acoso – Humanas

«Acoso» y «chistes sexualizados» al debate

Fabiola Gutierrez — Fri, 02 Jun 2023 19:13:57 +0000

Tras las acusaciones de un supuesto «acoso sexual» y dichos inapropiados de parte del ex subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, a funcionarias de esa repartición, La Segunda contactó a organizaciones feministas para saber qué opinaban sobre el caso.
Hasta ahora, se sabe que Larraín (a quien se le pidió la renuncia) hacía comentarios inapropiados en su lugar de trabajo y, como publicó este diario, «chistes sexualizados». Hechos que son negados por la exautoridad.

La abogada Luz Reidel de la Corporación Humanas, explica que «el caso tiene relevancia, pues nos da la oportunidad de visibilizar casos que forman parte de manera muy lamentable de la cotidianidad de las mujeres en sus trabajos». Sobre la liviandad que algunos han planteado por tratarse solo de «chistes» de doble sentido, Reidel dice que «si bien tienen culturalmente cierto arraigo, son cosas que hay que erradicar»

La Segunda contactó a Comunidad Mujer y académicas afines a estos temas, pero se excusaron de opinar. Desde La Morada y el Centro de Estudios de la Mujer se solicitó el envío de un correo electrónico con la consulta, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Noticia publicada en La Segunda, jueves 01 de junio de 2023.-

Porno venganza: “Se da por hecho que si la mujer consiente a que le saquen una foto, consiente tácitamente a que se divulgue”

Fabiola Gutierrez — Thu, 08 Apr 2021 13:44:59 +0000

A principios de este año Gabriela (24) supo por un amigo cercano que se había difundido en un grupo de Whatsapp una foto íntima suya.

No salía su cara, pero sí su pieza, y por eso el amigo la pudo reconocer. No dudó en llamarla para contarle en qué contexto le había aparecido y le advirtió que en ese grupo de Whatsapp había ocho participantes, de los cuales seis fueron enfáticos al reprochar y cuestionar al amigo que la había mandado, quien a su vez alegaba que él simplemente estaba compartiendo un contenido que le había llegado por otro lado. Fue ahí que el amigo de Gabriela le dijo ‘preocúpate de dejar de difundirlo entonces’.

Gabriela lo escuchó atentamente los primeros cinco minutos. Quería dimensionar el alcance de su foto para saber si se trataba de un grupo reducido o si toda la universidad había tenido acceso a ella. No pudo, sin embargo, mantener la concentración y en pocos segundos lo que parecía ser un pensamiento hilado se volvió una corriente difícil de contener. Su mente empezó a divagar y las palabras de su amigo se disiparon. ¿Tendría que decirle a su mamá? ¿Su carrera se vería afectada? ¿Por qué le había mandado fotos a su ex? ¿Lo enfrentaría? ¿Había sido él? ¿O quizás le robaron el celular? Sentía culpa, arrepentimiento y en parte responsabilidad. Pensó que habría podido evitar esa situación si solo hubiese sido más precavida. Estaba ansiosa y sentía una angustia profunda; en su mente, su mundo se derrumbaba lentamente frente a sus ojos.

Como Gabriela, son muchas las mujeres que a lo largo de sus vidas han sido víctimas de la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento y, también al igual que ella, no cuentan a la fecha con amparo legal. En un estudio realizado en el 2019 por el Observatorio Contra el Acoso Callejero, se develó que de las 1.300 personas encuestadas, un 77,2% de las mujeres entre los 18 y 26 años reconocía haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual cibernética, sea ésta una amenaza por redes, la publicación de fotos íntimas, o la grabación sin consentimiento. A su vez, en el 2018, la Fundación Datos Protegidos reveló que un 13,5% de las mujeres había sufrido la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento. Y es que ésta en particular es una práctica comúnmente conocida como “porno venganza” o “pornografía no consentida”, y es cada día más común.

De abril a junio del 2020, la fundación Amaranta, que busca acompañar y educar a mujeres en seguridad digital, también realizó una encuesta en la que dio cuenta que de 530 mujeres encuestadas, 17 había vivido la difusión de sus imágenes íntimas sin consentimiento; 225 de ellas había vivido violencia verbal; y 200 algún tipo de acoso u hostigamiento. De los atacantes, se reveló que un 41,9% se trataba de perfiles anónimos y un 18,1% eran parejas o ex parejas. Todas cifras que tras un año de pandemia solamente han incrementado. ¿Pero cómo se le aborda en Chile?

En el artículo 161 A del Código Penal se postula que “se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado”. Sin embargo, como explica la abogada de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán, la difusión de imágenes que se tomaron de manera consentida, no está regulada. “Se regula únicamente el registro sin consentimiento, e incluso en eso queda poco claro; hay quienes señalan que se trata de una norma que aplica a terceros, es decir, no a quienes participen en el acto”, explica. “Pero respecto al marco legal de la difusión de imágenes íntimas de personas que las hayan dispuesto de manera consentida, hay un vacío. En definitiva, se da por hecho que al entregar una imagen a otra persona, o consentir a que te saquen una, se está también autorizando de manera tácita a su divulgación”.

Lo que no se considera ahí, como explica la especialista, es que prestar consentimiento para efectos de entregar una imagen o permitir que te saquen una, no es lo mismo que consentir a su eventual divulgación. “Por el contrario, la mujer que está en esa situación probablemente lo hace en un contexto de intimidad, que va dirigido solo y exclusivamente a aquella persona. En ese sentido, existe un vacío en el sistema judicial que no reconoce la intimidad de la mujer, pero tampoco su decisión específica respecto a difundir su imagen en esa oportunidad y con esa persona”.

En junio del año pasado, las diputadas Maite Orsini (RD) y Maya Fernández (PS) presentaron un proyecto de ley denominado Ley Pack que pretendía regular y sancionar la difusión de material pornográfico sin el consentimiento de las víctimas, una legislación que se planteó como una medida urgente para proteger a las mujeres en el entorno digital en un contexto de pandemia. Hasta la fecha, e incluso después de haber pasado por modificaciones en diciembre del año pasado –fueron las organizaciones sociales las que identificaron que no bastaba simplemente con sancionar, ya que se trata de una violencia de género como cualquier otra y por ende había que trabajar igualmente en la prevención–, la ley se encuentra en tramitación en el Congreso y en este momento no existe amparo legal para aquellas personas que habiendo entregado imágenes o autorizado el registro, sean víctimas de la difusión de tales.

Como explica Carolina Jiménez, presidenta de OCAC, la detención de la tramitación del proyecto de ley se debe a la contingencia pero también porque se ha acordado ponerle énfasis a las modificaciones que ingresaron a finales del año pasado, que buscan tipificar nuevos delitos referentes a la violencia sexual digital en sus diversas formas. A su vez, la coordinadora del Proyecto Aurora de la ONG Amaranta, Karen Vergara, señala que estos tipos de violencia apelan a que la mujer, al igual que en cualquier espacio público, no tiene voz. “El hecho de que ellas estén participando de estos espacios genera una resistencia muy violenta y machista. Ahora, cuando hablamos de violencia ejercido por alguien cercano –porque muchas veces se trata de un hacker que accedió a fotos íntimas y las divulgó con la finalidad de extorsionar a la víctima–, nos damos cuenta que es mucho más común de lo que pensamos”.

Como explica Karen, en estos casos los sujetos mantienen esos registros audiovisuales y luego los utilizan a modo de amenaza, extorsión o finalmente para jactarse entre amigos. Pero la falla, esencialmente, radica en que estos temas no sean abordados de manera integral y transversal, mediante una ley de educación sexual o la perspectiva de género en la educación. “Cuando se presentaron las modificaciones a la Ley Pack, quedó como un proyecto que aborda la violencia de género digital y las distintas prácticas que se incluyen en ella, por eso es vital retomar la conversación. El espacio digital tiene que ser una materia de cuidado y protección”, explica. “Y junto a eso, hay que quitarle el estigma a las mujeres que han vivido este tipo de situaciones y darnos cuenta que el enfoque siempre tiene que ir hacia el victimario que cometió el delito y no hacia la víctima. Porque solo así vamos a lograr que dejen de sentir culpa. Esto no tiene que ver con su valía ni su pérdida de inocencia, no tiene por qué haber un juicio moral acá”.

Es por eso también que desde Amaranta no se utiliza el término “porno venganza”, porque eso habla finalmente de cobrar revancha por algo. “Pero eso enjuicia a las víctimas. No hay nada por lo que cobrar revancha. Ellas estaban ejerciendo sus libertades y derechos. Esto es una extensión de la violencia física y psicológica y hay que legislarla como tal”, concluye Karen.

Aun así, las especialistas están de acuerdo en que la ley, si bien se hace cargo de una situación en tanto sanciona y regula, no es la solución al problema. Francisca Millán deja claro que frente a la ausencia de la ley, hay ciertas medidas a las que se puede recurrir para abordar este tipo de situaciones. En primer lugar, tener claro que este riesgo que se corre en ningún caso debiera significar que las mujeres se inhiban de compartir ese tipo de imágenes si es que así lo desean. Eso implicaría una vez más, un acto moralizante. “Las mujeres tienen derecho a difundir las imágenes que quieran con quienes quieran, y no por eso tienen que correr un riesgo”, aclara. “Pero también tienen derecho a que eso sea en un contexto privado. Por lo tanto, frente a un sistema en deuda, es importante tomar resguardos”. Estos incluyen, según la especialista, nunca entregarle la misma imagen a distintas personas, para que se pueda identificar, en caso de, quién la divulgó; que las fotos sean distinguibles y tengan un sello de agua con el nombre de la persona a la que se le está entregando (esto puede ser poner su nombre en un lugar no extraíble de la foto); que el lugar en el que se tome el registro no revele características íntimas respecto a los datos de esa persona; que ojalá no involucre el rostro; y que se evalúe el uso de aplicaciones más seguras como Telegram o Signal, que permiten que las imágenes se vayan autoeliminando. “Es elemental que este riesgo de la porno revancha no constituya una limitación a la libertad sexual de las mujeres y que sigamos educándonos en medidas que nos permitan cuidarnos al mismo tiempo de ejercer nuestras libertades”, explica.

Como profundiza la socióloga de Corporación Humanas, Pía Guerra, la difusión de imágenes privadas sin consentimiento es y constituye una expresión de dominación del patriarcado, además de una práctica social instalada y un fenómeno propio de los tiempos pomodernos. “Como es una expresión de dominación, también manifiesta un problema de estructura social y de instituciones rígidas que no son capaces de adaptarse a los nuevos requerimientos sociales. Este fenómeno no solamente afecta a la víctima en términos de su intimidad, sino que a su esfera social, laboral, familiar, personal, por lo tanto también afecta su conducta y su posible rendimiento laboral y social. Y por lo mismo, se vuelve un problema público –que va más allá de las parejas– que tiene que contar con políticas públicas que ayuden, más que a sancionar, a prevenir estos hechos”.

¿Es la funa realmente una forma de punitivismo?

Fabiola Gutierrez — Mon, 30 Nov 2020 17:53:37 +0000

Cuando hablamos de punitivismo hablamos de un aumento en las penas legales como solución a problemáticas sociales; de dar por sentado que alguien cometió un crimen sin una sentencia; y finalmente de una sanción extrema en la esfera pública. De los debates clásicos que han girado en torno a la terminología destaca el que tiene que ver con el sistema penitenciario. Una pena aumentada y radical ¿detiene realmente el círculo de la violencia o termina por disminuir las posibilidades de reinserción y reparación del individuo condenado?

El debate que plantea que ciertos feminismos han incurrido en un mayor punitivismo no es nuevo. Son muchas las que manifiestan que los movimientos de denuncia por redes sociales, tales como el #MeToo –que surgió en 2017 con la intención de revelar abusos sexuales en ciertas industrias y en poco tiempo sentó las bases para que mujeres de todo el mundo se sintieran lo suficientemente amparadas para contar sus propias historias– y el #NiUnaMenos, se han vuelto una suerte de linchamiento público –muchas veces sin derecho a la defensa para el acusado– que pretende soluciones rápidas y la anulación completa del otro. Pero, ¿qué tanto de lo que comúnmente denominamos “funa” implica realmente caer en un punitivismo?

La abogada fiscal Bárbara Sepúlveda explica que es habitual confundir los conceptos, y que si bien la funa es un término polisémico cuyos significados e interpretaciones son múltiples, dentro de ellos no está el afán vengativo. “Le hemos dicho funa al contenido que comparte una persona en una red social contando algo que le pasó relacionado al abuso sexual, muchas veces sin más intenciones que las de compartir su experiencia y tener una instancia de catarsis, sin siquiera exponer los datos del agresor. El punitivismo, por otro lado, utiliza la sanción excesiva. Contrario a lo que se suele creer, en la funa no hay una intención de hacer justicia por las propias manos, y es importante aclarar esto para desmitificar la idea de que en las denuncias por redes sociales hay algo de vengativo. Esos casos son la excepción”.

En ese sentido, como explica Sepúlveda, frente a las barreras de entrada del sistema judicial, la funa se vuelve a ratos la única instancia para esa mujer de dar a conocer lo que le pasó. Por eso, muchas de ellas recurren a las redes sociales, porque saben que es probable que por la vía institucional la denuncia no llegue a puerto. No por nada un informe realizado por Miles Chile en 2019 reveló que si bien el porcentaje de denuncias por violencia sexual había aumentado en más de un 10% en los últimos siete años, el 77% de las mujeres víctimas de este tipo de delitos no los denunciaba ante la justicia.

“La mayoría de los abusos sexuales suceden en el ámbito privado, sin testigos, sin registros y a puertas cerradas. El hecho de no tener ese tipo de pruebas muchas veces determina que los casos se cierren y que los agresores queden impunes. La única forma de obtener algo de reparación, entonces, pasa por contárselo al resto, especialmente en casos en los que una mujer adulta cuenta hechos sucedidos en su infancia y que hasta hace poco estaban prescritos (hace poco cambió la legislación y los delitos de abuso sexual a los menores de edad son imprescriptibles)”, explica Sepúlveda. “En las funas, entonces, la intención suele ser la de compartir lo ocurrido y alertar a las otras mujeres. Si ahí operara realmente el obtener justicia por las propias manos, sí se podría hablar de linchamiento, pero ninguna mujer que denuncia lo ve así. Y el problema se da cuando estos discursos se centran demasiado en los victimarios y en lo que están sufriendo ellos al ser ‘linchados’, siendo que deberíamos estar pensando en las víctimas”.

Y es que, según los especialistas, eso es lo que pasa. Existe una reacción organizada por parte de los acusados que incluso toman acciones legales en contra de las mujeres que los denunciaron, amparándose en el hecho de que están vulnerando sus derechos a la honra y a la propia imagen. Son muchos los casos en los que el Tribunal estima que las acusaciones que se le atribuyen al denunciado, más allá de su posible culpa o inocencia, constituyen una falta a su honra y que las plataformas virtuales en las que se divulga esa denuncia vulneran sus garantías constitucionales. Por lo que finalmente es la víctima la que queda mayormente expuesta. “Esto es complejo porque pone a la víctima original –la persona agredida– en la situación de victimaria. Ahora es ella la que vulnera los derechos”, señala Sepúlveda.

Como explica la abogada de Corporación Humanas, Constanza Schönhaut, el fenómeno de las funas en casos de violencia de género aparece precisamente ante un sistema judicial que está en deuda. “Es una especie de protesta, hastío y búsqueda de reparación ante décadas de impunidad y silenciamiento. En ese sentido, podría tener una dimensión punitivista, porque busca la sanción pública, pero solo porque no hay otra a la que se puede acceder; ante las barreras de un sistema de justicia que nos cuestiona, revictimiza y nos obliga a cumplir con el imaginario de la ‘víctima perfecta’ (la que no sale mucho, no toma y tiene una vida sexual poco activa, entre otras cosas), la denuncia por redes aparece en algunos casos como el único camino para ser escuchadas”, explica. “Tenemos que hacernos cargo de esta realidad para canalizarla institucionalmente. Esto nos debería llamar a repensar el sistema y ver cómo garantizamos el acceso de las mujeres y disidencias a la justicia”.

Y es que tal como sostienen los especialistas, son muchas las denuncias que son descartadas por la vía institucional y que encuentran un canal de comunicación a través de comunidades en redes virtuales las que generalmente las acogen y replican. El problema, según argumenta Schönhaut, es que la denuncia por redes sociales es una sanción binaria: se está funado o no, sin atender al carácter o la gravedad de la agresión. “Además, es una sanción sin término. ¿Se puede des-cancelar a alguien? Y por cierto, es profundamente desgastante para las víctimas que se ven expuestas a querellas por injurias”.

¿Relacionarse o no con hombres funados?

Dentro del rango de contradicciones inherentes al ser humano, esta es posiblemente la que más nos hemos cuestionado en el último tiempo. Como mujeres, ¿podemos relacionarnos con personas que han sido acusadas de violencia de género?

Según Bárbara Sepúlveda, la relación entre mujeres y hombres funados siempre va ser tensa. “No creo que sea imposible que los hombres puedan rehabilitarse o que puedan resignificar muchos de sus actos y experiencias pasadas. También creo que pueden volverse conscientes de sus privilegios y tomar una postura proactiva no solo en cambiar ellos, sino que cambiar a los demás. Pero no podemos olvidar que hay víctimas y hay daños. Entiendo que muchos piensen en el daño que sufre el acusado cuando se hace una denuncia por redes, con el alcance que eso puede tener. Pero a las víctimas de sus agresiones le destruyeron la vida”.

La directora ejecutiva de ComunidadMujer, Alejandra Sepúlveda, sugiere que el proceso que hemos vivido de sacar a la luz todas las historias de abusos y que conectó a mujeres de manera intergeneracional, se trata de un movimiento pendular. “Probablemente ese péndulo esté en un extremo en este minuto, y eso ha supuesto señalar a todos los abusadores. Pero creo que este movimiento debe transitar desde el extremo al equilibrio, porque hay que encauzar la discusión de una manera que genere reparación para las víctimas en primer lugar, pero también un cuestionamiento respecto a cuáles son las relaciones de género que nos han llevado a esta gran asimetría de poder. Hay que exigirle a la vía institucional que esté a la altura, porque está al debe en la prevención, protección, sanción y reparación. Nos tenemos que responsabilizar del problema y no podemos dejárselo solamente a la funa”.

Por su lado, Schönhaut señala que hay que ser cuidadosas con terminar sancionando a las mujeres por las acciones de los agresores. “Nuestro rol como feministas es acompañar, visibilizar y ayudarnos a salir de situaciones de violencia cuando éstas existen. Desde el feminismo no espero hacer caso omiso al hecho que las personas somos complejas y contradictorias, lo importante es hacernos conscientes de esas contradicciones y ser más esclarecedoras que castigadoras”.

Reportaje publicado en Revista Paula