Con la participación de las integrantes de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género, se realizó el 26 de julio el Conversatorio “Prevención de las violencias hacia las mujeres: evaluación y desafios”, actividad organizada por la misma articulación. En la instancia se habló de los retos que significan para los estados las diversas violencias, los problemas de su implementación por la definición de las mismas y cómo trabajar la prevención en los distintos gobiernos.
De acuerdo al informe que aborda la temática, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre de violencia, subrayó la Subdirectora de Corporación Humanas Chile, Victoria Hurtado, para dar comienzo al conversatorio. En la instancia mencionaron varias aristas para entender las violencias que sufren las mujeres y el por qué está fallando la prevención en los distintos países de Latinoamérica, además, de cómo hacer políticas públicas de prevención de violencias contra las mujeres.
Uno de los temas sobre la prevención de violencias hacia las mujeres que se abordaron durante el conversatorio fueron las políticas públicas generadas por los Estados. Si bien son un gran avance para el movimiento feminista, existe la concepción errónea de que solo con ellas las violencias hacia las mujeres se van a erradicar. Por ejemplo, en el ámbito judicial, la integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) México, Norma Don Juan Pérez mencionó que “en México está suscrito a muchos tratados, convenios, ha generado políticas, legislaciones, programas, sin embargo, no se detienen las violencias (…) Nosotras le decimos obesidad legislativa porque leyes hay muchas. Es importante, pero no es suficiente. E incluso, a veces solo se queda en la Constitución, pero ni siquiera hay una ley reglamentaria que permita aterrizarla”.
A lo anterior, se agregó que estas políticas son creadas desde la idea de que hay un solo tipo de mujer homogénea. “Hay que entender más bien la violencia desde la complejidad. De las múltiples formas de violencia y cómo la viven las mujeres en su diversidad” dijo la coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Paola Yañez-Inofuentes.
La violencia que vive una mujer en las zonas urbanas no es la misma que vive una mujer en las zonas rurales; lo mismo pasa con las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes. “El caso de Brasil, que es uno de los pocos países que ha ido desagregando la violencia etnia-raza, se observa que las mujeres blanco-mestizas son asesinadas en su mayoría dentro del hogar, mientras que las mujeres negras-afrodescendientes, la mayor incidencia de asesinatos está en el espacio público, es decir, en las calles. No en el hogar”, afirmó la coordinadora Yañez-Inofuentes. Entonces, “cómo vamos a tener y pensar la legislación sobre prevención de violencia dentro del hogar cuando unas mujeres sufren mayores grados de violencia en la calle”, añadió.
Las legislaciones que tienen los países sobre la violencia y su prevención, en consecuencia, no son integrales y están pensadas, por ejemplo, para el ámbito urbano. No se piensa en las mujeres de las periferias o de las zonas rurales que experimentan otras situaciones. Y, desde la perspectiva de Paola Yañez-Inofuentes, “uno de los principales desafíos legislativos de los países es pensar en todas las mujeres”.
Si bien en documentos de política pública de los países de la región mencionan la interseccionalidad para abarcar todas las problemáticas de las mujeres, esto no se vivencia en la práctica. En la observación hecha por la directora de Corporación Humanas Colombia, Adriana Benjumea, respecto a su país, “en las leyes no hay un significado concreto de qué significa esa violencia contra mujeres afrodescendientes, palenqueras o negras. Las feministas hemos puesto en evidencia cómo algunos gobiernos se han apropiado del lenguaje, pero para nada se refleja en las políticas públicas de prevención y atención de la violencia”, sentenció.
Durante el conversatorio se ahondó sobre la utilización del concepto anterior en las políticas públicas de cada país, más otros como la interculturalidad y los estados plurinacionales. Para la integrante de CONAMI, Norma Don Juan Pérez, el concepto interculturalidad ha sido utilizado con una intención política que terminó despolitizando la palabra. “No se trata de que traduzcas mi lengua indígena. La interculturalidad se trata de diálogos horizontales. De que es válida tu visión, como mi visión del mundo”, apuntó.
Los gobiernos utilizan esos conceptos para “reconocer” a la diversidad, sin embargo, cuando hacen políticas públicas de prevención, “se sigue manteniendo la idea de que somos un solo sujeto. Una nación mestiza”, dijo Paola Yañez-Inofuentes.
Entonces, ¿cómo abarcar la prevención de violencias hacia las mujeres? La violencia hacia las mujeres no debe ser abordada sólo a partir de un número. En el conversatorio señalaron que no importaba si eran 100 mil casos de desaparecidas o 20. La violencia no debe existir. Cosa que también se critica a los gobiernos ya que si no afecta a una población importante no es considerado grave.
También, es necesario abandonar el pensamiento de que con la sanción está resuelto el problema y reconocer nuestra responsabilidad social en la violencia hacia las mujeres. En ese sentido, la directora de Humanas Colombia, Adriana Benjumea, quien además coordina la Articulación Regional Feminista, mencionó: “Somos sociedades racistas, clasistas, transfóbicas y xenófobas. Le hemos quitado grandeza y dignidad a la palabra indio o negro y han sido ubicadas en un lenguaje despectivo y desconocedor de derechos humanos. No hemos trabajado lo suficiente en educarnos como sociedad para eliminar realmente la discriminacion”.
Además, puntualizó que, sin este reconocimiento, la unión entre las mujeres del continente va a ser difícil “si se considera que es un problema a las mujeres afro o que las mujeres venezolanas que transitan nuestros países son un problema. Pues ahí empezamos perdiendo y el patriarcado nos gana”, finalizó.
El conversatorio puntualizó justamente en el tema educacional para la prevención de las violencias hacia las mujeres ya que, a nivel regional, es escuálido en todos los países, vale decir, que el aporte a la prevención es nula y perpetua discriminación. Respecto a eso, la integrante de CONAMI, Norma Don Juan Pérez, comentó sobre la población indígena en las escuelas, afirmando que “no se reconocen nuestras visiones y formas de ser y estar en el mundo. No se va reconociendo las especificidades de las distintas poblaciones, nuestros distintos lenguajes y nuestras distintas formas de comunicarnos”.
Por último, realizar políticas públicas de prevención lo suficientemente estructurales, significa pensar desde los márgenes hacia el centro, “es en los márgenes donde se refleja la estructura de las desigualdades”, dijo la coordinadora Paola Yañez-Inofuentes. Se deben tomar las desigualdades que están fuera e ir trabajando hacia el centro. “Urge pensar precisamente desde esto, el margen. Desde la periferia, lo rural e ir pensando en soluciones para transformar esas realidades”, concluyó.
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