Ante la progresiva difusión del COVID-19, la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo expresa su solidaridad con los pueblos del mundo, especialmente las comunidades pobres y vulnerables en los países desarrollados y en desarrollo. También saludamos a los que están en primera línea, sobre todo a los trabajadores de la salud que valientemente continúan ayudando a las personas.
Más allá de sus impactos tangibles en nuestra salud y nuestras vidas, creemos que el COVID-19 evidencia una pandemia subyacente de desigualdad, que hace que el peldaño más bajo y la mayoría de nuestra sociedad, sean más vulnerables a las crisis sanitarias. Somos testigos de la difícil situación de nuestros hermanos y hermanas que padecen condiciones miserables, en entornos con escaso acceso a alimentos, agua y saneamiento, entre otros requisitos básicos para una vida saludable. Estamos profundamente preocupados por los ancianos, las mujeres y los niños, los migrantes y refugiados y las personas con discapacidad. Son ellos los que se llevan la peor parte de esta crisis, y se les debería dar prioridad para enfrentar esta pandemia.
Hacemos un llamado con respuestas concretas de nuestros gobiernos, los titulares de deberes, para asegurarnos de que combatiremos esto juntos. Más importante aún, les instamos a reconsiderar la forma en que dirigimos el mundo, para reducir la brecha que nos trajo hasta aquí.
La desigualdad de hoy se ha construido durante décadas de incesante búsqueda de ganancias, respaldada por políticas de desarrollo que no se basan en las necesidades de las personas. Ahora su impacto nos mira a la cara y nos enseña lecciones importantes sobre el progreso y la humanidad: lo que afecta a uno, nos afecta a todos, lo que eleva a uno, debe elevarnos a todos. Y cuando buscamos enriquecernos a expensas de los demás, toda la raza humana sufre.
Esta pandemia nos recuerda, dolorosamente, lo insensato que es darle la espalda a la sociedad. Nuestra interdependencia como miembros de la raza humana exige que miremos los unos por los otros, lo que hacemos a través de los canales estatales pertinentes. Por lo tanto, el Estado es responsable del conjunto de los recursos nacionales: educación y sistema de salud, transporte y servicios públicos, entre otros.
Pero los últimos 50 años han estado marcados por el incumplimiento de esta responsabilidad. Vemos que los gobiernos se niegan a invertir en protección social universal, salud, educación, vivienda y otros servicios sociales. En cambio, están entregando su poder y responsabilidades a las corporaciones, cuyos enfoques se rigen por la lógica del capital. Para el sector de la salud en particular, esto significa enormes recortes en los presupuestos nacionales de salud, privatización generalizada de los hospitales públicos y la contractualización de los trabajadores de la salud, inversiones irrisorias en la promoción de la salud y la medicina preventiva, y la práctica de desarrollo de medicamentos con fines lucrativos. Estas políticas, junto con el coronavirus, son las que han provocado el impacto real de la pandemia.
Debemos responder a esta negligencia de la justicia social.
Como sociedad civil, recalcamos la necesidad de una cooperación eficaz para el desarrollo para ayudar en los esfuerzos de reducción de pobreza y desigualdad. Reiteramos el llamamiento en los polos de desarrollo para que promuevan los intereses de los países, se centren en los resultados, defiendan la transparencia y la rendición de cuentas, alienten las asociaciones inclusivas y den prioridad a los derechos humanos.
Alentamos a todas y todos los socios de desarrollo y a donantes en particular, a que no se aparten de sus compromisos en estos tiempos difíciles y que por el contrario, planifiquen iniciativas adicionales y permitan acuerdos tales como extensiones sin costo y flexibilidad en el uso de los fondos, la duración e implementación para responder mejor a la evolución de la situación. De hecho, es muy probable que los más necesitados en todo el mundo se vean afectados dos veces: directamente debido a los brotes de COVID-19 y también debido a la interrupción de los programas y proyectos existentes. En cambio, la cooperación eficaz para el desarrollo puede ser parte de la respuesta a la crisis actual.
A corto plazo, abogamos por las siguientes medidas centradas en la salud: la realización de pruebas masivas, donde sea necesario, y el tratamiento sin prejuicio por la capacidad de pago de las personas, campañas de información pública inmediatas y precisas, y la distribución de bienes subsidiados por el estado, como mascarillas, desinfectantes y alimentos. También exigimos apoyo concreto para los trabajadores de la sanidad que están en primera línea, medidas inmediatas para garantizar la seguridad alimentaria y declaración de paros laborales, cuando corresponda, al tiempo que garantizamos ingresos para todos los ciudadanos afectados.
A largo plazo, pedimos una mayor inversión gubernamental en nuestros sistemas de salud pública, educación gratuita y vivienda, economías nacionales diseñadas para proporcionar trabajo decente a todos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado para garantizar que la mayor parte de sus ciudadanos tenga acceso a protección social.
En la entrega de estas respuestas, los Estados deberían considerar el impacto diferenciado de COVID-19 en los ancianos, las mujeres y las niñas, los pueblos indígenas y los pobres. Se debería prestar especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables.
Reconocemos que los estudios de la pandemia indican que el distanciamiento social es lo más efectivo para detenerlo. Sin embargo, su aplicación no debe hacerse a costa del ejercicio de sus derechos por parte de las personas. Antes del COVID-19, muchos estados ya habían limitado severamente la participación popular, en una tendencia continua de reducción del espacio cívico. En algunos estados represivos o democracias frágiles, estas medidas podrían volverse permanentes, y aquellos en el poder se aprovecharían de la pandemia para establecer o preservar sus regímenes autoritarios.
Las soluciones militares, con el terror estatal desatado con impunidad, particularmente en los segmentos más pobres de la población, son una respuesta totalmente inaceptable. Cualquier acción que viole los derechos humanos, ponga en peligro la democracia y perpetúe la desigualdad no puede ser la respuesta.
Esta pandemia también destaca la importancia continua de las OSC como vigilantes del desarrollo, como defensores de políticas y programas que tienen un impacto duradero en el bienestar de las personas. Los Estados y otras partes interesadas en el desarrollo deben abordar el patrón global de reducción del espacio cívico y la aguda represión política, y cumplir con sus compromisos de fomentar un entorno favorable para la sociedad civil.
Cuando nuestros líderes mundiales se sienten nuevamente para discutir su agenda de desarrollo, esperamos que la terrible realidad del COVID-19 los obligue a considerar lo que significan sus decisiones para los pueblos desplazados en América Latina, para las comunidades africanas devastadas por el vandalismo y la insurgencia, y a las familias indigentes y desamparadas del sur y sudeste de Asia. Les pedimos que marquen el camino para la redistribución de la riqueza mundial y promuevan un desarrollo para que, de verdad, nadie se quede atrás.
En última instancia, el COVID-19 nos presenta el desafío de reconstruir el tejido social que el orden mundial dominante ha destruido. Ha recalcado que cuidarnos unos a otros debe ser un esfuerzo colectivo, que cualquier objetivo que establezcamos para nuestra sociedad y economía debe ser para el bien común.
Una pandemia exige solidaridad internacional. No hay alternativa.
Publicado por https://www.csopartnership.org
