La llamada “mega reforma fiscal” impulsada por el gobierno ha sido presentada como una modernización tributaria orientada al crecimiento económico. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y de las promesas de dinamismo económico, lo que emerge es un proyecto profundamente ideológico: reducir deliberadamente la capacidad del Estado para financiar derechos sociales y trasladar crecientemente los costos de la protección social a las familias y al mercado.

La discusión no es abstracta. En un país donde las mujeres siguen sosteniendo de manera desproporcionada las tareas de cuidado, donde la pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres y donde amplios territorios dependen de servicios públicos debilitados, las rebajas tributarias al gran capital no son neutras. Cada punto menos de recaudación implica menos capacidad estatal para financiar salud, educación, pensiones, sistemas de cuidados, prevención de violencia y políticas sociales esenciales. Cuando el Estado retrocede, son las mujeres quienes absorben primero el impacto: cuidando más, trabajando más y sosteniendo en silencio aquello que deja de garantizar lo público.

La reforma propone reducir impuestos corporativos, ampliar exenciones tributarias y disminuir ingresos permanentes del Estado en un contexto de creciente presión fiscal. Sus defensores sostienen que menores impuestos generarían inversión y crecimiento económico. Pero esta lógica revive una vieja promesa que Chile ya conoce: la teoría del “chorreo”, según la cual favorecer primero al gran capital terminaría beneficiando indirectamente al resto de la sociedad. La evidencia reciente demuestra lo contrario. Durante décadas, Chile combinó crecimiento económico con profundas desigualdades estructurales, concentración de riqueza y una débil protección social.

El problema no es únicamente distributivo. También es fiscal. El propio Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la reforma podría generar riesgos relevantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas, pudiendo aumentar el déficit estructural y la deuda del país en los próximos años. Las rebajas tributarias tienen efectos inmediatos sobre la recaudación, mientras los supuestos beneficios en crecimiento son inciertos, difíciles de proyectar y de largo plazo. En otras palabras: los costos son concretos; las ganancias, hipotéticas.

Esto ocurre en un escenario internacional marcado por alta volatilidad económica, desaceleración global y crecientes demandas sociales internas. Debilitar deliberadamente la capacidad recaudatoria del Estado en este contexto no parece una apuesta técnica responsable, sino una decisión política orientada a redefinir el rol de lo público. Lo que está en juego no es solo una reforma tributaria, sino una determinada concepción de sociedad.

Las señales son claras. Mientras se promueven beneficios tributarios atractivos electoralmente, incluyendo exenciones amplias y rebajas sin focalización, se legitiman simultáneamente recortes en políticas sociales, investigación científica y gasto público. El mecanismo es conocido: primero se reducen los ingresos fiscales y luego se argumenta que “no hay recursos” para sostener derechos y programas esenciales.

Presentar esta discusión como un simple debate económico oculta su dimensión más profunda. La pregunta de fondo es quién financia la vida colectiva y quién asume sus costos. En sociedades altamente desiguales, los impuestos no son solo herramientas recaudatorias; son instrumentos de cohesión democrática. Debilitar al Estado en nombre de la eficiencia económica no elimina las necesidades sociales: simplemente las desplaza hacia los hogares, los territorios y, especialmente, hacia las mujeres.

Por eso, la “mega reforma fiscal” no puede analizarse únicamente desde indicadores macroeconómicos. También debe evaluarse desde sus efectos democráticos y sociales. Porque cuando el Estado pierde capacidad para garantizar derechos, la desigualdad deja de ser una consecuencia y se transforma en un modelo de organización social.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera, el 15 de mayo del 2026.-

La columna “La gran feminización de la sociedad” presenta como amenaza transformaciones que, en rigor, responden a compromisos democráticos y jurídicos largamente asumidos por los Estados. Plantear la ampliación de derechos y la mayor participación de las mujeres como un riesgo para el Estado de derecho supone invertir el problema: lo que debilita la democracia no es la inclusión, sino la exclusión persistente.

La subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no ha sido un fenómeno natural ni circunstancial, sino una forma estructural de desigualdad. En ese contexto, los mecanismos orientados a garantizar participación equilibrada -incluidas las políticas de paridad- no constituyen privilegios ni concesiones ideológicas, sino herramientas para hacer efectivo el principio de igualdad sustantiva.

Los estándares internacionales en derechos humanos son claros. Una democracia que excluye sistemáticamente a la mitad de la población carece de legitimidad plena. Así lo ha reafirmado el Comité CEDAW, al establecer que la representación equilibrada de las mujeres es una condición para la vigencia del Estado de derecho y para la adopción de decisiones públicas más justas y responsables.

El debate, entonces, no es si “lo femenino” amenaza la ley, sino si estamos dispuestos a sostener democracias que continúan operando sobre desigualdades estructurales que el propio derecho internacional exige remover.

Paula Salvo Del Canto – Directora Corporación Humanas

Fabiola Gutiérrez – Coordinadora de Comunicaciones Corporación Humanas

Jennifer Alfaro – Coordinadora Estudios y Litigio Estratégico Corporación Humanas

Carta al director, publicada el 13 de enero de 2026. El Mercurio

Fortaleza, Brasil – 10 de diciembre de 2025. En un contexto global marcado por el avance sostenido de la violencia digital contra las mujeres por razones de género y la necesidad de herramientas para un abordaje integral, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) culminó este miércoles 10 de diciembre el proceso de adopción de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, un instrumento que posiciona a la región a la vanguardia de la respuesta frente a estas formas de violencia que impactan desproporcionadamente a mujeres, adolescente y niñas.

La adopción de la Ley Modelo tiene lugar en el marco del encuentro regional que reúne en Fortaleza, Brasil, a ministras y autoridades nacionales de América Latina y el Caribe, al Comité de Expertas del MESECVI y organizaciones de la sociedad civil, en ocasión de la XXII Reunión del Comité de Expertas (CEVI) y la X Conferencia de Estados Parte (CEP) del Mecanismo, órgano de la Organización de Estados Americanos.

La digitalización acelerada de la vida pública y privada ha multiplicado los escenarios en los que se reproducen las violencias por razones de género, amplificando su alcance, frecuencia y gravedad. Amenazas, hostigamiento, vigilancia, suplantación de identidad, discursos de odio, deepfakes, difusión no consentida de contenidos íntimos, extorsión digital y campañas de desinformación con sesgo de género son algunas de las formas que adoptan estas violencias, cuyas consecuencias físicas, psicológicas, económicas, sociales y simbólicas afectan profundamente la integridad, la autonomía y los derechos de mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad.

Frente a este panorama, la Ley Modelo Interamericana constituye una herramienta de alto nivel técnico y político para orientar la adecuación legislativa, fortalecer las capacidades institucionales y promover una respuesta integral, normativa y multiactor ante uno de los desafíos más urgentes de la era digital. Su contenido, desarrollado a partir de los estándares de la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos de derechos humanos, está dirigido a tanto a entidades de gobierno y poderes legislativos, como a los sistemas de justicia, plataformas digitales, sociedad civil, organismos multilaterales, agencias de cooperación y organizaciones de mujeres y sociedad civil.

El proceso de elaboración de la Ley Modelo fue impulsado por el CEVI, que acordó su desarrollo durante su XIX Reunión en Buenos Aires, en 2022. A lo largo de más de dos años, se llevaron a cabo veinte consultas presenciales y virtuales en ocho países, con la participación activa de alrededor de mil entidades y especialistas de diversos sectores. Este proceso plural y regional fue posible gracias al apoyo de la República de Italia, del Programa ACTUEMOS para poner fin a la violencia contra las mujeres, una alianza entre ONU Mujeres y la Unión Europea, así como de Equality Now, y de una amplia coalición de gobiernos, organizaciones de mujeres, instituciones académicas, agencias de cooperación y especialistas en derechos digitales.

Desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, el instrumento define la violencia digital como cualquier acción, conducta u omisión basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o político y que sea cometida o agravada mediante tecnologías digitales. Reconoce además los impactos diferenciados que enfrentan mujeres históricamente discriminadas por razones de edad, identidad de género, orientación sexual, etnia, situación socioeconómica o discapacidad.

La Ley Modelo plantea una arquitectura normativa integral. Establece orientaciones para la prevención, la alfabetización digital con perspectiva de género, la protección urgente, la reparación integral y la construcción de entornos digitales seguros y democráticos. Sus principios rectores incluyen la igualdad y no discriminación, la debida diligencia reforzada, la no revictimización, la interseccionalidad y la gobernanza digital compartida.

Uno de sus aportes más innovadores es el establecimiento de obligaciones claras para plataformas digitales e intermediarios de internet, incluyendo medidas de transparencia, preservación de evidencia, cooperación con las autoridades y remoción oportuna de contenidos violentos o no consentidos. Asimismo, promueve el cierre de la brecha digital de género, la formación obligatoria de operadores de justicia y la articulación interinstitucional para garantizar el acceso efectivo a la justicia, libre de estigmas y barreras.

El Comité de Expertas subraya en su exposición de motivos el papel clave que han desempeñado las organizaciones de mujeres y movimientos feministas de la región para visibilizar, nombrar y enfrentar la violencia digital, cuya labor ha sido determinante para desarrollar marcos jurídicos innovadores en varios países.

En este sentido, el nuevo instrumento interamericano busca consolidar y acompañar este impulso regional, respondiendo a la necesidad de respuestas normativas integrales que reconozcan tanto la magnitud del daño como la urgencia de la protección, la retirada oportuna del contenido, la sanción adecuada y la reparación integral.

La adopción de esta Ley Modelo en Fortaleza, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, reafirma el compromiso hemisférico político e institucional con la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también en los entornos digitales. Este hito marca el inicio de una nueva etapa de trabajo colectivo para fortalecer marcos normativos, rutas de acceso a la justicia, mecanismos de protección y políticas públicas integrales con enfoque de género e interseccionalidad y pertinencia cultural

Por eso, la decisión del 16 de diciembre no se reduce a elegir una autoridad, sino a definir qué prioridades colectivas queremos impulsar en los próximos años.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 nos sitúan ante decisiones significativas para Chile, no solo por quién encabezará el próximo Gobierno, sino también por las orientaciones que asumirán las políticas públicas en materia de seguridad, bienestar y derechos. Este proceso eleccionario puede leerse desde distintas perspectivas; una de ellas es observar la forma en que el Estado responderá a las demandas de protección, desarrollo y equidad.

En otras palabras, se trata de comprender qué rumbo tomará la acción estatal frente a un país que exige protección efectiva, estabilidad democrática y condiciones de vida más justas. En este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿dónde quedamos las mujeres, que seguimos enfrentando brechas estructurales y persistentes en autonomía, libertad, participación y acceso a una vida libre de violencias?

Junto al resultado presidencial, la composición del Congreso es un elemento central para comprender el escenario político que enfrentará el país. En la Cámara de Diputadas y Diputados, solo un 38% de los escaños será ocupado por mujeres; en el Senado, las mujeres alcanzan apenas el 30%. Persisten distritos sin ninguna mujer electa y otros donde más del 80% de los escaños quedó en manos de hombres.

Estos datos muestran un estancamiento significativo respecto al principio de paridad, que no solo es un mecanismo de equilibrio electoral, sino una expresión concreta de la calidad democrática: la capacidad de representar a un país diverso y de tomar decisiones desde experiencias y trayectorias distintas. Cuando esa representación disminuye, también se reduce el horizonte común que podemos construir como sociedad.

Sin embargo, ni el debate público ni la propia elección han estado centrados en este eje –los derechos humanos de las mujeres y su representación democrática–, sino en dos temas que han definido la discusión política reciente: la seguridad y la economía. Es indispensable examinar estos dos ejes con atención, porque de ellos depende en buena medida la posibilidad de que las mujeres vivan sin violencia, ejerzan autonomía económica y participen plenamente en la vida del país.

En materia de seguridad, las propuestas siguen centrándose en una mirada punitiva que equipara control del delito con protección. Pero esa aproximación deja fuera las violencias que ocurren en el ámbito privado, donde se registran los mayores riesgos para mujeres y niñas. Frente a esa lógica, urge reivindicar una concepción de seguridad, centrada en la prevención, la protección efectiva, la acción territorial y la reducción de las desigualdades que amplifican la vulnerabilidad.

En el plano económico, persisten brechas estructurales: menores salarios, mayor precariedad laboral y una carga desproporcionada de cuidados que limita la autonomía e inhibe la participación política y social. Ambos factores –la inseguridad cotidiana y la desigualdad económica– condicionan profundamente el ejercicio de derechos y afectan directamente la calidad de la democracia.

Por eso, la decisión del 16 de diciembre no se reduce a elegir una autoridad, sino a definir qué prioridades colectivas queremos impulsar en los próximos años. Si avanzamos hacia políticas que fortalezcan instituciones, garanticen derechos y aborden las desigualdades estructurales, estaremos contribuyendo a un futuro democrático más inclusivo, más justo y más seguro.

En definitiva, lo que está en juego no es solo la administración del Estado, sino el tipo de democracia que queremos sostener: una que retroceda en derechos o una que avance hacia la igualdad y la dignidad para todas las personas.

Este fondo tiene por objetivo fortalecer la participación, articulación e incidencia de las organizaciones de mujeres y feministas, apoyando iniciativas que promuevan los valores de la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género en los territorios.

La evaluación fue realizada por el Comité de Trabajo Colaborativo, integrado por las tres instituciones convocantes, en base a los criterios establecidos en las bases: pertinencia temática, coherencia con los objetivos del fondo, creatividad, inclusión, enfoque territorial y capacidad de gestión.

El proceso de selección fue especialmente desafiante debido a la alta calidad de las postulaciones recibidas. Cada propuesta reflejó el compromiso, la creatividad y la fuerza de las organizaciones de mujeres y feministas que, desde distintos territorios, trabajan por una sociedad más justa e igualitaria. Decidir no fue fácil: todas las iniciativas expresaron visiones y esfuerzos valiosos para fortalecer la democracia y los derechos humanos de las mujeres.

Queremos destacar que todas las organizaciones postulantes forman parte de este espacio común de trabajo y construcción colectiva, más allá de los resultados de esta convocatoria. Aquellas que no resultaron seleccionadas son parte fundamental de esta red viva y comprometida, y serán convocadas a futuras instancias de colaboración, aprendizaje y articulación.

A su vez, a las organizaciones seleccionadas provisionalmente les damos una calurosa bienvenida a este nuevo ciclo de trabajo conjunto. Confiamos en que realizaremos un proceso de colaboración inspirador, transformador y duradero, que contribuya al fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres.

Las organizaciones seleccionadas son:

• Fundación Romario Veloz
• Fundación Pájarx entre Púas
• Fundación Ciudadanas Cuidando
• Fundación Contra el Femicidio con Javiera en la Memoria – Coordinadora 19 de diciembre
• Corporación para el Desarrollo de la Mujer – MEMCH
• Corporación Mujeres en Construcción – MUCC
• Fundación Chile Necesita ESI
• Fundación Hijos y Madres del Silencio
• Fundación El Árbol
• Fundación Ciudadanas
• ONG Social Impulsa

A 35 años del retorno a la democracia, el movimiento feminista chileno ha sido un actor clave en la transformación política, social y cultural del país.
El nuevo documento “35 años de luchas feministas: democracia, cuidados y derechos”, elaborado por Virginia Guzmán, sudirectora del Centro de Estudios de la Mujer  y Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad realiza un balance histórico sobre cómo las mujeres han incidido en la ampliación de derechos, la institucionalidad de género y la democratización de la vida pública.

El texto destaca los avances en representación política, impulsados por la ley de cuotas y la instalación de gabinetes paritarios; el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, con la aprobación del aborto en tres causales; y la visibilización del trabajo de cuidados como un pilar para la sostenibilidad de la vida y la justicia social.

Pese a estos logros, el informe advierte que persisten desigualdades estructurales: la violencia contra las mujeres sigue siendo la más extendida —1 de cada 3 la ha vivido a lo largo de su vida—, las brechas salariales permanecen y la crisis de cuidados requiere nuevos pactos sociales.

“El feminismo sigue siendo una fuerza de resistencia democrática y de innovación social”, señalan sus autoras, reafirmando que los avances conquistados por las mujeres deben consolidarse como derechos permanentes.

El documento fue presentado en el conversatorio “35 años de luchas feministas: derechos, democracia y cuidados”, organizado por la Plataforma Nada Sin Nosotras, integrada por Corporación Humanas, el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) y el Observatorio de Género y Equidad (OGE), junto a la Fundación Friedrich Ebert (FES Chile).

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Con la participación especial de Mon Laferte, Francisca Valenzuela, Paola Molina, Natalia Valdebenito, LasTesis, Bailarllorar y más artistas invitadas, el Festival LIBRES invita a celebrar y reflexionar en torno a la libertad, la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes.

Durante la jornada —que se extenderá desde las 16:00 hasta las 20:00 horas— el público podrá recorrer stands de organizaciones feministas, participar en talleres y actividades interactivas, y disfrutar de una programación diversa que combina música, humor, arte y conversación.

“Este festival nace porque queremos liberarnos del estigma que rodea al aborto y del silencio que le impone a quienes abortan. Creemos que con las conversaciones que se dan en torno a la cultura, la música y el humor podemos avanzar hacia la despenalización social del aborto”
— Siomara Molina, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto

El Festival LIBRES nace desde la autogestión, la esperanza y la convicción de que el aborto es un tema de salud pública que debe abordarse de manera libre, abierta y democrática. A través de la cultura, el humor y la creatividad, busca abrir conversaciones ciudadanas, reforzar la solidaridad social y proyectar un futuro de mayor libertad y dignidad para todas.

Organizan: Asamblea Permanente por el Aborto, Corporación Humanas, Coordinadora Feminista 8M, Amnistía Internacional Chile, Corporación Miles, La Rebelión del Cuerpo, ABOFEM, La Mancha de Chile, Lastesis, Acuerpamientx Feminista de Puente Alto, Corporación Fucsia, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Colectiva Feminista La Grupa – Collipulli, Asociación Ginecólogas Chile y la organización Intransigentes.

Santiago, agosto de 2025. – Corporación Humanas, en alianza con ComunidadMujer y Fondo Alquimia, anuncia el lanzamiento del Fondo Concursable 2025: Iniciativas para la Democracia y los Derechos Humanos de las Mujeres, una convocatoria dirigida a organizaciones de mujeres y feministas comprometidas con la igualdad, la participación política y la justicia de género en Chile.

Este fondo busca impulsar, con financiamiento y acompañamiento técnico, proyectos transformadores que fortalezcan la democracia y promuevan el respeto irrestricto de los derechos humanos, abordando temas como:

• Campañas de comunicación y sensibilización.

• Formación de liderazgos y defensoras de derechos.

• Estrategias de cuidado y protección colectiva.

• Producción de conocimiento feminista.

• Intervenciones artísticas y culturales.

• Encuentros territoriales y alianzas interorganizacionales.

• Iniciativas que fomenten el diálogo democrático desde una perspectiva de derechos humanos.

¿Quiénes pueden postular?

• Organizaciones de mujeres legalmente constituidas con al menos dos años de funcionamiento.

• Articulaciones de mínimo tres organizaciones con distintos focos de acción (se permite una sin personalidad jurídica si acredita trayectoria).

Líneas de financiamiento:

• Articulación de organizaciones: hasta $20.000.000 por proyecto.

• Organizaciones individuales: hasta $5.000.000 por proyecto.
  Fondos disponibles: $115.000.000.

Fechas clave:

• Apertura convocatoria: 18 de agosto de 2025

• Recepción de postulaciones: 25 de agosto al 26 de septiembre de 2025

• Publicación de resultados: 20 de octubre de 2025

• Ejecución de proyectos: 2 de noviembre de 2025 al 30 de julio de 2026

Las postulaciones se recibirán vía correo electrónico en fondoconcursable2025@humanas.cl.
Las bases y requisitos están disponibles en www.humanas.cl.

Este fondo reafirma el compromiso de Corporación Humanas y sus aliadas con una democracia paritaria, el fortalecimiento del movimiento de mujeres y feminista, y la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación.