A la espera de que el Gobierno chileno presente próximamente un proyecto de ley de aborto libre, organizaciones de mujeres denuncian que interrumpir el embarazo bajo las tres causales legales sigue siendo una carrera de obstáculos, que empuja a la clandestinidad.

«De manera segura, en mi casa»

Macarena Asenjo, de 38 años, se quedó embarazada sin desearlo en 2018, una circunstancia que le provocó «problemas de salud mental» que podrían haberse agravado considerablemente si continuaba con el embarazo y haber puesto «en serio riesgo» su vida.

«Recuerdo mucho el nerviosismo y el miedo con el que andaba los días previos a abortar por la cantidad de leyes restrictivas y por pensar que me iban a penalizar», confiesa a EFE Asenjo, miembro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Pese a que su caso podría haber estado considerado dentro de la causal que busca proteger la vida de la gestante, Asenjo rechazó acudir al hospital por «temor» a tener que lidiar con «un servicio en el que te violentan, no te entregan información y quieren decidir sobre ti».

«Sé que están presentes los objetores de conciencia que iban a poner en duda mi relato y preferí hacerlo de manera autónoma, segura, en mi casa», relata siete años después, en la sede de la organización que integra, en Santiago.

«Hay muchas mujeres y niñas acompañadas por organizaciones por fuera del sistema o que abortan sin siquiera tener el apoyo de un colectivo que actúe con protocolos seguros», alerta a EFE la coordinadora de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina.

Obstructores e infracapacitados

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite el aborto si hay riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación, se aprobó en 2017, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, poniendo fin a la penalización total que había impuesto la dictadura de Augusto Pinochet en 1989.

Aunque los colectivos feministas reconocen que existen equipos garantes, aseguran que uno de los principales obstáculos en su implementación es la obstrucción de los profesionales sanitarios en Chile, uno de los países más conservadores de Latinoamérica.

«Alrededor del 45 % de obstetras del sistema público se acogen a la objeción de conciencia en caso de violación», señala la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana.

En mayo, el Ministerio de Salud presentó una propuesta de modificación al reglamento sobre objeción de conciencia, que las organizaciones feministas denuncian que actualmente se ejerce más allá de lo que permite la ley, pero la medida sigue estancada en la Contraloría.

Además, las analistas denuncian que el aborto está sobremedicalizado y que se usan métodos más invasivos e inseguros que los recomendados, por lo que reclaman una mejor capacitación de los profesionales.

La salud, en manos de las feministas

Asenjo, como muchas otras mujeres, pudo abortar gracias al apoyo de colectivos feministas: «En Chile, la salud pública de estas mujeres la resuelven las feministas, no los hospitales», asegura Meza, de OLA.

Ante esta situación, las organizaciones exigen más difusión sobre la ley y mayores controles en su implementación, mientras esperan el nuevo proyecto de ley de aborto sin causales que el Gobierno prometió presentar antes de terminar su mandato en marzo de 2026.

«Cuando se mantienen leyes que criminalizan el aborto, no se resuelve el problema. Solamente resulta más complejo el acceso por parte de las mujeres, porque lo van a hacer igual», advierte Maturana.

El Instituto Guttmacher estima que en Chile se producen entre 60.000 y 300.000 abortos clandestinos anualmente, cifra que contrasta con los 5.905 que se han constituido bajo la ley IVE durante los últimos siete años.

«Hoy miro atrás y reafirmo mi decisión de haber elegido por mi proyecto de vida», expresa Asenjo, que a la vez recuerda que «ninguna mujer quiere llegar a un proceso de aborto».

Conscientes de que costará conseguir este derecho mientras la derecha tenga mayoría en el Parlamento, las feministas abogan por promover y ampliar el debate «a la mayor diversidad de espacios posibles».

«La despenalización social del aborto va a permitir finalmente su despenalización legal», concluye la directora de la Corporación Miles, Javiera Canales.

Publicado por Agencia EFE, 07 de marzo, 2025.-

La investigación que la Fiscalía de Antofagasta lleva adelante contra la diputada Catalina Pérez por un presunto delito de aborto, evidencia que en Chile la persecución penal a las mujeres que abortan o sufren pérdidas reproductivas está vigente.

Si bien la ley de tres causales significó un gran avance al poner fin a un periodo de criminalización del aborto en cualquier circunstancia, lo cierto es que por fuera de esas causales (riesgo vital, inviabilidad, violación), la decisión de interrumpir un embarazo no es amparada por la ley ni por el sistema de salud, y lamentablemente todavía se define como un delito que contempla para las mujeres penas de hasta 5 años de privación de libertad.

Aun cuando en el país el número de condenas por aborto es relativamente bajo, el riesgo de ser denunciadas, sometidas a interrogatorios y allanamientos, audiencias judiciales, o quedar con ‘los papeles manchados’ es una realidad. La mayoría de las afectadas enfrentan el miedo y la persecución criminal en anonimato y soledad, recibiendo muchas veces malos tratos en centros de salud.

De ahí la urgencia de abordar el debate de aborto legal, en resguardo de los derechos de mujeres y niñas que requieren interrumpir su embarazo por otras razones distintas de las tres causales.

Las elecciones municipales y regionales de 2024 evidenciaron una cuestión que debiese ser motivo de preocupación para cualquier demócrata: La baja proporción de candidaturas de mujeres propuestas por los partidos políticos, y la disminución de mujeres electas en alcaldías (de 17,1% en 2021 a 16,2% en 2024), además del 100% de gobernadores regionales hombres. Sin embargo, tras la propuesta de modificaciones electorales, han sido escasas las voces que han relevado la necesidad de reformas para la participación política equilibrada de mujeres y hombres.

Para contribuir a contrarrestar las barreras partidarias y estructurales a la participación política de las mujeres, la reforma electoral de 2015 (ley 20.840) incorporó cuotas de género obligatorias para las listas de candidaturas a diputaciones y senadurías, que permitieron -como es ampliamente conocido- que en la elección de 2017 las diputadas aumentaran de 15,8% a 22,6%, y, a 35,5% en la elección de 2021, mientras en el Senado se eligiera 26,1% de mujeres en 2017 y 22,2% en 2021. No obstante, se trata de una medida transitoria, prevista únicamente hasta la elección parlamentaria de 2029.

En tanto, a partir de 2018 se debatió una moción que incorporaba cuotas de género a las elecciones municipales y regionales. La iniciativa fue aprobada en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados en septiembre de 2019, y en el Senado, la sala la aprobó en noviembre de 2020 quedando posteriormente estancada y no se volvió a debatir.

Además, es conocido que en los dos procesos constituyentes que tuvieron lugar en 2021 y en 2023 se adoptaron mecanismos que permitieron asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres, no solo en las candidaturas, sino también en los resultados, siendo la paridad política una de las temáticas abordadas en ambas propuestas constitucionales.

Sin embargo, en el proceso electoral de 2024, los partidos desconocieron del todo el debate previo y solo incluyeron en minoría a mujeres candidatas en las listas municipales y regionales, con los resultados conocidos. Queda en evidencia entonces que, en ausencia de reglas mínimas para la participación política de mujeres, su omisión es posible y ajustada a la legalidad vigente. Es precisamente eso lo que debiera ser una preocupación para los y las demócratas en el país, que la ausencia de mujeres en la competencia y resultados electorales resulte admisible y legal. De ahí la urgencia de reformas que aseguren la participación de mujeres y hombres en todos los procesos electorales que tengan lugar en el país.

Más allá de la relevancia que puedan tener las propuestas parlamentarias para modificar algunas reglas del sistema electoral en relación al número y primacía de los partidos políticos vigentes, cabe la pregunta legítima sobre lo que constituye o define el sentido profundo de la democracia. Hasta ahora las reglas no han permitido la participación política equilibrada de mujeres y hombres, y ya viene siendo tiempo que el debate se enfoque en las medidas necesarias para que la mitad de la población, las mujeres, participen en igualdad de condiciones en cargos de toma de decisión.

Columna publicada en Cooperativa, martes 07 de enero, 2025

En el marco de su vigésimo aniversario, Corporación Humanas presentó un nuevo estudio sobre la percepción de las mujeres chilenas sobre su situación y condiciones de vida. Se trata de una muestra aleatoria, realizada a través de paneles online, a 1.406 entrevistadas mayores de 18 años que residen en el país y que pertenecen a los diversos grupos socioeconómicos. Aquí algunos de sus resultados.

“Son muchos los avances que se han logrado en términos de derechos de las mujeres”, dice Camila Maturana, directora de la corporación. Sin embargo –sigue– también se evidencian situaciones que amenazan las condiciones de vida de las mujeres en el país, y es por eso la importancia de este informe. “Nos permite tener una idea más acabada de la realidad de las mujeres, conocer y visibilizar sus voces para identificar cambios culturales y nudos a ser abordados en las políticas públicas”.

Dentro de los principales resultados hay uno que llama la atención: el 90% de las mujeres se siente discriminada y esto se ve transversalmente en los distintos grupos socioeconómicos. Los más altos niveles de discriminación lo perciben en el trabajo (65%), seguido por el ejercicio de su libertad sexual y la vida familiar.

“Yo diría que esta es una cifra de dulce y agraz”, dijo la exdiputada María Antonieta Saa, en la presentación de este informe. “Por un lado es algo terrible, porque hay discriminación y lo sienten las mujeres. Pero por otro lado, hay conciencia de que están siendo discriminadas, y hace algunos años atrás, no tantos, las mujeres no tenían conciencia de su discriminación. Y eso es relevante”.

Cuando a las mujeres les preguntan: ¿Qué creen que es lo más importante para ser feliz en la vida?, un 34% respondió ‘desarrollarse como persona’; un 24% ‘tener buena salud’; y un 22% ‘construir una buena familia o relación de pareja’.

Cifras que dan cuenta de la importancia del espacio público que ocupamos las mujeres. En ese sentido, un 26% de las encuestadas considera que el acceso al trabajo remunerado ha empeorado, un 50% sostiene que este se ha mantenido, y en relación a la igualdad salarial, el 59% cree que este no ha variado.

Frente a la pregunta sobre la urgencia de los proyectos en discusión legislativa, el 60% responde que la reforma al sistema de pensiones es urgente. Y cuando les preguntan si se debe aumentar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años, un 38% está en desacuerdo y un 37% muy en desacuerdo.

Una de cada tres mujeres encuestadas se interesa por la política. Respecto a su postura en este ámbito, cuando se les pregunta: ¿En qué posición se encuentra usted? Donde 0 es izquierda y 10 es derecha, el 42% de las entrevistadas dice ubicarse en el número 5, es decir, justo en el centro político.

Respecto de la idea de que el aumento de las mujeres en el parlamento permite que existan más leyes favorables para las mujeres, la mayoría también se posiciona en la mitad de la tabla, es decir, no está ni tan de acuerdo ni tan en desacuerdo con esta afirmación.

En lo que sí coincide la mayoría de las mujeres de nuestro país (65%) es que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, el 51% se siente insatisfecha con su funcionamiento en el país.

El 96% considera que hombres y mujeres tienen las mismas habilidades para ocupar cargos públicos, pero el 45% opina que el acceso se ha mantenido sin mayores cambios. El 82% está de acuerdo con que la mitad de los cargos de toma de decisión estén ocupados por mujeres.

Kathia Araujo, académica de la Universidad de Santiago, dijo en la presentación del informe que estos resultados dan cuenta de cómo ha cambiado la autopercepción de las personas de cómo deberían ser las cosas. “Casi todas están de acuerdo en que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para estar en política. Muchas ideas se han convertido en ideas de sentido común, que hace pocos años atrás no lo eran. Por lo tanto, para mí hay increíbles resultados cuando uno los mira desde el avance que hemos tenido como sociedad en las últimas décadas”.

Respecto del feminismo, el 28% de las chilenas se declara feminista o muy feminista y el 35% al menos algo feminista. En tanto, entre mujeres de nivel socioeconómico más alto, el 50% se considera feminista o muy feminista.

“Es increíble cuando uno ve esta cifra; el que hoy un 63% de las mujeres se declaren feministas o al menos algo feministas, es un gran avance. Hay que recordar que veinte o treinta años atrás nadie se declaraba feminista. Por eso para mí esta es una cifra extremadamente importante”, agregó Kathia Araujo. Sin embargo, la académica cree que el feminismo como movimiento social probablemente no ha acompañado lo suficiente el proceso de llevar el marco teórico a las experiencias ordinarias que tocan la vida de las mujeres.

Y es quizás por esa razón que muchas mujeres que no se declaran feministas, de todas maneras están adhieren a las “luchas” de este movimiento social. Por ejemplo: frente a la afirmación ‘Mujeres y hombres deben ganar lo mismo por trabajos de igual valor’, un 81% está muy de acuerdo; ‘Que a las salas cuna accedan padres y madres trabajadoras’, un 79% está muy de acuerdo; ‘Que existan establecimientos de cuidado (adultos mayores, niñez, personas dependientes) gratuitos, un 78% está muy de acuerdo; ‘La mantención económica y las tareas del hogar deben ser responsabilidad de hombres y mujeres por igual, un 81% está muy de acuerdo; ‘El trabajo remunerado les da a las mujeres autonomía económica y realización personal’, un 69% está muy de acuerdo.

En este ámbito, la Encuesta de Corporación Humanas 2024 develó un dato triste: un 62% considera que la violencia hacia las mujeres ha empeorado y 31% cree que se mantiene. Un 90% opina que la violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema generalizado y que es una expresión extrema del machismo.

“Hace un tiempo atrás lo más romántico que decían las mujeres es ‘quién te quiere te aporrea’. El aceptar la violencia como algo positivo realmente era horroroso. Ahora, al menos hay un alto porcentaje que considera que la violencia hacia las mujeres no puede ser permitida. Y eso es un gran avance”, dijo María Antonieta Saa.

Sin embargo –agregó Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo XXI y también parte del panel que presentó el informe–, a pesar de que se ha producido este cambio cultural y también en términos normativos, en la percepción de nuestras compatriotas vemos deudas y desafíos importantes en varias materias. Y la violencia sin duda es una de ellas. “Tenemos el desafío de hacer dialogar nuestras conquistas en términos normativos y de institucionalidad, con la expresión material y concreta de cómo eso afecta la vida cotidiana de las mujeres”.

En materia de libertad sexual y reproductiva, al 2024 casi la mitad (49%) de las mujeres piensa que se debiera permitir el aborto hasta la semana catorce sin causales. En las mujeres de nivel socioeconómico alto el nivel de acuerdo con la decisión de abortar sin restricción por causales asciende al 63% y entre las jóvenes (menores de 35 años) el nivel de acuerdo alcanza el 60%.

Un 59% también está muy de acuerdo con que se debiera legalizar la eutanasia cuando una persona posee una enfermedad terminal.

“El derecho a decir sobre nuestros cuerpos y vida queda demostrado que no es una conquista sino una condición de base del ejercicio de la ciudadanía. Este amplio apoyo nos muestra que tenemos una cancha abierta para avanzar en esas materias”, agregó Camina Miranda.

Y finalmente respecto de este ámbito, el 86% de las mujeres cree que la delincuencia ha aumentado en el país. El 28% se informa de ello por la televisión y el 25% por redes sociales.

El 85% de las encuestadas sostiene que por temor a ser víctima de un delito ha dejado de caminar sola por ciertas áreas o lugares y un 83% declara que dejó de salir de noche. Y para Camila Miranda este punto es el más grave: “Parte de lo que venimos peleando en los últimos años tiene que ver con conquistar esos espacios públicos. Y por lo tanto acá tenemos un enorme desafío”.

Publicado por Revista Paula de La Tercera el 23 de diciembre, 2024

 ‘El debate sobre aborto legal será un debate complejo en el Congreso, pues se trata de un tema relevante que suscita posiciones fuertes en uno y otro sentido’. Camila Maturana Directora de Corporación Humanas

Luego de la postergación del ingreso del proyecto de aborto legal, el intercambio público de declaraciones entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el cardenal Fernando Chomali, enardeció un debate que políticamente ya se vislumbra cuesta arriba, en cuanto a los apoyos que esta iniciativa pueda concitar en el Congreso Nacional.

En principio el arzobispo de Santiago había celebrado el aplazamiento del proyecto, lo que motivó que la secretaria de Estado afirmara que “las decisiones no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia“. En su última respuesta a Orellana, Chomali sostuvo en Radio Futuro que “lo que dijo la ministra lo pensó muy bien, pero a mi no me quitó el sueño”.

Bajo ese contexto, desde las organizaciones ponen énfasis en abordar este debate desde una perspectiva de salud, y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada y directora de la Corporación Humanas, Camila Maturana, valoró que el Gobierno haya reafirmado su compromiso en esta materia y sostuvo que, si bien se trata de un debate complejo, con posiciones fuertes y controversiales, “lo importante es que en un Estado democrático de derecho es un debate que tiene que ocurrir tanto a nivel social como a nivel del Parlamento“.

En esa línea, Maturana indicó que es importante que esta materia se aborde más allá de lo valórico, sino desde una perspectiva amplia, poniendo foco en los derechos de las mujeres y las niñas: “Más allá de las posiciones valóricas que puedan defender distintos actores en la sociedad, lo importante es que en una sociedad democrática estos debates se den desde una perspectiva amplia. Lo que uno esperaría es que, de cara a los derechos de las mujeres y las niñas, este debate tenga lugar tomando en cuenta cuál es la experiencia de las mujeres y las niñas“.

“Cómo es la situación que enfrentan hoy debiendo interrumpir sus embarazos en condiciones de ilegalidad, de estigma, de falta de garantías de atención de salud, y cómo leyes como éstas, que todavía imponen sanciones penales, profundizan las brechas de desigualdad entre las mujeres“, añadió la abogada.

Continúo recalcando que “no estamos todas las mujeres afectadas de la misma manera, las mujeres jóvenes, adolescentes, niñas, mujeres migrantes, mujeres con menos recursos, enfrentan condiciones mucho más complejas y uno esperaría que, en un debate democrático, estas circunstancias sean tomadas en cuenta“.

En ese sentido, Maturana sostuvo que, en países democráticos, después de legislar sobre aborto bajo causales, una ley con limitaciones que en el caso de Chile lleva 7 años de vigencia y registra más de 5 mil mujeres y niñas atendidas en sistemas de salud, “el paso siguiente es debatir directamente sobre aborto en un modelo de plazos“.

La abogada indicó así que, analizando la evidencia comparada, las leyes que establecen penalidades no evitan o disuaden a las mujeres de abortar, incluso con un proyecto vigente respecto a causales.

Esto último, porque “cuando existen leyes restrictivas, leyes que imponen sanciones penales al aborto, en ningún país estas leyes han permitido disuadir a las mujeres que requieren interrumpir su embarazo. Las mujeres, las niñas y las adolescentes enfrentan un conjunto de situaciones muy diversas, muy complejas, que exceden las tres causales, por lo tanto, la necesidad de interrupción del embarazo en condiciones sanitarias adecuadas sigue estando vigente”.

“Cuando tenemos una ley que establece sanciones penales frente a ello, eso no significa disminuir ni evitar que estas situaciones ocurran, sino más bien que la interrupción del embarazo ocurre en situación de ilegalidad, de estigma, de falta de garantías de atención de salud, y eso es lo que los distintos países que han avanzado en este sentido han buscado resolver desde una perspectiva de salud, desde una perspectiva de derecho y no solamente desde una perspectiva valórica que puedan defender determinados sectores de la sociedad”, zanjó.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile, el 27 de diciembre de 2024

En el marco de su vigésimo aniversario, Corporación Humanas presenta un nuevo estudio sobre la percepción de las mujeres chilenas sobre su situación y condiciones de vida. Se trata de una muestra aleatoria, realizada a través de paneles online, a mil 406 entrevistadas mayores de 18 años que residen en el país.

El mal-estar que violenta a las mujeres

El 90% de las mujeres se siente discriminada. Los más altos niveles de discriminación lo perciben en el trabajo (65%), seguido por el ejercicio de su libertad sexual y la vida familiar.

La Encuesta de Corporación Humanas 2024, devela que un 62% considera que la violencia hacia las mujeres ha empeorado y 31% cree que se mantiene. Un 90% opina que la violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema generalizado y que es una expresión extrema del machismo.

Un 26% de las entrevistadas considera que el acceso al trabajo remunerado ha empeorado y un 50% sostiene que este se ha mantenido. En relación a la igualdad salarial el 59% cree que este no ha variado y el 60% responde que la reforma al sistema de pensiones es urgente.

 

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Mujeres, democracia y política

Un 65% de las entrevistadas cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, el 51% se siente insatisfecha con su funcionamiento en el país.

Una de cada tres mujeres se interesa por la política. El 96% considera que hombres y mujeres tienen las mismas habilidades para ocupar cargos públicos, pero el 45% opina que el acceso se ha mantenido sin mayores cambios. El 82% está de acuerdo con que la mitad de los cargos de toma de decisión estén ocupados por mujeres.

Mujeres y feminismo

El 28% de las chilenas se declara feminista o muy feminista y el 35% al menos algo feminista. En tanto, entre mujeres de nivel socioeconómico más alto el 50% se considera en feminista o muy feminista.

Más derechos para las mujeres

En materia de libertad sexual y reproductiva, al 2024 casi la mitad (49%) de las mujeres piensa que se debiera permitir el aborto hasta la semana catorce sin causales.

En las mujeres de nivel socioeconómico alto el nivel de acuerdo con la decisión de abortar sin restricción por causales asciende al 63% y entre las jóvenes (menores de 35 años) el nivel de acuerdo alcanza el 60%.

Mujeres y seguridad

El 86% de las mujeres cree que la delincuencia ha aumentado en el país. El 28% se informa de ello por la televisión y el 25% por redes sociales.

El 85% de las encuestadas sostiene que por temor a ser víctima de un delito ha dejado de caminar sola por ciertas áreas o lugares y un 83% declara que dejó de salir de noche.

Revisa la encuesta completa aquí 

Nota publicada por Radio Universidad de Chile 

Entre 2018 y junio de 2024 se registran 5.370 embarazos que califican en alguna de las tres causales previstas en la ley, con 46,3% por causal inviabilidad, 30,1% por riesgo vital y 23,6% de embarazos producto de violación. El 87,8% de los casos corresponde a atenciones en el sistema público y 12,2% al sistema privado.

Cabe resaltar que, del total de casos, 7,8% corresponde a niñas menores de 14 años y adolescentes de 14 a 17 años (184 niñas y 234 adolescentes). Y que en la causal violación, de 1.267 casos, 354 son niñas y adolescentes, es decir el 27,9%.

En el periodo se han observado obstáculos al adecuado cumplimiento de la ley, como la ausencia de campañas públicas sobre los derechos que protege, lo que dificulta a mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales contar con la información para exigir la atención que requieren. También se identifica debilidad en las capacitaciones a los equipos de salud, necesarias para que conozcan los derechos de las mujeres y niñas, y puedan acompañarlas en este proceso. Asimismo, la amplitud de la objeción de conciencia que se permite a parte de los equipos de salud -e incluso a instituciones privadas, bajo la figura denominada «objeción de conciencia institucional»- no garantiza debidamente la atención de mujeres y niñas en los establecimientos a que acuden.

Por ello, en mayo de este año el Ministerio de Salud presentó una propuesta de modificación al reglamento sobre objeción de conciencia, orientado a asegurar la atención de las pacientes, disponiendo que los establecimientos de salud, públicos y privados, «adoptarán todas las medidas necesarias para que el ejercicio de la objeción de conciencia no afecte de modo alguno el acceso, la calidad y la oportunidad de la prestación médica de interrupción del embarazo».

En la propuesta de modificación del reglamento sobre objeción de conciencia se consideran medidas para asegurar el acceso a la información sobre la ley IVE y a las atenciones de salud correspondientes, estableciendo disponibilidad de equipos no objetores, la reasignación y derivación, entre otras medidas.

Habiendo transcurrido 4 meses desde que el nuevo reglamento fuera ingresado a la Contraloría General de la República, esperamos conocer su pronunciamiento, confirmando que se ajusta a la ley y a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos de mujeres y niñas, como asimismo a los derechos de profesionales de la salud.

A 7 años de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, contar con un nuevo reglamento sobre objeción de conciencia que asegure a todas las mujeres y niñas la atención que requieren, es una medida necesaria para resguardar y fortalecer los derechos consagrados en ella.

Por Camila Maturana, directora de Corporación Humanas.

Publicada en Radio Cooperativa el 27 de septiembre, 2024.-

La jornada de este viernes, las organizaciones Fundación Por el Derecho de Decidir y Corporación Humanas, acompañados por la senadora Claudia Pascual (PC) y la diputada Claudia Mix (FA), llegaron hasta Teatinos 56 en Santiago para entregar a Contraloría dos “téngase presente”, escritos que buscan complementar los argumentos a favor de la modificación al Reglamento de Objeción de Conciencia que el Ministerio de Salud elaboró en el contexto de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, destacando que esto respeta la legislación vigente.

El nuevo reglamento causó opiniones divididas por parte de exautoridades y parlamentarios, desde donde algunos los catalogaron como “inconstitucional” o “medida correcta”. El pasado 1 de julio la Conferencia Episcopal acudió a Contraloría para que este reglamento se declare inconstitucional.

Al respecto, según explicó Danitza Pérez, representante de Fundación Por el Derecho de Decidir, “todas las investigaciones después de siete años de implementación de esta norma han dado cuenta de barreras importantes de acceso para el ejercicio de este derecho, y que tienen principalmente dos foco: por una parte, la información que precisamente obtienen las mujeres a través de los servicios de salud en Internet y en otras plataformas, y también la disponibilidad de servicios”.

En esta línea, explicó, esta modificación presentada por el Minsal “viene precisamente a realizar cambios importantes en relación a cuestiones muy prácticas para las mujeres, que es poder contar con información suficiente, objetiva, concreta, y que permita acceder al servicio de salud, en este caso a la prestación en particular de interrupción voluntaria del embarazo, y otras cuestiones que tienen que ver precisamente con saber, por ejemplo, si el médico o la médica con la que yo estoy trabajando es objetora o no, y poder tomar decisiones al respecto. Ese es el objetivo”.

Asimismo, Elisa Walker, abogada de Sarmiento Walker y García, expresó que el reglamento lo que busca finalmente es “promover” que el Estado entregue servicios adecuados, eficientes, coordinados en torno al cumplimiento de la ley IVE.

“La ley es muy clara sobre esta materia: la objeción de conciencia se permite, pero eso no puede ser un obstáculo para que las mujeres sean atendidas y accedan a la interrupción del embarazo. Eso lo dice con claridad la ley 21.030 (…) también la ley de derechos y deberes de los pacientes, que regula el derecho de los pacientes de recibir un trato digno por parte de los médicos y también de los establecimientos de salud. Y también de esta forma se cumple con la establecido en el decreto que regula las facultades del Ministerio de Salud (…) venimos a apoyar esta iniciativa para que el proceso de toma de razón, la Contraloría reafirme su legalidad”, expresó.

Por su parte, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, destacó que de acuerdo al informe de Corporación Humanas de 2023, “45,8% de los obstetras de hospitales públicos se declaran objetores de conciencia para no atender a las mujeres y niñas embarazadas producto de violación. En uno de cada cuatro hospitales en Chile, más de dos tercios de los obstetras se declaran objetores de conciencia”.

Esto incluye, indicó, cuatro hospitales regionales y cinco hospitales en que todos los obstetras son objetores de conciencia.

“Esto evidentemente genera limitaciones para la atención de mujeres y niñas que este reglamento busca subsanar: se busca garantizar el acceso a la información que requieren las niñas y mujeres que puedan verse afectadas por alguna de las tres causales, se definen medidas para asegurar los turnos adecuados y especialmente para que todos los establecimientos públicos cuenten con un equipo no objetor que permita garantizar a todas las mujeres y niñas que tengan una atención de calidad digna y que no sean discriminadas por el lugar donde viven”, concluyó.

Corporación Humanas, Fundación por el Derecho a Decidir, a través de las abogadas Claudia Sarmiento y Elisa Walker presentan escritos ante la Contraloría General de la República con el fin de aportar argumentos que dan cuenta de que la modificación al reglamento de objeción de conciencia presentada por el Ministerio de Salud, en el marco de la implementación de la ley sobre las tres causales, respeta la legislación vigente.

Para Corporación Humanas, presentar este escrito apunta a la necesidad de que se definan las medidas de información, adecuación de turnos y garantías para que en todos los establecimientos públicos existan profesionales no objetores que puedan atender a las mujeres y niñas sin que se vean forzadas a trasladarse a otros recintos o queden sin la atención necesaria.

“A seis años de la dictación de la ley sobre interrupción del embarazo en tres causales, se han identificado barreras en el acceso a la información que requieren las mujeres y niñas que pueden verse afectadas por alguna de las causales y una proporción elevada de obstetras objetores de conciencia en hospitales públicos, especialmente frente a embarazos producto de violación. Por ello, resulta necesario modificar el reglamento para subsanar estas falencias de información y definir medidas que permitan asegurar la atención a mujeres y niñas en todos los establecimientos, garantizando equipos no objetores”, sostiene Camila Maturana, directora de Corporación Humanas.

Por su parte, Danitza Pérez, directora de la Fundación Por el Derecho a Decidir, junto a Claudia Sarmiento y Elisa Walker, socias de Sarmiento Walker y García Abogados, el escrito presentado entrega argumentos respecto de la legalidad y constitucionalidad de la modificación al Reglamento de Objeción de Conciencia que el Ministerio de Salud elaboró en el contexto de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, para su toma de razón.

El escrito presentado por Fundación Por el Derecho de Decidir señala, en primer lugar, que todos los servicios públicos deben trabajar de la mejor forma para otorgar prestaciones a la ciudadanía según lo que señala   Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. “Con la presentación de estas modificaciones al Reglamento de objeción de conciencia, el Ministerio de Salud hace adecuaciones luego de siete años de implementación de la ley de las tres causales, para asegurar que esta prestación de salud se entregue de la mejor forma posible, haciéndolo de forma eficiente, eficaz y coordinada”, afirma Danitza Pérez.

Hoy acompañamos a fundación derecho a decidir, @corphumanas, a las abogadas @ElisaWalkerE y @claudiapazsr, organizaciones feministas y sindicales, a académicas como @LidiaCas, a presentar un Téngase Presente en CGR por el reglamento aplicación de ley 21.030 #Aborto3Causales. pic.twitter.com/v3g9F51BmY

— Claudia Pascual Grau (@Claupascualgrau) July 19, 2024

Otro punto relevante es que el Reglamento cumple con el deber legal de informar a las mujeres sobre sus derechos, al establecer que tanto los establecimientos de salud como los médicos tienen la obligación de informarles que son objetores de conciencia. “Es crucial que las mujeres tengan claridad acerca de las acciones adoptadas en torno a su salud, lo que incluye saber si el médico tratante puede atenderlas en caso de estar en alguna de las tres causales”, apunta la abogada Elisa Walker.

Barreras de acceso

De acuerdo al informe de Corporación Humanas de 2023, el 45,8% de obstetras de hospitales públicos se declaran objetores de conciencia frente a la causal de violación.  En 5 hospitales la totalidad de los obstetras se declaró como objetor en casos de embarazos producto de violación: hospital de Santa Cruz en la Región de O’Higgins, hospitales de Cauquenes y de Constitución en la Región del Maule, hospital de Victoria en la Región de La Araucanía y hospital de Puerto Aysén en la Región de Aysén.

El informe además da cuenta que, en 1 de cada 4 establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación (incluyendo los 5 donde la objeción es del 100%). Ninguno de estos hospitales cuenta con un protocolo específico sobre objeción de conciencia, y 6 recintos que no tienen protocolo IVE o este no especifica las acciones a implementar para garantizar la atención a mujeres y niñas frente a equipos de salud mayoritariamente objetores de conciencia.

Para Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, estos datos generan limitaciones para la atención de mujeres y niñas que este reglamento busca subsanar.

REVISA EL ESCRITO PRESENTADO POR CORPORACIÓN HUMANAS

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