DECLARACIÓN DE PÚBLICA
Frente al asesinato de Alejandro Castro, se requiere de una respuesta estatal enérgica para esclarecer estas situaciones y que proteja a los defensores de derechos humanos en su contribución insustituible para la profundización de la democracia.
Corporación Humanas expresa su profunda preocupación por la muerte del defensor de derechos humanos Alejandro Castro y solidariza con sus familiares y las organizaciones sociales de defensa de derechos humanos de Quintero y Puchuncaví.
El rol de los defensores de derechos humanos en una sociedad democrática es fundamental para la denuncia de situaciones que afectan los derechos de las personas. Por esta razón en América Latina personas como Alejandro Castro han sido criminalizados e incluso asesinados.
Exhortamos a las autoridades a realizar una completa y exhaustiva investigación que permita esclarecer los hechos, y a proteger a los defensores de DDHH para que continúen desarrollando su labor en defensa de sus comunidades.
Según la información entregada por la Policía de Investigaciones, la causa de muerte del líder de las protestas por contaminación en la zona, fue asfixia por ahorcamiento no observándose “lesiones atribuibles a terceras personas”. En tanto, cercanos al activista sostienen que Alejandro Castro recibió amenazas por Carabineros de la Séptima Comisaría de Valparaíso, quienes habían llegado a Quintero a resguardar la seguridad, lo que sucedió tras la segunda marcha del 23 de septiembre pasado.
El caso de la lamentable muerte de Alejandro Castro, recuerda otras situaciones con el mismo resultado. La del sindicalista Juan Pablo Jiménez alcanzado supuestamente por una “bala loca” y el supuesto suicidio de la activista medioambiental Macarena Valdés, cuya familia ha descartado completamente que la joven se haya quitado la vida, tesis que la autopsia también desechó.
Finalmente, reiteramos que una respuesta democrática de los Estados a los conflictos y protestas sociales implica el compromiso de garantizar los derechos de reunión, de expresión y de participación por lo que se hace necesaria una respuesta estatal enérgica para esclarecer estas situaciones y que proteja a los defensores de derechos humanos en su contribución insustituible para la profundización de la democracia.
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