Es un buen momento para recordar que el acceso a una atención médica oportuna, digna y sin discriminación es un derecho, no un privilegio. Por eso, desde la Articulación de Organizaciones por los Derechos Sexuales y Reproductivos, apoyamos el reglamento que regula la objeción de conciencia en el sistema de salud.

Algunas instituciones eclesiásticas se han manifestado en contra de esta normativa. Sin embargo, el reglamento no restringe libertades: quienes son objetores podrán seguir ejerciendo esta facultad; pero ahora, ello no constituirá un impedimento para que las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar, accedan a la atención que la ley les asegura.

Hoy existen varios hospitales donde todos los obstetras se declaran objetores en casos de violación. Esta realidad representa una grave barrera para acceder a una atención oportuna y digna, afectando particularmente a quienes viven en territorios aislados y deben viajar cientos de kilómetros encontrándose en una situación de extrema vulnerabilidad.

Regular la objeción de conciencia no es limitar libertades, sino ordenar su ejercicio para que no afecte derechos. Lo que está en juego no es una disputa ideológica, sino la posibilidad real de que mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, accedan a una atención en salud que el Estado debe garantizar.

Luz Reidel Wagner, Corporación Miles

Articulación de Organizaciones por los Derechos Sexuales y Reproductivos

Carta publicada en La Tercera, viernes 11 de abril de 2025.-. 

Entre 2018 y junio de 2024 se registran 5.370 embarazos que califican en alguna de las tres causales previstas en la ley, con 46,3% por causal inviabilidad, 30,1% por riesgo vital y 23,6% de embarazos producto de violación. El 87,8% de los casos corresponde a atenciones en el sistema público y 12,2% al sistema privado.

Cabe resaltar que, del total de casos, 7,8% corresponde a niñas menores de 14 años y adolescentes de 14 a 17 años (184 niñas y 234 adolescentes). Y que en la causal violación, de 1.267 casos, 354 son niñas y adolescentes, es decir el 27,9%.

En el periodo se han observado obstáculos al adecuado cumplimiento de la ley, como la ausencia de campañas públicas sobre los derechos que protege, lo que dificulta a mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales contar con la información para exigir la atención que requieren. También se identifica debilidad en las capacitaciones a los equipos de salud, necesarias para que conozcan los derechos de las mujeres y niñas, y puedan acompañarlas en este proceso. Asimismo, la amplitud de la objeción de conciencia que se permite a parte de los equipos de salud -e incluso a instituciones privadas, bajo la figura denominada «objeción de conciencia institucional»- no garantiza debidamente la atención de mujeres y niñas en los establecimientos a que acuden.

Por ello, en mayo de este año el Ministerio de Salud presentó una propuesta de modificación al reglamento sobre objeción de conciencia, orientado a asegurar la atención de las pacientes, disponiendo que los establecimientos de salud, públicos y privados, «adoptarán todas las medidas necesarias para que el ejercicio de la objeción de conciencia no afecte de modo alguno el acceso, la calidad y la oportunidad de la prestación médica de interrupción del embarazo».

En la propuesta de modificación del reglamento sobre objeción de conciencia se consideran medidas para asegurar el acceso a la información sobre la ley IVE y a las atenciones de salud correspondientes, estableciendo disponibilidad de equipos no objetores, la reasignación y derivación, entre otras medidas.

Habiendo transcurrido 4 meses desde que el nuevo reglamento fuera ingresado a la Contraloría General de la República, esperamos conocer su pronunciamiento, confirmando que se ajusta a la ley y a las obligaciones internacionales sobre derechos humanos de mujeres y niñas, como asimismo a los derechos de profesionales de la salud.

A 7 años de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, contar con un nuevo reglamento sobre objeción de conciencia que asegure a todas las mujeres y niñas la atención que requieren, es una medida necesaria para resguardar y fortalecer los derechos consagrados en ella.

Por Camila Maturana, directora de Corporación Humanas.

Publicada en Radio Cooperativa el 27 de septiembre, 2024.-

La jornada de este viernes, las organizaciones Fundación Por el Derecho de Decidir y Corporación Humanas, acompañados por la senadora Claudia Pascual (PC) y la diputada Claudia Mix (FA), llegaron hasta Teatinos 56 en Santiago para entregar a Contraloría dos “téngase presente”, escritos que buscan complementar los argumentos a favor de la modificación al Reglamento de Objeción de Conciencia que el Ministerio de Salud elaboró en el contexto de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, destacando que esto respeta la legislación vigente.

El nuevo reglamento causó opiniones divididas por parte de exautoridades y parlamentarios, desde donde algunos los catalogaron como “inconstitucional” o “medida correcta”. El pasado 1 de julio la Conferencia Episcopal acudió a Contraloría para que este reglamento se declare inconstitucional.

Al respecto, según explicó Danitza Pérez, representante de Fundación Por el Derecho de Decidir, “todas las investigaciones después de siete años de implementación de esta norma han dado cuenta de barreras importantes de acceso para el ejercicio de este derecho, y que tienen principalmente dos foco: por una parte, la información que precisamente obtienen las mujeres a través de los servicios de salud en Internet y en otras plataformas, y también la disponibilidad de servicios”.

En esta línea, explicó, esta modificación presentada por el Minsal “viene precisamente a realizar cambios importantes en relación a cuestiones muy prácticas para las mujeres, que es poder contar con información suficiente, objetiva, concreta, y que permita acceder al servicio de salud, en este caso a la prestación en particular de interrupción voluntaria del embarazo, y otras cuestiones que tienen que ver precisamente con saber, por ejemplo, si el médico o la médica con la que yo estoy trabajando es objetora o no, y poder tomar decisiones al respecto. Ese es el objetivo”.

Asimismo, Elisa Walker, abogada de Sarmiento Walker y García, expresó que el reglamento lo que busca finalmente es “promover” que el Estado entregue servicios adecuados, eficientes, coordinados en torno al cumplimiento de la ley IVE.

“La ley es muy clara sobre esta materia: la objeción de conciencia se permite, pero eso no puede ser un obstáculo para que las mujeres sean atendidas y accedan a la interrupción del embarazo. Eso lo dice con claridad la ley 21.030 (…) también la ley de derechos y deberes de los pacientes, que regula el derecho de los pacientes de recibir un trato digno por parte de los médicos y también de los establecimientos de salud. Y también de esta forma se cumple con la establecido en el decreto que regula las facultades del Ministerio de Salud (…) venimos a apoyar esta iniciativa para que el proceso de toma de razón, la Contraloría reafirme su legalidad”, expresó.

Por su parte, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, destacó que de acuerdo al informe de Corporación Humanas de 2023, “45,8% de los obstetras de hospitales públicos se declaran objetores de conciencia para no atender a las mujeres y niñas embarazadas producto de violación. En uno de cada cuatro hospitales en Chile, más de dos tercios de los obstetras se declaran objetores de conciencia”.

Esto incluye, indicó, cuatro hospitales regionales y cinco hospitales en que todos los obstetras son objetores de conciencia.

“Esto evidentemente genera limitaciones para la atención de mujeres y niñas que este reglamento busca subsanar: se busca garantizar el acceso a la información que requieren las niñas y mujeres que puedan verse afectadas por alguna de las tres causales, se definen medidas para asegurar los turnos adecuados y especialmente para que todos los establecimientos públicos cuenten con un equipo no objetor que permita garantizar a todas las mujeres y niñas que tengan una atención de calidad digna y que no sean discriminadas por el lugar donde viven”, concluyó.

En la última década, unas mil denuncias de interrupciones del embarazo han llegado a la justicia. El Gobierno de Boric presentará en diciembre un proyecto que amplía la normativa actual, que lo permite desde 2017 en tres causales.

Una mujer que usó misoprostol para terminar un embarazo retratada en Santiago (Chile), en 2015.LUIS HIDALGO (AP)

El Gobierno de Gabriel Boric presentará el próximo diciembre un proyecto de ley de aborto legal a plazos. En las discusiones parlamentarias previas se ha hablado de 14 semanas, pero aún está por escribirse este nuevo intento para reconquistar un derecho que se penalizó en 1989, en el descuento de la dictadura de Augusto Pinochet. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defiende el impulso de la discusión pendiente argumentando que estaba en el programa de Gobierno y a la “extendida situación de clandestinidad” del uso de medicamentos para interrumpir el embarazo, como el misoprostol y la mifepristona, “con el peligro que ello conlleva y de manera de que no dependa del bolsillo el correcto uso de lo que la medicina que algo ha ido avanzando”, dice a EL PAIS.

Chile cuenta desde 2017 con tres excepciones al delito de abortar: que la vida de la madre esté en peligro, que exista inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación (hasta 12 semanas de gestación y hasta 14 semanas para menores de 14 años). La Administración de izquierdas no busca solo despenalizar el aborto, sino también garantizar una prestación para que la situación económica de la paciente no determine el correcto uso de los medicamentos o el acceso a la intervención quirúrgica. Como las niñas, adolescentes y mujeres que abortan hoy en el país sudamericano lo hacen en la clandestinidad, salvo en las tres causales, no hay cifras oficiales de cuántas interrupciones se realizan, pero las últimas que se conocen, según diversos estudios, hablan de 30.000 a 150.000 al año, que son las que maneja el Ejecutivo. Los datos tienen al menos una década, por lo que hay especialistas en el tema que creen que realmente el país está totalmente a ciegas.

El número de hospitalizaciones por embarazo terminado en aborto en 2023 fue 21.444, según el registro del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, dependiente de la subsecretaría del ministerio de Salud. De esos, poco más de 6.500 se deben a aborto retenido (detención del embarazo, aunque no se expulsa espontáneamente el embrión o el feto), seguido por aborto no especificado (5.080, que incluye complicación con infección genital y pelviana y hemorragia excesiva o tardía), aborto espontáneo (4.658) y embarazo ectópico (3.561, cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero). Solo cuatro figuran en la categoría de aborto fallido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el misoprostol es el medicamento más recomendado para practicar un aborto médico. El Instituto de Salud Pública chileno permite su uso solo para tratamientos de ultragástrica. “No tenemos las cifras exactas de su uso porque su venta es clandestina”, sostiene la ministra Orellana, “pero basta una leve pasada por internet para detectar la cantidad de lugares en los que se vende sin explicar el paso a paso. Su uso clandestino es algo que nos preocupa mucho”.

Efectivamente es fácil llegar al mercado negro. Los comercializan desde 72.000 pesos, unos 78 dólares (seis dosis para el periodo de cuatro a cinco semanas de gestación) hasta los 144.000 pesos, 157 dólares (12 dosis para las semanas 10 a 12). Pero comprado y usado en la ilegalidad, sin acompañamiento médico, se trata de procedimientos peligrosos, donde las mujeres se exponen a consecuencias inesperadas.

Además de los medicamentos, la ministra Orellana sostiene que “hay harto mal uso del Yuzpe”, un método que consiste en tomar varias pastillas anticonceptivas de uso diario, lo que supone la ingesta de dos tipos de hormonas (estrógenos y progestágenos), con importantes efectos secundarios. “También se utilizan vías más extremas como intentos de suicidio y en algunas zonas rurales todavía se reportan casos de uso de apio”, dice la ministra Orellana.

Camila Maturana, directora de la Corporación Humanas, un centro de estudios y acción política feminista, señala que las tres causales son muy restrictivas y que la mayoría interrumpe su embarazo fuera de la ley. “Esta ilegalidad afecta en mucho mayor medida a las jóvenes y adolescentes, a las mujeres pobres y a las migrantes. Las distintas situaciones de vulnerabilidad y discriminación que se entrecruzan en materia de derechos sexuales y reproductivos”, asegura.

En Chile no existe un solo órgano que unifique el número de causas judiciales vinculadas al aborto que ingresan por la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros. Según las cifras del Poder Judicial, citadas por La Tercera, en 2023 se abrieron 42 causas relacionadas a los abortos, en las que 19 correspondieron a mujeres que terminaron su embarazo de forma voluntaria por causales no reguladas. En base a una investigación en curso de la Corporación Miles, una ONG que defiende los derechos sexuales y reproductivos, en los últimos 10 años se han registrado al menos 1.000 denuncias, en las que en torno al 60% provinieron de profesionales de la salud, según los datos preliminares. Al menos tres han terminado en prisión. Para Javiera Canales, directora de Miles, la consecuencia de criminalizar el aborto no es únicamente terminar en la cárcel, sino toda la ruta: “Es la persecución y el trato de delincuente, con una firma mensual o semanal y eso impacta sus proyectos de vida y terminan marginadas de sus redes”.

El impacto de las tres causales

Después de décadas de lucha feminista, en septiembre de 2017 se promulgó en Chile la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (LIV), que regula la despenalización del aborto en tres causales. Hasta abril de este año, en total, se han efectuado 5.063 procedimientos (30% por riesgo vital de la madre, 47% por inviabilidad fetal y 23% por violación). Dadas las cifras que se manejan en el Gobierno en base a diferentes estudios realizados por diferentes instituciones –entre 30.000 y 150.000, un rango amplio justamente por la ilegalidad del procedimiento– la mayor parte de las interrupciones del embarazo se sigue realizando en Chile en forma clandestina.

La abogada Lidia Casas, directora del centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), ha investigado a fondo el funcionamiento de las tres causales y ha detectado problemas de acceso a la información, falta de capacitaciones a los profesionales involucrados y muchos casos de sobre-objeción de conciencia: “Hay un problema con lo que se ha denominado pseudo objeción de conciencia. Se declaran objetores por conveniencia personas que dicen ‘no me quiero meter en un lío’, ‘esto es un tramite, tengo suficiente trabajo’ y ‘qué tal si la mujer miente en el caso de la violación’. Tienes un conjunto de situaciones que no son el lenguaje de la extrema derecha sobre la protección de la vida sino la comodidad de los prestadores de salud”.

Cuando el Gobierno de Boric asumió en 2022, el ministerio de la Mujer junto con el de Salud inició la primera fiscalización en las 16 regiones del país sobre la aplicación de la LIV. En base a la información levantada presentaron un reglamento a la Contraloría la semana pasada para garantizar el derecho a la información de las pacientes respecto a la prestación de salud consagradas en la ley y la continuidad de la atención, independiente de los objetores de conciencia. Un estudio de la Corporación Humanas revela que al menos cinco hospitales públicos, todos de zonas rurales, son objetores institucionales de conciencia de facto, ya que no cuentan con profesionales disponibles para aplicar la ley. El reglamento busca que exista al menos un médico disponible en cada centro.

Una de las banderas de quienes están a favor del aborto legal es el creciente apoyo ciudadano a la idea. Diferentes sondeos arrojan que un 30% de los chilenos apoya una ley para interrumpir el embarazo sin causales. En la última Encuesta Nacional de Juventudes 2022, del Ministerio de Desarrollo Social, el porcentaje de mujeres jóvenes (de 15 a 29 años) que estaría dispuesta a realizarse o inducirse un aborto antes de la semana 12 de gestación escaló a un 37,1%, del 15% registrado en 2018. Bajo las tres causales retrocedió de 26,4% a 18,2% en esos cuatro años y bajo ninguna circunstancia disminuyó de 54,3% a 42,9%.

Casi uno de cada cinco encuestados (hombres y mujeres) dijo haber vivido una experiencia de embarazo no deseado. Un 3,1% de las jóvenes declararon haberse hecho o inducido un aborto: un 3,6% lo hizo bajo la causal de riesgo vital, un 4,0% indica por inviabilidad fetal, un 3,3% por violación y un contundente 83,2% lo realizó por una decisión personal.

Reportaje publicado en El País Chile el 09 de junio, 2024

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho desde su promulgación en 2017. Sin embargo, en el contexto de la aprobación de la Ley Corta de Isapres, surgen interrogantes sobre si la afiliación a la prestación de salud puede afectar el acceso a este derecho.

Cabe recordar que para optar a un aborto legal en Chile se deben cumplir con una de tres causales: cuando se encuentre en peligro la vida de la mujer, cuando hay inviabilidad fetal para sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo es causado por una violación.

Según la ley 21.030, las mujeres con Isapre pueden acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en servicios públicos y privados, ya que es un derecho universal. La diferencia es el costo del procedimiento, que depende del plan de salud elegido.

“Todas tenemos derecho a acceder a la IVE, ya sea en el sistema público o privado, sin importar nuestra afiliación a FONASA o ISAPRE”, expresan desde Observadoras Ley de Aborto Chile (OLA Chile).

Sin embargo, la objeción de conciencia se manifiesta como una barrera para su acceso, tal como reporta un informe de Corporación Humanas, que da cuenta que, en 1 de cada 4 establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación.

Noticia publicada por El Mostrador el 14 de mayo de 2024.-

Publicada el 27 de septiembre de 2017, esta ley fue valorada en el país y también a nivel internacional, pues durante casi 30 años se mantuvo vigente en Chile un estatuto jurídico estricto que criminalizaba a quienes decidían interrumpir su embarazo, sin excepción alguna, pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en orden a la despenalización del aborto y garantías de atención.

Si bien comparada con los avances alcanzados en otros países de la región -Argentina, Colombia, México y Uruguay-, la normativa chilena resulta limitada al referir sólo a tres causales, gracias a esta ley se han salvado las vidas de mujeres que se encontraban en riesgo, se ha resguardado su integridad física y psíquica frente a embarazos inviables y se ha protegido a niñas y mujeres víctimas de violación.

En los últimos años se ha consolidado el apoyo social a los derechos sexuales y reproductivos y a la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus proyectos de vida. De acuerdo a estudios de opinión pública, el 49% de las personas entrevistadas respalda el aborto en tres causales, el 30% está a favor en cualquier caso, mientras que 19% se manifiesta totalmente en contra. Es decir, casi el 80% apoya que las mujeres puedan decidir frente a sus embarazos (Encuesta CEP, julio 2023).

Pese a los numerosos argumentos que respaldan la ley vigente, y sin tomar en cuenta el apoyo ciudadano a esta normativa, las fuerzas políticas más conservadoras han emprendido una avanzada articulada y sostenida en contra de los derechos sexuales y reproductivos ya garantizados en nuestra legislación. Esto, a través de iniciativas legislativas que buscan debilitar e incluso derogar la regulación vigente sobre aborto en causales, así como propuestas constitucionales que favorecen la supresión de la ley actual y consagran de manera ilimitada la objeción de conciencia.

Estos eventuales retrocesos exigen reforzar la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, ya que las leyes restrictivas sobre interrupción voluntaria del embarazo las afectan de manera desproporcionada, en particular a aquellas que viven en situaciones de vulneración. A ello se suma la falta de información y educación sexual integral que impone barreras al ejercicio de sus derechos y obstaculiza la prevención de la violencia sexual. Observamos con preocupación cómo la agenda conservadora de la derecha se ha ido imponiendo en la propuesta de nueva Constitución, cuando esta debe ser un texto que busque la cohesión social y que proteja a todas las personas. Hoy más que nunca es imperante defender los avances alcanzados.

Columna de opinión de Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Publicada el 27 de septiembre en Cooperativa 

Aunque sólo han pasado tres meses desde la elección de quienes integran el Consejo Constitucional, el recuerdo de la franja electoral parece muy difuso. Atrás han quedado las promesas de solucionar los problemas de seguridad que hizo en ese momento el Partido Republicano y que contribuyeron a que sean mayoría en el Consejo, y con ello, a una alta visibilidad y conocimiento público de este partido.

Hoy estas promesas parecen haber sido un caballo de Troya utilizado para ingresar a los espacios institucionales y emprender así una arremetida en contra de derechos legalmente reconocidos, develando una agenda cuyas prioridades ponen en peligro la autonomía y la vida de las mujeres. Ya lo hicieron con las enmiendas presentadas por el partido en el proceso constitucional y recientemente  su presidente dobló la apuesta para el ámbito legislativo: “Cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales que creemos atenta a la vida”.

Esta propuesta contrasta con la opinión que la mayoría de las personas manifiesta en relación al tema. En la encuesta publicada recientemente por el Centro de Estudios Públicos, apenas un 19% de las personas se manifiesta en contra del aborto en cualquier caso, un 49% señala que debe estar permitido sólo en situaciones  especiales y se triplicó el porcentaje de quienes indican que debe ser una opción para las mujeres en cualquier circunstancia , alcanzando un 30%. Es decir, sumando las dos últimas alternativas, casi un 80% de quienes viven en Chile consideran que las mujeres tienen el derecho de decidir respecto de sus cuerpos y sus embarazos.

La postura del Partido Republicano respecto de la ley de interrupción del embarazo en tres causales debe poner en alerta no sólo a los movimientos feministas y de mujeres, sino a una sociedad completa que se pronuncia de manera consistente en favor de estos avances. Si no queremos enfrentarnos a retrocesos tan dramáticos como lo vivido en Estados Unidos con la derogación, a 50 años de su dictación, del fallo de la Corte Suprema que permitía a las mujeres abortar de manera legal, es momento de tomarnos en serio la irrupción de sectores ultraconservadores que buscan activamente despojarnos de los derechos que nos han sido reconocidos y asumir que esto es una posibilidad cierta si no tomamos la responsabilidad de impedirlo.

En escenarios como el actual, en que el tema de la seguridad acapara la conversación, no es de extrañar que se dejen de lado cuestiones que, siendo también prioritarias, parecen menos apremiantes precisamente por encontrarse garantizadas en la ley. Sin embargo, antes de que sea demasiado tarde y se instale en el Congreso una mayoría conservadora que impulse retrocesos significativos para los derechos de las mujeres y que son además valorados por la población, es necesario tomar conciencia de una realidad alarmante: el objetivo de derogar la ley de aborto en tres causales se traduce, en palabras sencillas, en la intención de perseguir, criminalizar y encarcelar a las niñas y mujeres que decidan interrumpir  su embarazo si han sido violadas, cuando su vida corra peligro o cuando la vida del feto sea inviable. La promesa, finalmente, es condenar a esas mujeres a abortar de manera clandestina e insegura.

Por Luz Reidel Wagner, abogada de Corporación Humanas en diario electrónico de Radio Universidad de Chile 

Santiago 01 de agosto, 2023

La actual Constitución asegura el derecho a la vida y mandata a la ley a proteger la vida del que está por nacer. Si bien esta disposición se invocó como un obstáculo para introducir modificaciones que permitieran la interrupción voluntaria del embarazo, en el año 2017 el Tribunal Constitucional despejó toda duda al señalar que la protección del no nacido no debe redundar en una desprotección ni sobreprotección a la persona de la mujer gestante, en tanto que el feto o embrión no tiene el mismo estatus y, por tanto, no le asisten los derechos que la Constitución reconoce a todas las personas. Gracias a ello entró en vigencia la ley que, si bien no soluciona del todo la vulneración de derechos que significa para las mujeres la criminalización del aborto, ha permitido desde su entrada en vigencia que miles hayan accedido a este procedimiento de manera segura.

Hoy, la protección del no nacido, la forma que ésta adopte, su estatus legal y las consecuencias para la vida y los derechos de niñas, adolescentes y mujeres se han convertido en un terreno de disputa en el proceso constitucional. El anteproyecto aprobado por la Comisión Experta, con representación de todos los sectores políticos, propone asegurar a todas las personas el derecho a la vida, sin otra mención adicional. Mientras que las bancadas de oposición del Consejo Constitucional proponen enmiendas que apuntan a explicitar la protección del que está por nacer, un matiz que es relevante para la autonomía reproductiva de las mujeres y para la subsistencia de la ley 21.030.

La propuesta, además de regresiva, contradice lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y también lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano autorizado para la interpretación de los tratados de Derechos Humanos suscritos por Chile, que al interpretar el artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos (frecuentemente aludida para justificar normas como la que se pretende introducir al texto constitucional) es categórica al señalar que la protección de la vida prenatal es gradual e incremental –y no absoluta– de la vida prenatal y que el embrión no puede ser entendido como persona (caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica).

Ya conocemos retrocesos en materia de derechos de las mujeres en nuestra historia. Mientras que un presidente democristiano, Eduardo Frei Montalva, fue quien impulsó la distribución de anticonceptivos y la modificación del Código Sanitario para facilitar el acceso al aborto terapéutico que existía desde 1931 en nuestro país, la dictadura introdujo medidas restrictivas a distintos niveles para retroceder en derechos de las mujeres: primero a nivel constitucional con el mandato de protección legal del que está por nacer, y luego con la modificación al Código Sanitario que prohibió completamente la interrupción del embarazo.

En cualquier democracia que se precie de serlo, escribir una nueva Constitución debe ser una oportunidad para reconocer y garantizar derechos a todas y todos. Que el nuevo texto constitucional obstaculice o intente retroceder en logros legales tan importantes como la ley de interrupción voluntaria del embarazo es algo inadmisible para una sociedad democrática como la nuestra, pues pone en peligro no sólo la autonomía de las mujeres, sino también derechos tan básicos como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física y psicológica.