Hace dos años que Corporación Humanas ha intentado indagar en la situación de las mujeres privadas de libertad por delitos de drogas en Chile y en la región, impulsando la incorporación de la perspectiva de género y de derechos humanos en el debate sobre la necesidad de repensar las políticas de drogas y la forma en que los Estados enfrentan la política criminal en la materia.
Sabemos que en la región la mayor parte de las mujeres, que se encuentran en prisión, están cumpliendo sentencias o prisión preventiva por delitos de drogas que en su mayoría obedecen a delitos no violentos y de pocas cantidades.
En este marco, la Corporación Humanas está participando de la sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, visibilizando la situación particular de mujeres que son utilizadas por las redes del narcotráfico, que lucra incorporando a mujeres en los eslabones más bajos de las redes criminales ante una política estatal que no ha sido capaz de abordar el problema de manera integral.
La abogada Daniela Quintanilla, comenta que este jueves participará en un panel de expertos, para dar cuenta de la necesidad de abordar el problema mundial de las drogas desde un enfoque más humano, respetuoso de los derechos humanos y que incorpore una perspectiva de género. “Se deben promover alternativas al encarcelamiento, para evitar todas las consecuencias negativas que han derivado del uso excesivo e indiscriminado de la herramienta penal ante casos que no justifican una privación de libertad, sino que por el contrario requieren de una política pública inclusiva que empodere y permita a las mujeres, jefas de familia, hacer frente a este doble rol de proveedoras y cuidadoras que no logran compatibilizar con las pocas alternativas de empleo formal disponibles en nuestra sociedad”.
Por otra parte, en abril de este año se celebrará la UNGASS 2016, sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para abordar el problema mundial de las drogas y la respuestas que los Estados han desarrollado durante los últimos 50 años en la llamada Guerra contra las Drogas, que ha determinado un enfoque excesivamente punitivo y criminalizador afectando especialmente a las mujeres. Éstas han encontrado en el micro tráfico una alternativa para enfrentar las necesidades de subsistencia económica y de labores de cuidado, que son prácticamente imposibles de compatibilizar en el empleo formal, que no entrega alternativas viables de rentabilidad para mujeres que provienen de sectores de mayor vulnerabilidad económica y que no cuentan con el apoyo de redes y políticas públicas capaces de absorber satisfactoriamente el doble rol de proveedoras y cuidadoras.
