Es martes en la mañana y en medio de la pandemia las medidas de seguridad se intensifican en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.Alcohol gel, un túnel sanitizador y por supuesto mascarillas para todos los que ingresan. Pero no solo eso. Desde que llegaron los primeros casos de Covid-19 al país, se suspendieron las visitas con el objetivo de resguardar la seguridad de las internas. Desde ese momento las 501 mujeres que pasan sus días tras las rejas del penal, no han vuelto a ver a sus seres queridos. Más del 50% de ellas es madre y han tenido que conformarse con ver a sus hijos a través de videollamadas.

Basado en un proceso de investigación participativa dirigido por mujeres trans que han estado en prisión, el estudio, Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros, es el resultado de una colaboración entre nueve organizaciones de defensa y derechos humanos: Almas Cautivas, Casa de las Muñecas Tiresias, Casa Hogar Paola Buenrostro, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), Dejusticia, Equis: Justicia para las Mujeres, la Procuración Penitenciaria de la Nación en Argentina, la Red Corpora en Libertad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

El informe describe el fracaso de los gobiernos latinoamericanos en implementar medidas básicas para proteger a las mujeres trans privadas de libertad de la violencia y el abuso. Como resultado, las mujeres trans están sujetas a la discriminación, la estigmatización y la criminalización en todas las etapas de su interacción con el sistema de justicia, según el informe.

“Debido a los desafíos y vulnerabilidades asociadas con nuestra identidad de género, las mujeres trans privadas de la libertad se encuentran en mayor riesgo de experimentar condiciones de encarcelamiento inhumanas e inseguras”, dijo Kenya Cuevas, Directora de Casa de las Muñecas Tiresias A.C. y de la Casa Hogar Paola Buenrostro y coautora del informe. “Los gobiernos de toda la región tienen que implementar políticas integrales para garantizar la protección de las mujeres trans encarceladas y nuestros derechos”.

El informe detalla los riesgos que enfrentan las mujeres trans dentro de la prisión, peligros que a menudo se ven exacerbados por la falta de políticas que aborden sus necesidades únicas. Las mujeres trans a menudo son ubicadas en las cárceles de hombres, sin su consentimiento, lo que viola sus derechos de identidad y aumenta el riesgo de violencia sexual. En toda la región, las mujeres trans con frecuencia carecen de acceso adecuado a la atención médica orientada hacia sus necesidades únicas y de oportunidades educativas. Además, informan haber sufrido confinamiento solitario prolongado, requisas invasivas, frecuentes transferencias de prisiones, así como otras formas de malos tratos.

Los hallazgos del informe también destacan la escasez de información estadística sobre la población LGBTI+ de América Latina tras las rejas. Pocos países de la región han producido datos desagregados ​​para analizar tendencias con respecto a las personas trans privadas de libertad, dejando a las personas tomadoras de decisión con pocas herramientas para diseñar e implementar políticas específicas para este grupo en mayor riesgo. Los pocos datos que existen apuntan al papel de las políticas punitivas de drogas en el encarcelamiento de personas trans en la región. En Argentina, por ejemplo, el 70 por ciento de las personas trans en prisión fueron encarceladas por delitos relacionados con drogas en 2017.

“Los debates sobre el daño devastador de la ‘guerra contra las drogas’ en América Latina a menudo no tienen en cuenta el impacto en las comunidades LGBTI+, problema que se ve agravado por la incapacidad de las autoridades estatales de recopilar datos desagregados”, dijo Teresa García Castro, Asociada Principal de Programas de WOLA y coautora y coordinadora del informe. “En las Américas, los gobiernos han invisibilizado la población LGBTI + tras las rejas. Cuando los gobiernos se niegan a verte, se niegan a tomar las medidas necesarias para proteger tus derechos fundamentales”.

Frente a estos desafíos, el informe encontró ejemplos prometedores de reformas, desde Brasil, Colombia a Costa Rica, que reconocen y abordan las vulnerabilidades que enfrenta este colectivo en particular. Las mujeres trans que han estado tras las rejas están desempeñando un papel fundamental en la defensa de estas reformas y la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI + privadas de libertad.

“Ya es hora de que los gobiernos de América Latina dejen de apuntar a las mujeres transgénero para su detención y enjuiciamiento, y que los sistemas de justicia implementen condiciones de detención que estén en sintonía con los estándares internacionales para proteger a las personas trans”, dijo Ari Vera, presidenta de la Red Corpora en Libertad y coautora del informe. “Sin mejores normativas, las mujeres trans, sus familias y comunidades seguirán siendo desproporcionadamente afectadas por el encarcelamiento”.

Ayer, 21 de marzo en varias prisiones del país entre ellas: La Reclusión de Mujeres de Bogotá (El Buen Pastor); COMEB Bogotá «La Picota»; la CPMS Bogotá «La Modelo»; el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué (Picaleña); el EPAMSCAS Palmira; el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – COJAM; el EPAMS Dorada y el Complejo Cúcuta se registraron motines exigiendo medidas urgentes y de especial protección para la prevención del contagio, beneficio de libertad para personas mayores de 60 años y personas con penas menores a ocho años y sindicadas para evitar el hacinamiento; atención en salud, prestación del servicio de agua e ingreso de las encomiendas o provisiones de elementos de higiene y aseo en el expendio. Hoy, la Ministra de Justicia, Margarita Cabello confirma 23 fallecidos y 83 heridos en la cárcel La Modelo de Bogotá, de los cuales 32 están en hospitales.

Hasta el momento, se han pronunciado el Procurador Fernando Carrillo, El Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret, la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el Defensor regional de Bogotá Rafael Navarro solicitando al Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario – INPEC claridad sobre lo ocurrido y un reporte de las personas fallecidas, heridas y de las medidas tomadas por esta entidad.

La Corporación Humanas y el Colectivo Mujeres Libres nos sumamos al llamado urgente al Gobierno Nacional y a al – INPEC para que aclaren lo ocurrido, declaren Estado de Emergencia Carcelaria y lleven a cabo las medidas solicitadas por la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 sobre las medidas urgentes y humanitarias frente al COVID-19, a saber:

Un plan integral de contingencia que incluya (i) estrategias de prevención del contagio centradas en el cumplimiento de estrictos protocolos de sanidad. (ii) Medidas que reduzcan los principales factores de contagio, es decir, el hacinamiento y la falta de agua potable. Estas van desde subrogados penales y opciones alternativas al encarcelamiento, especialmente para mujeres que son cabeza de hogar que no han cometido delitos violentos, hasta redistribución de la población privada de la libertad; para lo cual se requieren planes de descongestión judicial y medidas legislativas extraordinarias a cargo del Congreso de la República. (iii) Abastecimiento de víveres y elementos de aseo y de higiene personal como toallas higiénicas y tampones. (iv) Medidas de detección temprana del virus. (v) Especial protección para la población másvulnerable al virus, por su edad o estado de salud (vi) Una r ed integral de respuesta ante eventuales c ontagios. (vii) Y alternativas que mitiguen el aislamiento social y permitan el contacto de las de la libertad con sus familias, así como el deporte y la recreación.

Además de ello, consideramos urgente la aplicación inmediata de las siguientes medidas para disminuir los factores de riesgo en caso de contagio con COVID- 19:

• Libertad inmediata para quienes se encuentran detenidas y detenidos con medidas de aseguramiento. Para esto, se deben reemplazar las medidas de detención preventiva por otras no privativas de la libertad como la vigilancia electrónica.
• Libertad condicional y/o reclusión domiciliaria para las mujeres embarazadas, mujeres que están con sus hijos/as en la reclusión, mujeres con familiares de 70 años o más, que estén a cargo de sus hijas/os.
• Libertad condicional y/o reclusión domiciliaria para personas mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas y problemas de salud que impliquen mayor vulnerabilidad y riesgo de muerte en caso de contagio.
• Que se resuelva de manera inmediata la situación jurídica de quienes cumplen los requisitos de Ley, para acceder a la libertad condicional, prisión domiciliaria y prisión por pena cumplida.
• Libertad condicional para las mujeres condenadas por delitos no violentos.
• Garantizar el suministro permanente de agua potable y jabón para todas las personas privadas de la libertad que, por no cumplir con los anteriores requisitos, deban permanecer en los centros de reclusión.
• Suministrar a las personas privadas de la libertad los implementos necesarios para su higiene personal como elementos de aseo, como jabón.

Consideramos igualmente urgente, dada la situación de incertidumbre que genera la pandemia, brindar información de forma clara a las y los familiares de las personas privadas de la libertad sobre lo ocurrido el día de ayer y reportes constantes de su estado de salud.

Recordamos también, que quienes están privadas y privados de la libertad son seres humanos, que tienen familias y el hecho de estar en prisión no les puede privar de las mínimas medidas humanitarias para su protección ante la pandemia. Tal y como lo ha dicho la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, quienes se encuentran privadas y privados de la libertad tienen una relación de especial sujeción con el Estado. Por este motivo, este se constituye en el garante de sus derechos, especialmente de aquellos “intocables” como su vida, integridad personal, salud y dignidad humana.

En este momento de crisis cuidar de las y los privados de la libertad, es cuidar de nosotras mismas.

Corporación Humanas Colombia

• El sistema penitenciario sigue siendo masculino y patriarcal, donde las mujeres privadas de libertad son invisibilizadas.
• Se debe pensar la cárcel en clave socia, existe una ausencia de política penitenciaria con enfoque de género.

Santiago 23 de enero 2020.- Con el fin de recoger experiencias nacionales e internacionales desde una mirada feminista y con enfoque de derechos humanos, se realizó la primera jornada del Seminario Internacional “Género y Cárcel” organizado por Corporación Humanas Chile, cuyo objetivo fue interrogar a la cárcel en su relación con las mujeres.

En sus palabras de bienvenida, Lorena Fries abogada y presidenta de la Corporación, señaló que las mujeres son protagonistas en la región de las transformaciones que requiere hoy en día la cárcel. También hizo especial mención a la relevancia que tiene, en el contexto actual chileno, que las mujeres privadas y ex privadas de libertad sean actoras claves del proceso constituyente y así poder repensarnos como país.

En su intervención Jan Jarab, Representante Regional para América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos puntualizó que en general las cárceles no están para responder la situación de mujeres embarazadas, indígenas y migrantes, entre otras. “Las cárceles no atienden las necesidades específicas de las mujeres, no cuentan con un marco de salud con perspectiva de género y es una situación que se vive en toda América Latina que tiene un modelo tradicional pensado para hombres violentos y se replica en las cárceles de mujeres”.

 “Uno de los puntos críticos es el derecho a la salud. No existen profesionales de sexo femenino que otorguen una adecuada atención a las mujeres y muchas veces los centros penitenciarios no cuentan, por ejemplo, con ginecólogas. Incluso es de conocimiento público que las mujeres encarceladas reciben menos visitas ya que en el modelo predominante patriarcal se considera obligación de las mujeres que visiten a sus maridos o parejas y no al contrario”, advierte el representante de Naciones Unidas.

Por su parte, Laurana Malacalza, Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades de Argentina, en su exposición señala que tanto en su país como en Chile existe un uso excesivo de la prisión preventiva. “Más del 70% de las mujeres privadas de libertad lo está bajo un régimen de prisión preventiva, lo que significa que no han sido condenadas por ningún tipo de delito, sino que están esperando el juicio dentro de las cárceles lo que ha promovido situaciones de hacinamiento, alojamiento en distintos espacios de detención como en las alcaldías y en las comisarías por tiempos prolongados, sin encontrar opciones para medidas alternativas a la prisión”.

“Estas medidas de excepción, que son las legislaciones que han habilitado un uso indiscriminado por parte de las fuerzas de seguridad en el control de sus territorios, de grupos que empiezan a ser identificados y asociados a la criminalidad, han estado llevando a cabo acciones de detención con algo que sabemos que en Chile se ha reiterado en los últimos meses  a través de la desnudez forzosa”, afirma Malacalza.

Agrega, que las condiciones actuales de encarcelamiento permiten identificar distintos mecanismos de control y de gobernabilidad en la prisión que se manifiestan a partir de las requisas vejatorias e aislamiento individual que se debe en gran parte a la profundización del modelo neoliberal. “Esto permiten generar lazos de ruptura y aislamiento al interior de las cárceles, una ruptura de los espacios comunes y llamativamente una mayor presencia de personal masculino dentro de las cárceles de mujeres, sobre todo en instancias de seguridad y control frente al conflicto”.

La Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades de Argentina sostiene que “para nosotras que estamos pensando desde el Ministerio la creación de un plan nacional de cuidados en Argentina, es importante no poner el foco en una mirada más asistencialista de la mujer como madre, sino como impacta en la organización social del cuidado. Sabemos que las mujeres sobre todo las pobres son las que han organizado las tareas de cuidado a lo largo de su vida y eso impacta enormemente en el momento que son encarceladas. Sin embargo, advierte con preocupación que para muchas mujeres el único horizonte posible para es la cárcel, porque muchas veces salir de la prisión se torna más difícil que estar al interior de ella”.

Marcela Aedo, abogada y docente de la Universidad de Valparaíso se refirió a un estudio realizado sobre la situación de las mujeres condenadas privadas de libertad en Chile. En su intervención resaltó que “tal como sucede a nivel mundial, en América Latina las mujeres privadas de libertad constituyen una minoría que históricamente ha sido invisibilizada y que, en términos generales, la infraestructura, la gestión penitenciaria, los programas de educación, capacitación y los espacios laborales han sido históricamente diseñados con una visión androcéntrica, que escasamente considera las historias vitales de las mujeres y sus necesidades”.

En el estudio compartido por la investigadora y datos proporcionados por Gendarmería de Chile en 2018, se muestra que la mayoría de las mujeres recluidas a nivel nacional, lo estaban por el delito relativo a la ley 20.000 (tráfico de drogas), seguidos por el robo y luego el hurto, a diferencia de los varones, que en su mayoría estaban cumpliendo condena por el delito de robo y luego por tráfico de drogas.

En consecuencia, sostiene Aedo, que frente a la ausencia de una política penitenciaria con enfoque de género, la prisión es para las mujeres mucho más dolorosa y estigmatizante, dado el rol tradicional que la sociedad le ha asignado como madre y cuidadora de sus hijos/as. “Por ejemplo, los conflictos producidos por la separación de su familia y particularmente de sus hijos, situación que acentúa los estados depresivos y los sentimientos de culpabilidad. Ser delincuente y haber estado en prisión es doblemente estigmatizador para las mujeres porque no sólo contradicen la norma penal sino los estereotipos de lo que la sociedad espera de una “buena mujer”.

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Revisa el programa en el aquí 

Entrevista con Olga Espinoza sobre criminalidad femenina y privación de libertad.

Violencia física y sicológica, control de sus vidas sexuales, malas condiciones de habitabilidad y programas de reinserción fallidos, son algunas de sus denuncias que realizan en el marco de la huelga feminista. En esta jornada ellas también estarán presentes.

Entre otras cosas el informe entrega información acerca de lo difícil que les resulta a las mujeres que han estado privadas de libertad conseguir dinero para poder vivir.

SANTIAGO.- El Centro de Justicia y Sociedad del Instituto de Sociología UC en conjunto a la Fundación Colunga y la Fundación San Carlos de Maipo, presentaron hoy el primer estudio sobre reinserción femenina en Chile, el cual siguió a 225 mujeres que egresaron del Centro Penitenciario Femenino de Santiago a lo largo de su primer año en libertad.

El informe busca aclarar qué es lo que ocurre con las mujeres que estaban privadas de libertad una vez que salen de la cárcel, y qué dificultades particulares enfrentan de acuerdo a su género y contexto. Así lo explica la encargada de la investigación y académica del Instituto de Sociología UC (ISUC), Pilar Larroulet.

«El paso de las mujeres por la cárcel tiene costos sociales que se extienden a sus familias e hijos. Las mujeres han sido olvidadas, no sólo en el ámbito de la intervención, sino además en cuanto a la investigación de los factores que inciden en el desarrollo de sus carreras delictuales», indicó.

Uno de los principales hallazgos del estudio muestra que una vez que las reclusas egresan de la cárcel, vuelven a un entorno carente de oportunidades para la inclusión social y chocan con un Estado ausente. Algo que explicó el Director Ejecutivo de Fundación Colunga, Arturo Celedón.

«Las mujeres privadas de libertad han sido invisibilizadas e ignoradas desde hace mucho tiempo. Tenemos que generar mejores políticas y programas que impacten en ellas y sus familias. Creemos firmemente que trabajando juntos entre el Estado, la academia y la sociedad civil podemos hacer la diferencia», afirmó.

Con respecto a la posibilidad de encontrar trabajo tras estar presas, la directora ejecutiva del Centro Justicia y Sociedad del ISUC, Catalina Droppelmann, postula que les resulta mucho más difícil, ya que «las mujeres que egresan de la cárcel ya cargan con historias laborales precarias, baja escolaridad y escasa capacitación para integrarse a trabajos remunerados, sobre todo a aquellos que son más estables y mejor pagados».

«Los principales afectados son los niños, niñas y adolescentes, no sólo cuando la madre está privada de libertad, sino también cuando mantiene conductas infractoras. Evidentemente, es un factor de riesgo para el desarrollo de conductas problemáticas», agumentó el Gerente General de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, considerando que el 89% de las entrevistadas señaló ser madre, de las cuales el 70% tiene hijos menores de 18 años.

Algunos datos que entrega el informe

Existe un 83.8% que cree que es importante encontrar trabajo a la salida de la cárcel para su proceso de reinserción. Sin embargo a la hora de llevarlo a la práctica, un 31% declara que ha tenido «mucha dificultad» para buscar trabajo. En la misma línea un 29% señala haber tenido dificultades para obtener dinero y así lograr mantenerse. Solo un 36% de las ex reclusas ha logrado tener un trabajo remunerado al menos una vez durante el año, lo que no ha implicado necesariamente formalidad y estabilidad.

A los 12 meses de haber salido en libertad, un 40% de las mujeres presenta síntomas de abuso y/o dependencia de drogas, un porcentaje similar al que existía al salir de la cárcel.

Con respecto a la reincidencia delictual, un 47% de las mujeres declara haber vuelto a delinquir.

Fuente Emol