El panel fue moderado por Tania Abdo Rocholl, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Directora General de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público de Paraguay, y contó con la participación de la senadora nacional Lilian Samaniego, la jueza Dra. Vivian López, la diputada nacional Rocío Vallejo, la directora de políticas de género del Tribunal Superior de Justicia Electoral Laura Garbett, y la presidenta de Corporación Humanas (Chile), Paula Salvo del Canto.

Durante su intervención, Paula Salvo advirtió que la violencia política de género “no es un fenómeno aislado, sino estructural”, y que se manifiesta en campañas de desprestigio, denuncias falsas y presiones institucionales que buscan inhibir la participación pública de las mujeres.

“No basta con las normas: hacen falta protocolos, formación y mecanismos efectivos de atención. Las mujeres siguen sin encontrar rutas claras cuando enfrentan estos ataques”, sostuvo. La presidenta de Corporación Humanas también llamó a fortalecer alianzas entre sociedad civil, academia e instituciones públicas para generar respuestas integrales: “La democracia plena no será posible mientras las mujeres sigan siendo expulsadas simbólica o materialmente de los espacios de poder”.

Desde una perspectiva regional, las panelistas coincidieron en que la violencia política no es un fenómeno aislado, sino una práctica estructural que limita el acceso igualitario al poder y a la justicia. Se identificaron formas comunes de exclusión, como campañas de desprestigio, cuestionamientos sobre la legitimidad de las mujeres en cargos públicos, invisibilización mediática y obstáculos institucionales que muchas veces no reconocen esta violencia como tal.

En este sentido, las participantes subrayaron la necesidad de fortalecer protocolos institucionales con enfoque de género, así como promover la capacitación especializada en violencia política dirigida a jueces, operadores de justicia, órganos electorales y partidos políticos.

El seminario fue una iniciativa del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), en conjunto con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Propuso una mirada crítica y constructiva sobre las respuestas del sistema penal paraguayo frente a las distintas formas de violencia contra mujeres y niñas. A través de cuatro paneles temáticos, se analizaron los vacíos normativos, las barreras en la judicialización y las estrategias para avanzar hacia un sistema de justicia eficaz, sensible y garantista de derechos humanos.

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