El sábado 20 de junio fue el último en la vida de Claudia Durán, de 52 años. Su pareja la atacó con un cuchillo en plena vía pública, lo que le causó la muerte.

Los hechos ocurrieron en la comuna de Río Claro en Maule, y el sujeto —de 35 años— fue detenido en flagrancia, luego de que los vecinos del sector dieran cuenta de una pelea entre los involucrados.

“Intentamos ayudarla muchas veces, pero lamentablemente llegamos hasta acá porque no es fácil sacar a una persona violentada de su pareja”, dijo a TVN una de las hijas de la víctima el día de la formalización del agresor. 

Su relato se condice con antecedentes de maltrato en contra de su madre con anterioridad; el último episodio conocido por la familia apenas en febrero pasado.

Patricia Ojeda tenía 32 años y era madre de dos hijas.

“No es posible que haya otra víctima, otras mujeres en esta situación. Queremos las sanciones más drásticas para que esto se corte definitivamente y más adelante no tengamos que lamentar otro femicidio”, dijo su padre conmocionado.

Pero lamentablemente, su deseo está lejos de hacerse realidad. Sin ir más lejos, en lo que va de 2026 se han cometido 19 femicidios consumados y 157 frustrados.

Las cifras no muestran un escenario nuevo, todo lo contrario; son estadísticamente similares a las del 10 de julio del año pasado: 20 femicidios consumados y 153 frustrados.

Más de una década igual

En los últimos 13 años, el número de femicidios prácticamente no ha tenido diferencias: los crímenes cometidos han sido de 40 hacia arriba, salvo en 2016 cuando se registraron 34.

En el caso de los femicidios frustrados, estos han crecido exponencialmente desde 2019, aumentando los casos detectados en un 203%. 

Pese a que con el tiempo la conciencia sobre el maltrato de género ha crecido y han habido importantes avances legislativos al respecto —como la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres—, los asesinatos no dan tregua.

Paula Salvo, presidenta del directorio de la Corporación Humanas, el nulo retroceso de la violencia tiene que ver con que el fenómeno es multifactorial: “Lo primero es que la violencia contra las mujeres no disminuye porque no es un problema como individual, es un problema estructural y cultural, y de alguna manera los femicidios son la punta del iceberg debajo del cual hay una cultura que todavía tolera distintas formas de violencia contra las mujeres”.

En segundo lugar, Salvo sostiene que aunque Chile ha avanzado mucho en leyes a favor de la mujer, estas “por sí solas no cambian la realidad”. Se requiere implementar políticas públicas que sean sostenidas y evaluables.

“El desafío ya no es solo el de legislar, sino que el desafío es que las políticas públicas lleguen a la vida cotidiana de las mujeres, que nos lleguen a nuestra vida”, enfatiza.

También hace hincapié en la forma en que educamos a hombres y mujeres para evitar la violencia. «Los homicidios no se previenen solo en los tribunales, se previenen también en las salas de clases».

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) coinciden en que “los femicidios son la manifestación más extrema de la violencia de género» y sostienen que el fenómeno constituyen un problema grave de seguridad pública, que se debe abordar con urgencia. “Se trata de un fenómeno complejo y multifactorial” que necesita del compromiso permanente de las instituciones y la sociedad.

Eso sí, destacan que en los últimos años el Estado ha mejorado la forma de medir el fenómeno y actúa de manera más coordinada. Sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la Ley Gabriela, la cual extendió el tipo penal del femicidio más allá del ámbito íntimo y se elevó el estándar jurídico que permite detectar, identificar y calificar adecuadamente estos delitos.

“A esto se suma un fortalecimiento sostenido de la coordinación interinstitucional entre policías, Ministerio Público y servicios especializados, lo que ha permitido avanzar en procesos de denuncia más oportunos e investigaciones con mayor rigurosidad”, señalan.

Además, existe la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios (SCIF) que lidera la respuesta estatal ante una víctima de femicidios consumados, frustrados y tentados, así como ante suicidios femicidas.

Querella de oficio

Uno de los últimos avances concretos en materia de acción en contra de la violencia hacia la mujer, surgió de la Ley Integral. Desde el 13 de marzo de 2026 —fecha de promulgación del Reglamento de Representación Jurídica— permite al servicio en representación del Estado querellarse de oficio en casos de femicidio consumado y suicidio femicida, fortaleciendo la capacidad de acción institucional.

Lo anterior permite asegurar una acción inmediata y proactiva del Estado frente a estas expresiones de violencia extrema, sin depender de que la familia o terceros presenten la acción penal correspondiente.

¿Dónde pedir ayuda? 

El Sernameg despliega un trabajo integral que abarca la prevención, la atención inicial y procesos reparatorios. En las primeras etapas se intenta la detección oportuna de situaciones de riesgo y el acompañamiento psicosocial de aquellas mujeres que están viviendo alguna situación de violencia.

Además, existe el Servicio de Atención Telefónica y Telemática (SATT) —Fono 1455 — la que funciona gratuitamente y es confidencial. Atiende todos los días del año, de 08:00 a 00:00 horas.

También hay una red de atención especializada a nivel nacional, integrada por los Centros de las Mujeres y los Centros de Atención Especializada en Violencias de Género, donde equipos profesionales entregan atención psicológica, social y jurídica a mujeres que viven violencia. También cuenta con Residencias Transitorias que entregan un espacio  para la protección y seguridad de las víctimas de violencias de género en riesgo vital/extremo y sus hijos/as.

Reportaje publicado por Informe Especial 24 horas, 07 de julio, 2026.-