Actualmente, el Congreso chileno tramita tres proyectos de ley sobre la materia: uno que busca prohibir completamente la gestación subrogada y otros dos que buscan regularla en su forma altruista: es decir, que no exista un pago de por medio para la mujer gestante.

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con algunos de los legisladores que impulsan los proyectos y también, con una organización feminista que se pronunció sobre qué sería más adecuado implementar en nuestro país.

La iniciativa que prohíbe la gestación subrogada -y que incluso incluye sanciones penales para los involucrados- fue presentada en enero de 2025 por los diputados Consuelo Veloso, de la bancada del Frente Amplio (FA), y Juan Irarrázaval, del Partido Republicano.

En diálogo con nuestro medio, este último recalcó que cuando se habla de maternidad subrogada, “hablamos de un tema de derechos humanos”: “Nadie, particularmente la mujer, merece ser tratado como un objeto”, expresó.

El diputado Irarrázaval sostuvo que no es posible concretar una gestación subrogada realmente altruista y que “la experiencia internacional en Canadá o Reino Unido ha demostrado que es, en realidad, una fachada de la comercial, ya que siempre dispone de mujeres pobres para llevarse a cabo”.

“Oculta el pago en compensaciones, aun cuando las agencias, las clínicas o intermediarios lucren formalmente en un mercado que, por lo demás, crece a los cientos de millones de dólares a nivel mundial”, acusó.

De todas maneras, el parlamentario señaló que para él, el principal argumento para prohibir la gestación subrogada en todas sus formas, “es el daño que produce en la madre gestante y en su hijo, que durante nueve meses generan un vínculo biológico, químico, hormonal, personal, que se rompe al momento del parto”.

“Eso genera un trauma de desapego que en el niño manifiesta con una alta liberación de cortisol, lo que afecta además de manera permanente su desarrollo”, dijo.

Una visión distinta tuvo el senador de Demócratas, Matías Walker, quien por su parte, presentó un proyecto para regular la maternidad subrogada altruista. Walker afirmó que se debe tomar dicha opción, “primero porque tiene un fin noble, que es poder generar vida y permitir a miles de parejas que no tienen hijos, la posibilidad de formar una familia ante cualquier impedimento o situación de infertilidad”.

A su juicio, el tema debe ser incluido en la discusión de los mecanismos de fertilización asistida y es importante para que “tener hijos bajo estos mecanismos, no sean una posibilidad de una élite, sino que estén al alcance de toda la población”. “Más aún cuando hay un plan de Gobierno que se llama Chile Renace, para mejorar las tasas de natalidad. Tenemos una población cada vez más envejecida”, observó.

A diferencia del diputado Irarrázaval, el senador Walker aseguró que es factible la gestación subrogada altruista, en el que la mujer gestante sea una amiga o familiar de las personas que se convertirán en los padres del bebé. En su proyecto, se establecen una serie de requisitos, entre ellos: que exista un mínimo de edad para la mujer gestante, que haya tenido hijos previamente, y que además, se suscriba un contrato entre ambas partes.

“No se puede prohibir la gestación subrogada, se debe regular. Nuestro proyecto lo hace con el objeto de evitar un fin lucrativo, estableciendo requisitos, confiando en la autonomía de la mujer gestante. Eso es a diferencia del proyecto que lo prohíbe, que desconfía de la autonomía de la mujer, la trata como si fuera una incapaz y sujeta de tutelaje”, planteó.

Mistral Ensignia, abogada de la Corporación Humanas: “El sujeto que tenemos que cautelar es el de las mujeres gestantes”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada de la Corporación Humanas, Mistral Ensignia, estimó que lo más importante en esta discusión es que se proteja a las mujeres gestantes. La representante de la organización feminista, recalcó que no son “promotoras de la gestación subrogada” pero que al mismo tiempo, reconocen que es un tema que afecta a las mujeres y debe ser discutido.

La también docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile explicó que en esta materia se cruzan distintos intereses: los de las personas que buscan tener hijos a través del método, los de los niños y niñas que nacen producto de esta práctica y los de las mujeres gestantes.

“Lo que suele pasar,es que en general, cuando hablamos de prácticas que pueden afectar a las mujeres, se suelen poner otros intereses primero. Entonces, lo que nos interesa poner sobre la mesa es que, si vamos a hablar de este tema, el sujeto al que más tenemos que cautelar, independiente de que decidamos regular o prohibir, es la condición de las mujeres gestantes que son parte de estas prácticas de forma voluntaria y también, de quienes son víctimas de explotación o de trata”, apuntó.

En esa línea, la abogada de Corporación Humanas destacó el proyecto de ley presentado por la senadora del PPD, Loreto Carvajal, que regula la gestación subrogada altruista y que su parecer, “pone a las mujeres en el centro y establece una cautela de derechos, en un catálogo de restricciones que es mucho más completo que el proyecto del senador Walker”.

Ensignia mencionó que algunos de los elementos que se contemplan son una asesoría jurídica independiente para la mujer antes del proceso de gestación y también, la prohibición de tener una relación de dependencia económica con los futuros padres del bebé.

“La edad o haber tenido un hijo antes, esos son requisitos que, en el fondo, están orientados a asegurar que la mujer gestante entregue la guagua, pero no necesariamente son requisitos para prevenir que esa mujer sea víctima de explotación”, opinó.

De todas maneras, la abogada coincidió con el senador Walker en la importancia de que se respete la autonomía de las mujeres. A su juicio, lo que ahora debe resolver el Estado es cómo asegurar que la decisión de gestar para otra persona, sea realmente autónoma. 

“Las decisiones de las mujeres, la autonomía de las mujeres, está cruzada por múltiples contextos que las afectan. Las condiciones materiales, las condiciones migratorias, el ecosistema de cuidados en el que puede estar inmersa, las relaciones familiares, etc. Entonces la pregunta para nosotras es: ¿cómo es que el Estado puede fortalecer la autonomía de las mujeres, para que puedan tomar decisiones y cómo, si es que podemos, establecer un marco jurídico que reconozca la autonomía de las mujeres, pero también cautele sus derechos?”

Con base en la normativa vigente, parte importante de los equipos de salud que se desempeñan en establecimientos públicos han podido acogerse a la objeción de conciencia para abstenerse de intervenir o participar de procedimientos médicos de interrupción voluntaria del embarazo requeridos por mujeres y niñas afectadas por alguna de las causales contempladas en la legislación. En efecto, a partir de la dictación de la ley y en adelante, la mitad de los y las obstetras de hospitales públicos se ha declarado objetor/a de conciencia en al menos una de las causales, principalmente frente a embarazos producto de violación. De hecho, de acuerdo a la  información reportada por el Ministerio de Salud y por los establecimientos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto por causales, uno de cada dos obstetras que se desempeña en recintos públicos se opone a interrumpir un embarazo en caso de violación, uno de cada cuatro en la causal inviabilidad y una quinta parte en casos de riesgo vital. Pese al transcurso del tiempo, esta alarmante situación no ha mejorado.

La alta proporción de funcionarios/as públicos/as que se ha acogido a la objeción de conciencia constituye una preocupación de la mayor relevancia, pues ello puede obstaculizar el respeto a las decisiones de mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales y dificultar su acceso a una prestación de salud que la legislación reconoce y protege. De ahí que para Corporación Humanas y otras organizaciones y colectivas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes, monitorear en el tiempo la implementación de la ley Nº 21.030, la realidad de la objeción de conciencia y la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país constituya una temática prioritaria, que reviste especial importancia en contexto de emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 por las barreras que de ello han derivado a las atenciones en salud sexual y reproductiva y acceso al aborto legal.

Más allá de la preocupación que suscita la alta proporción de obstetras y otros/as integrantes de los equipos de salud de establecimientos públicos habilitados para la implementación de la ley sobre aborto en tres causales que se declara objetor/a de conciencia, y que ello se mantenga en el tiempo, cabe señalar que dicha realidad no es homogénea a nivel nacional y que se presentan, además, particularidades territoriales que resulta necesario atender.

El reciente monitoreo llevado a cabo por Corporación Humanas permite identificar que en parte importe de los hospitales públicos –27 de 67 establecimientos respecto de los cuales se dispone de información–, la proporción de médicos/as obstetras objetores/as de conciencia es superior a dos tercios de las contrataciones y que en cinco establecimientos la totalidad declara tal calidad, como ocurre en los hospitales de San Fernando, Constitución, Pitrufquén, Villarrica y Puerto Aysén. Además, entre los hospitales públicos en que los/as obstetras objetores/as superan los dos tercios se encuentran siete hospitales regionales, Antofagasta, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt, establecimientos a los que corresponde la resolución de las necesidades de atención de la población regional. Asimismo, presentan esta elevada proporción de objetores de conciencia los hospitales Luis Tisné y Melipilla de la Región Metropolitana, Vallenar en la zona norte, y los hospitales de San Felipe, Rengo, Santa Cruz, Linares, Coronel, Lota, Cañete, Angol, Victoria, Nueva Imperial, Osorno y Castro de la zona centro y sur.

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