Esta ausencia no es menor. La sociedad conyugal sigue siendo un régimen que ubica al marido como administrador de los bienes, una discriminación estructural que afecta la autonomía económica de las mujeres. Pese a que su reforma ha sido presentada como prioridad en anteriores cuentas públicas y que Sonia Arce luchó por este cambio desde hace más de 20 años, la discusión sigue estancada y sin avances significativos.

Así nace el diálogo entre La Fiera y Jovanka que pone sobre la mesa preguntas incómodas y los pendientes que aún pesan sobre nuestra legislación.

– La Fiera: Dime, Jovanka, ¿es justo que una mujer, por el solo hecho de estar casada, no pueda vender su casa sin permiso de su marido?

– Jovanka: Por supuesto que no. Pero en Chile, hasta hoy, eso puede ocurrir. Se llama “sociedad conyugal”, y es el régimen legal que gobierna los bienes de muchas parejas casadas. Aunque suena neutral, en realidad pone al marido como administrador de todos los bienes comunes… y de los de ella también.

– La Fiera: ¿Y qué pasa si ese marido la abandonó hace años? ¿Si no responde? ¿Si es violento?

– Jovanka: Pasa lo que le ocurrió a Sonia Arce. Quiso vender una propiedad que había heredado junto a sus hermanos, pero no pudo hacerlo porque estaba casada bajo este régimen. Para vender necesitaba la firma de su esposo, un hombre con el que ya no convivía. No había violencia explícita. Pero había control. Y, sobre todo, había una ley que la trataba como incapaz.

– La Fiera: ¿Y qué hizo Sonia?

– Jovanka: Luchó. Llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001, con apoyo de Corporación Humanas y CEJIL. Denunció al Estado de Chile por discriminación basada en su sexo. En 2008, logró un acuerdo amistoso con el Estado. Chile se comprometió a cambiar la ley para asegurar que hombres y mujeres tuvieran los mismos derechos sobre sus bienes.

– La Fiera: ¿Y se cambió la ley?

– Jovanka: No. Han pasado más de 20 años. Cinco presidentes. Múltiples promesas. Y el proyecto de ley, aunque ha avanzado en la Cámara De Diputadas y Diputados, aún espera en el Senado. Como si no fuera una materia urgente.

– La Fiera: ¿Pero no se han hecho otras reformas por la igualdad?

– Jovanka: Sí, muchas. Pero hay algo simbólico y estructural en esta. ¿Cómo decimos que luchamos por la autonomía económica de las mujeres, si aún hay una ley que dice que una mujer casada necesita un hombre para disponer de sus propios bienes?

– La Fiera: Entiendo. Pero me confunde algo. ¿Acaso no pueden elegir otro régimen al casarse?

– Jovanka: Pueden, pero el régimen por defecto sigue siendo la sociedad conyugal. Además, muchas mujeres no saben que pueden cambiarlo. Y otras lo descubren cuando ya están atrapadas en él. Cambiar el régimen no es fácil: requiere abogados, trámites, y recursos. Y mientras tanto, la discriminación sigue escrita en el Código Civil.

– La Fiera: ¿Y qué dicen los que se oponen al cambio?

– Jovanka: Que hay cosas más urgentes. Que las parejas pueden pactar lo que quieran. Que no es tan grave. Pero lo cierto es que esta ley refuerza una idea antigua: que el hombre manda en lo económico, y la mujer obedece o espera. Sonia Arce lo dijo con claridad: “Lo hice por mí, por mi hermana y por todas las mujeres”.

– La Fiera: Entonces, ¿por qué no se cambia ya?

– Jovanka: Porque cuesta reconocer que el Estado ha sido cómplice de una violencia más sutil, más antigua, pero no menos hiriente: la violencia económica contra las mujeres. Porque hay quienes aún se resisten a perder poder, incluso si se esconde bajo la forma de una firma en una notaría.

– La Fiera: ¿Y qué podemos hacer?

– Jovanka: Exigir que el Senado cumpla. Que deje de postergar. Que se recuerde el compromiso internacional asumido en 2008. Que se reconozca, al fin, que las mujeres no necesitan un hombre para decidir sobre lo suyo.

– La Fiera: Que así sea, Jovanka. Porque la igualdad no se escribe solo en discursos. Se escribe, sobre todo, en las leyes.

Por Paula Salvo Del Canto, presidenta de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, 03 de junio del 2025

Esta norma, que otorga amplias facultades de control a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), impone un sistema de autorización previa sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento internacional. A partir de ahora, estas organizaciones deberán obtener la “conformidad previa” del Estado para implementar proyectos y actividades, lo que subordina su labor a la autorización estatal y atenta directamente contra su autonomía e independencia.

Además, la ley califica como “infracción muy grave” el supuesto “uso indebido” de fondos de cooperación cuando estos se destinen a brindar asesoría, asistencia o financiamiento a acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, que cuestionen al Estado peruano. Es decir, cualquier organización que represente o apoye legalmente a personas o comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos podría ser sancionada. En caso de cometer una infracción grave, la APCI podrá imponer sanciones económicas desproporcionadas, de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente US$720,000), y suspender o cancelar el registro de dichas organizaciones.

La promulgación de esta norma se enmarca en una preocupante tendencia regional de cierre del espacio cívico, en el que varios gobiernos han impulsado normativas que imponen requisitos administrativos y financieros desproporcionados, dificultando el acceso al financiamiento, además de otorgar amplios poderes de control a entes estatales. Estas medidas, lejos de fomentar la transparencia, han sido utilizadas como instrumentos de censura y represión. Casos emblemáticos como los de Nicaragua, donde miles de organizaciones han sido ilegalizadas desde 2018; Venezuela, con la reciente aprobación de una ley que otorga al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones; y Paraguay, con la Ley N.º 7.363 de 2024, que impone restricciones arbitrarias a las entidades sin fines de lucro, son ejemplos de esta tendencia. En este contexto, la ley recientemente promulgada en Perú se suma a una peligrosa deriva regional que debe ser enfrentada con urgencia.

Reiteramos nuestra solidaridad con las organizaciones peruanas que hoy ven amenazada su existencia y su importante labor. Hacemos un llamado firme a la comunidad internacional, a los órganos del sistema interamericano y de Naciones Unidas, y a los gobiernos de la región a continuar pronunciándose y actuando ante esta grave regresión. Proteger el espacio cívico es esencial para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en América Latina.

Firman:

• Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas – Paraguay
• Akahata – Equipo de trabajo en sexualidades y géneros – Argentina
• América Diversa Inc – Estados Unidos
• Amnistía Internacional – Global
• Apuesta Solidaria AC – México
• Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) – México
• Asociación ALFIL – Ecuador
• Asociación comunitaria víctimas defensa derecho de productores Agropecuario de Corozal Sucre – Colombia
• Asociación Nomadesc – Colombia
• Asociación Otras Voces – Colombia
• Asociación Panambi – Paraguay
• Asociación Panameña de personas Trans (APPT) – Panamá
• Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos – El Salvador
• ASPIDH – El Salvador
• ATTTA Red Nacional – Argentina
• Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. – México
• Centro de Derechos Reproductivos – América Latina y el Caribe
• Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
• Centro de Promoción y Defesa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) – Perú
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
• CLADEM – Regional
• CMP Flora Tristán – Perú
• CODHES – Colombia
• Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) – Colombia
• Colectivo por la Igualdad de Género – Piura – Perú
• Colectivo Unidad Color Rosa – Honduras
• Colombia Diversa – Colombia
• Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela
• Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Colombia
• Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala – Guatemala
• Coordinación Colombia -Europa – Estados Unidos – Colombia
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú
• Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia – Paraguay
• Corporación Humanas – Chile
• COTRAVETD – República Dominicana
• DEMUS – Perú
• Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) – Honduras
• Equipo Jurídico por los Derechos Humanos – Honduras
• Espacio Público – Venezuela
• Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) – Internacional
• Féminas Perú – Perú
• Fundación Arcoiris – México
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) – Perú
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – Regional
• Fundación para la Justicia – México
• Generación Orgullo Asociación por la Diversidad Sexual y de Género – Perú
• GRUFIDES – Perú
• Grupo Interdisciplinario GIDH – Colombia
• Humanidad Vigente Corporación Jurídica – Colombia
• IFEX-ALC – Regional
• Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Regional
• Las Karahuayllas – Asoc. Mujeres Transformando Vidas – Perú
• Lesbianas Independientes Feministas Soc-LIFS – Perú
• Movimiento Autónomo de Mujeres – Nicaragua
• Movimiento Homosexual de Lima – Perú
• Movimiento Homosexual de Lima – Unidad de Lesbianas y Bisexuales – Perú
• Mujeres Libres COLEM, AC – México
• OTRANS-RN – Guatemala
• Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) – Venezuela
• Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) – México
• Red de mujeres organizada del distrito de Carabayllo – Perú
• Red Mexicana de Mujeres Trans A.C. – México
• Rosa Rabiosa – Perú
• Secretaria Ejecutiva del Sipinna Estado de Aguascalientes – México
• Servicio Internacional para los Derechos Humanos – Estados Unidos
• Sindicato Amanda Jofre – Chile
• Synergía – Iniciativas por los Derechos Humanos – Regional
• Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe – América Latina y el Caribe
• Transvida – Costa Rica

Santiago de Chile – Buenos Aires, 15 de noviembre de 2023.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Corporación Humanas expusieron ante la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado sobre la reforma a la sociedad conyugal. Contar con una ley que garantice la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es el principal compromiso asumido por el Estado de Chile en el Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Sonia Arce, quien en 2001 denunció la discriminación legal que le impedía disponer de su herencia sin la autorización de su marido con quien se encontraba casada bajo el régimen de sociedad conyugal.

La directora de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, destacó la importancia de reformar la legislación vigente pues discrimina a las mujeres, limita su capacidad jurídica y favorece la violencia económica. Asimismo, valoró el compromiso mantenido estos meses por las senadoras y senadores de la Comisión de la Mujer y por el Gobierno

“Sin perjuicio de reconocer estos avances reiteramos nuestra preocupación por las etapas de tramitación que aún quedan pendientes y los acuerdos transversales que se requieren para que en Chile se pueda contar con una ley sustentada en un principio tan básico como la igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres y el fin de la subordinación de las mujeres a sus maridos”, expuso Maturana.

Mariangeles Misuraca, co-directora de Brasil y Cono Sur de CEJIL, sostuvo que al suscribirse el acuerdo de solución amistosa la Sra. Sonia Arce tuvo en cuenta a todas las mujeres chilenas y pospuso su derecho a recibir reparación con la expectativa de alcanzar una ley que las repare a todas. No obstante, a 22 años del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a 16 años de la firma del acuerdo de solución amistosa el Estado chileno aún continúa en deuda.

“Están frente a una oportunidad histórica de poner fin a una legislación que sistemáticamente discrimina a las mujeres casadas, despojándolas del patrimonio social y de sus bienes propios, subordinándolas a las decisiones de sus cónyuges varones. De avanzar con la aprobación del proyecto se abrirá la posibilidad de establecer una normativa legal que deje atrás las disposiciones discriminatorias y contribuya a erradicar las persistentes desigualdades de género arraigadas en la sociedad chilena”, sostuvo la representante de CEJIL.

A su vez, el senador Gustavo Sanhueza, Presidente de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género señaló que es necesario hacerse cargo de una realidad con la cual no están de acuerdo. “Queremos que no subsista está discriminación en la ley y por lo tanto, avanzaremos en generar una mejor sociedad. El compromiso es con las mujeres de Chile”, dijo el parlamentario.

Por su parte, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reiteró el compromiso del Gobierno de Chile con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y mantener la celeridad en la tramitación.

Al finalizar la sesión, las representantes de las organizaciones instaron a las senadoras y senadores a culminar prontamente la tramitación del proyecto. Asimismo, destacaron la importancia de que la legislación reformada sea aplicable a todas las mujeres, incluyendo especialmente a quienes en la actualidad se encuentran casadas bajo una normativa que las discrimina y las priva de sus derechos plenos.

Luego de trabajar durante 2022 junto a organizaciones de mujeres, comisiones del Senado y expertos en el tema, el gobierno reactivará la tramitación del proyecto de ley que reforma el régimen de sociedad conyugal.

El proyecto ha tardado 16 años en materializarse, luego de que en 2007 el Estado de Chile suscribiera un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Sonia Arce Esparza, quien denunció la discriminación que vivía porque el ordenamiento jurídico, por el hecho de ser mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, le impedía disponer de sus propios bienes. El primer compromiso fue, precisamente, la promulgación de una ley que reformara el régimen de sociedad conyugal.

En marzo de 2013, el proyecto fue despachado por la Cámara Baja para continuar con su segundo trámite constitucional ante el Senado. Y una vez creada la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, el 26 de octubre de 2018, la Comisión de Constitución le traspasó este proyecto de ley, que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional.

Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género señalan que la CIDH instó en marzo al Estado “a concretar una hoja de ruta con plazos para dar cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa, debido a que han transcurrido más de 15 años desde el acuerdo, sin que este se haya cumplido”.

Y según indicó la cartera, la tramitación se retomará la semana del 8 de mayo, mes durante el cual se recibirá en audiencia pública a los expertos, además de acoger nuevas indicaciones en un plazo que se extenderá hasta el 6 de junio, con el objetivo de comenzar a votar en particular los artículos del proyecto.

“Queremos saldar una deuda de muy larga data en nuestro país, y lo estamos haciendo en continuidad al trabajo ya realizado en gobiernos anteriores. En 2022 trabajamos en conjunto con expertas y expertos, organizaciones sociales, de mujeres, feministas y con los propios equipos de senadores y senadoras para alcanzar un amplio acuerdo respecto de las modificaciones a la sociedad conyugal que viene a hacerse cargo de una inaceptable e histórica discriminación que afecta a miles de mujeres”, dice la ministra Antonia Orellana.

Y añade: “Entre otras modificaciones, destacamos la indicación para que la administración de los bienes sea conjunta entre los cónyuges y ya no solo potestad del hombre. De esta forma, si conseguimos despachar las modificaciones a ley, estaríamos dando cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa con la CIDH, que es una obligación que tenemos como Estado. Y confiamos en que así será”.

Desde Corporación Humanas, que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) representan a Sonia Arce ante la CIDH, la abogada y directora Camila Maturana consideró muy importante que se reanude el debate, “pues se trata de una ley que discrimina a las mujeres subordinándolas a sus maridos y limitando gravemente su autonomía. En pleno siglo XXI es inaceptable que se niegue a las mujeres casadas la capacidad de administrar y disponer de sus propios bienes en lugar de asegurar la igualdad entre los cónyuges”.

Respecto a la lenta tramitación que ha tenido el proyecto tras el compromiso adquirido ante la CIDH, Maturana agregó que “desde Corporación Humanas esperamos este año se pueda concluir el debate y contar con una ley que proteja a las mujeres”.

Publicado en La Tercera el 27 de abril de 2023

Santiago, Chile, 28 de abril de 2023. En el marco del caso de Sonia Arce Esparza, que se tramita ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al Subsecretario de Derechos Humanos Xavier Altamirano Molina, el Director de la División de Derechos Humanos Tomás Pascual Ricke, Oliver López Serrano, Jefe Departamento Sistema Interamericano de Derechos Humanos; ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Jefa del Departamento de Reformas Legales Camila de la Maza Vent, Anita Peña Jefa de Relaciones Internacionales; ambas del Ministerio de la Mujer y Daniela Quintanilla Mateff, Jefa de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos se reunieron con la sra. Sonia Arce y sus representantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mariángeles Misuraca, Co-directora del Programa para Brasil y Cono Sur del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Camila Maturana Kesten y Paula Salvo Del Canto, directora y abogada de Corporación Humanas, respectivamente, para escuchar y evaluar la ruta de trabajo que propone el Estado chileno, que permita avanzar en las reformas a la ley de sociedad conyugal, legislación que en la actualidad contiene disposiciones discriminatorias en contra de las mujeres. El caso que tramita ante la CIDH cuenta con un acuerdo de solución amistosa firmado por el Estado chileno en 2007 en el cual el Estado se comprometió a modificar esta legislación y asegurar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

“Se trata de un caso   de fuerte discriminación y afectación del derecho a la igualdad de las mujeres” señaló Mariángeles Misuraca, recordando cómo en 2001 la señora Arce acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que se vio imposibilitada de tomar decisiones sobre un terreno que heredó de sus padres, dado que la ley establece que es el marido quien administra los bienes de la sociedad conyugal. “Han pasado más de 20 años desde que la Sra. Arce se presentó ante la CIDH y 16 desde que el Estado se comprometió -mediante un acuerdo de solución amistosa- a reformar esta legislación discriminatoria”.

Igualmente, vemos con optimismo esta reunión con altas autoridades de los diferentes organismos del Estado chileno que, por un lado, han manifestado su compromiso para cumplir con sus obligaciones internacionales y por otro, han ofrecido disculpas a la señora Arce por el tiempo transcurrido.  No hay que perder de vista que a nivel internacional el Estado responde como un todo, tanto sea ejecutivo, judicial o legislativo, ante los organismos internacionales. Así que, más allá del impulso que pueda dar el poder ejecutivo, se necesita compromiso y acciones concretas del poder legislativo para modificar una legislación vetusta, discriminatoria y violatoria del derecho de igualdad y así saldar una deuda con la señora Arce y con todas mujeres chilenas.

Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, considera muy importante que se reanude el debate sobre sociedad conyugal en el Senado, pues se trata de una ley que discrimina a las mujeres subordinándolas a sus maridos y limitando gravemente su autonomía. “En pleno siglo XXI es inaceptable que se niegue a las mujeres casadas la capacidad de administrar y disponer de sus propios bienes en lugar de asegurar la igualdad entre los cónyuges. Habiendo transcurrido 16 años desde este compromiso formal, ha sido demasiado lenta la tramitación del proyecto de ley por lo que esperamos este año se pueda concluir el debate y contar con una ley que proteja a las mujeres”.

En dicha reunión, Sonia Arce señaló que tiene la confianza y la esperanza que la ley se va a modificar. “Recuerdo como si fuera ayer que con mi hermana no pudimos vender la casa que heredamos de nuestros padres porque el marido se negaba. Estábamos atadas de manos, además en esa época los temas de las mujeres eran como de segunda clase”. Para terminar, agregó que “a pesar del tiempo que ha pasado todavía hay muchas mujeres que en la actualidad enfrentan la misma discriminación que nosotras vivimos y por eso espero que este caso sirva para todas las mujeres en Chile”.

Los dos puntos principales del Acuerdo de Solución Amistosa Caso N°12.433 Sonia Arce Esparza v.s Chile, suscrito el año 2007 comprometen la derogación de las normas que establece la discriminación de las mujeres en el régimen de sociedad conyugal y la modificación de las prácticas instaladas en base a la histórica discriminación legal de las mujeres casadas en sociedad conyugal.