Advertencia: Este reportaje incluye testimonios de violencia sexual que pueden ser gatillantes para personas sobrevivientes de abuso y otras formas de violencia.
Ese día, mientras caminaba por las calles de Santiago, a Ana la raptaron tres hombres. Luego de que la acosaran verbalmente, ella advirtió que era lesbiana y no le interesaba nada con ellos. La revelación no hizo más que empeorar la situación. La metieron dentro de un automóvil y, mientras dos la agarraban para inmovilizarla, otro la violó. Luego de cinco horas de pesadilla, durante las cuales la penetraron anal y vaginalmente, la dejaron botada en la calle. Sus victimarios no fueron hombres cualquiera; fueron tres oficiales de Carabineros, la policía chilena.
Desde el día del estallido y durante meses, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), organización que llevó el caso de Ana, prestó asesoría legal gratuita a cientos de personas que fueron víctimas de violencia policial, especialmente a mujeres agredidas sexualmente. Todos los sábados por la mañana se instalaron en una sede social del centro de la capital a escuchar relatos.
“Recogimos testimonios de víctimas y nos dimos cuenta de que el protocolo era muy similar, pese a que no está escrito. Había una violencia dirigida de Carabineros hacia las mujeres y con violencia sexual. Todas las mujeres relataban lo mismo: al momento de tomarlas detenidas les tocaban los genitales, los pechos, les gritaban putas, maracas. Muchas quedaban prácticamente sin ropa por intentar escapar. En esas condiciones llegaban a la comisaría, donde las llevaban a un baño, generalmente abierto, o al patio, y las desnudaban y obligaban a hacer sentadillas. En algunos casos incluso revisaban sus vaginas con linternas”, cuenta Paula Peña, de Abofem.
“Que la violencia sexual sea cometida por un agente estatal la agrava más. Hay una situación de desigualdad de poder. La violencia sexual ha sido claramente utilizada como forma de inhibir la protesta social. Hay casos en varios países donde se ha evidenciado que es utilizada como arma disuasiva”, afirma Beatriz Contreras, Jefa Regional de la Sede Metropolitana del INDH.
No se trata de casos aislados o responsabilidades individuales; pareciera ser una estrategia. La abogada Catalina Lagos, quien se ha especializado en el tema, asegura que se trata de violencia política sexual: violencia que se despliega para ejercer control social, ya sea para reprimir, castigar, humillar o enviar un determinado mensaje o lección. “Hay una finalidad de sometimiento y sumisión, de restablecimiento del orden patriarcal, de castigo al despliegue de autonomía de aquellas sexualidades y expresiones que desafían las concepciones de género dominantes”, dice Lagos.
Es el caso de la periodista Estefani Carrasco. La noche del 23 de octubre de 2019, luego de una manifestación multitudinaria en el centro de la ciudad de Arica, al norte de Chile, caminaba de vuelta a su casa junto a dos colegas como parte de su trabajo para registrar información durante el toque de queda. A las 11 de la noche, dos policías detuvieron al grupo y pidieron sus documentos. Mostraron sus credenciales de periodistas y en eso llegaron dos policías más, vestidos de civil.
“Uno de ellos nos dijo ‘No tienen nada que andar investigando ustedes’ y nos amenazaron con que si no subíamos a la patrulla iba a ser peor porque iban a llamar a más policías. Cuando llegamos a la comisaría una carabinera se acercó con guantes quirúrgicos. Ahí nos dio miedo. Le preguntamos qué iba a hacer y no nos quiso responder. Dijo que teníamos que pasar al baño de a una. Yo fui primero. Me hizo sacarme la ropa porque quería revisar que no tuviera nada oculto en mis genitales. Me dijo que me sacara los calzones y que hiciera sentadillas. Yo no sabía que eso era ilegal, pensé que era lo normal, por denigrante que fuera. Al otro día supe que era tortura”, cuenta Estefani.
En entrevista con VICE, Carabineros aseguró que existe una especial atención en resguardar los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, considerados como “grupos vulnerables” por la institución. Afirmaron que el registro de vestimentas se hace de forma superficial y siempre respetando la separación por edad y género entre personas detenidas. Además, que siguen una serie de indicaciones y prohibiciones específicas en documentos como las Instrucciones sobre la Detención en General y en Particular de la Detención de Mujeres. También mencionaron capacitaciones sobre el tema junto a organizaciones feministas de la sociedad civil.
Pero las precauciones no se reflejan en los hechos. Así lo indican decenas de testimonios recogidos por Abofem en el marco del estallido social.
Como el caso de Claudia, de 16 años, quien fue ingresada en un calabozo de hombres por no vestir de forma tradicionalmente femenina. O lo que le ocurrió a Luisa, mujer trans que fue ingresada en un calabozo de hombres.
O lo que le ocurrió a Javiera, de 17 años: “Me esposaron y me subieron al vehículo policial. [El policía] me tocó el poto (trasero) y me insultó con garabatos: ‘Puta, maraca, perra culiá qué andai haciendo acá’. Me desespero, quiero llamar a mi mamá y el carabinero me dice que mi mamá está enojada conmigo. Me dice ‘cállate perra culiá, te merecís estar acá. ¿Querís que te tire una lacrimógena para que te quedís callá?’”.
Al consultarle por las cifras del INDH, la General Berta Robles Fernández, Directora de la Zona de Prevención y Protección de la Familia de Carabineros de Chile, comenta: “Son denuncias graves y claramente como Institución no podemos menos que rechazar este tipo de acciones si se han producido (…). Pero proporcionalmente el número de denuncias comparado con el número de procedimientos y de detenciones revela un muy bajo porcentaje. Por cierto que siempre vamos a aspirar a cero, pero el porcentaje es muy bajo”.
El 3 de marzo de este año, la diputada Camila Rojas hizo una interpelación pública a la entonces ministra de la Mujer, Isabel Plá, durante la cual le preguntó qué estaba haciendo a propósito de la violencia política sexual ejercida desde el Estado hacia las mujeres, sin obtener respuestas satisfactorias. El 8 de marzo, la marcha por el Día de la Mujer Trabajadora reunió a dos millones de mujeres en la capital, que se manifestaron en contra de la ministra, quien renunció a su cargo cinco días más tarde. La sucedió Macarena Santelices, que duró sólo un mes en el cargo, y actualmente es ministra de la Mujer Mónica Zalaquett.
Consultada por VICE, Zalaquett, dice: “Hemos realizado un importante trabajo preventivo respecto a la violencia contra las mujeres en contexto de movilizaciones sociales”. Menciona convenios de colaboración y trabajo conjunto con ONU Mujeres, el Ministerio Público, el INDH, el Ministerio de Justicia y la Corporación de Asistencia Judicial y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Capacitaciones para fortalecer el enfoque de género y de Derechos Humanos en el personal policial y acciones informativas sobre protocolos a seguir en caso de detención de mujeres. Asegura que han tomado contacto con cinco mujeres que denunciaron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, pero que “todas declinaron recibir algún tipo de atención por parte del servicio”.
Y es que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha causado rechazo en las mujeres, especialmente durante el mandato de Sebastián Piñera. Plá, Santelices y Zalaquett pertenecen a la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político de derecha fundado por personas que gobernaron el país durante la dictadura de Augusto Pinochet. En ese período se registraron altos niveles de violencia política sexual contra las mujeres, existiendo centros de tortura dedicados a esto. La comisión Valech, creada para esclarecer la identidad de personas que sufrieron vejámenes por agentes del Estado en esa época, tomó la declaración de cerca de cinco mil mujeres que evidenciaron que el método de tortura más utilizado contra ellas fue la violencia sexual.
“Es una práctica que jamás dejó de existir, es sólo que en este particular momento político y social se agrava, se intensifica. La comisión de esta forma de tortura durante la democracia se debe a la absoluta invisibilización e impunidad que existe en nuestro país para la violencia política sexual ejercida durante la dictadura cívico-militar”, explica la abogada Catalina Lagos. “No nos hemos hecho cargo como país del impacto diferenciado de la represión en las mujeres y sexualidades o identidades de género disidentes. La violencia política sexual es una experiencia profundamente traumática y puede causar una enorme afectación física y psicológica a quienes son sometidas a ella, que es muy difícil de superar. El hecho de que quien es el causante de la agresión sea parte del Estado hace que el impacto en las víctimas sea muy profundo”.
Los casos de violencia política sexual han seguido aumentando incluso durante la pandemia y no se ha indicado a ni un solo policía como responsable. A estos sucesos se suman mutilaciones oculares, torturas y muerte de personas en manos de la policía durante manifestaciones. Por eso, a un año del estallido, una de las demandas sociales más fuertes es la reestructuración completa de la institución de Carabineros.
*Los nombres de las víctimas, a excepción de Estefani, son ficticios para resguardar su identidad.
