Por Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas

La dictadura significó un grave retroceso para la autonomía sexual de las mujeres. Transcurridos 25 años de democracia y a un año de ser presentado el proyecto de ley del Gobierno que despenaliza el aborto en al menos tres causales, resulta preocupante la dilación de la iniciativa, que no logró ser votada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

¿Cómo podemos leer esta señal las mujeres chilenas? Aún resulta incompresible que en los tiempos actuales, cuando Chile es visto por la comunidad internacional como un país moderno, que avanza en materia de institucionalidad de derechos humanos, – tengamos una legislación tan restrictiva que penaliza el aborto en toda circunstancia.  Menos aun cuando los propios organismos internacionales a través de sus órganos de tratados le han recomendado cambios a dicha legislación.

Por largos años hemos sido las propias mujeres y el movimiento feminista, quienes hemos enarbolado la bandera por igualdad de derechos y oportunidades. Sin embargo, los intentos para legislar sobre aborto tres causales no han prosperado. A ello, sumamos la constante arremetida de sectores conservadores y la Iglesia Católica que impiden un debate en esta materia.

Por otra parte, hemos sido testigos como sociedad de la burda campaña de “grupos antiderechos”, que insisten en comparar el derecho a decidir con los asesinatos cometidos en dictadura. Esto si es un atentado contra las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos en dictadura y no es aceptable utilizar este tipo de recursos de baja calaña,  que en nada contribuyen a la democracia.

Como organizaciones de mujeres y feministas, creemos que lo planteado en el proyecto original del Gobierno constituye el mínimo ético al cual tenemos derecho como ciudadanas. Exigimos terminar con la violencia estatal que implica obligar a mujeres y niñas a llevar adelante un embarazo producto de la violencia sexual.

La última encuesta de la Fundación Chile 21 revela que el 83% de las y los encuestados está a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Esta cifra se sostiene en el tiempo tras los sondeos de opinión presentados a lo largo del 2015 que igualmente dan cuenta de amplio respaldo ciudadano a la despenalización del aborto terapeutico y en caso de inviabilidad.

En América Latina hay países que han transitado hacia leyes menos restrictivas. Tal es el caso de Uruguay y México DF que reconocen el derecho a decidir de las mujeres en el primer trimestre de embarazo. Mientras,  Argentina resolvió que las mujeres violadas podrán practicarse un aborto sin autorización judicial previa, ni posterior sanción penal. En tanto, Colombia permitió el aborto en casos de riesgo de vida de la salud de la mujer, y de violación, incesto y malformaciones fetales incompatibles con la vida fuera del útero materno.

Asimismo, un amplio conjunto de tratados internacionales consagra y establece medidas para la protección de los derechos humanos de las mujeres. El Estado de Chile se encuentra obligado a respetar, garantizar, promover y proteger tales derechos. No es posible, en estos tiempos, imponer la penalización del aborto, especialmente en tres causales. Con ello, solo aumentaremos los riesgos y daños que derivan de la clandestinidad en desmedro de proteger la vida de nuestras mujeres y niñas.

carola