Desde la promulgación en Chile de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2017, Corporación Humanas ha monitoreado su implementación. Este seguimiento ha enfrentado obstáculos para acceder a información sobre objeción de conciencia lo que obligó a solicitar antecedentes directamente a hospitales públicos y recurrir al Consejo para la Transparencia, que acogió un amparo presentado por la organización. Que haya sido necesario acudir a esta instancia para obtener información sobre el cumplimiento de una política pública da cuenta de un problema que va más allá de los datos: la transparencia es una condición básica para fiscalizar el cumplimiento de la Ley IVE. Los antecedentes obtenidos muestran que la objeción de conciencia continúa siendo una barrera significativa para el acceso al aborto en tres causales.

De acuerdo con nuestro Informe de Objeción de Conciencia (2025), entre junio de 2024 y junio de 2025, el 100% de las niñas menores de 14 años y el 77% de las adolescentes entre 14 y 17 años que accedieron a la interrupción voluntaria del embarazo lo hicieron por la causal de violación. Del total de 439 casos de aborto por violación, 98 corresponden a niñas y adolescentes. La violencia sexual se configura, así, como la principal razón por la que este grupo accede a la Ley IVE en Chile.

A nivel nacional, el 40,4% de las y los médicos obstetras se declara objetor en la causal violación; el 20% en inviabilidad fetal; el 13,7% en la causal de riesgo de vida de la mujer. Este último dato resulta especialmente relevante, ya que durante la tramitación de la ley se argumentó que no era necesario regular esta causal, bajo el supuesto de que el deber médico garantizaría la atención. Los datos muestran lo contrario.

A nivel territorial, la situación es aún más compleja. Existen tres servicios de salud con porcentajes críticos de profesionales obstetras objetores de conciencia en la causal violación: de Araucanía Norte (82,4%), del Maule (63,5%) y de O’Higgins (63,3%). En la práctica, esto significa que el acceso a la ley no depende solo de su promulgación sino del lugar donde se vive.

A nivel hospitalario, el escenario es aún más crítico. En 34 hospitales públicos del país, el 40% o más del personal médico obstétrico se declara objetor de conciencia en la causal violación. En casos extremos, como el Hospital de Cauquenes, la totalidad del equipo (100%) se declara objetor. A esto se suman establecimientos como el Hospital Sótero del Río, Hospital de Victoria, Hospital de Santa Cruz, el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz y Hospital El Pino, donde la objeción supera el 80%. Estas cifras indican que existen zonas donde el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra seriamente comprometido.

El alto porcentaje de objeción en la causal de violación se vincula con la persistencia de desconfianza hacia los relatos de víctimas de violencia sexual y con la reproducción de prejuicios en el sistema de salud. Esto resulta especialmente preocupante, ya que expone a niñas, adolescentes y mujeres a dinámicas de revictimización. En lugar de garantizar una atención oportuna y basada en derechos, estas prácticas trasladan juicios morales al ámbito sanitario, debilitando la credibilidad de las víctimas y obstaculizando el acceso efectivo a la prestación.

Los efectos de la objeción de conciencia no se limitan a la negativa de realizar el procedimiento. También se expresan en la denegación de información sobre los derechos consagrados en la Ley IVE, en la obstaculización para constituir una causal e incluso en la criminalización de mujeres y niñas a partir del cuestionamiento de sus relatos. En este sentido, la implementación del nuevo reglamento publicado en mayo de 2025 abre una oportunidad para revertir estas prácticas, fortalecer la transparencia en la atención y resguardar la autonomía de quienes enfrentan decisiones en contextos de alta vulnerabilidad.

Hoy es evidente que las convicciones personales priman por sobre los derechos de niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad, evidenciando una deuda institucional profunda. No basta con consagrar derechos en la ley si su ejercicio sigue condicionado por prejuicios y barreras estructurales. Fortalecer el rol fiscalizador en el cumplimiento de la Ley IVE, asegurar la contratación de personal médico no objetor en hospitales públicos y avanzar en la formación y capacitación a futuros profesionales de la salud no son medidas opcionales: son condiciones mínimas e imprescindibles para garantizar una atención basada en el respeto, la autonomía y la libertad reproductiva.

Cada vez que el debate sobre gestación subrogada aparece en la esfera pública, la conversación parece empujarnos a una falsa elección: o mercado irrestricto o prohibición total. Entre ambos extremos, sin embargo, quedan fuera las preguntas más difíciles.

En los próximos días, la Comisión de Familia discutirá un proyecto de ley que busca prohibir la gestación por subrogación vía creación de un nuevo tipo penal. La relevancia de este debate excede con creces la técnica legislativa: estamos ante una decisión política que revela cómo entendemos la autonomía de las mujeres, los límites del mercado y —sobre todo— hasta dónde está dispuesto el Estado a intervenir cuando la desigualdad estructura las decisiones.

La discusión no es nueva, pero sí urgente. En Chile no existe una regulación integral sobre técnicas de reproducción asistida y la gestación por subrogación se ha desarrollado en un vacío normativo que expone a todas las partes involucradas, especialmente a las mujeres gestantes y a niños y niñas nacidos mediante esta práctica. Sin embargo, lo que hoy se propone no es llenar ese vacío, sino responder a él exclusivamente desde la prohibición penal. El problema de fondo es que el debate se ha instalado en una lógica binaria que simplifica una realidad mucho más compleja: o mercado irrestricto o prohibición total. Esa dicotomía deja fuera preguntas fundamentales sobre autonomía reproductiva, infertilidad biológica y estructural, nuevas formas de familia, protección ante formas de explotación y trata, determinación de la filiación, entre otras dimensiones.

Como se ha advertido en el debate público reciente, esta polarización impide distinguir entre modelos de subrogación, invisibiliza las condiciones en que ocurre y bloquea alternativas intermedias que podrían ofrecer mayores niveles de protección y de sensibilidad con la realidad.

La discusión pública suele reducirse rápidamente a identificar si alguien está “a favor” o “en contra”. Ese encuadre no sólo empobrece el debate, sino que dificulta la posibilidad de habitar los matices, de discutir los grises, de escuchar argumentos complejos. Nos empuja a caricaturas y en ese tránsito se pierden las preguntas relevantes.

No es lo mismo una subrogación comercial mediada por agencias internacionales que una planteada en términos altruistas, ni es irrelevante si existe o no regulación estatal que establezca límites claros. Tampoco es indiferente el contexto social en que se toma la decisión. Sin embargo, el proyecto en discusión opta por borrar esas diferencias. Y al hacerlo, renuncia a la posibilidad de intervenir allí donde realmente se producen los abusos.

Hay, además, una cuestión previa que no es menor. Buena parte de la historia del feminismo ha consistido precisamente en sacar experiencias vinculadas al cuerpo, la reproducción y la sexualidad del ámbito privado para llevarlas a la esfera pública, política y académica. No para clausurar las discusiones sino para complejizarlas, disputar sentidos y visibilizar las relaciones de poder que las atraviesan.

Por eso resulta problemático que, frente a un debate como el de la gestación subrogada, las posiciones tienden rápidamente a simplificarse en respuestas cerradas que dificultan una deliberación más profunda. La autonomía de las mujeres ocupa un lugar central en el debate. Quienes defienden la gestación por subrogación suelen hacerlo en nombre de la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Las posiciones críticas, en cambio, advierten que en contextos patriarcales y marcados por profundas desigualdades sociales y económicas, la noción de autonomía no puede analizarse al margen de las condiciones materiales en que las decisiones se producen.

Quizás la pregunta es previa: ¿de qué autonomía estamos hablando? Porque la autonomía no se ejerce en el vacío, sino en estructuras sociales que distribuyen desigualmente las oportunidades y las cargas. En sociedades atravesadas por desigualdades de género y económicas, la libertad de decidir no puede evaluarse sin considerar el contexto en que esa decisión se toma.

Asumir que toda decisión es plenamente autónoma es desconocer cómo operan las restricciones materiales y simbólicas. Pero negar toda capacidad de agencia a las mujeres resulta problemático, porque reemplaza una forma de tutela por otra. El desafío no es elegir entre autonomía o protección, sino comprender que sin condiciones materiales mínimas la autonomía puede convertirse en una ficción jurídica.

En ese sentido, si la respuesta del Estado es simplemente prohibir, lo que se hace no es evitar la explotación de las mujeres, sino invisibilizar las condiciones en que ocurre. La alternativa es más compleja y más exigente: diseñar una regulación que impida que los cuerpos de las mujeres sean tratados como recursos disponibles, estableciendo límites claros, garantías efectivas y condiciones que resguarden su dignidad. Esto podría implicar excluir la intermediación lucrativa, reforzar el consentimiento informado y asegurar que la decisión de gestar no esté mediada por situaciones de extrema vulnerabilidad.

La discusión legislativa que se abre no debería reducirse a un dilema entre permitir o prohibir. Se trata de decidir si el Estado va a asumir un rol regulador frente a una práctica que ya existe o si optará por la salida más sencilla: declarar ilegítima una realidad que, en los hechos, seguirá ocurriendo.

La evidencia comparada y el propio debate feminista muestran que no existen soluciones simples para problemas complejos. Pero sí hay una certeza: legislar desde la polarización, sin hacerse cargo de las relaciones de poder que atraviesa la gestación por subrogación, no es neutral. Porque cuando el Estado renuncia a regular materias complejas, las desigualdades no desaparecen; simplemente quedan fuera de discusión.

El miércoles 28 de enero debía discutirse y votarse en general el proyecto de ley de aborto por plazos en la Cámara de Diputados, sin embargo, una vez más esta cita se postergó.

Con esto se vuelve a detener un debate esencial y se mantiene intacta una situación que afecta diariamente la vida, la salud y la dignidad de quienes requieren acceder a este derecho.

La magnitud de esta omisión es real. Cuando el Estado dilata, quienes pagan el costo son mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar, especialmente quienes viven en mayor precariedad, quienes han sufrido violencia, y quienes no pueden acceder a información ni a atención segura a tiempo.

Esta postergación exige responsabilidad política transversal. La democracia no se mide sólo por lo que se aprueba o rechaza, sino también por la capacidad de dar debate y tomar decisiones. Evadir la votación es eludir el deber de representar, deliberar y responder ante el país.

Aún en este escenario, nuestra posición es de futuro: la urgencia permanece, porque la realidad no espera. Es por ello que exigimos al Ejecutivo, a las bancadas y partidos, compromiso público de asistencia y participación efectiva en la tramitación de este proyecto y que se garantice un proceso legislativo transparente, con participación y sin dilaciones injustificadas.

Mantenemos la esperanza de que en el próximo período legislativo se enmiende el camino, y se salde esta deuda impostergable.

Siomara Molina, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto
Javiera Canales, Corporación Miles
Ingrid Villena, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir
Paula Salvo, Corporación Humanas
Teresa Valdés, Observatorio de Género y Equidad
Bárbara Sepúlveda, ABOFEM
Libertad Vidal, @corporacion_fucsia
MIRA Observatorio Legislativo Feminista
@mira.observatorio
La Rebelión del Cuerpo

Carta al director publicar en El Mostrador, publicada el 22 de febrero de 2026.- 

El informe “Hablemos de aborto en Chile: narrativas, tensiones y sentidos del debate público (2024-2025)” analiza cómo los medios de comunicación y distintos actores/as políticas han construido marcos argumentativos que, lejos de situar el debate en la salud pública y la autonomía de las mujeres, recurren a apelaciones moralistas, religiosas y a la desinformación para deslegitimar la necesidad de garantizar un acceso seguro al aborto. Estas estrategias discursivas no sólo obstaculizan el avance legislativo, sino que también impiden el  pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes. 

El estudio, basado en un análisis cualitativo de más de sesenta noticias y en el seguimiento del debate en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, identifica patrones narrativos que contribuyen a invisibilizar las experiencias y necesidades reales de las mujeres. Entre ellos destacan la reproducción de mitos, la priorización de prejuicios por sobre la evidencia científica y la minimización de las problemáticas asociadas  a embarazos no deseados y a la salud reproductiva. 

El informe advierte sobre el riesgo de que la agenda pública continúe postergando temas que son centrales para la autonomía, por la justicia social y el ejercicio de derechos, reforzando una discusión moralizada que se aleja de estándares internacionales y del enfoque de derechos humanos. 

Revisa el informe completo aquí 

A días de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la discusión en Chile se cruza con los esfuerzos por avanzar en el Congreso Nacional del proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. En este escenario, las voces de expertas feministas ponen sobre la mesa no solo las implicancias legales, sino también el trasfondo social, sanitario y cultural.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia de Corporación Humanas, subraya la importancia de que el gobierno haya dado inicio a esta discusión, pese al retraso respecto a lo prometido en la Cuenta Pública de 2024.

En vísperas de un nuevo ciclo electoral, la experta hizo un llamado claro a los aspirante a La Moneda y al Congreso Nacional: “Sería ideal que los candidatos, tanto presidenciales como parlamentarios, pudieran tomar conciencia de cuál es la relevancia que tienen los derechos sexuales y reproductivos. No es un tema menor, tiene un apoyo ciudadano importante y Chile está más que preparado para hacer este debate sin sesgos ideológicos”.

Así, defendió que el proyecto de aborto del Gobierno debe seguir avanzando y no sufrir contratiempos o restricciones dependiendo del sector político que gane la elección de noviembre. “Es bueno que el debate del aborto haga reflexionar a los tomadores de decisión respecto a qué violencia están sufriendo las mujeres embarazadas”, señaló.

Aborto como política pública, no imposición ideológica

“Nos parece muy importante que se inicie este debate. El año 2018 avanzamos en despenalizar en tres causales el aborto y la idea es que podamos ir avanzando hacia una despenalización social y una legalización del aborto por plazo en el mediano y largo plazo. Las organizaciones de la sociedad civil sabemos que puede ser un tema incómodo, Chile ha demostrado cierto conservadurismo respecto a temas que pueden tocar lo valórico”, expuso al ser consultada.

El debate sobre el aborto, enfatizó Bartolotti, no puede reducirse a una agenda exclusiva de los movimientos feministas ni a ninguna mirada netamente ideológica. “Detrás de la demanda del aborto, no solamente hay una demanda feminista, sino que también está directamente relacionado con el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, también con la reparación ante la violencia en el caso de mujeres que sufren embarazos producto de violación”, postuló.

“Acá no se le está imponiendo a nadie hacer abortos ni a un profesional de salud que vaya en contra de sus creencias religiosas. Lo que queremos es que se garantice sin discriminación el acceso a una prestación de salud que lamentablemente en Chile está en el Código Penal”, argumentó, agregando que nuestro país “es bastante conservador en su reglamentación del aborto”.

Una realidad social que requiere urgencia

“El debate en torno al aborto tiene un trasfondo mucho más importante detrás, que tiene que ver con el acceso a las políticas públicas sexuales y reproductivas. Y también tiene que ver con las maternidades deseadas y con qué sociedad de cuidados queremos crear”, complementó al respecto Bartolotti.

La experta insistió en que el aborto debe ser abordado como una política pública de salud. “No estamos hablando de un tema de nicho, sino que estamos hablando de una realidad social que viven muchas mujeres. Que en estos momentos no tienen las condiciones socioeconómicas, físicas, de salud, para continuar un embarazo, y el Estado no puede obligarlas a continuar un embarazo que vaya a perjudicar tanto sus proyectos de vida, su salud, etc. Y que todas tengan el derecho a decidir y recibir sobre todo una atención de salud digna”, recalcó Bartolotti.

Los casos recientes de fallas en anticonceptivos entregados por el sistema público, que derivaron en embarazos no deseados, son ejemplo de cómo la precariedad institucional golpea directamente a las mujeres. Por ello, Bartolotti remarcó la importancia del aborto como política para solucionar problemas de salud pública.

“La idea es que las mujeres que van a abortar, y que lo van a hacer de cualquier forma, no sean estafadas con pastillas falsas. Que puedan recurrir a un servicio médico en caso de una emergencia sin que las criminalicen, sin que las vayan a denunciar por un delito. Asimismo, desde el punto de vista de la actual ley de tres causales, es muy exigente respecto a hacer un aborto por la situación de riesgo vital de la madre. O sea, la mujer tiene que estar prácticamente al borde de la muerte para que haya un aborto”, sostuvo la experta.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile, 25 de septiembre 2025.-

Revisa el reportaje completo realizado por 24 horas.

En una carta dirigida al presidente de la Comisión, diputado Patricio Rosas, y a sus integrantes, y con copia a las ministras de Salud, de la Mujer y la Equidad de Género, y Secretaría General de la Presidencia, las organizaciones enfatizan la necesidad de avanzar hacia un marco legal que garantice el acceso al aborto hasta las 14 semanas de gestación de forma oportuna, informada, legal y segura.

“El actual sistema de tres causales, si bien representó un avance, no responde a la totalidad de situaciones que enfrentan las mujeres y niñas, dejándolas expuestas a riesgos sanitarios, criminalización y múltiples vulneraciones a sus derechos”, señalan.

Las firmantes demandan que el debate legislativo incorpore evidencia científica, los estándares internacionales de derechos humanos y la participación de expertos/as y organizaciones con trayectoria en salud pública y derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, destacan que esta discusión debe reconocer el aborto como un asunto de salud pública, justicia social y autonomía.

“El Estado tiene la obligación de remover las barreras que impiden a mujeres y niñas desarrollar plenamente sus proyectos de vida y decidir sobre su maternidad”, agregan, solicitando a la Comisión de Salud garantizar un debate plural, informado y respetuoso.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Corporación Humanas, Corporación Miles, Asamblea por el Derecho a Decidir, Médicas Feministas Chile (MEDIFEM), ABOFEM, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, APROFA, Amnistía Internacional Chile,, entre otras.

El proyecto de ley de aborto legal por plazos, ingresado recientemente al Congreso, representa una oportunidad histórica para saldar una deuda pendiente con la salud y los derechos reproductivos en el país.

]]> https://www.humanas.cl/estudio-de-corporacion-humanas-revelo-alta-objecion-en-hospital-de-chillan-en-causal-de-aborto-por-violacion/ Thu, 24 Jul 2025 13:25:31 +0000 https://www.humanas.cl/?p=23801 Desde la entrada en vigencia, en 2017, de la Ley que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) bajo tres causales, en la región de Ñuble 189 mujeres y menores se han acogido a este derecho en el sistema público de salud.

En la red asistencial, los hospitales de Chillán y San Carlos, son los principales recintos médicos donde se práctica este procedimiento, en caso de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.

La región ha mantenido una tendencia de abortos por tres causales relativamente estable, desde 2019 a 2023, sin variaciones significativas, aunque sí hubo un repunte en 2023. En detalle, reportó las siguientes interrupciones de la gestación: 22 (2019), 14 (2020), 21 (2021), 12 (2022) y 31 (2023), de acuerdo al periodo registrado por las estadísticas territoriales de la Biblioteca del Congreso Nacional.

En ese último año, la causal por violación encabezó las cifras con 12 abortos, inviabilidad fetal con 11 y peligro para la vida de la madre 8 en total.

Para el director (s) del Servicio de Salud Ñuble, Álex Paredes, la Ley (IVE) ha representado un avance fundamental en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes

“No se trata solo de garantizar el acceso a una prestación de salud segura, sino también de resguardar la dignidad, autonomía y el derecho a decidir en situaciones profundamente complejas. Como sistema público de salud, nuestro compromiso es brindar una atención oportuna y respetuosa, acompañando a cada persona con empatía y sin juicios”, dijo.

A la fecha, y desde que se promulgó la Ley 21.030, el mayor número de casos, a nivel local, ha ingresado al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, con más del 80% de éstos. En dicho establecimiento se han realizado 124 interrupciones del embarazo, de las cuales 56 han sido por la primera causal (riesgo vital de la madre), seguidas de la segunda causal (inviabilidad fetal) con 37 casos, y finalmente 31 por la tercera causal (violación).

Si bien no se tuvo acceso actualizado a los rangos etarios de las usuarias, a 2023 se estableció que en la tercera causal, por violación, seis de cada 10 mujeres son menores de 18 años de las atendidas en el complejo asistencial, lo que evidencia la cruda realidad de la violencia sexual sobre niñas y jóvenes.

“Mujeres, niñas y personas gestantes tienen derecho a estar informadas y a recibir una atención de salud digna y respetuosa en todo momento. Esta certificación otorga mayor confianza a quienes acceden a este derecho, y refleja el compromiso y profesionalismo de nuestros equipos clínicos, que resguardan el acceso oportuno e informado, brindando un acompañamiento respetuoso durante todo el proceso, que comienza con la constitución de la causal, según lo establece la ley. A partir de ese momento se ofrece acompañamiento psicosocial y se implementan las acciones necesarias, según la decisión de la persona, independiente de si opta o no por interrumpir su embarazo”, indicó Luz María Morán, directora del hospital de Chillán.

Nueva regulación

La objeción de conciencia es el derecho de una persona a negarse a cumplir con una obligación legal o mandato. En el contexto de la ley IVE, un funcionario de salud puede optar a no realizar el aborto en tres causales, por ser contrario a sus convicciones morales, éticas o religiosas. Sin embargo, esta objeción no puede ser utilizada para negar la atención médica necesaria o para impedir que otras personas realicen el procedimiento.

Recientemente el Diario Oficial publicó un nuevo reglamento que no elimina esta figura, pero establece requisitos más estrictos para garantizar que no se transforme en una limitación de acceso. Cada establecimiento deberá tener siempre disponible a un profesional no objetor, y deberá derivar con prontitud en caso contrario.

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Sánchez, explicó que el nuevo marco normativo busca que, el lugar donde habita una mujer no sea una barrera para acceder a una atención oportuna y que la información sea completa y transparente.

“Es muy importante que exista, con este nuevo reglamento, la elaboración de un protocolo de determinación estándar para todos los establecimientos por parte del Minsal, y que siempre tiene que haber un profesional disponible para realizar el procedimiento en cualquiera de las tres causales y los otros lineamientos que permitan dar continuidad a la atención y que ésta sea siempre oportuna, porque el tiempo acá es muy importante, y sin costo adicional, evitando que ellas tengan que deambular entre los centros de salud. Muchas veces también ir a otra región, ya sabiendo que están en una situación tan compleja”, explicó.

En la práctica, la objeción de conciencia no ha reportado dificultades para las mujeres que han optado por el aborto bajo las causales estipuladas, según lo informado por la autoridad, ya que no han recibido denuncias, aunque admitió que esta modificación a la normativa surge a raíz de los obstáculos que han enfrentado ellas en otros territorios.

“Si bien acá nosotros y Ñuble, personalmente, a nuestra Seremi, no llegó ninguna mujer con ese problema, pero sabemos que a nivel central sí. Entonces, esa fue una gran razón por la cual el equipo del Ministerio impulsó esta modificación. Con este nuevo reglamento, las mujeres sabrán si quien las atiende es objetor de conciencia y los establecimientos de salud contarán con un protocolo de reasignación y derivación, que en este caso elabora el Minsal, para que se opere de manera igualitaria en todas las regiones”, dijo la seremi.

Según el Servicio de Salud, del total de profesionales de salud en Ñuble, 167 se han manifestado como objetores de conciencia, de los cuales 65 son profesionales médicos y 102 no médicos.

Desde el sector, aseguraron, que en vista de lo anterior, existe una planificación médica para entregar atención a aquellas mujeres que se acogen a la ley 21.030. Asimismo, recalcaron que se ha reforzado la difusión de información clara y accesible sobre los derechos de estas.

“Es importante señalar que los Hospitales de Chillán y San Carlos disponen de turnos que aseguran la cobertura ante los requerimientos que surjan y que estén disponibles de llamado ante una resolución de manera urgente. En general, excepto la Causal 1, puede tener cierto rango de tiempo para ejecutar la interrupción del embarazo, no así si se presenta un riesgo materno inminente”, indicó Ivette Retamal Jelvez, matrona asesora del Programa Salud Sexual y Reproductiva del SSÑ.

“Nuestro foco como institución es asegurar que nuestros establecimientos entreguen una atención digna, oportuna y libre de discriminación. Para ello, hemos fortalecido la formación de equipos clínicos, establecido derivaciones asistidas desde la atención primaria y regulado el uso de la objeción de conciencia para que no se transforme en una barrera estructural”, añadió.

Objeción de conciencia en la mira

De acuerdo a un estudio difundido en junio por la Corporación Humanas, elaborado en 2024, en el Hospital de Chillán, de 29 contrataciones de obstetras; 17,2% son objetores en riesgo vital, 24,1% en viabilidad fetal y 62,1% en caso de violación. Una realidad opuesta se reflejó en el hospital de San Carlos, donde de 11 contrataciones, ningún médico especialista es objetor de conciencia en las tres causales.

A nivel nacional, la tercera causal es la que presentó mayor negativa por parte del personal de salud desde la implementación de la ley IVE. Ñuble reportó 45,0% de objeciones en este ítem, de un total de 40 contrataciones, ocupando el octavo lugar entre regiones.

La abogada de la Corporación Humanas, Laura Bartolotti, calificó importante la cantidad de objetores de conciencia en el principal complejo asistencial de Ñuble, no solo porque están presentes en las tres situaciones que estipula la ley, sino porque supera el 50% en circunstancias de violación.

“El hospital de San Carlos, en la misma región, es uno de los cuatro hospitales de Chile que es un ejemplo muy positivo ya que no cuenta con objetores de conciencia, por lo tanto, no hay ninguna brecha o barrera para el acceso al aborto en tres causales, para niñas y mujeres. Sin embargo que existan objetores en Chillán y sus alrededores, sí genera una brecha importante para las niñas, sobre todo, para las víctimas de delitos sexuales que requieran un aborto por la ley IVE, ya que puede demorar el acceso y la derivación a otros especialistas que no son objetores”, analizó.

A juicio de la profesional de Humanas, la mayor cantidad de objetores de conciencia en la causal de violación se puede explicar por sesgos o prejuicios de género, que terminan impactando aún más a las víctimas de este delito.

“No creer que una mujer requiere una prestación de salud como el aborto, luego de ser víctima de un delito tan grave y dañino para la integridad de las personas como es la violencia sexual también genera revicitimización cuando las mujeres y niñas se enfrentan con brechas o dilaciones en el acceso. No solo el Estado está generado una dilación a una prestación de salud o falta de prestación para que la niña se recupere, sino también está incumplimiento con sus deberes internacionales a garantizar una vida libre de violencia de las niñas tanto en su prevención, protección como en la reparación a las víctimas de violencia, sobre todo sexual. Establecer barreras para el aborto, también es una especie de violencia ginecobstétrica que ha sido reforzada en la ley integral 21.675, que establece el deber de los organismos del Estado, especialmente del Minsal, a no realizar una revicitimización secundaria”, manifestó.

En respuesta, desde el hospital Herminda Martín aseguraron que las pacientes han recibido atención en las tres causales, sin que se requiera, hasta ahora ser trasladadas a otros puntos del país.

“En cualquiera de las tres causales, la red asistencial, en todos sus niveles: atención primaria, de especialidades y de urgencia, está coordinada para entregar atención integral y acompañamiento a las personas que lo requieran. En caso de ser necesaria una derivación entre establecimientos, ésta se realiza de manera oportuna y coordinada, asegurando la confidencialidad y continuidad de la atención. Hasta la fecha, no hemos derivado a ninguna usuaria fuera de la región, todas han sido atendidas en nuestro establecimiento. Cada atención está plenamente garantizada”, indicó la directora Luz María Morán.

En ese sentido, destacaron que el Hospital de Chillán es uno de los nueve establecimientos del país destacados por Observadoras de la Ley de Aborto (OLA) por su compromiso con los estándares de atención en la aplicación de la Ley N.º 21.030.

Pese a que esta figura jurídica excepcional es aplicada en el recinto asistencial de Chillán, con mayor porcentaje en caso de agresión sexual, desde el Colegio Médico de Ñuble sostuvieron que no ha sido una barrera para que las mujeres ejerzan este derecho.

“Se le entrega la información necesaria y hasta donde nosotros conocemos la objeción de conciencia no ha sido un obstáculo para que se aplique esta Ley. La razón de esto es que, aunque efectivamente el aborto supone para nuestra profesión un dilema ético donde no existe una sola posición al respecto y existen médicos que son objetores de conciencia, también hay también médicos que no lo son. Hay informes al respecto y al menos hasta el año 2019, en línea con los datos de otras regiones del país, aproximadamente un 60% de los gineco-obstetras, considerando el Hospital Herminda Martín y el Hospital San Carlos, se consideraban objetores”, sostuvo el presidente del gremio, Guillermo Pavés.

Respecto a la mayor negativa a practicar el procedimiento por violación, el médico explicó que “en la primera causal la interrupción del embarazo se efectúa para salvar la vida de la madre y en la segunda causal se trata de una concepción que es inviable por lo cual el médico está actuando dentro de lo que se puede considerar que corresponde al actuar médico o Lex-artis. En el caso del aborto por la causal de violación el caso es distinto y existe un dilema ético innegable. Se trata de un embarazo viable y que no supone un riesgo para la vida de la madre. Dadas estas condiciones donde no existe patología alguna que haga necesario un aborto esto quedaría fuera de lo que se puede considerar que corresponde a la práctica médica. Por supuesto que todos los médicos, objetores o no, comprendemos que un embarazo producto de una violación supone una situación dramática y terrible”.

Menores violadas

Si bien la causal por violación es la que concentra la menor cantidad de abortos realizados en el hospital de Chillán desde la implementación de la ley, llama la atención que a 2023, seis de cada 10 mujeres, eran menores de 18 años.

“Se da por factores culturales, y donde lamentablemente nuestra región no está exenta de eso, porque hace generaciones atrás, la violencia sexual es algo que muchas veces se normalizó y no se denunció. Acá también hay patrones culturales, como es el machismo. Nuestro objetivo, por supuesto, es erradicar este tipo de violencia, que es una obligación que tiene el Estado, y con todas las herramientas que puede intervenir”, explicó la seremi de la Mujer, Constanza Sánchez.

Para combatir este delito contra las mujeres, desde el Estado se han articulado estrategias de prevención contra la violencia y de educación sexual.

“Estamos haciendo como Ministerio prevención, por ejemplo, llegar con campañas preventivas, en cómo abordar la violencia en el pololeo y cómo nos ayuda a detectar variables a tiempo y a erradicarlas en este rango etario, en la adolescencia. Tenemos conocimiento que el Ministerio de Educación también está haciendo campañas preventivas en lo que es la educación sexual integral, ya que sabemos como niños adolescentes pueden necesitar patrones, si son víctimas de un abuso”, dijo.

Noticia publicada en La Discusión de Chillán, el 12 de julio de 2025.-

A siete años de la ley que despenalizó el aborto en tres causales, el acceso efectivo a este derecho sigue siendo una deuda del Estado. Según el Informe 2024 que elaboramos en Corporación Humanas, el 41,6% del personal obstetra en hospitales públicos se declara objetor en la causal de violación. En tres hospitales del país -Cauquenes, Constitución y Lautaro- el 100% del equipo se acoge a la objeción, dejando sin alternativa real a quienes requieren esta prestación de salud.

La objeción de conciencia -que debiera ser una situación excepcionalísima, ya que supone el incumplimiento de una obligación jurídica-, hoy opera como una barrera estructural para el acceso a la Ley IVE. Afecta especialmente a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, quienes enfrentan una doble vulneración: la de sus agresores y la de un sistema de salud que no garantiza atención oportuna ni libre de juicios.

Es urgente que el Estado regule y fiscalice efectivamente esta práctica. La reciente actualización del reglamento de objeción de conciencia representa un avance en esa dirección, pero el sistema aún presenta brechas importantes que exigen redoblar los esfuerzos institucionales para asegurar el acceso igualitario y sin discriminación a este derecho.

La objeción de conciencia es un derecho individual reconocido, pero no puede limitar el acceso efectivo a derechos legalmente garantizados para las mujeres y niñas.

Constanza Schonhaut, Directora ejecutiva, Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera, 27 de junio del 2025.-