El miércoles 28 de enero debía discutirse y votarse en general el proyecto de ley de aborto por plazos en la Cámara de Diputados, sin embargo, una vez más esta cita se postergó.

Con esto se vuelve a detener un debate esencial y se mantiene intacta una situación que afecta diariamente la vida, la salud y la dignidad de quienes requieren acceder a este derecho.

La magnitud de esta omisión es real. Cuando el Estado dilata, quienes pagan el costo son mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar, especialmente quienes viven en mayor precariedad, quienes han sufrido violencia, y quienes no pueden acceder a información ni a atención segura a tiempo.

Esta postergación exige responsabilidad política transversal. La democracia no se mide sólo por lo que se aprueba o rechaza, sino también por la capacidad de dar debate y tomar decisiones. Evadir la votación es eludir el deber de representar, deliberar y responder ante el país.

Aún en este escenario, nuestra posición es de futuro: la urgencia permanece, porque la realidad no espera. Es por ello que exigimos al Ejecutivo, a las bancadas y partidos, compromiso público de asistencia y participación efectiva en la tramitación de este proyecto y que se garantice un proceso legislativo transparente, con participación y sin dilaciones injustificadas.

Mantenemos la esperanza de que en el próximo período legislativo se enmiende el camino, y se salde esta deuda impostergable.

Siomara Molina, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto
Javiera Canales, Corporación Miles
Ingrid Villena, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir
Paula Salvo, Corporación Humanas
Teresa Valdés, Observatorio de Género y Equidad
Bárbara Sepúlveda, ABOFEM
Libertad Vidal, @corporacion_fucsia
MIRA Observatorio Legislativo Feminista
@mira.observatorio
La Rebelión del Cuerpo

Carta al director publicar en El Mostrador, publicada el 22 de febrero de 2026.- 

En una carta dirigida al presidente de la Comisión, diputado Patricio Rosas, y a sus integrantes, y con copia a las ministras de Salud, de la Mujer y la Equidad de Género, y Secretaría General de la Presidencia, las organizaciones enfatizan la necesidad de avanzar hacia un marco legal que garantice el acceso al aborto hasta las 14 semanas de gestación de forma oportuna, informada, legal y segura.

“El actual sistema de tres causales, si bien representó un avance, no responde a la totalidad de situaciones que enfrentan las mujeres y niñas, dejándolas expuestas a riesgos sanitarios, criminalización y múltiples vulneraciones a sus derechos”, señalan.

Las firmantes demandan que el debate legislativo incorpore evidencia científica, los estándares internacionales de derechos humanos y la participación de expertos/as y organizaciones con trayectoria en salud pública y derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, destacan que esta discusión debe reconocer el aborto como un asunto de salud pública, justicia social y autonomía.

“El Estado tiene la obligación de remover las barreras que impiden a mujeres y niñas desarrollar plenamente sus proyectos de vida y decidir sobre su maternidad”, agregan, solicitando a la Comisión de Salud garantizar un debate plural, informado y respetuoso.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Corporación Humanas, Corporación Miles, Asamblea por el Derecho a Decidir, Médicas Feministas Chile (MEDIFEM), ABOFEM, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, APROFA, Amnistía Internacional Chile,, entre otras.

El proyecto de ley de aborto legal por plazos, ingresado recientemente al Congreso, representa una oportunidad histórica para saldar una deuda pendiente con la salud y los derechos reproductivos en el país.

]]> https://www.humanas.cl/chile-a-la-espera-de-la-despenalizacion-del-aborto-voluntario-mientras-sector-religioso-busca-que-prime-la-objecion-de-conciencia/ Mon, 12 Aug 2024 12:57:24 +0000 https://www.humanas.cl/?p=23303 El gobierno chileno anunció que en diciembre presentará un proyecto para ampliar la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Recientemente, se presentó un reglamento para evitar trabas al aborto legal por objetores de conciencia en establecimientos de salud. Obispos de Chile se han manifestado en contra, alegando discriminación religiosa.

De enero a abril de 2024, el gobierno de Chile registró más de 5 mil procedimientos de aborto realizados de acuerdo a la ley (47% por inviabilidad fetal, 30% por riesgo para la vida de la madre y 23% por violación). No existen cifras oficiales sobre el número total de abortos que se realizan en el país, pero estudios estiman que serían de 30 mil a 150 mil al año. La clandestinidad expone a las mujeres a estafas, persecución legal y graves daños a la salud y la vida.

Foto: Reuters

El proyecto que presentará el gobierno de Chile en diciembre apunta a que la Ley IVE vaya más allá de las tres causales. Es decir, la despenalización del aborto voluntario de una forma más amplia. De acuerdo a declaraciones de la ministra Antonia Orellana, el plazo contemplado sería de 14 semanas de embarazo.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

En uno de cada cuatro establecimientos de salud habilitados para aplicar la Ley IVE, más de dos tercios de profesionales son objetores de conciencia. Además, la Corporación Humanas encontró que seis establecimientos no tienen un protocolo para la aplicación del aborto.

Pese a ello, René Rebolledo, obispo que preside la Conferencia Episcopal de Chile, hizo una presentación para la Contraloría indicando que el reglamento sobre objeción de conciencia en el aborto es inconstitucional.