De acuerdo a datos entregado por la Oficina del Sur Regional de Naciones Unidas, los abortos clandestinos causan la muerte de 47.000 mil mujeres al año, mientras que otros 5 millones sufren algún tipo de discapacidad temporal o permanente.
En el caso de Chile, el Ministerio de Salud indicó que en el año 2016 se realizaron entre 60 mil y 300 mil abortos inseguros, posicionando estas cifras como la cuarta causa “de muerte materna” con un 13% entre los años 2000 y 2015.
En tanto, recién en 2018 la iniciativa de despenalizar el aborto tomó fuerza entre las parlamentarias en Chile, con el proyecto que busca modificar el Código Penal tendiente a no considerar como delito realizar un aborto dentro de las primeras 14 semanas. “Se decidió iniciar formalmente la tramitación del proyecto que presentamos hace algunos años y que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas”, explicó en ese entonces la diputada y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, Maite Orsini (RD).
A pesar de los dichos de la diputada, el proyecto de ley no fue aprobado en dicha instancia parlamentaria, siendo rechazado por 7 votos en contra y 6 a favor, por lo que pasará con informe negativo a la Sala de la Cámara baja.
Las diputadas que rechazaron el proyecto fueron: Nora Cuevas (UDI), María José Hoffmann (UDI), Karin Luck (RN), Francesca Muñoz (RN) Ximena Ossandón (RN), Virginia Troncoso (IND) y la DC Joanna Pérez. Por otro lado, las diputadas Marcela Hernando (PR), Maite Orsini (RD), Maya Fernández (PS), Camila Rojas (Comunes), Patricia Rubio (PPD), Marisela Santibáñez (PC), votaron a favor.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, estuvo presente en la sesión, donde señaló que “no hay mujeres presas por abortar (…) debemos acompañar a las mujeres en un proceso tan importante como la maternidad”. Además mencionó que la despenalización no acabaría con el aborto clandestino.
Por otro lado, la diputada Orsini lamentó -a través de sus redes sociales- que al proyecto le faltó el apoyo de la Democracia Cristiana, mediante la diputada Pérez. “Hoy perdimos la votación del aborto legal con votos de la derecha y la DC (…) Los derechos de las mujeres no pueden seguir dependiendo de personas que imponen sus creencias sobre la salud pública. Seguimos por el #AbortoLegal, y seguiremos por nuestra autonomía”.
El voto clave para saber si el proyecto se aprobaba o rechazaba, era el de la diputada de la Democracia Cristiana Joanna Pérez, quien se mostró en contra de la despenalización del aborto. “El proyecto de ley que hoy nos toca votar no es un proyecto que regule un aborto legal, seguro y gratuito, muy por el contrario, genera vacíos que pueden perjudicar a las mujeres y acrecentar las brechas entre la salud pública y privada en lugar de entregar igualdad de condiciones (…) en este sentido siempre he defendido la vida desde su concepción, por esto no puedo votar a favor”, fue el argumento de la parlamentaria falangista.
Sin embargo, tras la votación, la precandidata presidencial DC y presidenta del Senado, Yasna Provoste, dejó en claro su posición contraria a la presentada por la diputada Pérez, manifestándose a favor de la despenalización del aborto como parte de los derechos humanos.
Desde las organizaciones sociales pro aborto, lamentan la decisión de la comisión, enfatizando que el rechazo de la propuesta es una falta a los derechos humanos de las mujeres. “La posibilidad de decidir si continuar o no un embarazo es parte de la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Mantener el aborto como delito no hace que haya menos abortos”, indicó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa de Acción por el aborto, Ana Piquer.
En la misma línea, la abogada de Corporación Humanas Camila Maturana señaló que “lamentamos profundamente que, por sobre los derechos humanos de las mujeres, protegidos en tratados internacionales, los legisladores antepongan sus convicciones morales, sus creencias personales, dando la espalda una vez más a las miles de mujeres que cada año abortan en condiciones de inseguridad y de estigma”.
Finalmente, las organizaciones demostraron decepción ante la postura de algunas parlamentarias, incluso enfatizando que esta situación es un retroceso a la dignidad y derechos de las mujeres. “Nuevamente nos cierran la puerta en la cara y evidencian la desconexión del Congreso de las demandas de la ciudadanía. El rechazo de la despenalización del aborto es un portazo más a las demandas de mujeres y la diversidad sexual”, señalaron.
Actualmente, el artículo del Código Penal, señala que “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será castigada con presidio menor en su grado máximo. Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio”.