “a pesar del tiempo que ha pasado todavía hay muchas mujeres que en la actualidad enfrentan la misma discriminación que nosotras vivimos y por eso espero que este caso sirva para todas las mujeres en Chile”.

Los dos puntos principales del Acuerdo de Solución Amistosa Caso N°12.433 Sonia Arce Esparza v.s Chile, suscrito el año 2007 comprometen la derogación de las normas que establece la discriminación de las mujeres en el régimen de sociedad conyugal y la modificación de las prácticas instaladas en base a la histórica discriminación legal de las mujeres casadas en sociedad conyugal.

3 de agosto de 2021, Santiago y Bogotá — En un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Chile ha acordado proporcionar reparaciones a una mujer esterilizada a la fuerza en un hospital público e implementar medidas de no repetición que garanticen el consentimiento informado y permitan a las personas que viven con VIH el acceso sin discriminación a servicios de salud.

El acuerdo se alcanzó con el apoyo legal del Centro de Derechos Reproductivos y de Vivo Positivo, organizaciones que llevaron el caso a la CIDH en 2009 después de que la justicia chilena no le permitiera a la sobreviviente acceder a justicia, ni a ningún tipo de reparación efectiva.

La víctima, conocida como «Francisca», firmó hoy el Acuerdo de Solución Amistosa ante la CIDH después de que el Estado chileno aceptara su responsabilidad en la esterilización no consentida que sufrió en el hospital. Francisca decidió tener su primer bebé en 2002, pero en la primera etapa de su embarazo le diagnosticaron VIH. Francisca tomó las medidas para reducir el contagio vertical al feto y dio a luz mediante una cesárea, procedimiento durante el cual el personal médico le practicó, sin avisarle, una esterilización quirúrgica al considerar que era irresponsable que una mujer con VIH tuviera más hijos. 

“Estoy feliz de que se firme el Acuerdo después de tantos años de negociación y de aquí para adelante espero que el Estado cumpla con todo en el plazo correspondiente. Ahora quiero vivir tranquila con mi hijo, que esto pase pronto y de una vez por todas”, dijo Francisca en la firma del documento.

En 2014 la CIDH admitió el caso por la violación de los derechos a la salud, a la integridad, a una vida libre de discriminación y violencia de género, a la libertad y seguridad personales, a un recurso judicial efectivo y a la igualdad ante la ley.

“Todas las mujeres, sin importar su estatus de VIH, deberían ser libres para decidir si quieren o no tener hijos de manera autónoma y qué es lo mejor para su propia salud y su vida. Es una gran satisfacción haber acompañado a Francisca para lograr este Acuerdo, seguiremos trabajando para supervisar que el Estado cumpla de manera integral”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina del Centro.

Las mujeres que viven con el VIH se enfrentan a situaciones de discriminación cuando acceden o intentan acceder a los servicios de salud. Por ese motivo los Estados tienen una obligación reforzada de garantizar y respetar los derechos de esta población, incluyendo el deber de asegurar el consentimiento previo, libre e informado.

A pesar de eso, el hospital público al que Francisca asistió no le proporcionó ningún dato omitiendo que las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos señalaban que ella debió haber recibido información adecuada, completa y accesible para dar su consentimiento. No obstante, a Francisca la discriminaron por vivir con VIH y sin preguntarle, mientras estaba anestesiada, un equipo médico decidió coartar su autonomía y quitarle su capacidad reproductiva para siempre con base en estereotipos de género.

«Este Acuerdo marca un hito en Chile y sienta un precedente de que no hay mujeres de segunda clase y que los derechos humanos son también para las mujeres que viven con VIH. No queremos nunca más una esterilización forzada, nunca más una mujer con sus derechos vulnerados detrás de la puerta de un quirófano», dijo Sara Araya, coordinadora del área de género de Vivo Positivo.

Al reconocer su responsabilidad en esta violación a derechos humanos y firmar el Acuerdo, el Estado chileno se comprometió a reparar el daño causado, no solo con medidas individuales sino también con medidas que transformen el contexto de desigualdad estructural que condujo a estos hechos.

El Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo trabajamos siempre con el deber de garantizarle a Francisca las mejores condiciones posibles para acceder a una reparación integral a través de este acuerdo de Solución Amistosa.  

Este mismo acuerdo asegura un mecanismo que permite hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos que el Estado chileno contrajo y, en caso de incumplimiento el proceso podrá seguir su curso hasta la emisión de un informe de fondo, y si fuera necesario hasta la Corte IDH.

Diversas sociedades del mundo civil pidieron una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para discutir las violaciones de DD.HH tras el 18-O.

Diversas organizaciones pidieron una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto para discutir, las violaciones de Derechos Humanos en Chile constatadas por la Comisión Interamericana y diferentes entidades internacionales.

Entre ellas, se encuentra la Casa Común, Corporación Humanas, Abofem, la Comisión Chilena de DD.HH y Opción. Se suman otras agrupaciones adherentes que han expresado que es necesario que se revise esta situación en el país. Además de hacer un seguimiento de las recomendaciones realizadas.

Lorena Fries, de Corporación Humanas, sostuvo que “a pesar de los informes internacionales con recomendaciones que se dirigieron al Estado, estos han tenido muy poco avance. Y es peor: lo que hemos visto es que se ha mantenido y sostenido en el tiempo estas violaciones a los derechos humanos”.

Por su parte, Fernando Atria, de la Casa Común, explicó que “el seguimiento de las recomendaciones hechas por la propia CIDH en 2019, junto a los sucesos posteriores hasta hoy muestran la mantención de una policía que no respeta los derechos de manifestantes».

«Además de un gobierno permisivo con su actuar. Procesos prolongados a presos de la rebelión social con privación de libertad y escasas pruebas. Detenciones y presiones a periodistas y medios de comunicación”, añadió Atria.

Una conversación necesaria

Además, desde Abofem, señalaron que “firmamos la solicitud de audiencia realizada, toda vez que la situación de derechos humanos en Chile. En particular, la situación de las mujeres y los casos de violencia y abuso sexuales cometidos por agentes del Estado ha sido crítica en el contexto de manifestaciones sociales a causa del estallido social”.

Para completar, desde Opción indicaron que “durante los primeros meses de este año se han cerrado más de 3000 causas, sin investigar. Se ha disminuido dramáticamente el presupuesto para reparación y la policía vuelve a provocar daños oculares”.

Cerrando esta solicitud, Carlos Margotta, de la Comisión Chilena de DD.HH., recordó que “el pasado 18 de Octubre, en el marco de la conmemoración del primer año del estallido social, un joven poblador, Aníbal Villarroel, fue asesinado por Carabineros. Le dispararon mientras ejercía su legítimo derecho a la manifestación”.

Publicado por Radio Concierto