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Debate sobre aborto en Chile: desinformación y los marcos que frenan la ley

Fabiola Gutierrez — Mon, 12 Jan 2026 15:14:27 +0000

El informe “Hablemos de aborto en Chile: narrativas, tensiones y sentidos del debate público (2024-2025)” analiza cómo los medios de comunicación y distintos actores/as políticas han construido marcos argumentativos que, lejos de situar el debate en la salud pública y la autonomía de las mujeres, recurren a apelaciones moralistas, religiosas y a la desinformación para deslegitimar la necesidad de garantizar un acceso seguro al aborto. Estas estrategias discursivas no sólo obstaculizan el avance legislativo, sino que también impiden el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes.

El estudio, basado en un análisis cualitativo de más de sesenta noticias y en el seguimiento del debate en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, identifica patrones narrativos que contribuyen a invisibilizar las experiencias y necesidades reales de las mujeres. Entre ellos destacan la reproducción de mitos, la priorización de prejuicios por sobre la evidencia científica y la minimización de las problemáticas asociadas a embarazos no deseados y a la salud reproductiva.

El informe advierte sobre el riesgo de que la agenda pública continúe postergando temas que son centrales para la autonomía, por la justicia social y el ejercicio de derechos, reforzando una discusión moralizada que se aleja de estándares internacionales y del enfoque de derechos humanos.

Revisa el informe completo aquí

Aborto por violación: objetores de conciencia se mantienen sobre 41% en hospitales públicos

Fabiola Gutierrez — Wed, 25 Jun 2025 20:55:34 +0000

Los objetores de conciencia por la tercera causal siguen casi igual desde que se promulgó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2017, según un estudio de la Corporación Humanas al que tuvo acceso en exclusiva Informe Especial. No sólo complica la cantidad, sino que también su distribución; de hecho, existen tres recintos asistenciales donde actualmente nadie está dispuesto a realizar un aborto por violación. En efecto, las complejidades de la implementación de la normativa siguen: decenas de testimonios relatan falta de información o actitudes que obstruyen el cumplimiento de la norma, e incluso malos tratos de los funcionarios en un momento de total vulneración. Recién en mayo el gobierno modificó el reglamento, hecho que miran con esperanza organizaciones civiles y expertos.

“Me sentí muy cuestionada, incluso me preguntó por qué no tomaba pastillas para evitar quedar embarazada producto de esta violación. Fue horrible, me sentí muy mal, me hicieron sentir que estaba mintiendo, también me mostraron el monitor del ecógrafo, yo no quería ver nada. Nadie me preguntó”.

Testimonio anónimo consignado en el Informe Anual 2023 de OLA.

A casi ocho años de la promulgación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, según datos que la Corporación Humanas analizó —y a los que Informe Especial tuvo acceso exclusivo— los médicos objetores de conciencia se mantienen sobre el 41% en casos de violación, lo que afectaría directamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo consignada en la Ley 21.030.

Pero no solo eso, las cifras dan cuenta de una distribución territorial de los objetores de conciencia —sobre todo médicos en la causal de violación— que genera desigualdad para las mujeres que quieran recurrir a las garantías de la ley. En las regiones de O’Higgins, Maule, Los Lagos y Tarapacá, más de la mitad de los obstetras se declaran como objetores de conciencia en los hospitales públicos del país. Incluso, en tres de estos establecimientos, el 100% de sus médicos no realizan abortos a mujeres embarazadas producto de una violación.

Hasta aquí, este podría ser perfectamente un reportaje antiguo o reciclado, pero las cifras no han cambiado mucho a través de los años. Lamentablemente, los datos recientes reflejan persistentes problemas de acceso a las garantías de la ley, fundamentalmente asociados a la falta de personal de salud, derivaciones oportunas y entrega de información clara y correcta para las mujeres. A ello se suman conductas culturales que ponen en tela de juicio —por ejemplo— los relatos de las mujeres y niñas que han sido violadas.

“En la medida en que no se toman acciones concretas para hacernos cargo de los obstáculos que venimos viendo desde la implementación de la ley, lo más probable es que no cambie la tendencia», dice la abogada Constanza Schonhaut, Directora Ejecutiva de Corporación Humanas.

Según explica, la tasa de objetores de conciencia en la causal de violación se ha mantenido estable en el caso de los médicos obstetras. A su parecer, se debe a una “carga valórica que muchas veces se le otorga al aborto en general (…) creo que también tiene que ver con un grado de estigmatización y con, digamos, matizar lo que está detrás de ese embarazo, que es un acto de violencia sexual”. La abogada sostiene que “el hecho que no baje la tasa de objetores en la causal de violación nos habla de que es un problema más bien estructural del sistema y no es solo un asunto circunstancial; es decir, no es que un año suba, el otro baje”.

Obstructores de derechos

Para Milena Meza, del Observatorio Ley de Aborto (OLA), la gran cantidad de objetores de conciencia en hospitales públicos que reporta el informe de Corporación Humanas es simplemente “aberrante” y apunta a otro nudo crítico: los obstructores de derechos.

“Para nosotras es incomprensible sobre todo cuando nos ha tocado acompañar a menores de edad, chicas de 12 años que han sido rechazadas en el sistema público de salud chileno, por ejemplo, porque pasan incluso los límites gestacionales y ahí podrían entrar en la causal 1, pero tampoco podemos lograr constituir en esos casos porque existe esta enorme presencia de objetores de conciencia, pero también un montón de obstructores de derechos que no firman nada, que no están obligados a decirlo, que ni siquiera saben que son obstructores de derechos y que no les entregan a las mujeres y niñas la información adecuada”.

Pero no todo ha sido deficiencia en estos ocho años de implementación de la ley. Las organizaciones civiles reconocen que se ha avanzado en ciertos aspectos: por ejemplo, facultativas que estudian el tema a fondo y ayudan a las mujeres a que se acerquen a los hospitales.

“Hay una maduración del sistema, de la institucionalidad en la aplicación de esto. Y creo que en materia social y política es algo que ha permitido sentar bases para solo mejorar y no retroceder”, indican desde Corporación Humanas.

En mayo de este 2025, la Contraloría tomó razón de modificaciones realizadas al reglamento de objeción de conciencia. La Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, comentó a Informe Especial que desde ahora los establecimientos de salud públicos y privados deberán informar sobre los derechos establecidos en la ley de tres causales, incluido el derecho a saber desde la primera atención si el médico es objetor o no. El reglamento, además, incluye el favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución global de los turnos médicos.

Obstetras: los más objetores

De acuerdo al último informe de Corporación Humanas, al que Informe Especial tuvo acceso exclusivo, la violación es la causal de la ley IVE que registra más objetores de conciencia en el país a marzo de 2024. El dato no es aislado, puesto que según el análisis que ha hecho la organización desde 2018, siempre la causal 3 es la que concentra más funcionarios objetores de conciencia.

Los/as obstetras son quienes presentan la mayor tasa de objeción, seguidos por anestesistas, técnicos/as paramédicos y profesionales no médicos.

A lo largo de los años, los obstetras objetores en el sistema público han disminuido algunos puntos porcentuales, pero siempre se ha mantenido sobre el 40%; incluso llegó a más de la mitad en 2019.

“Analizando todo el periodo desde la entrada en vigencia de la ley, se identifica una sostenida alta tasa de médicos/as obstetras que se acogen a la objeción de conciencia en la causal de violación. Cada año, más del 40% de los/as obstetras se han declarado objetores frente a esta causal, alcanzando un peak del 50,5% en 2019 y con una leve disminución hacia 2024 (41,6%), revelando un patrón estructural, y no meramente circunstancial”, describe el informe de Corporación Humanas.

En contraste, las otras causales de inviabilidad fetal y riesgo vital de la madre “presentan niveles significativamente más bajos de objeción”.

Sistema permisivo

“El problema es que en un sistema tan permisivo como el nuestro para declarar objetores de conciencia, es difícil identificar cuáles son las razones específicas que se están invocando detrás. La objeción de conciencia es un derecho que deriva de la libertad de conciencia, religión y pensamiento, pero que tiene que estar estrictamente regulado para evitar precisamente que afecte los derechos de otras personas. Como en nuestro país no tenemos un mecanismo estricto para aquello, uno podría decir: ‘Claro, hay un porcentaje alto de profesionales en el tiempo que mantiene una opción religiosa, de pensamiento, etcétera’; pero también podría ser, por ejemplo, que no hay suficiente formación del personal de salud para poder realizar estas intervenciones, o falta de conocimiento respecto a los estándares internacionales y a la aplicación de la ley o, incluso —y esto lo voy a poner solo en el marco de la suposición— que también puede tener que ver con más bien decisiones por conveniencia, para evitar carga laboral, para evitar conflictos institucionales, para evitar a veces incluso estigmatización externa”, indica la abogada de Corporación Humanas.

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada Urzúa, reconoce: «No sé si hemos hecho tanto, tanto, tanto trabajo como debiéramos, pero lo que tiene también una bajada compleja, que es qué trabajo debiéramos hacer». La doctora cree que es posible que para los médicos hoy en dia ser objetor de conciencia sea más fácil.

«Significa como ir en contra de lo que la mayor parte de ellos piensan, significa abrirme un espacio en que tengo que hacer varias disquisiciones que dependen de la edad de la mujer, ver si voy a denunciar o no, meterme con leyes, el abogado; o sea, son todas cosas que finalmente en la práctica ocurren y que probablemente hoy día están incentivando que sea más fácil ser objetor que ser no objetor», dice.

«Ninguna de esas cosas me parece defendible en el sentido de lo que está al otro lado, porque me parece claramente una barrera de las mujeres de acceder sobre todo en una causal que es súper dramática y, por lo tanto, ahí yo creo que tenemos un espacio pendiente de acción que tenemos que hacer en conjunto con la sociedad científica, con la sociedad de obstetricia y ginecología y nosotros como colegio. Entrar en un espacio en que efectivamente los médicos tengan más conocimiento», sentencia.

De acuerdo con datos entregados por el Ministerio de Salud, a junio de este año ha habido 6.249 mujeres que se acogieron a la Ley IVE desde que se promulgó, y —de ellas— el 85% decidió interrumpir el embarazo. La inviabilidad fetal es la causal que concentra más casos (2.309), luego está el riesgo de la vida de la madre (1.568) y en tercer lugar están los casos de violación (1.447). De estos últimos, 338 eran menores de 18 años, de los cuales el 47% tenía menos de 14 años.

“Eso nos habla de una realidad de violencia sexual hacia niñas y adolescentes, donde esta alta tasa de objetores es un problema estructural para el acceso, está teniendo un impacto importante para niñas y adolescentes”, enfatiza Constanza Schonhaut.

Los otros nudos críticos

«Llegué a la urgencia ginecológica y hablé para poder acogerme a la ley 21.030, a lo cual me ingresaron para esperar mi turno de llamado. Consideré que las personas que me atendían en ese momento me dieron respeto y cierta confidencialidad, aparte me informaron sobre la ley. Desconozco si había presencia de objetores de conciencia.

Siento que, en si, el equipo IVE no puso en duda mi relato, pero sí la doctora que habló con ellos dio a entender que mi enfermedad no era tan grave para interrumpir el embarazo y que esperaría hasta que mi enfermedad se agravara para hacer algo.

No duden en irse del lugar si se sienten incómodas o si las hacen sentir inseguras de la decisión que tomen, porque algunas doctoras o personas buscarán persuadir la decisión y que tengan harto tiempo para ir a acogerse por la ley, porque el hospital no las tomará como urgencia y podrán estar horas ahí esperando. Traten de llevar cargador, algo para comer y cosas que las hagan despegarse de la situación”.

Testimonio anónimo de causal 1, entregado a Informe Especial.

En el Observatorio Ley Aborto (OLA) tienen claro los muchos obstáculos que existen actualmente para acceder al aborto en tres causales: “Información falsa es lo que más se repite. Como esta cosa de mandarlas a Carabineros, eso también ha pasado en los hospitales; también la dilación en los tiempos de la causal 1 (riesgo vital de la madre), esperar que ella se agrave. Lo han dicho literal: ‘usted se tiene que estar muriendo para que nosotros la atendamos’”.

“El tema de las derivaciones, de los plazos, del pimponeo. Muchas veces mujeres que terminan diciendo ‘no puedo ser más parte de esto’”, agrega Schonhaut como una barrera transversal a todas las causales.

La psicóloga Pamela Labatut, del Centro Especializado en duelo gestacional “Duelo y Arcoíris”, plantea en este punto un factor importante: las consecuencias en la salud mental de las demoras del proceso en mujeres que se acogen a la causal 1 y 2, donde muchas de ellas estaban embarazadas de un hijo deseado e incluso planificado.

“A veces el proceso se demora más de lo que la mamá quisiera, justamente por esta parte más de trámite. Y la mamá no quiere seguirse vinculando tanto, porque sabe que lo va a pasar mal. Entonces eso también se vive como una tortura. Como independiente de que tiene estos sentimientos ambivalentes, que son como súper transversales; o sea, lo amo, pero no quiero que se vaya, pero en verdad sí, y ojalá fuera hoy día, porque mañana no sé cómo me voy a sentir. Mañana puede que me duela un montón. Entonces muchas veces a mí me han pasado tanto como intervenciones muy rápidas, como intervenciones que se han demorado dos, tres semanas, un mes, y la mamá está como sintiendo que está esperando para cuando le digan que puede entonces interrumpir su embarazo. Y eso también es súper complejo”, indica.

“Me ha tocado acompañar varias mujeres que es lamentable, pero el diagnóstico no es siempre a tiempo. Entonces falta un montón de trabajo ahí entre los profesionales médicos, y ahí me dirijo directamente, porque no esperemos, y nos ha pasado, como ‘esperemos dos semanas para…’, pero dos semanas en un contexto así es inaceptable; por distintos motivos, pero lo principal, salud mental de la mamá”, agrega su compañera de equipo Stephanie Galán.

En la Corporación Humanas también identifican la falta de información para las usuarias, debilitando la opción a que ellas pidan sus derechos, como por ejemplo “poder exigir y tener claridad de cómo operan los tiempos, de cómo opera el procedimiento y por tanto de lo que yo puedo exigir o no. Cuando esa información no está tan disponible o no hay un ejercicio activo para informar, entonces también se empiezan a generar barreras por omisión”.

Miedo al agresor

Otro de los obstáculos que describen desde las organizaciones sociales es el “miedo al agresor” cuando se trata de mujeres que han sido violadas.

“El miedo al agresor es, yo estoy en causal 3, pero yo no voy a denunciar. El 93% de las causales 3 que nosotros acompañamos, el 2023 decidió no hacer la denuncia. En las menores de edad, las denuncias son obligatorias para el jefe del servicio de salud. Entonces, imagínate tú una niña que sabe que está en causal 3 y se comunica con nosotras, por cierto que le damos la información, la denuncia va. Tú eres una menor de edad, el Estado tiene la obligación de protegerte. Y ahí las chicas dicen: ‘No, es mi tío, estás loca, yo eso no lo voy a hacer’. ‘No, es mi amigo’; ‘no, es mi compañero de trabajo’; ‘es mi patrón, ¿estás loca?’”, comenta Milena Meza de OLA.

En efecto, la ley establece que para las mujeres menores de 18 años que han sido violadas y se quieren acoger al aborto, los jefes de establecimientos hospitalarios deberán denunciar de oficio el delito de violación, según lo estipula el Código Penal, así como notificar Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

En tanto, si la víctima es mayor de 18 años podrá decidir si denunciar o no; de no hacerlo, los jefes de establecimientos hospitalarios deberán poner en conocimiento al Ministerio Público del delito.

“El hecho de que haya una obligación de denuncia en la causal de violación es disuasivo, para poder acceder a esa causal. Muchas mujeres no van a ejercer la tercera causal porque no quieren hacer la denuncia, por lo que les pueda pasar. Sabemos que la tercera causal es mayormente invocada por menores de edad, y que las causas de violencia sexual en menores generalmente son dentro del aspecto familiar, entonces está permaneciendo una dinámica que pareciera no querer verse, pero que efectivamente hoy día es un disuasivo de denuncia”, coinciden en Corporación Humanas.

La sensibilidad y empatía con que se tratan estos casos también pareciera estar al debe en el servicio público. Milena Meza relata que el 75% de las mujeres que pidieron el acompañamiento de OLA en 2023 deciden no acudir al hospital estando en una causal. “Tú les preguntas cuál es la razón y la razón que más se repite es miedo al servicio de salud; específicamente miedo a ser cuestionada, miedo a que no me crean en el caso de las violaciones”.

“La chica me hizo pasar a su oficina y me preguntó si efectivamente estaba embarazada y si estaba segura de que era una causal 3. Le dije que sí y luego me preguntó si había sido una violacion o un abuso. Me dijo que los abusos eran otra cosa, entonces tuve que repetirle y le dije por cuarta vez que si era una causal 3”.

Testimonio anónimo consignado en el Informe Anual 2023 de OLA.

Huellas de por vida

La negación que recibió Fernanda Sandoval para acceder a la Ley IVE ocurrió hace casi 8 años, pero las consecuencias en su vida y en la de sus familiares se sienten hasta el día de hoy, comprobando que una mala praxis en torno a la ley de aborto en tres causales puede dejar huellas demasiado profundas.

El 6 de abril de 2018, Fernanda cuenta que llegó al hospital embarazada de 16 semanas y con hemorragia y fuertes dolores en la zona del bajo vientre. Allí le tomaron varios exámenes, los que reflejaron que el embrión se estaba desprendiendo y además ella padecía de una infección. Horas después comenzó a perder líquido amniótico y le informaron que el feto aún tenía latidos en el corazón, por lo tanto solo debía esperar expulsarlo de manera natural.

Considerando el panorama y teniendo ya una hija de cuatro años, Fernanda pidió la interrupción voluntaria del embarazo por la causal 1, pero el médico que en ese momento la trataba le expresó que es objetor de conciencia y que no puede hacerle el procedimiento. Sin embargo, tampoco le entregó más información ni la derivó a otro profesional que no fuese objetor.

Pasó una pésima noche con muchos dolores y fiebre. Al otro día, el siguiente turno le comunicó que sí catalogaba para la Ley IVE y, por tanto, le harían el procedimiento. Asegura que le administraron la primera parte del medicamento, pero la situación se volvió a complicar cuando en un nuevo cambio de turno volvió al cuidado de un objetor de conciencia y se negaron a continuar con la intervención.

Desde el Centro Especializado en duelo gestacional “Duelo y Arcoíris”, la matrona y terapeuta Stephanie Galán señala que “esta ley garantiza que al menos un equipo oportuno tiene que no ser objetor de conciencia; es decir, no puede haber un recinto hospitalario de atención de salud que no cuente con alguien que pueda realizar un procedimiento. Es tremendo, porque en el fondo se administran medicamentos y después no, y esto me imagino rodeado de un juicio también, probablemente transmitido”.

Galán afirma que el relato de Fernanda no es el único y que “es lamentable, pero todavía seguimos recibiendo este tipo de experiencia. Evidentemente, complejizan la elaboración de cualquier duelo posterior”.

De hecho, para Fernanda el camino posterior ha sido complejo. Tuvo dos pérdidas y un hijo que nació en medio de cuadros depresivos, con quien además desarrolló un vínculo ansioso, una preocupación extrema por comprobar que el niño estaba vivo.

Fernanda se trasladó con su familia a otra región, y entre las razones de esa decisión, sin duda, estuvieron los malos momentos vividos en Quilpué.

“Esta mala praxis es derechamente experimentada como una violencia obstétrica. Me refiero a que los problemas de salud mental, como en este caso, el poder que puede tener un equipo de salud en influir en la salud mental de por vida de una mujer. O sea, lo mínimo que le puede pasar es que ella tenga un vínculo (con su hijo) mediado por una ansiedad que tiene justa relación con un estrés postraumático gigante, que probablemente no se pudo tratar bien. El cómo ella es hoy con su bebé es producto de toda esta historia y lo que hay que hacer ahí es acompañarla y ayudarla a sanar, porque muchas veces, además, se le juzga a esta mamá por ser demasiado aprensiva”, afirma la psicóloga Pamela Labatut del centro de duelo perinatal.

Con todo, Fernanda interpuso una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio, mala praxis y daño moral en contra del hospital. Este 2025, en tanto, se dictó la sentencia en primera instancia que declaró prescrita la causa.

Desigualdad territorial

La falta de médicos obstetras que puedan atender a una paciente que requiere de la Ley IVE, sobre todo en caso de un embarazo producto de una violación, es transversal en todo el país; pero afecta a unas zonas más que otras.

El reporte de Corporación Humanas advierte que las regiones más afectadas son O’Higgins, Maule y Los Lagos.

“Si bien todas las regiones del país registran profesionales objetores/as en las tres causales, preocupa especialmente la situación en cuatro de ellas —O’Higgins (68,9%), Maule (60,0%), Los Lagos (58,1%) y Tarapacá (50,0%)— donde más de la mitad de los obstetras se acoge a la objeción de conciencia en la causal de violación. Estas cifras refuerzan la existencia de una profunda desigualdad territorial en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la tercera causal, vulnerando el principio de equidad y la atención oportuna, segura y conforme a la ley.”

El informe indica que “la falta de control, fundamentación o redistribución de funciones en estos casos evidencia la urgencia de una revisión normativa que priorice el acceso efectivo a la atención, garantizando el cumplimiento de la ley”.

Al respecto, en mayo pasado la Contraloría General de la República tomó razón de modificaciones realizadas al reglamento de objeción de conciencia que regula la correcta aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Hospitales al debe

De toda la información recopilada por Corporación Humanas, 14 hospitales públicos que están habilitados para realizar interrupciones del embarazo tienen más de dos tercios de sus médicos obstetras como objetores de conciencia en casos de violación. Incluso existen tres recintos donde el 100% del equipo obstetra es objetor de conciencia en la causal 3: Cauquenes, Constitución y Lautaro.

En tanto, existen otros 32 establecimientos en que los médicos obstetras objetores están entre el 33% y el 66%.

«Aunque esta franja puede parecer intermedia, también representa un riesgo significativo para el acceso efectivo, especialmente cuando no existen mecanismos de derivación oportunos o no hay suficiente disponibilidad de personal no objetor”, indica el informe de la Corporación Humanas.

Esfuerzos para mejorar

Hay dos acciones concretas que se han realizado desde el gobierno central para mejor la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La primera de ellas fue la creación de un Manual de Fiscalizaciones para la Ley IVE en enero de 2023, la cual fija criterios y pautas para evaluar el funcionamiento de la normativa en los distintos recintos de salud, tanto público como privados.

Hasta mayo de este año se habían realizado 130 fiscalizaciones en el país. Rodrigo Neira, del Programa Nacional de Salud de la Mujer del Minsal, señaló que “lo que se buscó con el manual es estandarizar los puntos críticos o los elementos más esenciales que debiesen cumplirse en cada una de las instituciones que estén ejecutando la ley”.

Las fiscalizaciones revisan casos que ya se han constituido en alguna de las causales de la ley, y cuya falta de elementos críticos pueda ser motivo de apertura de un sumario sanitario.

Neira detalló que se han “abierto sumarios sanitarios, que de forma global no responden a más del 10% de todas las fiscalizaciones que se han podido realizar”.

“No hay hallazgos que estén asociados necesariamente con que la objeción de conciencia de orden individual ha sido constitutiva de barreras de acceso para los casos que estaban ya constituidos”, añade Neira, aunque como la fiscalización solo toma casos de mujeres que efectivamente accedieron a las garantías, entonces en la evaluación se podrían estar dejando algunos temas afuera.

El experto señala que desde 2017 se han dado distintas instancias de capacitación a los equipos de salud. Además, se han aumentado las acciones para sensibilizar y socializar la ley con los equipos de atención primaria.

Nuevo reglamento

La segunda iniciativa son las modificaciones al reglamento de objeción de conciencia de las cuales la Contraloría tomó razón en mayo pasado.

“Este reglamento nace de un proceso largo de análisis. Durante el 2023, junto al Ministerio de Salud, presentamos un manual de fiscalización para velar por el buen funcionamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales, en centros de atención pública y privada, y este manual de fiscalización conllevó a que se realizaran inspecciones en más de 130 lugares en todas las regiones del país”, comenta a Informe Especial la Ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, Antonia Orellana.

La autoridad además explica que “el nuevo reglamento establece que los establecimientos de salud que ofrezcan servicios ginecológicos y obstétricos, sean públicos o sean privados, deben informar sobre los derechos establecidos en la ley de tres causales, incluido el derecho a saber si el médico tratante es objetor de conciencia y cuáles son las instancias también de reclamo si se vulnera algún derecho”.

Esto además debe incluir favorecer la presencia de personal no objetor en la distribución global de los turnos, para que no haya problemas a la hora de reasignar y derivar a pacientes que están en tres causales que son críticas, a la hora de que se presente la objeción de conciencia. De esta forma promovemos que la atención sea siempre oportuna, digna y sin costo adicional para las niñas y mujeres que se encuentran en estas tres causales y que la legítima objeción de conciencia no implique una obstrucción al cuidado, al derecho a la salud que está establecido en la ley”.

Para organizar los turnos el nuevo reglamento posibilita que los jefes de establecimientos tengan el listado de objetores a su disposición. En cada establecimiento habrá un funcionario/a designado para coordinar las posibles derivaciones. También se deberá crear un protocolo de derivación en caso de que la mujer lo necesite, asegurando la aplicación de la ley.

“Creo que es muy valioso que ahora llegue una acción concreta que busca hacerse cargo de una de estas barreras, más allá de que no se hace cargo de todas las barreras, pero sí el hecho de modificar el reglamento, que es la aplicación más concreta, para priorizar contrataciones que garanticen una disponibilidad permanente de profesionales no objetores en el sistema público, es algo que apunta en esa dirección”, remarcó.

Reportaje de Informe Especial de 24 horas, publicado el 24 de junio del 2025

¿Chile tuvo interrupción libre del embarazo? ¿Qué pasa en otros países? El escenario ante el proyecto por aborto legal

Fabiola Gutierrez — Tue, 27 May 2025 19:44:42 +0000

En las próximas horas el Ejecutivo ingresará a la Cámara de Diputadas y Diputados la iniciativa legal, un tema que se ha debatido ampliamente a lo largo de la historia nacional y que tiene posiciones disímiles en la región.

El anuncio del gobierno de que en los próximos días ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto de aborto legal, ha generado una serie de reacciones en el mundo político, desde el rechazo, pasando por críticas al plazo en que fue presentado y hasta su respaldo total.

El tema siempre ha generado controversia en el país, pero como insumo al debate es necesario conocer cómo ha evolucionado en términos legislativos y cuál es la realidad del país respecto del resto del mundo sobre interrupción del embarazo.

Una larga historia

El aborto irrumpe en la legislación penal chilena en 1874, bajo el título “Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública”. La ley, en este caso, se hacía cargo de las sanciones al aborto que ya venían de la época colonial.

Más adelante, en 1931 al dictarse el Código Sanitario se autorizó el aborto terapéutico. En su Artículo 226 se señalaba que “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer, lo que requerirá la opinión documentada de tres médicos facultativos”.

Además, la norma establecía que “cuando no fuere posible proceder en la forma antedicha, por la urgencia del caso o por falta de facultativos en la localidad, se documentara lo ejecutado por el médico y dos testigos, quedando en poder de aquel el testimonio correspondiente”.

En una modificación al Código Sanitario en 1968 el texto respecto al aborto se hizo incluso un poco más flexible, sosteniendo que solo con fines terapéuticos se podría interrumpir un embarazo y “para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos”.

Esta legislación estuvo vigente hasta 1989 cuando la Junta Militar, la que ejercía como órgano legislativo, prohibió toda acción cuyo fin sea provocar un aborto, fundándose en el N° 1 del art. 19 de la Constitución de 1980 que dice: “La ley protege la vida del que está por nacer”.

Pese a que un principio no existían los votos suficientes, finalmente en 2017 el Congreso aprobó el proyecto, el que pasó al Tribunal Constitucional, materializándose en la Ley N° 21.030, que despenalizó la interrupción del embarazo en caso de: peligro para la vida de la mujer; inviabilidad fetal de carácter letal; y embarazo por violación. En el caso de menores de 14 años, se requiere autorización del tutor legal, y ante su negativa se puede recurrir a la justicia. Además, regula la objeción de conciencia del personal sanitario en actos de interrupción del embarazo.

Situación en otros países

En tanto, la situación en países de la región y en el mundo es dispar respecto del aborto.

Según datos entregados por Corporación Humanas a La Tercera, se ha observado una tendencia hacia la liberalización del aborto en países como Argentina, legalizado hasta la semana 14 en 2020; Colombia, despenalizado hasta la semana 24 en 2022; y México, despenalización a nivel federal en 2023 (23 de los 32 estados han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación).

Efectivamente Colombia es el país con el límite gestacional más alto para abortar libremente. El aborto es legal en ese país hasta la semana 24 de gestación, lo cual lo coloca como el país de América Latina con los derechos sexuales y reproductivos más amplios.

En tanto, según el Centro de Derechos Reproductivos durante los últimos 30 años, más de 60 países y territorios han liberalizado sus leyes sobre el aborto, y solo cuatro países han restringido su marco legal: Estados Unidos, Nicaragua, El Salvador y Polonia.

Según la misma organización 662 millones de mujeres en edad reproductiva (el 34%) viven en 77 países que permiten el acceso al aborto bajo petición, con leyes que tienen límites gestacionales de un promedio de tres meses. Por otro lado, 457 millones (23%) viven en doce países que permiten el aborto por razones socioeconómicas amplias.

Por ejemplo, en Brasil, al igual que en Chile, está permitida la interrupción del embarazo en las mismas causales. En ese país, las penas van de uno a tres años de prisión para la persona que practique un aborto fuera de esas causales, y de uno a cuatro años de prisión para el médico o cualquier otra persona que lo practique.

En países como Paraguay, Costa Rica, Venezuela, Perú y Guatemala solo se permite el aborto en situaciones en que la vida de la persona embarazada está en riesgo y otras situaciones excepcionales.

Nota publicada en La Tercera, martes 27 de mayo 2025.-

La carrera de obstáculos para abortar en Chile aboca a las mujeres a la clandestinidad

Fabiola Gutierrez — Wed, 12 Mar 2025 18:45:16 +0000

A la espera de que el Gobierno chileno presente próximamente un proyecto de ley de aborto libre, organizaciones de mujeres denuncian que interrumpir el embarazo bajo las tres causales legales sigue siendo una carrera de obstáculos, que empuja a la clandestinidad.

«De manera segura, en mi casa»

Macarena Asenjo, de 38 años, se quedó embarazada sin desearlo en 2018, una circunstancia que le provocó «problemas de salud mental» que podrían haberse agravado considerablemente si continuaba con el embarazo y haber puesto «en serio riesgo» su vida.

«Recuerdo mucho el nerviosismo y el miedo con el que andaba los días previos a abortar por la cantidad de leyes restrictivas y por pensar que me iban a penalizar», confiesa a EFE Asenjo, miembro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Pese a que su caso podría haber estado considerado dentro de la causal que busca proteger la vida de la gestante, Asenjo rechazó acudir al hospital por «temor» a tener que lidiar con «un servicio en el que te violentan, no te entregan información y quieren decidir sobre ti».

«Sé que están presentes los objetores de conciencia que iban a poner en duda mi relato y preferí hacerlo de manera autónoma, segura, en mi casa», relata siete años después, en la sede de la organización que integra, en Santiago.

«Hay muchas mujeres y niñas acompañadas por organizaciones por fuera del sistema o que abortan sin siquiera tener el apoyo de un colectivo que actúe con protocolos seguros», alerta a EFE la coordinadora de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina.

Obstructores e infracapacitados

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite el aborto si hay riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación, se aprobó en 2017, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, poniendo fin a la penalización total que había impuesto la dictadura de Augusto Pinochet en 1989.

Aunque los colectivos feministas reconocen que existen equipos garantes, aseguran que uno de los principales obstáculos en su implementación es la obstrucción de los profesionales sanitarios en Chile, uno de los países más conservadores de Latinoamérica.

«Alrededor del 45 % de obstetras del sistema público se acogen a la objeción de conciencia en caso de violación», señala la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana.

En mayo, el Ministerio de Salud presentó una propuesta de modificación al reglamento sobre objeción de conciencia, que las organizaciones feministas denuncian que actualmente se ejerce más allá de lo que permite la ley, pero la medida sigue estancada en la Contraloría.

Además, las analistas denuncian que el aborto está sobremedicalizado y que se usan métodos más invasivos e inseguros que los recomendados, por lo que reclaman una mejor capacitación de los profesionales.

La salud, en manos de las feministas

Asenjo, como muchas otras mujeres, pudo abortar gracias al apoyo de colectivos feministas: «En Chile, la salud pública de estas mujeres la resuelven las feministas, no los hospitales», asegura Meza, de OLA.

Ante esta situación, las organizaciones exigen más difusión sobre la ley y mayores controles en su implementación, mientras esperan el nuevo proyecto de ley de aborto sin causales que el Gobierno prometió presentar antes de terminar su mandato en marzo de 2026.

«Cuando se mantienen leyes que criminalizan el aborto, no se resuelve el problema. Solamente resulta más complejo el acceso por parte de las mujeres, porque lo van a hacer igual», advierte Maturana.

El Instituto Guttmacher estima que en Chile se producen entre 60.000 y 300.000 abortos clandestinos anualmente, cifra que contrasta con los 5.905 que se han constituido bajo la ley IVE durante los últimos siete años.

«Hoy miro atrás y reafirmo mi decisión de haber elegido por mi proyecto de vida», expresa Asenjo, que a la vez recuerda que «ninguna mujer quiere llegar a un proceso de aborto».

Conscientes de que costará conseguir este derecho mientras la derecha tenga mayoría en el Parlamento, las feministas abogan por promover y ampliar el debate «a la mayor diversidad de espacios posibles».

«La despenalización social del aborto va a permitir finalmente su despenalización legal», concluye la directora de la Corporación Miles, Javiera Canales.

Publicado por Agencia EFE, 07 de marzo, 2025.-

Camila Maturana y propuesta de aborto: «Más allá de lo valórico, uno esperaría que este debate tenga lugar tomando en cuenta la experiencia de mujeres y niñas»

Fabiola Gutierrez — Thu, 02 Jan 2025 12:22:42 +0000

La directora de Humanas recalcó que en los países democráticos, después de legislar sobre causales, «el paso siguiente es debatir directamente un modelo de plazos», y que las leyes que establecen penalidades no disuaden a las mujeres de abortar.

Luego de la postergación del ingreso del proyecto de aborto legal, el intercambio público de declaraciones entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el cardenal Fernando Chomali, enardeció un debate que políticamente ya se vislumbra cuesta arriba, en cuanto a los apoyos que esta iniciativa pueda concitar en el Congreso Nacional.

En principio el arzobispo de Santiago había celebrado el aplazamiento del proyecto, lo que motivó que la secretaria de Estado afirmara que “las decisiones no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia“. En su última respuesta a Orellana, Chomali sostuvo en Radio Futuro que “lo que dijo la ministra lo pensó muy bien, pero a mi no me quitó el sueño”.

Bajo ese contexto, desde las organizaciones ponen énfasis en abordar este debate desde una perspectiva de salud, y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada y directora de la Corporación Humanas, Camila Maturana, valoró que el Gobierno haya reafirmado su compromiso en esta materia y sostuvo que, si bien se trata de un debate complejo, con posiciones fuertes y controversiales, “lo importante es que en un Estado democrático de derecho es un debate que tiene que ocurrir tanto a nivel social como a nivel del Parlamento“.

En esa línea, Maturana indicó que es importante que esta materia se aborde más allá de lo valórico, sino desde una perspectiva amplia, poniendo foco en los derechos de las mujeres y las niñas: “Más allá de las posiciones valóricas que puedan defender distintos actores en la sociedad, lo importante es que en una sociedad democrática estos debates se den desde una perspectiva amplia. Lo que uno esperaría es que, de cara a los derechos de las mujeres y las niñas, este debate tenga lugar tomando en cuenta cuál es la experiencia de las mujeres y las niñas“.

“Cómo es la situación que enfrentan hoy debiendo interrumpir sus embarazos en condiciones de ilegalidad, de estigma, de falta de garantías de atención de salud, y cómo leyes como éstas, que todavía imponen sanciones penales, profundizan las brechas de desigualdad entre las mujeres“, añadió la abogada.

Continúo recalcando que “no estamos todas las mujeres afectadas de la misma manera, las mujeres jóvenes, adolescentes, niñas, mujeres migrantes, mujeres con menos recursos, enfrentan condiciones mucho más complejas y uno esperaría que, en un debate democrático, estas circunstancias sean tomadas en cuenta“.

En ese sentido, Maturana sostuvo que, en países democráticos, después de legislar sobre aborto bajo causales, una ley con limitaciones que en el caso de Chile lleva 7 años de vigencia y registra más de 5 mil mujeres y niñas atendidas en sistemas de salud, “el paso siguiente es debatir directamente sobre aborto en un modelo de plazos“.

La abogada indicó así que, analizando la evidencia comparada, las leyes que establecen penalidades no evitan o disuaden a las mujeres de abortar, incluso con un proyecto vigente respecto a causales.

Esto último, porque “cuando existen leyes restrictivas, leyes que imponen sanciones penales al aborto, en ningún país estas leyes han permitido disuadir a las mujeres que requieren interrumpir su embarazo. Las mujeres, las niñas y las adolescentes enfrentan un conjunto de situaciones muy diversas, muy complejas, que exceden las tres causales, por lo tanto, la necesidad de interrupción del embarazo en condiciones sanitarias adecuadas sigue estando vigente”.

“Cuando tenemos una ley que establece sanciones penales frente a ello, eso no significa disminuir ni evitar que estas situaciones ocurran, sino más bien que la interrupción del embarazo ocurre en situación de ilegalidad, de estigma, de falta de garantías de atención de salud, y eso es lo que los distintos países que han avanzado en este sentido han buscado resolver desde una perspectiva de salud, desde una perspectiva de derecho y no solamente desde una perspectiva valórica que puedan defender determinados sectores de la sociedad”, zanjó.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile, el 27 de diciembre de 2024

Chile a la espera de la despenalización del aborto voluntario, mientras sector religioso busca que prime la objeción de conciencia

Fabiola Gutierrez — Mon, 12 Aug 2024 12:57:24 +0000

El gobierno chileno anunció que en diciembre presentará un proyecto para ampliar la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Recientemente, se presentó un reglamento para evitar trabas al aborto legal por objetores de conciencia en establecimientos de salud. Obispos de Chile se han manifestado en contra, alegando discriminación religiosa.

En 2017, se aprobó en Chile la ley que despenaliza el aborto en tres causales: embarazo por violación, riesgo para la vida de la madre o inviabilidad fetal. Se trató de un avance importante, pero diversas organizaciones de derechos humanos resaltan la urgencia de ampliar el aborto voluntario para que sea legal en toda circunstancia.

“Las causales fueron un piso mínimo de protección para la vida de mujeres y niñas; pero la mayoría de los abortos siguen ocurriendo en condiciones inseguras. Es crucial que el Estado chileno respete y garantice nuestra autonomía reproductiva plenamente, sin imposiciones ni restricciones”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El gobierno de Gabriel Boric anunció que en diciembre presentará un proyecto de ley de aborto legal a plazos. Además, recientemente presentó una propuesta de reglamento a la Contraloría General de la República, buscando que la objeción de conciencia no sea un obstáculo para la aplicación de la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por causales.

De enero a abril de 2024, el gobierno de Chile registró más de 5 mil procedimientos de aborto realizados de acuerdo a la ley (47% por inviabilidad fetal, 30% por riesgo para la vida de la madre y 23% por violación). No existen cifras oficiales sobre el número total de abortos que se realizan en el país, pero estudios estiman que serían de 30 mil a 150 mil al año. La clandestinidad expone a las mujeres a estafas, persecución legal y graves daños a la salud y la vida.

Foto: Reuters

La Conferencia Episcopal de Chile reclamó por el nuevo reglamento, alegando que promueve la discriminación al personal sanitario por sus creencias religiosas. El obispo René Rebolledo declaró que se está poniendo trabas al libre ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, no se expresó respecto a las trabas que experimentan niñas y mujeres en riesgo debido a la falta de reglamentación.

Objeción de conciencia y salud en riesgo

La actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) permite que el personal de salud se abstenga de realizar abortos declarando objeción de conciencia. Pero esta norma no señala requisitos para invocarla, tampoco plantea condiciones para asegurar el acceso al aborto cuando los médicos se niegan a atender a mujeres víctimas de violación, con embarazos inviables o en peligro de muerte.

De acuerdo a un informe de la Corporación Humanas, más del 45% de médicos obstetras se rehúsan a realizar abortos en casos de embarazos productos de violación. Asimismo, el informe identifica que en cinco hospitales públicos no hay ningún profesional de salud que pueda aplicar la ley, porque todos son objetores de conciencia. Dichos hospitales están en zonas rurales: Santa Cruz (Región de O’Higgins), Cauquenes y Constitución (Región del Maule), Victoria (Región de La Araucanía) y Puerto Aysén (Región de Aysén).

Esta situación es la que motiva el nuevo reglamento propuesto por el gobierno chileno. «Buscamos garantizar que la población conozca sus opciones, asegurar un derecho que está establecido en la ley y que la objeción de conciencia personal no obstaculice el aborto en estas tres causales, y que el lugar donde se viva y la capacidad de pago no sean una barrera para que la atención sea oportuna”, explicó el presidente Boric.

La norma apunta que los profesionales de salud registren adecuadamente su objeción de conciencia y los establecimientos distribuyan turnos y puestos teniendo en cuenta dicha información, para que no se afecte el acceso de pacientes a un aborto seguro.

El proyecto que presentará el gobierno de Chile en diciembre apunta a que la Ley IVE vaya más allá de las tres causales. Es decir, la despenalización del aborto voluntario de una forma más amplia. De acuerdo a declaraciones de la ministra Antonia Orellana, el plazo contemplado sería de 14 semanas de embarazo.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

En uno de cada cuatro establecimientos de salud habilitados para aplicar la Ley IVE, más de dos tercios de profesionales son objetores de conciencia. Además, la Corporación Humanas encontró que seis establecimientos no tienen un protocolo para la aplicación del aborto.

Pese a ello, René Rebolledo, obispo que preside la Conferencia Episcopal de Chile, hizo una presentación para la Contraloría indicando que el reglamento sobre objeción de conciencia en el aborto es inconstitucional.

Hacia una ley por plazos

Además de mejorar el acceso al aborto que provee la ley actual, el gobierno de Chile también busca ampliar la despenalización con un proyecto de ley anunciado para diciembre. Según indicó Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, están trabajando para llegar a acuerdos. Hasta el momento, parece que el plazo contemplado en la propuesta sería las 14 semanas de embarazo. Sin embargo, Orellana precisó que se discutiría en profundidad.

La ministra también explicó que esta propuesta se sustenta por el uso extendido de medicamentos abortivos sin acompañamiento ni asesoría profesional. «Basta una leve pasada por internet para detectar la cantidad de lugares en los que se vende sin explicar el paso a paso. Su uso clandestino es algo que nos preocupa mucho», dijo Antonia Orellana. De acuerdo a Amnistía Internacional, la criminalización del aborto afecta principalmente a grupos impactados por la desigualdad: mujeres indígenas, personas LGTBIQ+, migrantes y refugiadas, con menos ingresos o habitantes de zonas rurales.

Publicado en lamalafe.lat el 10 de julio de 2024

“Mi mayor miedo era que no funcionara”: El camino para abortar cuando no se puede acceder a las tres causales en Chile

Fabiola Gutierrez — Fri, 12 Jul 2024 13:00:35 +0000

El aborto clandestino en Chile bordea entre 30.000 y 150.000 casos cada año. Cuando las mujeres no pueden interrumpir un embarazo no deseado y quedan fuera de las tres causales establecidas por la Ley IVE, buscan opciones fuera de la institucionalidad, aunque eso implique enfrentar una serie de riesgos.

*El siguiente relato es una experiencia real. CNN Chile modificó los nombres y algunas direcciones para proteger a las personas involucradas.

—Javiera: ¿Cómo va la misión?
—Fernanda: Voy bien. Hasta el momento es soportable, como una menstruación fuerte, pero no dan ganas de llorar.
—Javiera: ¿Estás usando toallas higiénicas?
—Fernanda: Sí.
—Javiera: Te escribiré en un rato más para saber cómo vas.
—Fernanda: Bueno, ahora solo boto sangre. Entonces, no sé, ya boté todo. He estado caminando alrededor de la casa.
—Javiera: ¿Has tomado agua y comido?
—Fernanda: Sí. No hay pinta de hemorragia, solo me tiene pensando el tema si debía botar más tejido.
—Javiera: ¿La chica que te está asesorando te dijo algo?
—Fernanda: Le mandé una foto e hizo una verificación. Me dijo que probablemente debía botar más de lo mismo.
—Javiera: ¿Cómo sigue la misión?
—Fernanda: Estoy esperando a que me respondan. Es que según yo, ya boté todo. Estoy ansiosa porque no sé las dimensiones de lo que tenía que botar.
—Javiera: ¿Cómo te sientes?
—Fernanda: Hablé con la chica. Me tengo que hacer una ecografía para verificar si solté todo y evitar una infección. Según yo, ya boté todo. No me sale nada, solo orina con sangre.
—Javiera: Hay que estar atentas a lo que pueda pasar en la noche. Lo has hecho muy bien, eres muy valiente.
—Fernanda: Solo quiero que esto termine luego.

Ocho meses atrás, en pleno verano, el 2 de diciembre de 2023, Fernanda se levantó temprano. Hace unos días tomó mifepristona y hoy debe ingerir misoprostol de manera sublingual para culminar con la interrupción de un embarazo no deseado.

A las 9:00 de la mañana ingiere las pastillas y una hora después comenzó con el sangrado. “Ese día la pasé sola. Siempre recomiendo estar acompañada, pero traté de estar tranquila, tomando té, comiendo cosas calentitas, viendo series que me gustaban y, de vez en cuando, haciendo ejercicio”, recuerda.

Entre el miedo, mantener la calma y estar vigilante para que nada se complicara, cuando las pastillas hicieron su efecto, relata que sintió dolor, pero no era tan intenso. “Existe un miedo generalizado porque cada cuerpo tiene una respuesta diferente. Agradezco que en mi caso no haya sido doloroso ni traumático”, expuso.

En ese entonces, la palabra aborto estaba obsoleta en el debate público y político; la agenda estaba eclipsada por temáticas de seguridad. Sin embargo, en la reciente Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció en el ex Congreso Nacional que presentará un proyecto de aborto legal durante el segundo semestre de este año.

Como bien dice la frase, “no dar puntada sin hilo”, el hecho provocó una reacción inmediata: nueve diputados se levantaron de sus asientos y se retiraron del salón de honor. Entre ellos estaban Miguel Mellado y Eduardo Durán de Renovación Nacional (RN), Henry Leal y Gustavo Benavente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Francesca Muñoz y Sara Concha del Partido Social Cristiano (PSC), y Agustín Romero del Partido Republicano.

De hecho, en la sociedad el tema del aborto no es algo que genere consenso y así lo han reflejado diversos estudios de opinión. La última encuesta Cadem, publicada el pasado 9 de junio, dio cuenta que “sobre el aborto, 55% está de acuerdo con que una mujer tengo el derecho de hacerse un aborto bajo algunas circunstancias, 28% bajo cualquier circunstancia y 16% bajo ninguna circunstancia”.

Más allá de las voces a favor y en contra, y de los dimes y diretes, ¿cómo es en Chile enfrentar un aborto sin causales?

El camino para abortar sin causales: Prevenir ser estafada por revendedores

Fernanda confirmó su embarazo el 16 de noviembre de 2023, luego de realizarse un test. Sobre la decisión de abortar, lo conversó con su amiga Javiera y su hermana.

Recurrieron a una organización, pero no fue fácil porque en Instagram el tiempo de atención era demasiado largo y el reloj corría rápido. Por tanto, decidió contactarse por correo. “Dos días después me respondieron y me dieron las indicaciones para ir a un lugar seguro”, señala.

La organización a la que acudió, y la cual CNN Chile protegue su identidad, es una de las tantas que hoy existen y funcionan en el anonimato y la ilegalidad para ayudar a mujeres a abortar.

También, en paralelo, buscaron una segunda opinión, siendo intermediaria Javiera, quien se contactó con una conocida que trabajaba en el área de la salud con el fin de brindar tranquilidad y seguridad a Fernanda, explicándole cómo era el procedimiento y qué había que hacer en una situación de emergencia.

El día antes del encuentro con la trabajadora, Fernanda le envío un mensaje a Javiera: “Tengo miedo, amiga, pero de lo único que estoy mentalizándome para lo que se viene. Yo sé que no es fácil, pero lo que he pensado ayer y hoy es que quiero ser libre, y que lamentablemente en este momento la maternidad no tiene nada que ver conmigo”.

Finalmente, la reunión se concretó, resolvieron las dudas y comenzó el camino de interrumpir un embarazo no deseado.

La joven detalla que no es simplemente llegar y que te pasen las pastillas; primero hay que mostrar una ecografía para confirmar el embarazo y que este no sea inferior a seis semanas. Esos días fueron agitados, ya que desde Colina debió ir hasta un centro médico en el centro de Santiago.

Después de enviar esa información, le enviaron un WhatsApp de una chica que la acompañaría en el proceso de interrumpir su embarazo. “Era de México y en caso de cualquier duda me iba a asistir”, detalla.

“Esta misma chica luego me dio otro contacto y debí asistir a una charla sobre el aborto. Después de esa reunión, nos decían cómo obtener las pastillas y teníamos que pagar 80 lucas, depositarlas en una cuenta y, después de eso, me juntaba con una persona para que me las entregara”, complementa.

El aborto clandestino en Chile bordea entre 30. 000 y 150.000 casos cada año.

Otra arista importante que menciona es que la aconsejaron que no comprara a revendedores, ya que estos se “aprovechaban e inflaban mucho los precios”, y que ellas con ese dinero que pagaban a la organización ayudaban a mujeres que no tenían los recursos a pagarse las pastillas.

Riesgos y dificultades

Sobre esta problemática, Débora Solís, directora ejecutiva de Aprofa, explica en CNN Chile que la interrupción del embarazo esté penalizada en nuestro país, “no impide que las mujeres sigan necesitando interrumpir los embarazos no deseados o no planificados de manera doméstica, lo que evidentemente pone en riesgo su salud sexual y salud reproductiva y por qué no decirlo sus vidas”.

En cuanto al negocio en esta materia, la directora ejecutiva de Aprofa, afirma:”Efectivamente, existe un mercado negro que más que buscar el bienestar o apoyar a las mujeres y personas gestantes que están en esta situación, aprovechan la angustia y la necesidad para hacer negocio, especular y lucrar con esta situación, muchas veces a través de estafas, falsificación y adulteración de pastillas”.

Si bien no existen cifras oficiales, la abogada Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), señaló al diario El País que el aborto clandestino en Chile bordea entre 30. 000 y 150.000 casos cada año, sin apoyo médico y con medicamentos del mercado negro.

En esa misma línea, Solis, explicó que dado a la estigmatización y también a la ilegalidad, no se cuenta con un estudio certero que cuantifique cuantas interrupciones de embarazo se realizan en Chile; por lo que existen cifras estimadas que se han consignado en los monitoreos de la Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales (IVE) realizados por organizaciones de la sociedad civil que indican que a nivel nacional se producirían entre 60.000 a 300.000 abortos al margen del sistema de salud al año, lo que es muy superior a las cifras informadas en relación con la utilización de la Ley IVE.

El misoprostol se utiliza de manera clandestina para interrumpir un embarazo no deseado.

Por su parte, Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, subrayó: “La criminalización del aborto, fuera de las tres causales, implica para quienes la enfrentan el temor a ser denunciadas por quienes conocen la situación en que se encuentran y barreras para solicitar atención de salud en caso de sufrir alguna complicación. Sabemos que en Chile son pocas las mujeres que llegan a cumplir una condena penal por abortar fuera de la ley, pero sabemos también de la ruta de la criminalización, como la posibilidad ser denunciadas si requieren atención de salud de emergencia, tener que prestar declaraciones aun estando hospitalizadas, ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes o derechamente tortura por parte de agentes policiles, buscar representación jurídica para su defensa, tener que participar de diversas audiencias, rendir pruebas y un largo listado de etcéteras”.

En ese sentido, Maturana analiza que es importante el anuncio presidencial sobre un proyecto legal, ya que permite un debate democrático, amplio y plural sobre los derechos sexuales y reproductivos, en particular sobre derecho a decidir de las mujeres y las niñas, y también sobre las condiciones que se requieren para las maternidades voluntarias o libremente elegidas.

“Mi mayor miedo era que no funcionara”

El 16 de diciembre de 2023, Fernanda se realizó una ecografía después de su procedimiento. Se contactó con Javiera a través de un mensaje en Instagram:

“Amiga, te escribo para decirte que en esta última ecografía pude confirmar que todo fue expulsado, no tengo nada, ningún indicio de haber hecho algo. Estoy demasiado feliz y lloré de alegría con la matrona cuando supe. Me abrazó y me fui en paz a juntarme con mi hermana. Te quería dar las gracias por acompañarme en este proceso tan complicado. Siento que pasaron tantas cosas en un solo mes, que todavía no lo creo, es más, aún no puedo creer que todo haya funcionado. Gracias por preocuparte por mí y estar siempre pendiente de todo”, escribió.

Fernanda decidió poner fin a su embarazo cuando tenía ocho semanas. Al reflexionar sobre lo que tuvo que pasar hace meses atrás, plantea que el aborto aún está estigmatizado: “A veces pasan estas cosas, existen métodos que fallan y hay una carga demasiado grande para una. Al final, es el pensamiento de las personas lo que hace que nos afecte de manera colectiva y genere miedo”.

A pesar de los temores, la joven fue enfática en mostrar su postura y de manera clara afirma: “Una es quien debe decidir qué es lo que debe hacer. Yo no me arrepiento de nada”. Agregó: “Mi mayor miedo, más allá de una hemorragia o no, era que no funcionara, como que ese era el miedo principal, que el uso de la pastilla no funcionara”.

Al pensar en cómo hubiese sido su proceso al estar acompañada por personal médico y no sola en su casa, concluyó: “La experiencia hubiese sido totalmente diferente. Si me hubiese pasado algo, como una hemorragia, habría estado con profesionales y no habría tenido miedo”.

Noticia publicada en CNN el 16 de junio de 2024

El aborto clandestino en Chile: entre 30.000 y 150.000 cada año, sin apoyo médico y con medicamentos del mercado negro

Fabiola Gutierrez — Tue, 11 Jun 2024 21:04:08 +0000

En la última década, unas mil denuncias de interrupciones del embarazo han llegado a la justicia. El Gobierno de Boric presentará en diciembre un proyecto que amplía la normativa actual, que lo permite desde 2017 en tres causales.

Una mujer que usó misoprostol para terminar un embarazo retratada en Santiago (Chile), en 2015.LUIS HIDALGO (AP)

El Gobierno de Gabriel Boric presentará el próximo diciembre un proyecto de ley de aborto legal a plazos. En las discusiones parlamentarias previas se ha hablado de 14 semanas, pero aún está por escribirse este nuevo intento para reconquistar un derecho que se penalizó en 1989, en el descuento de la dictadura de Augusto Pinochet. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defiende el impulso de la discusión pendiente argumentando que estaba en el programa de Gobierno y a la “extendida situación de clandestinidad” del uso de medicamentos para interrumpir el embarazo, como el misoprostol y la mifepristona, “con el peligro que ello conlleva y de manera de que no dependa del bolsillo el correcto uso de lo que la medicina que algo ha ido avanzando”, dice a EL PAIS.

Chile cuenta desde 2017 con tres excepciones al delito de abortar: que la vida de la madre esté en peligro, que exista inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación (hasta 12 semanas de gestación y hasta 14 semanas para menores de 14 años). La Administración de izquierdas no busca solo despenalizar el aborto, sino también garantizar una prestación para que la situación económica de la paciente no determine el correcto uso de los medicamentos o el acceso a la intervención quirúrgica. Como las niñas, adolescentes y mujeres que abortan hoy en el país sudamericano lo hacen en la clandestinidad, salvo en las tres causales, no hay cifras oficiales de cuántas interrupciones se realizan, pero las últimas que se conocen, según diversos estudios, hablan de 30.000 a 150.000 al año, que son las que maneja el Ejecutivo. Los datos tienen al menos una década, por lo que hay especialistas en el tema que creen que realmente el país está totalmente a ciegas.

El número de hospitalizaciones por embarazo terminado en aborto en 2023 fue 21.444, según el registro del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, dependiente de la subsecretaría del ministerio de Salud. De esos, poco más de 6.500 se deben a aborto retenido (detención del embarazo, aunque no se expulsa espontáneamente el embrión o el feto), seguido por aborto no especificado (5.080, que incluye complicación con infección genital y pelviana y hemorragia excesiva o tardía), aborto espontáneo (4.658) y embarazo ectópico (3.561, cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero). Solo cuatro figuran en la categoría de aborto fallido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el misoprostol es el medicamento más recomendado para practicar un aborto médico. El Instituto de Salud Pública chileno permite su uso solo para tratamientos de ultragástrica. “No tenemos las cifras exactas de su uso porque su venta es clandestina”, sostiene la ministra Orellana, “pero basta una leve pasada por internet para detectar la cantidad de lugares en los que se vende sin explicar el paso a paso. Su uso clandestino es algo que nos preocupa mucho”.

Efectivamente es fácil llegar al mercado negro. Los comercializan desde 72.000 pesos, unos 78 dólares (seis dosis para el periodo de cuatro a cinco semanas de gestación) hasta los 144.000 pesos, 157 dólares (12 dosis para las semanas 10 a 12). Pero comprado y usado en la ilegalidad, sin acompañamiento médico, se trata de procedimientos peligrosos, donde las mujeres se exponen a consecuencias inesperadas.

Además de los medicamentos, la ministra Orellana sostiene que “hay harto mal uso del Yuzpe”, un método que consiste en tomar varias pastillas anticonceptivas de uso diario, lo que supone la ingesta de dos tipos de hormonas (estrógenos y progestágenos), con importantes efectos secundarios. “También se utilizan vías más extremas como intentos de suicidio y en algunas zonas rurales todavía se reportan casos de uso de apio”, dice la ministra Orellana.

Camila Maturana, directora de la Corporación Humanas, un centro de estudios y acción política feminista, señala que las tres causales son muy restrictivas y que la mayoría interrumpe su embarazo fuera de la ley. “Esta ilegalidad afecta en mucho mayor medida a las jóvenes y adolescentes, a las mujeres pobres y a las migrantes. Las distintas situaciones de vulnerabilidad y discriminación que se entrecruzan en materia de derechos sexuales y reproductivos”, asegura.

En Chile no existe un solo órgano que unifique el número de causas judiciales vinculadas al aborto que ingresan por la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros. Según las cifras del Poder Judicial, citadas por La Tercera, en 2023 se abrieron 42 causas relacionadas a los abortos, en las que 19 correspondieron a mujeres que terminaron su embarazo de forma voluntaria por causales no reguladas. En base a una investigación en curso de la Corporación Miles, una ONG que defiende los derechos sexuales y reproductivos, en los últimos 10 años se han registrado al menos 1.000 denuncias, en las que en torno al 60% provinieron de profesionales de la salud, según los datos preliminares. Al menos tres han terminado en prisión. Para Javiera Canales, directora de Miles, la consecuencia de criminalizar el aborto no es únicamente terminar en la cárcel, sino toda la ruta: “Es la persecución y el trato de delincuente, con una firma mensual o semanal y eso impacta sus proyectos de vida y terminan marginadas de sus redes”.

El impacto de las tres causales

Después de décadas de lucha feminista, en septiembre de 2017 se promulgó en Chile la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (LIV), que regula la despenalización del aborto en tres causales. Hasta abril de este año, en total, se han efectuado 5.063 procedimientos (30% por riesgo vital de la madre, 47% por inviabilidad fetal y 23% por violación). Dadas las cifras que se manejan en el Gobierno en base a diferentes estudios realizados por diferentes instituciones –entre 30.000 y 150.000, un rango amplio justamente por la ilegalidad del procedimiento– la mayor parte de las interrupciones del embarazo se sigue realizando en Chile en forma clandestina.

La abogada Lidia Casas, directora del centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), ha investigado a fondo el funcionamiento de las tres causales y ha detectado problemas de acceso a la información, falta de capacitaciones a los profesionales involucrados y muchos casos de sobre-objeción de conciencia: “Hay un problema con lo que se ha denominado pseudo objeción de conciencia. Se declaran objetores por conveniencia personas que dicen ‘no me quiero meter en un lío’, ‘esto es un tramite, tengo suficiente trabajo’ y ‘qué tal si la mujer miente en el caso de la violación’. Tienes un conjunto de situaciones que no son el lenguaje de la extrema derecha sobre la protección de la vida sino la comodidad de los prestadores de salud”.

Manifestantes en busca de la legalización del aborto en Valparaíso, en julio de 2018.RODRIGO GARRIDO (REUTERS)

Cuando el Gobierno de Boric asumió en 2022, el ministerio de la Mujer junto con el de Salud inició la primera fiscalización en las 16 regiones del país sobre la aplicación de la LIV. En base a la información levantada presentaron un reglamento a la Contraloría la semana pasada para garantizar el derecho a la información de las pacientes respecto a la prestación de salud consagradas en la ley y la continuidad de la atención, independiente de los objetores de conciencia. Un estudio de la Corporación Humanas revela que al menos cinco hospitales públicos, todos de zonas rurales, son objetores institucionales de conciencia de facto, ya que no cuentan con profesionales disponibles para aplicar la ley. El reglamento busca que exista al menos un médico disponible en cada centro.

Una de las banderas de quienes están a favor del aborto legal es el creciente apoyo ciudadano a la idea. Diferentes sondeos arrojan que un 30% de los chilenos apoya una ley para interrumpir el embarazo sin causales. En la última Encuesta Nacional de Juventudes 2022, del Ministerio de Desarrollo Social, el porcentaje de mujeres jóvenes (de 15 a 29 años) que estaría dispuesta a realizarse o inducirse un aborto antes de la semana 12 de gestación escaló a un 37,1%, del 15% registrado en 2018. Bajo las tres causales retrocedió de 26,4% a 18,2% en esos cuatro años y bajo ninguna circunstancia disminuyó de 54,3% a 42,9%.

Casi uno de cada cinco encuestados (hombres y mujeres) dijo haber vivido una experiencia de embarazo no deseado. Un 3,1% de las jóvenes declararon haberse hecho o inducido un aborto: un 3,6% lo hizo bajo la causal de riesgo vital, un 4,0% indica por inviabilidad fetal, un 3,3% por violación y un contundente 83,2% lo realizó por una decisión personal.

Reportaje publicado en El País Chile el 09 de junio, 2024

[OPINIÓN] Aborto legal, un debate necesario

Fabiola Gutierrez — Tue, 04 Jun 2024 19:43:41 +0000

El Presidente de la República, Gabriel Boric, rindió su tercera Cuenta Pública, transcurrido ya la mitad de su mandato, presentando una amplitud de temas, resaltando los logros de su gestión y las prioridades del gobierno.

Uno de los más comentados ha sido el anuncio de la presentación de un proyecto de ley sobre aborto legal. Los derechos de las mujeres y las niñas, y los derechos sexuales y reproductivos, vuelven a estar en el centro del debate político y social, retomándose la discusión sobre su condición de sujetas de derechos.

Sin embargo, las desmedidas reacciones resultan preocupantes. Todo el país fue testigo de la falta de respeto cívico en que incurrió un grupo de parlamentarios y parlamentarias, que luego de escuchar este anuncio -que no resultó de su agrado- se retiró del Salón de Honor del Congreso Nacional. Otro grupo de legisladores anticipó enérgicamente su rechazo a un proyecto de ley que todavía no se ha presentado, en circunstancias que su rol de representantes de la ciudadanía incluye precisamente debatir, argumentar, proponer y decidir sobre las iniciativas sometidas a su conocimiento. Pareciera que desde algunos sectores políticos se buscara cancelar o cerrar un debate antes de que este tenga lugar. Un tercer grupo de congresistas y representantes políticos, en tanto, ha descalificado el debate, argumentando que no es oportuno o desvía la discusión de otros temas más importantes.

Todo lo anterior genera gran alarma, ya que devela la desconexión y desinterés frente a la realidad de las mujeres y niñas que requieren interrumpir sus embarazos en condiciones dignas y adecuadas, sin poner en riesgo su salud y su vida.

Es de conocimiento público que la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, aprobada en 2017, no ha sido suficiente. Esto no solo por su acotada aplicación respecto a las múltiples situaciones en que se encuentran quienes desean abortar, sino también por la regulación amplia de la objeción de conciencia que obstaculiza este derecho.

Más allá de las polémicas, se trata de un debate necesario, que fortalecerá la institucionalidad democrática del país.

Esperamos que la discusión legislativa que tendrá lugar sobre el aborto legal durante el segundo semestre de 2024 garantice la pluralidad, ofrezca espacio a diversas posiciones e incorpore la voz de las mujeres.

Columna publicada en Radio Cooperativa el 04 de junio de 2024.-

Foto Revista Paula, La Tercera

El derecho de las mujeres a decidir amenazado por la “inmadurez política”: ¿podrá el Congreso debatir sobre aborto legal?

Fabiola Gutierrez — Mon, 03 Jun 2024 20:34:27 +0000

El anuncio del proyecto de ley acerca de la interrupción voluntaria del embarazo generó muchas criticas. Sin embargo, expertas destacaron la iniciativa y cuestionaron la actitud de los sectores políticos que rechazan la mera idea de discutir el tema.

“Porque las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir”, afirmó el Presidente Gabriel Boric en su tercera Cuenta Pública, luego de anunciar la presentación de un proyecto de ley que busca consagrar el aborto libre en Chile.

Futura iniciativa que se tomó el debate público debido a las reacciones inmediatas de una docena de parlamentarios y parlamentarias de oposición que se retiraron del Congreso en pleno discurso, las declaraciones del Partido Republicano que anunciaron que romperán relaciones con el Ejecutivo y las de la Democracia Cristiana que se sienten “alejados” del Gobierno.

Sin embargo, para la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, el impulso de un proyecto de ley de aborto legal no es “un tema aislado”, ni tampoco es una sorpresa.

La socióloga e investigadora explicó que este anuncio se da en el marco de una Cuenta Publica muy importante para las mujeres. “Tenemos la equidad salarial, el Sistema Nacional de Cuidados, la Ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la Ley de Violencia. Todas son cuestiones extraordinariamente importantes para las mujeres”, declaró.

“No conocemos proyecto de ley y nos parece súper importante que sea se abra esta conversación. Este es un debate muy antiguo, no es nuevo, y lo que está en el fondo es el derecho a la maternidad voluntaria, que significa que las mujeres podemos decidir sobre nuestros proyectos de vida (…) Tenemos opiniones diferentes, pero hay un porcentaje muy alto de personas que les interesa que esto se discuta”, agregó Valdés.

Asimismo, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, señaló que la idea de este proyecto era parte de las promesas programáticas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Por tanto, desde ese punto de vista, era un iniciativa que iba a ser presentada en algún momento por la actual administración del Mandatario.

Para Casas, lo anterior significa una apertura a debatir sobre derechos reproductivos de las mujeres en el segundo semestre, pero ve el momento político “un tanto complejo”.

“Hay innumerables situaciones en las que el Gobierno está tratando de llegar a acuerdos por temas que venían discutiéndose hace mucho tiempo, que están trabados en el Congreso, como por ejemplo, la reforma de pensiones. Y no nos podemos olvidar de la Ley Corta de Isapres y todo lo que aquello significó”, sostuvo.

Por su parte, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, afirmó que este anuncio del Presidente Boric “ubica los derechos de las mujeres en el centro de la discusión política y esto en el contexto actual parecía que se había perdido un poco, a diferencia de los últimos años en que la agenda de género había estado muy al centro del debate”.

“Consideramos que recuperar esta discusión es una buena señal en el contexto del sistema democrático“, destacó Maturana.

La directora de Corporación Humanas reconoce que si bien es un tema controvertido, es un debate que se debe dar, pues hay que seguir avanzando y consolidando los derechos de las mujeres: “Hay que tener en cuenta que los derechos sexuales y reproductivos, y el aborto en particular, es un tema que genera un importante apoyo ciudadano. Hay una proporción bastante alta de la población que, por ejemplo, respecto a la ley de aborto en tres causales, respalda que las mujeres puedan decidir en estas situaciones especifica, un 50% según la encuesta CEP”.

La importancia de iniciar el debate sobre el aborto libre

Un escenario complejo será el que enfrentará el Ejecutivo el segundo semestre cuando presente esta iniciativa en pos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Esto, pues el Partido Republicano y parte de la oposición no están dispuestos a dialogar con el Gobierno, mientras otros partidos advierten su distancia de este tipo de proyectos.

Sobre la decisión del partido de ultraderecha, la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, señaló que “van a tener que recordar que están dentro de un sistema democrático y que no se pueden restar de la discusión“.

“Es absurdo. Esto es la negación de la esencia misma de la democracia y de los que es la tarea de un parlamentarios”, recalcó.

En la misma línea, Lidia Casas del Centro de Derechos Humanos de la UDP comentó que es una actitud poco democratica. “Creo que eso es un error político muy importante de Republicanos, pero en realidad muestra una face de ellos que tienen, en tanto, lo que ellos buscan es establecer cierta ‘pureza’ en los aspectos que a ellos les importan“, reflexionó.

Y añadió que: “Cuando los sectores políticos comienzan a chantajear de alguna manera, en que no te voy a dar los votos para A, para B o para C, demuestra una inmadurez de la clase política y eso es lo que la gente viene sancionando de los sectores políticos y del Congreso en particular. Cuestionan que, más allá de distintas agendas, ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo en aquello que es absolutamente necesario y urgente hoy para la población“.

A su vez, para la directora de Corporación Humanas el debate acerca de un proyecto de ley de aborto legal es una discusión que se tiene que desarrollar y que el Parlamento está mandatado para eso.

“Esperamos que, por supuesto, sea un debate en que se escuchen las distintas posiciones, las voces de las mujeres, que se base en evidencia, que tome en cuenta la realidad de las mujeres, que considera las consecuencias que tendría, por ejemplo, garantizar la atención de salud, de calidad y digna para las mujeres, además de por qué es necesario respetar su decisión y proteger su salud. También, que consecuencias o que beneficios reporta mantener la legislación vigente, es decir, tipificar el aborto como un delito, qué genera en la vida de las mujeres y en la salud pública”, detalló

En ese sentido, Maturana hizo hincapié en que son temáticas que tienen que estar presentes en la discusión pública que se dé.

“Seguramente es un debate que cuando tenga lugar la ciudadanía va seguir con mucha atención, del mismo modo como cuando fue la discusión de la despenalización del aborto en 14 semanas en 2021. Esperamos sea un debate sobre la realidad de las mujeres, más que una discusión sobre las posiciones personales, valóricas y las creencias religiosas que tenga cada uno de los parlamentarios“, enfatizó.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile (02 de junio de 2024)