Luego del avance de la marea verde en Argentina y de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo la lucha por los derechos sexuales y reproductivos continúa extendiéndose, esta vez en Chile, donde también está en marcha el proceso para la redacción de una nueva Constitución. ¿Cómo sigue el debate que comenzó en el mes de enero? ¿Cuál es la situación actual en el país?
La lucha de los feminismos no es un movimiento aislado. La red que se tejió durante décadas para conquistar los derechos de mujeres y diversidades se forjó también gracias a las alianzas de los países de la región. Sin ir más lejos, fue en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990 donde se estableció por primera vez la fecha del 28 de septiembre como Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina. Eso es lo que genera tejer lazos: un impulso que puede comenzar en cualquier lugar pero que necesariamente tendrá su repercusión para el resto, una sinergia que crece y se retroalimenta a medida que se avanza hacia las metas que se imaginaron en conjunto. Por eso, la legalización del aborto en Argentina, el 30 de diciembre de 2020 es parte de un nuevo capítulo para la historia de los feminismos del continente.
La lucha de los feminismos no es un movimiento aislado. La red que se tejió durante décadas para conquistar los derechos de mujeres y diversidades se forjó también gracias a las alianzas de los países de la región. Sin ir más lejos, fue en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990 donde se estableció por primera vez la fecha del 28 de septiembre como Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina.
Tal es así que a las pocas semanas, la marea verde alcanzó al país vecino: el pasado 13 de enero, Chile comenzó a debatir la despenalización del aborto hasta la semana 14 sin sujeción a causales, proyecto que había sido ingresado por primera vez en 2018 pero que nunca había sido efectivamente tratado, hasta ahora. “A partir del estallido político social de octubre de 2019, la discusión en torno a los derechos de las mujeres y las niñas ha sido muy fuerte, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, y la aprobación de la ley sobre aborto en Argentina constituyó un impulso muy relevante para lograr que comenzara la discusión en la Cámara de Diputados”, comenta a La Primera Piedra Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, una de las organizaciones que propuso el proyecto y que juntas conforman Mesa Acción por el Aborto en Chile, nacida en el 2015 con el objetivo de generar los argumentos para instalar el debate en la sociedad.
Foto: Claudio Reyes/AFP
El antecedente en el camino para la ampliación de derechos es la Ley 21030 que legalizó el aborto en casos de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad del feto. Impulsada por la ex presidenta Michelle Bachelet y sancionada en 2017 después de años de discusión, permitió salir de la criminalización total, situación que perduraba desde la dictadura cívico militar cuando, en 1989, se derogó el aborto terapéutico. “La ley de las tres causales fue duramente resistida en el Congreso”, cuenta Maturana. “Los partidos políticos de oposición en ese momento que hoy son la coalición de gobierno se opusieron fuertemente durante toda la discusión legislativa en la Cámara y fueron al Tribunal Constitucional (TC) para buscar que la ley fuera rechazada”, agrega. En Chile, el TC es un órgano que tiene la facultad de dejar leyes sin efecto por considerarlas “inconstitucionales” y, a lo largo del tiempo, ha actuado en sintonía con los sectores conservadores. Es uno de los mecanismos instaurados desde la dictadura para limitar la intervención política, al igual que los “super quórum”.
El antecedente en el camino para la ampliación de derechos es la Ley 21030 que legalizó el aborto en casos de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad del feto. Impulsada por la ex presidenta Michelle Bachelet y sancionada en 2017 después de años de discusión, permitió salir de la criminalización total, situación que perduraba desde la dictadura cívico militar cuando, en 1989, se derogó el aborto terapéutico.
La resistencia durante su tratamiento fue un anticipo de los obstáculos que se presentaron al momento de su aplicación. De acuerdo a Camila Guerrero Martínez, Directora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), que también integra la Mesa Acción por el Aborto, hay tres problemas fundamentales para el cumplimiento de la ley de las tres causales. “Por un parte hay falta de información, las mujeres no conocen la ley y no tenemos campañas comunicacionales donde se promocione, se explique en qué consiste y cuáles son los requisitos para poder acceder a ella, lo que hace que finalmente tengamos como principal traba de aplicación una ley que es aprobada en un gobierno de izquierda y que luego es invisibilizada n un gobierno de derecha”, explica Guerrero Martínez para La Primera Piedra. La difusión se limita a un banner la página web del Ministerio de Salud pero, tal como comenta también Maturana, no existen en los establecimientos de salud, en territorios o en barrios, acciones de promoción que difundan la existencia de los derechos que la ley reconoce.
“En segundo lugar, otra de las trabas son las capacitaciones”, continúa Guerrero Martínez. “Si bien en la atención primaria de salud, que es donde vemos la principal dificultad, no se realizan las interrupciones, es ahí donde las mujeres llegan en primer lugar para tener algún tipo de prestación de salud de este tipo y es donde son derivadas a un nivel secundario y terciario, que son los hospitales. En este ítem podemos decir que no hubo capacitaciones suficientes, ya que solamente se desarrollaron en los hospitales, siendo muy escasas y únicamente al principio de la promulgación de la ley”, cuenta la Directora de Abofem. El tercer problema, y también el principal, es el de la objeción de conciencia, uno de los argumentos más utilizados por los sectores conservadores para obstaculizar derechos. En Chile, el TC avaló la objeción de conciencia institucional, lo que genera que muchas clínicas u hospitales completos se nieguen a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo por causales, incluso cuando muchos de ellos reciben fondos estatales y desempeñan una función pública.
En Chile, el Tribunal Constitucional avaló la objeción de conciencia institucional, lo que genera que muchas clínicas u hospitales completos se nieguen a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo por causales, incluso cuando muchos de ellos reciben fondos estatales y desempeñan una función pública.
“Al ser muy fácil objetar ha habido una abuso”, explica Guerrero Martínez. “En cierta forma una recurso que debería ser extremo solamente por razones de profunda convicción lleva a no cumplir la ley. Es ahí cuando se debiera autorizar por razones fundadas, sin embargo, hoy en día, vemos que solamente basta con llenar un formulario y que muchos en el personal de salud lo hacen sabiendo que podría implicar menos caga laboral. En la práctica una ley que ya era limitada y que se limita aún más porque hay menos mujeres que pueden acceder a ellas”. Por su parte Camila Maturana agrega: “Esta regulación tan amplia que se aparta de los estándares internacionales que regulan la objeción de conciencia de manera excepcional y restrictiva ha favorecido que uno de cada dos obstetras que trabaja en hospitales públicos en Chile se haya declarado objetor de ciencia en al menos una de las tres causales. La situación más crítica es la que afecta a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación”.
De acuerdo a un informe elaborado por Corporación Humanas, son 70 los hospitales habilitados para la implementación de la ley y, de 67 de ellos – de los cuales se logró obtener información – en 27 la proporción de obstetras objetores y objetoras de conciencia en casos de violación es superior al 66,6%, es decir más de dos tercios del personal contratado. Además, en al menos cinco, todos los obstetras se oponen a interrumpir dichos embarazos. Según datos de la Mesa Acción por el Aborto, se realizan en Chile entre 80 mil y 260 mil abortos por año, de los cuales únicamente un 3% representan procedimientos enmarcados dentro de la ley de las tres causales. Esto implica que la mayor parte se realiza por lo tanto en la clandestinidad, en condiciones insalubres, que ponen en riesgo la vida de las mujeres y personas gestantes.
Foto: AFP
El proyecto de despenalización hasta la semana 14 sin sujeción a causales se encuentra actualmente en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, donde se estuvieron realizando audiencias públicas para recibir a expertos del ámbito de la salud, jurídico y de organizaciones de la sociedad civil. Durante el mes de febrero hay receso legislativo y, luego de las dos primeras sesiones en marzo, la discusión se reanudará. Si bien es un paso importante en el camino hacia el aborto legal, seguro y gratuito, el proyecto de despenalización se centra en eliminar el carácter de delito pero no garantiza el derecho de interrupción voluntaria del embarazo y la atención de salud para todas las mujeres y personas gestantes que lo requieran. Uno de los motivos es que fue presentado por parlamentarias que constitucionalmente no tienen la atribución para proponer proyectos de ley que involucren gasto público.
“Vemos que hay esperanza en una Constitución feminista que tenga clave de genero para la organización del Estado, para establecer paridad en los órganos del mismo en distintas esferas, para la incorporación de tratados internacionales que ya reconocen derechos sexuales y reproductivos y que están en nuestra actual Constitución pero incorporando mecanismos que garanticen su exigibilidad”.
Al respecto, Guerrero Martínez comenta: “Sabemos que el proyecto de ley tiene esas dificultades porque finalmente no traducen la potencia transformadora que se ha sostenido en las calles por parte del movimiento feminista y que debiera traducirse en una discusión legislativa constitucional que vaya mucho más allá de la mera despenalización. Eso hace que estemos planteando, ya con miras al proceso constituyente que se viene, que la discusión avance, se transforme y mute a pensar el aborto como una obligación del Estado a través de la legalización, y esto va de la mano con modificaciones en la legislación en distintas dimensiones como la ESI, la generación de estándares y también el acceso a la seguridad de anticoncepción”. El pasado mes de octubre y a casi un año del estallido social chileno que mostró el descontento frente al sistema económico y político, se decidió, a través de un plebiscito la convocatoria a una Convención Constitucional para discutir una nueva Constitución que reemplace a aquella establecida por la dictadura desde 1980.
Una de las expectativas respecto del proyecto constituyente que se avecina es precisamente la discusión de aquellas formas que preservan el sistema instaurado por Pinochet y que obstaculizan cambios sustanciales en materia de derechos sociales, como las atribuciones del TC o las facultades exacerbadas de la figura del presidente sobre proyectos que implican gasto presupuestario, por ejemplo. Además, Guerrero Martínez afirma: “El movimiento social sabe que una Constitución con perspectiva de género es esencial y que va más allá de un mero artículo para garantizar una igualdad formal, que debe contemplar transversalmente todos los derechos y abrir la discusión acerca de derechos sexuales y reproductivos, que implique poder decidir sobre la sexualidad y sobre la reproducción. Vemos que hay esperanza en una Constitución feminista que tenga clave de genero para la organización del Estado, para establecer paridad en los órganos del mismo en distintas esferas, para la incorporación de tratados internacionales que ya reconocen derechos sexuales y reproductivos y que están en nuestra actual Constitución pero incorporando mecanismos que garanticen su exigibilidad”.
Foto: Télam
La marea verde movió así la tierra para que se abran nuevas posibilidades, aunque también generó la avanzada de los sectores conservadores en otras regiones del continente: recientemente, en Honduras, a fines de enero, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional que blinda la prohibición absoluta del aborto existente en el país de forma que no pueda ser modificada y que clausure cualquier debate en torno a la despenalización del aborto. El país tiene una de las legislaciones más restrictivas a nivel mundial sobre derechos sexuales y reproductivos.
Pero la discusión en el Congreso en Chile, de la mano de un proceso constituyente que avanza también junto a la fuerza de los movimientos feministas deja entrever un halo de esperanza que se abre en la región, en un contexto de avanzada neoliberal. La fuerza de las organizaciones que lucha por la ampliación de derechos de mujeres y diversidades permite abrir fisuras gracias a la unión regional que marca, con hitos históricos, cambios de época.
