Este domingo 3 de diciembre en la ex Colonia Dignidad participamos como Corporación Humanas de un acto conmemorativo realizado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y los 50 años de la dictadura cívico militar. En la actividad, organizada por la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad, se volvió a enfatizar la necesidad de la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y sus seres queridos.

Karen Cea, en representación de la Asociación, señaló que “en este contexto, y como hemos exigido durante años: es urgente que el Estado de Chile cumpla con sus obligaciones frente a crímenes de lesa humanidad, lo que se resume en la consecución de verdad, memoria, reparación, garantías de no repetición y justicia”. Además, valoró la iniciativa de Plan de Búsqueda presentada este año por el gobierno, para avanzar en encontrar respuesta al “¿dónde están?” que lleva décadas en las voces de las organizaciones y familiares de personas detenidas desaparecidas. 

El emotivo acto contó con la lectura de testimonios, intervenciones de familiares y ex prisioneros y una cueca sola bailada por Mónica Pilquil, esposa de Darío Chávez, compañero detenido desaparecido en la Colonia. Además, se recorrieron distintos lugares de Colonia Dignidad donde se cometieron crímenes de lesa humanidad como secuestros y torturas, en un ejercicio de memoria para quienes participaron. 

Finalmente las y los asistentes lanzaron claveles al Río Perquilauquén, lugar donde desde hace sólo dos años se conoce cómo el lugar donde los perpetradores de los crímenes lanzaron las cenizas de las víctimas. 

Son muchas las deudas que permanecen pendientes en materia de verdad, justicia, memoria, reparación de las víctimas y garantías de no repetición. En particular, es importante insistir en visibilizar la violencia política sexual que en dictadura se ejerció de manera sistemática y generalizada, afectando a mujeres de diversas edades, condiciones sociales y participación política, incluyendo a niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Esto, a lo largo de todo el territorio nacional y por parte de agentes del Estado de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Reconocer y visibilizar la violencia política sexual que fue parte del régimen dictatorial ha sido una de las tareas a las que se han abocado las organizaciones feministas, a través de estudios, investigaciones, seminarios, conversatorios, campañas y la presentación de querellas criminales en representación de las sobrevivientes. Ello a fin de relevar su voz que por demasiado tiempo ha permanecido silenciada.

Durante décadas miles de sobrevivientes han buscado verdad, justicia y reparación, pero la respuesta ha sido tardía, limitada y en muchos casos ni siquiera ha llegado. Más allá de destacar la reciente sentencia de la Corte Suprema, que confirma algunas condenas por secuestros y “aplicación de tormentos con violencia sexual” cometidos en el recinto denominado “Venda Sexy”, preocupa que la inmensa mayoría de los crímenes permanece impune. La impunidad que caracteriza la violencia política sexual favorece su repetición, como se evidenció durante las manifestaciones estudiantiles de 2011 y en el estallido social de 2018.

De ahí la importancia de reconocer, reparar y adoptar medidas de no repetición. Más allá del trabajo de las organizaciones, colectivos y las sobrevivientes, se requiere un compromiso de todos los poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto para que estos crímenes no se vuelvan a cometer.

Por ello, valoramos que la Cámara de Diputadas y Diputados, haya asumido este 23 de agosto una señal clara y categórica de condena a la violencia política sexual, enfrentando algunas posturas negacionistas respecto a estos hechos. A 50 años del Golpe de Estado es urgente el compromiso con el “Nunca más”, pues no existe ninguna circunstancia que pueda justificar el derrocamiento del sistema político democrático, las violaciones a los derechos humanos ni la violencia política sexual.

Por Camila Maturana Kesten, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera 

01 de septiembre, 2023.- En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y en línea con los anuncios realizados por el Ejecutivo en torno a una agenda legislativa en materia de derechos  humanos, organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para presentar una propuesta de agenda legislativa a impulsar.

En el encuentro participaron Corporación Humanas, ONG Leasur, Casa de Memoria José Domingo Cañas y Corporación Opción, en representación de la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, donde expresaron que es indispensable que exista un compromiso de carácter transversal,  por parte del poder Ejecutivo y Legislativo, respecto de las medidas necesarias para avanzar en justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. 

Entre los proyectos priorizados por la Articulación se encuentran 8 iniciativas, entre ellas, un mecanismo de carácter permanente para la calificación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos para la identificación y reconocimiento de víctimas, con una unidad especializada a cargo del adecuado registro de los relatos de las personas víctimas de violencia sexual. También la derogación del Decreto Ley de Amnistía,  ya que esta norma sigue siendo parte del ordenamiento jurídico nacional y es invocada permanentemente por quienes defienden a los agentes estatales y perpetradores encausados en procesos por crímenes de lesa humanidad. 

Se suma la iniciativa que busca la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, con un llamado a que el Estado de Chile ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. También se priorizó el proyecto de tipificación de la desaparición forzada por su pertinencia en lo que refiere a hechos ocurridos en dictadura, como en el período posterior a ella. Al tipificarla, se pueden establecer penas que sean proporcionadas a la extrema gravedad de este delito.

Para la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos es importante el levantamiento del secreto de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, para dar acceso a los tribunales de justicia a los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante esa instancia. Además, es necesaria la  compatibilidad Valech con otros beneficios y pensiones para permitir a los/as beneficiarios/as de pensiones de reparación de violaciones a los derechos humanos acceder al monto completo de la pensión garantizada universal, algo que actualmente no es compatible.

Las representantes también expresaron al ministro Elizalde la necesidad de una Ley Integral de Memoria que contribuya a las garantías de no repetición, inexistentes hasta el momento en nuestro país, que entienda la memoria como un derecho que el Estado debe proteger y garantizar, la que debe considerar el reconocimiento explícito de las violaciones a los Derechos Humanos que se han producido en el país, como parte del derecho a la verdad. Y, por último, el reconocimiento de la violencia política sexual, a través de una fecha conmemorativa, que tome en cuenta el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos, y específicamente de la tortura, en las mujeres. “Reconocer a las sobrevivientes constituye un significativo símbolo para avanzar en medidas de reparación colectiva”, expresan en la propuesta.

La Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos es una red de organizaciones de la sociedad civil que promueve los derechos humanos y contribuye a una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto a dichos derechos.

Revisa la propuesta de la Articulación de DDHH

25 de agosto, 2023.- En el marco del Festival OH! Stgo, iniciativa que durante 11 días convocó gratuitamente a la ciudadanía a conocer espacios de memoria y resistencia a través de la transformación de la ciudad, se incluyó la visita al Cuartel N°1 del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR). Este sitio fue conocido como “El Hoyo”, está ubicado en el subsuelo de la Plaza de la Constitución y fue declarado Monumento Histórico en el 2018. 

Los primeros agentes instruidos por la DINA fueron destinados inicialmente al Cuartel N° 1. Este lugar, operativo entre 1973 y 1974, mantuvo a cerca de 30 personas vinculadas al partido socialista prisioneras en sus instalaciones La mayoría fue trasladada luego a otros recintos de detención y tortura. Parte de las víctimas y sus familiares se agrupan actualmente en la Corporación Colectivo Plaza de la Constitución y Fundación Víctor Zerega.

Como organización feminista que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile y, en tanto representantes de víctimas de violencia política sexual en los casos de Patricia Herrera y Ana María Campillo, nos sumamos a esta iniciativa que invitó a conocer la ciudad desde los sitios de memoria, la vivencia de sus protagonistas y su sobrevivencia.

En dos visitas guiadas a los subterráneos de la Plaza de la Constitución, dirigidas al público,  se dio cuenta de cómo funcionó este centro de tortura y  cómo se gestó el compañerisño y la solidaridad frente a tantas vejaciones.

Patricia Herrera, sobreviviente de Cuartel N° 1, comentó que a partir de todo lo acontecido en dicho centro de tortura se interpuso en el año 2010 una querella por violencia política sexual, causa que lleva Corporación Humanas y que hoy está ad portas de tener una sentencia final de la Corte Suprema. “Nosotras tenemos rabia porque si bien hay miembros del SICAR hoy presos, también hay otros agentes libres caminando por las calles. Debemos tener un acto de memoria, pero también de fuerza”, señaló en la instancia.

Posterior a las visitas se realizó un acto cultural en el óvalo de la Plaza de la Constitución. En dicha instancia Patricia Herrera dijo que “queremos promover la difusión y el conocimiento sobre la historia y la cultura en derechos humanos”. También señaló que “están fuertes y decididas, que no son víctimas, que son sobrevivientes y que seguirán luchando”. 

En tanto, Alberto Zerega, hermano de Víctor Zerega, quien también estuvo preso en los subterráneos de la Plaza de la Constitución y posteriormente fue asesinado en 1974, agradeció que este sitio de memoria haya sido reconocido durante el gobierno de Michelle Bachelet, tras estar invisibilizado por más de 40 años. En la ocasión resaltó el que se estén generando nuevas acciones y la instalación de una placa en el lugar, lo que se hará el día 30 de agosto, cuando  se conmemora el Día Nacional e Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos.

En el acto también estuvo Camila Maturana, directora de Corporación Humanas y representante de Ana María Campillo y Patricia Herrera en las querellas por violencia política sexual. “Quiero hacer un especial reconocimiento a las compañeras por su tenacidad, resistencia, su lucha (…) y agradecer la confianza que  Patricia y Ana María han puesto en nosotras en esta ruta en búsqueda de la justicia y por visibilizar la violencia política sexual. Gracias a la valentía de mujeres como ellas y tantas otras hoy es parte de la verdad oficial en Chile que durante la dictadura las mujeres fueron víctimas de un castigo especial para sancionar su insumisión, su participación política y la búsqueda de una sociedad justa”, sostuvo Maturana en la instancia. 

La dirigenta del Partido Socialista, Fanny Pollarolo indicó que se están dando pasos adelante en momentos duros y difíciles. “Estamos mostrando resistencia, capacidad, energía, ganas voluntad y corazón. La verdad,  la justicia y la memoria hoy día es una tarea colectiva”.

Al cierre de la actividad cultural, Ana María Campillo leyó un poema escrito por Chantal Castiglione en memoria a Víctor Zerega. 

Por Corporación Humanas 

En el año en que se conmemoran 50 años del golpe de Estado la encuesta Barómetro de la Política CERC – MORI 1987 – 2023, arroja resultados alarmantes: un 36% de las personas encuestadas señala que “los militares tenían razón en dar el golpe de Estado en 1973“. Este momento es uno de los más trágicos y oscuros de nuestra historia, que cobró vidas, víctimas de tortura y de violencia política sexual, separó y exilió familias e inició una dictadura que se extendió por 17 años.

Si bien esta cifra aparece como paradójica en el marco de esta conmemoración, nos preguntamos si no es precisamente el transcurso del tiempo el que pone al golpe de Estado a una distancia tal que nos impide apreciar su gravedad con nitidez. Así como los espejos retrovisores advierten que los objetos están más cerca de lo que parecen, parece necesaria una advertencia respecto de ciertos hechos históricos.

Quienes hoy somos personas de 33 o menos años hemos tenido la oportunidad de nacer, crecer y desarrollarnos en el marco de un régimen democrático. En la misma encuesta observamos un dato que revela el desconocimiento de lo vivido en aquella época como posible causa de su justificación: ante la consulta por su conocimiento sobre el golpe de Estado, un 32% de las personas encuestadas declara saber poco o nada, y esta cifra se eleva a un 36% en el tramo de los 36 a 52 años, y hasta un 41% en el rango de los 18 a 35 años.

Siendo la democracia el pilar fundamental de la sociedad, y el respeto y garantía de los derechos humanos condición necesaria de nuestra existencia y desarrollo, cifras como las develadas deben ponernos en alerta y llamarnos a la reflexión sobre las acciones necesarias para consolidar y proteger nuestro régimen democrático, promoviendo su conocimiento y valoración.

La memoria cobra hoy aún más importancia. Recordar los horrores del pasado es necesario para honrar a quienes perdieron la vida, para celebrar la de quienes sobrevivieron a sus vejámenes y, además, para conocer y reconocer lo que hoy vemos con distancia y que nos despojó de la democracia, de nuestros derechos humanos y de nuestra propia libertad. Finalmente, para tomar conciencia de que nada justifica que se levanten las armas en contra de los habitantes de un país y se ponga en suspenso el ejercicio de los derechos más básicos.

Es por ello que este año las expectativas están puestas en una conmemoración que esté a la altura de lo ocurrido y del riesgo que supone para la democracia su desconocimiento. Esto requiere, además, señales claras respecto de la importancia del reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos.

Debemos comprender nuestra historia, ser conscientes de que Chile no siempre ha sido como lo conocemos, con democracia y respeto a los derechos humanos. Solo así lograremos articular nuestros esfuerzos colectivos para evitar que se repitan los graves hechos del pasado.

Publicada el 02 de junio, 2023.-

En marzo, las feministas conmemoramos la lucha histórica de las mujeres trabajadoras parar ser reconocidas como sujetas de derecho y ser libres de toda forma de opresión y violencia. Este año, la conmemoración adquiere un carácter especial, pues coincide con los 50 años del golpe cívico-militar de 1973.

El hito de los 50 años representa una oportunidad para evaluar nuestro proceso de justicia transicional y visibilizar el rol que hemos jugado las mujeres en el devenir político de estas décadas.

Las mujeres pusieron el cuerpo y lideraron la defensa de los Derechos Humanos durante la dictadura a través de las organizaciones de familiares que, sin descanso, han exigido verdad, justicia y reparación. De igual modo, las organizaciones de mujeres y feministas contribuyeron a la recuperación de la democracia impulsando movilizaciones pacíficas y masivas, como el Caupolicanazo de 1983, denunciando la falta de democracia en el país y en la casa.

Una vez finalizada la dictadura, las organizaciones feministas desplegaron distintas estrategias para que la experiencia de las mujeres durante la represión no quedara obturada en un relato neutro y totalizante.

En efecto, la violencia político sexual cometida contra las mujeres detenidas durante la dictadura ha sido un secreto a voces muy difícil de nombrar e incorporar en la memoria común sobre los efectos que la dictadura cívico-militar tuvo en el país. La cultura machista normaliza estas agresiones y las mantiene ocultas como expresión de violencia, minimizando su importancia y generando, en las sobrevivientes, sentimientos de vergüenza y culpa que impiden sacarla a la luz.

A pesar de estas barreras, son muchísimas las sobrevivientes que han alzado la voz para denunciar ocurrido. Así lo recogió la Comisión Valech I:

“Esta Comisión recibió el testimonio de 3.399 mujeres, correspondiendo al 12,5% de los declarantes. Más de la mitad de ellas estuvieron detenidas durante 1973. Casi todas las mujeres dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de edades y 316 dijeron haber sido violadas. No obstante, se estima que la cantidad de mujeres violadas es muy superior a los casos en que ellas relataron haberlo sido, por las consideraciones anteriores y porque existen numerosos testimonios de detenidos que señalan haber presenciado violaciones, cometidas en una gran cantidad de recintos de detención. La tortura sufrida por las mujeres menores de edad y por aquellas que se encontraban embarazadas subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de las consecuencias que les han afectado. Cabe señalar respecto a estas últimas que 229 mujeres que declararon ante esta Comisión fueron detenidas estando embarazadas y 11 de ellas dijeron haber sido violadas. Debido a las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en presidio.” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005, pág. 291).

El carácter sistemático y generalizado de la violencia sexual devela su propósito disciplinador en tanto castigo a aquellas mujeres que dejaron el espacio privado socialmente asignado para salir al ámbito público y político. Esta transgresión al cuerpo y la sexualidad cometida por agentes del Estado conlleva un mensaje dirigido a todas las mujeres, no solo a las víctimas directas, acerca de su rol subordinado y circunscrito al espacio privado, que ninguna mujer debe contravenir. Por lo tanto, busca disuadir la participación política de mujeres pues en el orden de género tradicional lo público-político es un espacio que no les corresponde.

A pesar de la regla tácita de silencio que rodea este tipo de crímenes, las organizaciones feministas han realizado una importante contribución para situar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad a nivel internacional y nacional. Así, por ejemplo, organizaciones como La Morada, el Instituto de la Mujer y Corporación Humanas llevaron a cabo proyectos de investigación orientados a visibilizar las condiciones socio-culturales que facilitan y mantienen oculta la violencia sexual. Esos estudios representan un significativo aporte en la elaboración de la verdad histórica, sistematizando y difundiendo los testimonios de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual como método de tortura.

En el ámbito de la justicia, Corporación Humanas interpuso en 2010 las primeras querellas por violencia sexual como tortura ante los tribunales. Estas acciones judiciales tienen como propósito reconocer las violaciones a los derechos humanos que vivieron las mujeres, por el hecho de ser tales, y obtener reparaciones adecuadas, en un contexto de bajísima judicialización de este tipo específico de delitos. Dada la escasa relevancia que se le asigna a la tortura en general, y a la violencia sexual en particular, el camino judicial no ha sido fácil, y luego de más de 13 años de litigio las sobrevivientes siguen a la espera de una sentencia firme que ponga fin a la impunidad endémica de la violencia sexual y haga realidad una justicia que ha sido esquiva por tantas décadas.

La valentía de las sobrevivientes de violencia político sexual para hablar sobre sus experiencias y judicializar sus casos, con el objetivo de visibilizar esta violación a los Derechos Humanos y de contribuir a que a otras mujeres no corran la misma suerte, son actos de resistencia política, porque se orientan a superar el silencio y el olvido. Estos seis meses que restan para la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar representan una oportunidad para reconocer a las sobrevivientes en su calidad de defensoras de Derechos Humanos y sentar bases sólidas de garantías de no repetición. La gravedad de la violencia político sexual nos exige no sólo no olvidar, sino también mantenernos alertas y activas frente a una violencia que contra las mujeres no ha acabado.

Referencias

• Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (2005). Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. Santiago, Chile. Extraído de http://www.bcn.cl/bibliodigital/dhisto/lfs/Informe.pdf
• Fundación Instituto de la Mujer & Corporación Humanas (2005). Memorias de Ocupación: violencia sexual contra mujeres detenidas durante la dictadura. Extraído de https://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-544022.html

Por Mariela Infante Erazo
Socióloga. Corporación Humanas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

Columna de opinión publicada en Descentrados