En el marco de la ejecución del proyecto desarrollado por Corporación OPCIÓN, Corporación Humanas y el Observatorio Ciudadano, gracias al Fondo Especial de Prevención de la Tortura entregado por el Subcomité Contra la Tortura, se realizó el curso en línea sobre Prevención de la Tortura y las Recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de las Naciones Unidas, dirigido a funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Arica a Magallanes, que comenzó el 16 de noviembre de 2020 y culminó el 9 de diciembre de 2020 con la clase magistral del abogado y ex miembro del SPT, Enrique Font.
Font realizó su exposición sobre materia tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en recintos penitenciarios, donde relevó la importancia de promover que los Estados cumplan las recomendaciones del SPT: “El principal desafío que tenemos es conocer el fenómeno. El Estado y la Sociedad deben saber qué sucede respecto de los derechos de las personas privadas de libertad. No hay política pública posible sin conocimiento del fenómeno”, sostuvo.
Una vez concluida la exposición, las organizaciones a cargo del curso se refirieron al tema desde una perspectiva de género; desde el punto de vista de la protección a la niñez y la adolescencia; y en torno a la relación respecto de los pueblos originarios.
Paula Salvo, abogada y miembro del Observatorio Ciudadano, destacó el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el apoyo a la labor que hace el Estado. Asimismo, explicó que “si uno analiza los informes en torno a los pueblos originarios, se tiende a pensar de qué manera podría Gendarmería seguir aplicando un trato diferenciado -que no sea discriminatorio- de manera responsable, proactiva y haciendo cumplir los derechos de éstos. La respuesta es: conociendo la normativa internacional y conociendo lo que ha dicho el subcomité en su visita a Chile”.
Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, la abogada de Corporación Humanas, Constanza Schönhaut, fue enfática en señalar que hoy “las mujeres que están siendo sometidas a la privación de libertad, ven doblemente afectados sus derechos humanos, pues la institucionalidad no responda a las necesidades propias ellas. Por ello, entregar una perspectiva de género nos permite identificar ciertas variables en las realidades que viven mujeres, que pueden contribuir a que el ejercicio de la función pública sea más fructífero y estemos mucho menos expuestos de cometer algún tipo de omisión o vulneración de Derechos Humanos”.
Por su parte, la Coordinadora de Seguimiento Legislativo y Redes de OPCIÓN, Camila de la Maza, profundizó sobre las obligaciones del Estado en materia de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, especialmente en relación a los y las adolescentes privados/as de libertad. “Ha habido una invisibilización de las personas privadas de libertad como sujetos titulares de derechos. Eso se acrecienta cuando son adolescentes, que es un espejo de nuestra comunidad, para la cual los y las adolescentes siguen siendo muy invisibles en su calidad de sujetos titulares de derechos. Este es un desafío de la sociedad en su conjunto”.
Finalmente, Enrique Font afirmó que “Violar la dignidad de una persona, su integridad física, maltratarla, omitir o incumplir con alguno de sus derechos; no solo deshumaniza a la víctima, también deshumaniza al perpetrador y desprestigia a la institución que lleva adelante.
