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En las últimas dos décadas, el feminismo en Chile dejó de ser una voz marginal para convertirse en una fuerza social capaz de reconfigurar el debate público. Las calles, las universidades, los espacios de la política institucional y los territorios han sido escenario de una transformación cultural profunda que hoy resulta imposible ignorar.

Nada de lo que hemos avanzado ha sido una concesión. Cada derecho —desde el reconocimiento de la violencia de género como un problema estructural hasta el impulso de políticas de cuidado— ha sido fruto de décadas de organización, de movilización y de pensamiento político feminista.

Pero este 8 de marzo nos encuentra en un momento distinto. A pocos días de un cambio de gobierno y de la apertura de un nuevo ciclo político en Chile, no estamos simplemente ante una alternancia institucional. Estamos frente a un reordenamiento de prioridades y sentidos del Estado, en un escenario donde las fuerzas conservadoras han ganado influencia política y cultural.

La historia reciente nos recuerda que los derechos de las mujeres rara vez son el punto de partida de los proyectos políticos conservadores. Cuando la igualdad de género deja de ser un principio orientador de la acción estatal, no es necesario eliminar derechos para debilitarlos: basta con no impulsarlos, no financiarlos o relegarlos en las prioridades públicas.

Por eso este momento exige lucidez política.

El resultado electoral reciente demostró algo que debemos mirar con honestidad: las mujeres no votamos como un bloque homogéneo. Muchas mujeres —especialmente aquellas que enfrentan inseguridad económica, precariedad laboral o incertidumbre social— buscan respuestas concretas a problemas cotidianos que el sistema político no ha sabido resolver. Comprender esa complejidad es clave si queremos que la agenda feminista siga siendo una agenda social amplia y no un lenguaje que solo dialogue consigo mismo.

El desafío del feminismo hoy no es menor.

Por una parte, debemos defender con convicción los avances obtenidos. La experiencia internacional muestra que los derechos pueden retroceder cuando cambian los equilibrios políticos. Los discursos antiderechos —que cuestionan la educación sexual, la autonomía reproductiva o incluso la existencia de la desigualdad de género— ya circulan con fuerza en distintos países y también comienzan a instalarse en nuestro debate público.

Pero, al mismo tiempo, el feminismo chileno tiene una responsabilidad mayor: seguir siendo una fuerza democrática capaz de proponer futuro.

La historia del movimiento feminista en Chile demuestra que cada generación ha sabido recoger las luchas anteriores y proyectarlas hacia nuevos horizontes. Desde las primeras organizaciones que conquistaron el derecho a voto hasta las movilizaciones masivas de los últimos años, las feministas han ampliado la democracia cuestionando estructuras de poder que parecían inamovibles.

Ese legado hoy vuelve a interpelarnos.

Este nuevo ciclo político probablemente traerá tensiones, debates y desafíos. Pero también puede abrir una nueva etapa de reflexión estratégica para los movimientos feministas.

Porque la pregunta que tenemos por delante no es solo cómo resistir posibles retrocesos sino cómo seguir transformando las reglas del juego para que la igualdad de género deje de ser una promesa y se convierta en una realidad concreta en la vida cotidiana de las mujeres.

Si algo nos enseña la historia es que cuando el feminismo avanza, la democracia también lo hace.

Y por eso, hoy más que nunca, seguimos, queda mucho por avanzar.

*Por Paula Salvo Del Canto, directora y Mistral Ensignia Fries, abogada de Corporación Humanas

Columna opinión publicada en El Mostrador 

El estudio, de carácter cuantitativo y aplicado a 1.301 mujeres mayores de 18 años residentes en el país, evidencia una percepción extendida de discriminación. Un 85% considera que el nivel de discriminación hacia las mujeres en Chile es alto o medio, y un 57% identifica el trabajo como el principal ámbito donde esta se expresa. Estas percepciones son transversales a edades, territorios y posiciones políticas, y remiten a desigualdades históricas que persisten en el acceso, permanencia y condiciones laborales, así como en el reconocimiento económico y social del trabajo de las mujeres.

Respecto del funcionamiento de la democracia, los resultados confirman una tensión sostenida. Si bien un 62% de las mujeres considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sólo un 12% se declara muy satisfecha con su funcionamiento, mientras que un 25% estima que en algunas circunstancias un gobierno autoritario podría ser preferible. Esta percepción se acentúa en los sectores socioeconómicos más bajos, evidenciando cómo la desigualdad, la inseguridad y la precariedad de derechos erosionan la legitimidad democrática.

Paula Salvo, directora de Corporación Humanas, señala que “las mujeres no están rechazando la democracia, sino evaluándola desde su experiencia concreta. Cuando la democracia no garantiza seguridad, igualdad ni derechos, se vuelve una promesa que no se cumple en la vida cotidiana”.

La encuesta también revela con fuerza la experiencia cotidiana de inseguridad y violencia. Un 77% de las mujeres declara haberse sentido insegura en la calle, un 69% en el transporte público y un 67% en plazas o parques. A ello se suma que un 63% considera que las redes sociales son actualmente espacios de acoso y hostigamiento, percepción que se intensifica entre mujeres jóvenes. Estos datos muestran cómo el miedo y la violencia restringen la movilidad, la participación social y el ejercicio pleno de derechos.

Desde una mirada estructural, los resultados confirman que la discriminación y la inseguridad que identifican las mujeres no responden a fenómenos aislados ni coyunturales, sino a un orden de género persistente que sigue organizando el mercado laboral, la distribución del poder y las condiciones de vida.

Junto a estas experiencias, el estudio identifica consensos sociales amplios que no siempre logran reflejarse en el debate público ni en las prioridades institucionales. Un 90% de las mujeres rechaza las ideas que justifican la violencia en las relaciones de pareja y un 83% considera que la violencia hacia las mujeres es un problema social generalizado y una expresión extrema del machismo. Asimismo, un 88% está de acuerdo con que mujeres y hombres deben compartir por igual las tareas de cuidado y del hogar, y un 92% valora el trabajo remunerado como fuente de autonomía económica y desarrollo personal para las mujeres. Más de un 70% rechaza la idealización de la “mujer tradicional” promovida en redes sociales.

Estos consensos dialogan con cambios culturales profundos. Un 58% de las mujeres se identifica de alguna forma con el feminismo, un 7% muy feminista, un 20% feminista y un 31% algo feminista, lo que da cuenta de transformaciones sociales que atraviesan generaciones y grupos sociales.

En materia de derechos sexuales y reproductivos, la encuesta muestra una sociedad diversa, pero con una base relevante de apoyo a la ampliación de derechos. Un 48% de las mujeres se manifiesta de acuerdo con permitir el aborto hasta la semana 14 sin causales, reflejando tensiones presentes en el debate público, pero también una demanda persistente por autonomía, reconocimiento y garantía de derechos reproductivos.

“El apoyo a la ampliación del derecho al aborto debe leerse como parte de una demanda más amplia por autonomía y reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos. No es un dato aislado, sino una expresión concreta de cómo las mujeres evalúan la capacidad del Estado para garantizar derechos en su vida cotidiana”, señala Jennifer Alfaro, coordinadora de estudios de Corporación Humanas.

En el plano político, un 45% de las mujeres declara estar interesada o muy interesada en la política, y un 75% está de acuerdo con que la mitad de los cargos de toma de decisiones en el país sean ocupados por mujeres, expresando expectativas claras de mayor representación, paridad y participación en los espacios de poder.

En cuanto a la agenda legislativa, las mujeres identifican como prioritarios proyectos vinculados tanto a problemáticas estructurales como coyunturales. Destacan el levantamiento del secreto bancario para perseguir la corrupción y el narcotráfico (28%), la condonación de las deudas del CAE (18%), la ley de violencia digital (11%), la ley de eutanasia (11%), la reforma a la sociedad conyugal (10%) y las iniciativas relacionadas con cuidados y participación política, dando cuenta de una agenda diversa y transversal.

“La encuesta muestra que las desigualdades que viven las mujeres no son excepcionales ni transitorias, sino estructurales. Lo relevante es que hoy conviven con consensos sociales amplios y con expectativas democráticas mucho más exigentes por parte de las propias mujeres”, señala Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad.

Este proyecto abre la puerta para que personas condenadas por los crímenes atroces ocurridos en dictadura puedan solicitar beneficios  fundados en su edad y en enfermedades terminales.Consideramos que esta iniciativa avanza en sentido contrario a las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia  reparación y garantías de no repetición, frente a graves violaciones a los derechos humanos. 

Recordamos que el Estado tiene el deber ineludible de investigar, sancionar y asegurar el cumplimiento efectivo de las penas respecto de las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas  a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Establecer mecanismos que faciliten la liberación de quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad debilita ese deber y abre una vía de impunidad incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

Sabemos que toda persona privada de libertad debe cumplir su condena en condiciones dignas y humanitarias. La edad o las determinadas enfermedades pueden justificar, en casos excepcionales, modalidades distintas de cumplimiento de pena. Sin embargo, esos factores no pueden evaluarse de manera aislada: deben considerar siempre la naturaleza y extrema gravedad de los delitos cometidos, especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, que por su carácter afectan a toda la humanidad y comprometen la responsabilidad del Estado especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, que por su carácter afectan a toda la humanidad y comprometen la responsabilidad del Estado..

Este proyecto beneficia a personas condenadas por crímenes que no solo Chile, sino también la comunidad internacional, han reconocido como los más graves que puede cometer un ser humano contra otro: ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, violencia política sexual y otras violaciones atroces a la dignidad humana. Más grave aún resulta que, en su gran mayoría, estas personas no han colaborado con la justicia, no han contribuido al esclarecimiento de la verdad ni han manifestado arrepentimiento por las atrocidades cometidas.

Más aún, avanzar en iniciativas de esta naturaleza implica ignorar el impacto profundo que estas decisiones tienen sobre las víctimas, sus familiares y las personas sobrevivientes de la represión. Para quienes han vivido la prisión política, la tortura, la desaparición de sus seres queridos o la ejecución de familiares, este tipo de medidas representa una nueva forma de revictimización. Significa reabrir heridas que permanecen abiertas, relativizar el sufrimiento vivido y debilitar las pocas garantías de justicia que el Estado ha logrado construir tras décadas de lucha por verdad y justicia.

Asimismo, recordamos que frente a los crímenes de lesa humanidad el Estado tiene no solo la obligación de investigar y sancionar, sino también de garantizar medidas efectivas de reparación integral a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto. La reparación no puede reducirse a medidas simbólicas o económicas: implica también asegurar que las sanciones impuestas por los tribunales se cumplan y que la institucionalidad democrática reafirme con claridad que estos crímenes son inaceptables y no pueden quedar sujetos a mecanismos que debiliten su sanción.

Exigimos y esperamos que las y los legisladores de nuestro país aborden este debate con responsabilidad y sitúen, de una vez, los derechos humanos en el centro de las decisiones.

La impunidad no puede convertirse en  ley.

Suscriben:

• Corporación Humanas
• Casa Memoria José Domingo Cañas
• LEASUR 
• Movimiento de Acción Migrante 

El miércoles 28 de enero debía discutirse y votarse en general el proyecto de ley de aborto por plazos en la Cámara de Diputados, sin embargo, una vez más esta cita se postergó.

Con esto se vuelve a detener un debate esencial y se mantiene intacta una situación que afecta diariamente la vida, la salud y la dignidad de quienes requieren acceder a este derecho.

La magnitud de esta omisión es real. Cuando el Estado dilata, quienes pagan el costo son mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar, especialmente quienes viven en mayor precariedad, quienes han sufrido violencia, y quienes no pueden acceder a información ni a atención segura a tiempo.

Esta postergación exige responsabilidad política transversal. La democracia no se mide sólo por lo que se aprueba o rechaza, sino también por la capacidad de dar debate y tomar decisiones. Evadir la votación es eludir el deber de representar, deliberar y responder ante el país.

Aún en este escenario, nuestra posición es de futuro: la urgencia permanece, porque la realidad no espera. Es por ello que exigimos al Ejecutivo, a las bancadas y partidos, compromiso público de asistencia y participación efectiva en la tramitación de este proyecto y que se garantice un proceso legislativo transparente, con participación y sin dilaciones injustificadas.

Mantenemos la esperanza de que en el próximo período legislativo se enmiende el camino, y se salde esta deuda impostergable.

Siomara Molina, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto
Javiera Canales, Corporación Miles
Ingrid Villena, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir
Paula Salvo, Corporación Humanas
Teresa Valdés, Observatorio de Género y Equidad
Bárbara Sepúlveda, ABOFEM
Libertad Vidal, @corporacion_fucsia
MIRA Observatorio Legislativo Feminista
@mira.observatorio
La Rebelión del Cuerpo

Carta al director publicar en El Mostrador, publicada el 22 de febrero de 2026.- 

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