Lo primero es asumir el escenario sin resignarse: cuando el contexto se vuelve más adverso, cambia el ritmo, no el horizonte. Ese es un punto clave para leer el 2025 y proyectar el 2026 en la agenda de derechos humanos de las mujeres.

El balance del año es ambivalente. Por una parte, se abrieron debates largamente postergados -como el aborto legal por plazos y el derecho al cuidado-, lo que constituye un avance democrático relevante. Por otra parte, el clima político se endureció y las agendas de seguridad y orden tendieron a desplazar los derechos, presentándolos como secundarios o prescindibles. El principal desafío fue sostener que los derechos humanos de las mujeres no son un tema sectorial ni identitario, sino un piso básico de cualquier democracia. El avance, aunque parcial, fue que la conversación pública no se apagó: se mantuvo anclada en evidencia, estándares de derechos humanos y exigencia de responsabilidad estatal.

Uno de los grandes pendientes del año fue el estancamiento en participación política y paridad. No se trata de un problema técnico, sino político. Los diagnósticos y propuestas existen desde hace años; lo que falta es voluntad para modificar reglas que redistribuyen poder, financiamiento y acceso real a espacios de decisión. En un año electoral, muchas decisiones se volvieron defensivas y lo estructural volvió a postergarse. El mensaje es preocupante: sin cambios en las reglas, la igualdad queda librada a la excepción y no a la garantía.

En 2025 se presentó finalmente el proyecto de ley de aborto legal por plazos, abriendo una conversación social y legislativa ineludible. El debate continúa en el Congreso, marcado por intentos de frenar, dilatar o vaciar el contenido de la iniciativa. Por eso será clave sostenerlo con información rigurosa, evidencia comparada y un enfoque de derechos humanos y de salud pública. El rol de las organizaciones es vigilar el proceso legislativo, enfrentar la desinformación y recordar que no basta con una ley si no existen condiciones reales de acceso en el sistema de salud.

La insistencia en los datos -especialmente en materia de violencia contra las mujeres- sigue siendo una herramienta de justicia. No es lo mismo saber que la violencia existe que demostrar cómo opera, a quiénes afecta más y dónde fallan las instituciones. La evidencia permite exigir metas, presupuesto y rendición de cuentas, y protege el debate público frente a la negación y la manipulación.

El derecho a cuidar y ser cuidados marcó también un cambio de paradigma. Avanzar hacia una sociedad del cuidado implica reconocer que el cuidado no es un asunto privado ni exclusivamente femenino, sino una responsabilidad pública y un estándar de derechos humanos. Redistribuir el cuidado es redistribuir oportunidades y profundizar la democracia.

Entramos a 2026 con un escenario político más adverso. La estrategia debe ajustarse sin abandonar el horizonte: mayor vigilancia institucional y presupuestaria, alianzas amplias, pedagogía pública basada en evidencia y una defensa persistente del sentido común democrático. El desafío es claro: que los retrocesos no se normalicen y que los derechos de las mujeres sigan siendo una exigencia central de la democracia.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna de Opinión publicada en Radio Universidad de Chile, 22 de diciembre 2025

A días de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la discusión en Chile se cruza con los esfuerzos por avanzar en el Congreso Nacional del proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. En este escenario, las voces de expertas feministas ponen sobre la mesa no solo las implicancias legales, sino también el trasfondo social, sanitario y cultural.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia de Corporación Humanas, subraya la importancia de que el gobierno haya dado inicio a esta discusión, pese al retraso respecto a lo prometido en la Cuenta Pública de 2024.

En vísperas de un nuevo ciclo electoral, la experta hizo un llamado claro a los aspirante a La Moneda y al Congreso Nacional: “Sería ideal que los candidatos, tanto presidenciales como parlamentarios, pudieran tomar conciencia de cuál es la relevancia que tienen los derechos sexuales y reproductivos. No es un tema menor, tiene un apoyo ciudadano importante y Chile está más que preparado para hacer este debate sin sesgos ideológicos”.

Así, defendió que el proyecto de aborto del Gobierno debe seguir avanzando y no sufrir contratiempos o restricciones dependiendo del sector político que gane la elección de noviembre. “Es bueno que el debate del aborto haga reflexionar a los tomadores de decisión respecto a qué violencia están sufriendo las mujeres embarazadas”, señaló.

Aborto como política pública, no imposición ideológica

“Nos parece muy importante que se inicie este debate. El año 2018 avanzamos en despenalizar en tres causales el aborto y la idea es que podamos ir avanzando hacia una despenalización social y una legalización del aborto por plazo en el mediano y largo plazo. Las organizaciones de la sociedad civil sabemos que puede ser un tema incómodo, Chile ha demostrado cierto conservadurismo respecto a temas que pueden tocar lo valórico”, expuso al ser consultada.

El debate sobre el aborto, enfatizó Bartolotti, no puede reducirse a una agenda exclusiva de los movimientos feministas ni a ninguna mirada netamente ideológica. “Detrás de la demanda del aborto, no solamente hay una demanda feminista, sino que también está directamente relacionado con el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, también con la reparación ante la violencia en el caso de mujeres que sufren embarazos producto de violación”, postuló.

“Acá no se le está imponiendo a nadie hacer abortos ni a un profesional de salud que vaya en contra de sus creencias religiosas. Lo que queremos es que se garantice sin discriminación el acceso a una prestación de salud que lamentablemente en Chile está en el Código Penal”, argumentó, agregando que nuestro país “es bastante conservador en su reglamentación del aborto”.

Una realidad social que requiere urgencia

“El debate en torno al aborto tiene un trasfondo mucho más importante detrás, que tiene que ver con el acceso a las políticas públicas sexuales y reproductivas. Y también tiene que ver con las maternidades deseadas y con qué sociedad de cuidados queremos crear”, complementó al respecto Bartolotti.

La experta insistió en que el aborto debe ser abordado como una política pública de salud. “No estamos hablando de un tema de nicho, sino que estamos hablando de una realidad social que viven muchas mujeres. Que en estos momentos no tienen las condiciones socioeconómicas, físicas, de salud, para continuar un embarazo, y el Estado no puede obligarlas a continuar un embarazo que vaya a perjudicar tanto sus proyectos de vida, su salud, etc. Y que todas tengan el derecho a decidir y recibir sobre todo una atención de salud digna”, recalcó Bartolotti.

Los casos recientes de fallas en anticonceptivos entregados por el sistema público, que derivaron en embarazos no deseados, son ejemplo de cómo la precariedad institucional golpea directamente a las mujeres. Por ello, Bartolotti remarcó la importancia del aborto como política para solucionar problemas de salud pública.

“La idea es que las mujeres que van a abortar, y que lo van a hacer de cualquier forma, no sean estafadas con pastillas falsas. Que puedan recurrir a un servicio médico en caso de una emergencia sin que las criminalicen, sin que las vayan a denunciar por un delito. Asimismo, desde el punto de vista de la actual ley de tres causales, es muy exigente respecto a hacer un aborto por la situación de riesgo vital de la madre. O sea, la mujer tiene que estar prácticamente al borde de la muerte para que haya un aborto”, sostuvo la experta.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile, 25 de septiembre 2025.-

Revisa el reportaje completo realizado por 24 horas.

En una carta dirigida al presidente de la Comisión, diputado Patricio Rosas, y a sus integrantes, y con copia a las ministras de Salud, de la Mujer y la Equidad de Género, y Secretaría General de la Presidencia, las organizaciones enfatizan la necesidad de avanzar hacia un marco legal que garantice el acceso al aborto hasta las 14 semanas de gestación de forma oportuna, informada, legal y segura.

“El actual sistema de tres causales, si bien representó un avance, no responde a la totalidad de situaciones que enfrentan las mujeres y niñas, dejándolas expuestas a riesgos sanitarios, criminalización y múltiples vulneraciones a sus derechos”, señalan.

Las firmantes demandan que el debate legislativo incorpore evidencia científica, los estándares internacionales de derechos humanos y la participación de expertos/as y organizaciones con trayectoria en salud pública y derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, destacan que esta discusión debe reconocer el aborto como un asunto de salud pública, justicia social y autonomía.

“El Estado tiene la obligación de remover las barreras que impiden a mujeres y niñas desarrollar plenamente sus proyectos de vida y decidir sobre su maternidad”, agregan, solicitando a la Comisión de Salud garantizar un debate plural, informado y respetuoso.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Corporación Humanas, Corporación Miles, Asamblea por el Derecho a Decidir, Médicas Feministas Chile (MEDIFEM), ABOFEM, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, APROFA, Amnistía Internacional Chile,, entre otras.

El proyecto de ley de aborto legal por plazos, ingresado recientemente al Congreso, representa una oportunidad histórica para saldar una deuda pendiente con la salud y los derechos reproductivos en el país.

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