La idea de legislar se arrastra desde hace 16 años, cuando el Estado se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a promulgar una ley que reformara dicho régimen.
Luego de trabajar durante 2022 junto a organizaciones de mujeres, comisiones del Senado y expertos en el tema, el gobierno reactivará la tramitación del proyecto de ley que reforma el régimen de sociedad conyugal.
El proyecto ha tardado 16 años en materializarse, luego de que en 2007 el Estado de Chile suscribiera un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Sonia Arce Esparza, quien denunció la discriminación que vivía porque el ordenamiento jurídico, por el hecho de ser mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, le impedía disponer de sus propios bienes. El primer compromiso fue, precisamente, la promulgación de una ley que reformara el régimen de sociedad conyugal.
En marzo de 2013, el proyecto fue despachado por la Cámara Baja para continuar con su segundo trámite constitucional ante el Senado. Y una vez creada la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, el 26 de octubre de 2018, la Comisión de Constitución le traspasó este proyecto de ley, que hoy se encuentra en segundo trámite constitucional.
Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género señalan que la CIDH instó en marzo al Estado “a concretar una hoja de ruta con plazos para dar cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa, debido a que han transcurrido más de 15 años desde el acuerdo, sin que este se haya cumplido”.
Y según indicó la cartera, la tramitación se retomará la semana del 8 de mayo, mes durante el cual se recibirá en audiencia pública a los expertos, además de acoger nuevas indicaciones en un plazo que se extenderá hasta el 6 de junio, con el objetivo de comenzar a votar en particular los artículos del proyecto.
“Queremos saldar una deuda de muy larga data en nuestro país, y lo estamos haciendo en continuidad al trabajo ya realizado en gobiernos anteriores. En 2022 trabajamos en conjunto con expertas y expertos, organizaciones sociales, de mujeres, feministas y con los propios equipos de senadores y senadoras para alcanzar un amplio acuerdo respecto de las modificaciones a la sociedad conyugal que viene a hacerse cargo de una inaceptable e histórica discriminación que afecta a miles de mujeres”, dice la ministra Antonia Orellana.
Y añade: “Entre otras modificaciones, destacamos la indicación para que la administración de los bienes sea conjunta entre los cónyuges y ya no solo potestad del hombre. De esta forma, si conseguimos despachar las modificaciones a ley, estaríamos dando cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa con la CIDH, que es una obligación que tenemos como Estado. Y confiamos en que así será”.
Desde Corporación Humanas, que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) representan a Sonia Arce ante la CIDH, la abogada y directora Camila Maturana consideró muy importante que se reanude el debate, “pues se trata de una ley que discrimina a las mujeres subordinándolas a sus maridos y limitando gravemente su autonomía. En pleno siglo XXI es inaceptable que se niegue a las mujeres casadas la capacidad de administrar y disponer de sus propios bienes en lugar de asegurar la igualdad entre los cónyuges”.
Respecto a la lenta tramitación que ha tenido el proyecto tras el compromiso adquirido ante la CIDH, Maturana agregó que “desde Corporación Humanas esperamos este año se pueda concluir el debate y contar con una ley que proteja a las mujeres”.
Publicado en La Tercera el 27 de abril de 2023
