Las estudiantes aseguran que las autoridades del plantel las han criminalizado por iniciar una movilización feminista y que dicha postura “no sólo infracciona la normativa nacional e internacional que protegen los derechos” de las mujeres, “sino que directamente los viola”.
Según las estudiantes, el pasado 10 de mayo, el director del campus Vitacura en Santiago, el sr. Edward Johns, las denunció ante la Comisión Universitaria y ante Carabineros de Chile por el delito de “usurpación ilegal”, tras la asamblea que contó con un amplio respaldo del estudiantado.
“Dicha toma se efectuó en el marco de las manifestaciones feministas y como una medida de presión para la autoridad universitaria, ante la falta de respuesta formal de la institución frente a denuncias de violencia sexual grave que afectan e involucran a estudiantes del campus universitario”, consignaron en su comunicado.
Además, agregaron que los hechos fueron informados por la psicóloga del campus al Director Académico en noviembre de 2017, indicando que algunos calificaban como abusos sexuales. Dicha autoridad presentó la denuncia formalmente a Relaciones Estudiantiles en enero de este año. Sin embargo, no existió respuesta respecto a la investigación hasta después de iniciada la movilización feminista.
“Desde el término violento de la toma por parte de las autoridad de la Universidad, esta no ha hecho más que criminalizarnos como dirigentas estudiantiles por una acción de protesta pacífica, es decir, por ejercer un derecho humano garantizado por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, a objeto de demandar la garantía y protección de otro derecho humano, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, consagrado por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia hacia la Mujer, convención en la que además se consagra la garantía y protección de este derecho en todos los espacios, especialmente en los establecimientos educacionales de todos los niveles”, acusaron.
Las estudiantes afirmaron que con esta persecución política y la falta de acción ante las denuncias por casos de violencia sexual, el plantel “no sólo infracciona la normativa nacional e internacional que protegen los derechos referidos, sino que directamente los viola”.
“Denunciamos que la institución está llevando una investigación que carece de las garantías constitucionales básicas para ejercer un debido proceso, como la legítima defensa, al prohibir el acompañamiento ni siquiera la intervención, de una abogada que nos asesore, insistiendo en atribuirnos a dos dirigentas estudiantiles la responsabilidad de la toma feminista de la Asamblea de Mujeres del Campus Vitacura”, añadieron.
Por último, las dirigentas aseguraron que han participado de diversos procesos para las mejoras de la institución, razón por la cual la “individualización y criminalización expresada en estas denuncias no son más que una muestra de la persecución política y machista de la institución hacia quienes ejercemos la vocería feminista de las y los estudiantes de la UTFSM”, cerraron.
Noticia publicada en El Dinamo