Hay decisiones que no son administrativas. Son políticas. Y precisamente por eso deben ser evaluadas como tales. El cierre de la Unidad de Búsqueda sobre Adopciones Irregulares es una de ellas. Tres profesionales fueron despedidos, y su conocimiento y experiencia eran parte de una institucionalidad que recién comenzaba a consolidarse. Importa porque desaparece una capacidad especializada que el propio Estado había considerado necesaria para enfrentar una deuda histórica. Pero, sobre todo, importa porque sus efectos debilitan la respuesta institucional frente a una de las más graves vulneraciones al derecho a la identidad ocurridas en Chile.

Esa decisión compromete la responsabilidad política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargado de conducir la política estatal en esta materia. Tiene el deber de conducir la política de derechos humanos del Estado. Y cuando decide cerrar una unidad creada precisamente para responder a una violación de derechos humanos ya reconocida por el propio Estado, la señal es inequívoca.

Durante décadas fueron las víctimas quienes hicieron el trabajo que correspondía a las instituciones. Buscaron archivos, reconstruyeron historias familiares, financiaron exámenes de ADN y demostraron que lo ocurrido no eran casos aislados. Gracias a esa perseverancia, el Estado finalmente dejó de mirar hacia otro lado.

Hoy ya no existe discusión sobre la naturaleza del problema. La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la mesa interinstitucional convocada por el propio Ejecutivo coincidieron en un diagnóstico: las adopciones irregulares constituyeron una grave vulneración de derechos humanos y el Estado tiene obligaciones permanentes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ese reconocimiento cambió las reglas del juego. Cuando un Estado admite una violación de derechos humanos, deja de decidir libremente cuánto quiere involucrarse. Ya no se trata de una política opcional ni de una prioridad que pueda variar según el presupuesto o el gobierno de turno. Se trata del cumplimiento de obligaciones permanentes.

Es desde ese reconocimiento que Corporación Humanas ha acompañado este proceso. Porque detrás de las adopciones irregulares no solo hubo niños y niñas separados de sus familias. Hubo también mujeres a quienes el Estado les arrebató la maternidad. La mayoría eran jóvenes, pobres, muchas veces rurales, que llegaron a hospitales públicos en condiciones de enorme vulnerabilidad. A muchas les dijeron que sus hijos habían muerto. Otras firmaron documentos que no comprendían. Otras nunca volvieron a ver al niño o niña que acababa de nacer. La separación forzada de madres e hijos no solo destruyó vínculos familiares; también afectó el ejercicio de la maternidad y el derecho de miles de mujeres a decidir sobre sus propias vidas. No fue solo una vulneración al derecho a la identidad. Fue también una forma de violencia institucional contra las mujeres.

El cierre de la Unidad de Búsqueda no es un hecho aislado. Es la expresión más visible de un problema más profundo: el Estado sigue sin asumir plenamente la responsabilidad que él mismo reconoció. Lo preocupante no es únicamente que desaparezca una oficina. Lo preocupante es que se debilite la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación y el derecho a la identidad desaparezca mediante instituciones fuertes, permanentes y especializadas.

Chile ya hizo lo más difícil: reconocer que miles de personas fueron privadas de su identidad y que el Estado falló en protegerlas. Ese reconocimiento no puede quedar reducido a una declaración. Debe traducirse en instituciones capaces de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo que falta ahora no es evidencia. Lo que falta es voluntad política para estar a la altura de ese reconocimiento.

*Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en Cooperativa el 06 de julio, 2026

La primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast estuvo marcada por la seguridad, la migración y el crecimiento económico. Durante más de dos horas se habló de delincuencia, fronteras, inversión y orden público. En contraste, las referencias a las mujeres y a las desigualdades que enfrentamos aparecieron de manera escasa y fragmentada.

No se trata de contar cuántas veces fuimos nombradas ni de exigir menciones simbólicas. La pregunta es ¿qué problemas son considerados prioritarios cuando se piensa el país y cuáles quedan fuera de la conversación pública?

Las mujeres aparecimos principalmente en nuestros roles de madres, cuidadoras o trabajadoras, es decir, vinculadas al cuidado de otras personas o a nuestro aporte al desarrollo económico. Sin embargo, las mujeres como sujetas de derechos, como ciudadanas que enfrentamos formas específicas de violencia, discriminación y desigualdad, estuvimos prácticamente ausentes.

Las omisiones fueron evidentes, no hubo anuncios relevantes en materia de violencia de género, femicidios, derechos sexuales y reproductivos o fortalecimiento de políticas de igualdad. En el ámbito de los cuidados, se reconocieron problemas como la baja participación laboral femenina y las dificultades para compatibilizar trabajo y crianza, pero la principal respuesta anunciada fue el impulso a Sala Cuna Universal. Abordando las consecuencias de la desigualdad sin hacerse cargo de sus causas estructurales.

Cuando una agenda política deja de mirar estas dimensiones corre el riesgo de presentar como universales experiencias que no lo son. La seguridad se entiende desde el delito y no desde el miedo cotidiano que muchas mujeres experimentan en espacios públicos y privados. La crisis demográfica se analiza desde la caída de los nacimientos y las decisiones individuales, sin considerar  las condiciones materiales que dificultan la maternidad y la crianza. El empleo se aborda desde la productividad, sin incorporar  la desigual distribución de los cuidados y las persistentes brechas  salariales.

La consecuencia de esta mirada no es solo la ausencia de determinados anuncios. Es que ciertos problemas dejan de ser percibidos como asuntos públicos y pasan a considerarse preocupaciones particulares de las mujeres. Y cuando eso ocurre, la desigualdad se vuelve más difícil de combatir, deja de ser una responsabilidad colectiva y una obligación del Estado para transformarse en un problema individual.

Las mujeres representamos más de la mitad de la población chilena. Nuestras experiencias no constituyen una agenda sectorial ni un interés específico. Hablar de violencia de género, de cuidados, de autonomía económica o de participación política no significa hablar de un grupo particular sino que significa hablar de democracia, de ciudadanía y de las condiciones que permiten ejercer derechos en igualdad.

Por eso, la principal señal que deja esta Cuenta Pública no es lo que se dijo sobre las mujeres, sino lo que no se dijo. Las ausencias en un discurso presidencial no son simples olvidos, también expresan prioridades políticas y cuando la mitad de la población ocupa un lugar tan marginal en el relato sobre el presente y el futuro del país, resulta legítimo preguntarse quiénes están siendo considerados en este proyecto de sociedad y quienes vuelven a quedar fuera.

Por Javiera Ramírez, socióloga y Mistral Ensignia, abogada de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, el 08 de junio, 2026

Hay declaraciones que invitan a reaccionar de inmediato. Otras, en cambio, exigen algo más difícil: pensar. Las recientes declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser sobre eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y reemplazarlo por una lógica “neutral” o por un eventual ministerio “de los hombres”, pertenece a este segundo grupo. No porque sean irrelevantes, sino precisamente porque tocan un punto estructural del debate público: cómo entendemos la desigualdad real entre hombres y mujeres.

Quizás convenga recordar aquí a Sor Juana Inés de la Cruz, quien escribió: “No estudio para saber más, sino para ignorar menos”. En tiempos de respuestas instantáneas, detenerse a pensar no es debilidad: es responsabilidad.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no surge como un privilegio sectorial, sino como una herramienta institucional para enfrentar desigualdades persistentes. Su propia creación responde a una constatación histórica: las mujeres han enfrentado barreras sistemáticas en el acceso a derechos, participación y seguridad. No es una hipótesis ideológica, sino un hecho documentado y sostenido en políticas públicas.

La ley que crea este ministerio establece que su función es diseñar, coordinar y evaluar políticas destinadas a promover la equidad de género y eliminar la discriminación arbitraria. No se trata de un órgano simbólico, sino de uno articulador, encargado de transversalizar un enfoque que, de otro modo, tiende a diluirse en la estructura del Estado. Cabe suponer que una senadora de la República conoce esta normativa. Primero, porque la ley se presume conocida por todas y todos; y segundo, por la responsabilidad inherente a su cargo.

Plantear que debería existir un ministerio de los hombres como contrapeso ignora precisamente esa asimetría. No se trata de que los hombres no enfrenten problemas, por supuesto que los enfrentan, sino de que esos problemas no derivan de una posición estructural de desventaja por su condición de género. Equiparar ambas situaciones puede sonar equilibrado, pero en la práctica invisibiliza la desigualdad que se busca corregir.

El feminismo, entendido como un campo político y social, ha contribuido precisamente a identificar estas diferencias como parte de un sistema más amplio de organización social. Desde ahí, la institucionalidad no es un capricho, sino una respuesta acumulada a décadas de evidencia, movilización y construcción democrática.

Eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género bajo el argumento de una supuesta neutralidad no elimina la desigualdad; simplemente la deja sin una institucionalidad que la aborde de manera específica. Y la historia muestra que, cuando los problemas estructurales se tratan como si fueran individuales o neutros, tienden a perpetuarse.

Por eso, más que apresurarse en desmontar instituciones, el desafío es evaluarlas, mejorarlas y exigirles resultados. La discusión relevante no es si debe existir, sino cómo cumple mejor su función.

Responder tarde, entonces, no es esquivar el debate. Es asumirlo con la seriedad que merece. Porque, cuando se trata de igualdad, las simplificaciones suelen ser cómodas, pero rara vez son justas.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en El Mostrador el 22 de abril, 2026.- 

En las últimas dos décadas, el feminismo en Chile dejó de ser una voz marginal para convertirse en una fuerza social capaz de reconfigurar el debate público. Las calles, las universidades, los espacios de la política institucional y los territorios han sido escenario de una transformación cultural profunda que hoy resulta imposible ignorar.

Nada de lo que hemos avanzado ha sido una concesión. Cada derecho —desde el reconocimiento de la violencia de género como un problema estructural hasta el impulso de políticas de cuidado— ha sido fruto de décadas de organización, de movilización y de pensamiento político feminista.

Pero este 8 de marzo nos encuentra en un momento distinto. A pocos días de un cambio de gobierno y de la apertura de un nuevo ciclo político en Chile, no estamos simplemente ante una alternancia institucional. Estamos frente a un reordenamiento de prioridades y sentidos del Estado, en un escenario donde las fuerzas conservadoras han ganado influencia política y cultural.

La historia reciente nos recuerda que los derechos de las mujeres rara vez son el punto de partida de los proyectos políticos conservadores. Cuando la igualdad de género deja de ser un principio orientador de la acción estatal, no es necesario eliminar derechos para debilitarlos: basta con no impulsarlos, no financiarlos o relegarlos en las prioridades públicas.

Por eso este momento exige lucidez política.

El resultado electoral reciente demostró algo que debemos mirar con honestidad: las mujeres no votamos como un bloque homogéneo. Muchas mujeres —especialmente aquellas que enfrentan inseguridad económica, precariedad laboral o incertidumbre social— buscan respuestas concretas a problemas cotidianos que el sistema político no ha sabido resolver. Comprender esa complejidad es clave si queremos que la agenda feminista siga siendo una agenda social amplia y no un lenguaje que solo dialogue consigo mismo.

El desafío del feminismo hoy no es menor.

Por una parte, debemos defender con convicción los avances obtenidos. La experiencia internacional muestra que los derechos pueden retroceder cuando cambian los equilibrios políticos. Los discursos antiderechos —que cuestionan la educación sexual, la autonomía reproductiva o incluso la existencia de la desigualdad de género— ya circulan con fuerza en distintos países y también comienzan a instalarse en nuestro debate público.

Pero, al mismo tiempo, el feminismo chileno tiene una responsabilidad mayor: seguir siendo una fuerza democrática capaz de proponer futuro.

La historia del movimiento feminista en Chile demuestra que cada generación ha sabido recoger las luchas anteriores y proyectarlas hacia nuevos horizontes. Desde las primeras organizaciones que conquistaron el derecho a voto hasta las movilizaciones masivas de los últimos años, las feministas han ampliado la democracia cuestionando estructuras de poder que parecían inamovibles.

Ese legado hoy vuelve a interpelarnos.

Este nuevo ciclo político probablemente traerá tensiones, debates y desafíos. Pero también puede abrir una nueva etapa de reflexión estratégica para los movimientos feministas.

Porque la pregunta que tenemos por delante no es solo cómo resistir posibles retrocesos sino cómo seguir transformando las reglas del juego para que la igualdad de género deje de ser una promesa y se convierta en una realidad concreta en la vida cotidiana de las mujeres.

Si algo nos enseña la historia es que cuando el feminismo avanza, la democracia también lo hace.

Y por eso, hoy más que nunca, seguimos, queda mucho por avanzar.

*Por Paula Salvo Del Canto, directora y Mistral Ensignia Fries, abogada de Corporación Humanas

Columna opinión publicada en El Mostrador 

Este proyecto abre la puerta para que personas condenadas por los crímenes atroces ocurridos en dictadura puedan solicitar beneficios  fundados en su edad y en enfermedades terminales.Consideramos que esta iniciativa avanza en sentido contrario a las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia  reparación y garantías de no repetición, frente a graves violaciones a los derechos humanos. 

Recordamos que el Estado tiene el deber ineludible de investigar, sancionar y asegurar el cumplimiento efectivo de las penas respecto de las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas  a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Establecer mecanismos que faciliten la liberación de quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad debilita ese deber y abre una vía de impunidad incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

Sabemos que toda persona privada de libertad debe cumplir su condena en condiciones dignas y humanitarias. La edad o las determinadas enfermedades pueden justificar, en casos excepcionales, modalidades distintas de cumplimiento de pena. Sin embargo, esos factores no pueden evaluarse de manera aislada: deben considerar siempre la naturaleza y extrema gravedad de los delitos cometidos, especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, que por su carácter afectan a toda la humanidad y comprometen la responsabilidad del Estado especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, que por su carácter afectan a toda la humanidad y comprometen la responsabilidad del Estado..

Este proyecto beneficia a personas condenadas por crímenes que no solo Chile, sino también la comunidad internacional, han reconocido como los más graves que puede cometer un ser humano contra otro: ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, violencia política sexual y otras violaciones atroces a la dignidad humana. Más grave aún resulta que, en su gran mayoría, estas personas no han colaborado con la justicia, no han contribuido al esclarecimiento de la verdad ni han manifestado arrepentimiento por las atrocidades cometidas.

Más aún, avanzar en iniciativas de esta naturaleza implica ignorar el impacto profundo que estas decisiones tienen sobre las víctimas, sus familiares y las personas sobrevivientes de la represión. Para quienes han vivido la prisión política, la tortura, la desaparición de sus seres queridos o la ejecución de familiares, este tipo de medidas representa una nueva forma de revictimización. Significa reabrir heridas que permanecen abiertas, relativizar el sufrimiento vivido y debilitar las pocas garantías de justicia que el Estado ha logrado construir tras décadas de lucha por verdad y justicia.

Asimismo, recordamos que frente a los crímenes de lesa humanidad el Estado tiene no solo la obligación de investigar y sancionar, sino también de garantizar medidas efectivas de reparación integral a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto. La reparación no puede reducirse a medidas simbólicas o económicas: implica también asegurar que las sanciones impuestas por los tribunales se cumplan y que la institucionalidad democrática reafirme con claridad que estos crímenes son inaceptables y no pueden quedar sujetos a mecanismos que debiliten su sanción.

Exigimos y esperamos que las y los legisladores de nuestro país aborden este debate con responsabilidad y sitúen, de una vez, los derechos humanos en el centro de las decisiones.

La impunidad no puede convertirse en  ley.

Suscriben:

• Corporación Humanas
• Casa Memoria José Domingo Cañas
• LEASUR 
• Movimiento de Acción Migrante 

La llegada de Judith Marín al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género comienza a perfilar uno de los primeros focos de tensión del próximo Gobierno de José Antonio Kast. Secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), conservadora y ligada al mundo evangélico, Marín ha cuestionado públicamente la permanencia del mismo ministerio en el que ahora ha sido designada. Ese cruce entre institucionalidad y convicciones explica por qué organizaciones feministas ya encendieron las alertas, las que –por cierto– se activaron hace varios meses, dados los constantes ataques desde la derecha hacia dicha secretaría de Estado.

En julio de 2017, tras casi dos años y medio de tramitación, la Ley de Aborto en tres causales enfrentaba su prueba de fuego. En medio de la votación en el Senado un grupo de jóvenes evangélicos irrumpió en las tribunas, rezando y cantando, en oposición a la ley, hasta que Carabineros intervino y los desalojó.

Entre los carteles, uno destacaba por su tamaño: “Vuélvete a Cristo”, se leía. Lo sostenía Judith Marín, la misma que hoy asume como ministra. Frente a la cámara gritaba su consigna: “¡Vuélvanse a Cristo!”.

Una derecha “real y sin mezcla”

La futura ministra tiene 30 años. Es profesora de Castellano y Filosofía por la Universidad de Santiago (USACH) y se desempeña como la actual secretaria general del PSC. Antes de llegar al partido, militó en Renovación Nacional, siendo electa como concejala de San Ramón entre 2021 y 2024. En ese entonces, se desempeñaba como asesora del diputado Eduardo Durán (RN), hijo del obispo evangélico Eduardo Durán Castro, otrora una de las figuras más poderosas del evangelismo chileno y que en 2019 fue expulsado de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, tras ser acusado de malversación de fondos y lavado de activos del dinero de la iglesia.

Pero el lazo entre política y religión comenzó tiempo atrás. Durante su etapa universitaria, Marín fue parte de las “Águilas de Jesús”, un movimiento estudiantil evangélico con fuerte presencia política, fundado hace ya unos 25 años en la Universidad de Concepción por Héctor Muñoz y Francesca Muñoz, quienes hoy son alcalde de Concepción y diputada por la misma ciudad, respectivamente. El matrimonio de los Muñoz (no hay parentesco entre ellos) es parte fundacional del Partido Social Cristiano (PSC). De hecho, Héctor Muñoz es el vicepresidente del partido.

“Soy una mujer de fe. Sí, soy cristiana, y no tengo ningún problema en decirlo porque no me avergüenzo del evangelio”, dijo en octubre pasado en “24 Debates”. “Nuestro país está atravesando una crisis espiritual, social, moral y política, y más que nunca los hijos de Dios tenemos que levantarnos”, aseveró, en medio de su campaña como diputada por el distrito 12.

Aunque no resultó electa, obteniendo solo el 2,5% de los votos, su figura marcó presencia en la “nueva derecha”, como se define su colectividad, el cual indica en su página web que “el Partido Social Cristiano es la nueva derecha en Chile. Una derecha que entiende los desafíos del país y está dispuesta a enfrentarlos con propuestas innovadoras y eficaces. Somos la derecha del cambio real, del compromiso con las personas, del respeto por la vida y los valores cristianos que nos unen”. Entre sus principios, señala que “creemos en un país con bases jurídicas y culturales cristianas”.

El PSC, de hecho, ha construido su identidad sobre una agenda valórica clara: oposición al aborto, defensa de la “familia natural”, y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El partido llevó adelante la acusación constitucional contra el exministro de Educación Marco Antonio Ávila, por presuntas irregularidades en Junaeb y por “controversias” relativas a la guía de sexualidad afectiva, libelo que fue rechazado.

Marín defendió abiertamente el rol de las iglesias y de las familias en la educación, en el programa “En todas partes hay un cristiano”, afirmando que “nadie defiende los valores cristianos si no es cristiano”. Para ella, el partido busca “ser luz, ser sal” y sentar precedentes frente a lo que considera injerencias del Estado.

En esa instancia marcó su postura, aseverando que lo valórico es “la vida del que está por nacer desde la concepción hasta la muerte natural, la familia natural entre un hombre y una mujer como núcleo fundamental de la sociedad y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos”.

Los reparos

Sin embargo, desde el mundo del feminismo y los derechos humanos el nombramiento despierta una serie de recelos, dado el perfil conservador de la futura ministra de una cartera que, en general, ha tenido una impronta muy distinta.

Paula Salvo del Canto, presidenta de Corporación Humanas, centro de estudios de DD.HH. y justicia de género, dice al respecto que “quien encabece el ministerio tiene el deber de actuar con lealtad institucional hacia su mandato legal y hacia los estándares democráticos de igualdad”.

El conflicto se vuelve más evidente al revisar las propias declaraciones de Marín sobre el Ministerio de la Mujer. En agosto pasado, consultada por los planes de Kast –quien en 2021 propuso suprimir dicha cartera–, Marín planteó evaluar su fusión o incluso su eliminación.

“Si hoy nos preguntamos cuál realmente es la utilidad del ministerio, yo creo que por ahí es donde debiésemos comenzar. ¿Funciona de manera efectiva?”, se preguntó en Puranoticia, agregando que “fusionar” podía ser “un buen concepto”.

Desde Corporación Humanas señalan que ese punto es crítico: “La institucionalidad en materia de mujeres no es un adicional del Estado, sino el resultado de décadas de construcción democrática”. A juicio de Salvo, el riesgo no siempre es un retroceso explícito, sino “el vaciamiento silencioso: menos prioridad política, menos presupuesto, menos capacidad de incidencia”.

Javiera Canales, directora de Miles, organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos, tiene una lectura más directa: “Cuando el Ministerio de la Mujer queda en manos de una figura que no ha defendido activamente su rol, el mensaje es que la igualdad de género deja de ser una prioridad estratégica del Gobierno”.

El cruce entre convicciones religiosas y gestión pública es lo que preocupa a Margarita Peña, vocera de la Coordinadora 8M. “Es grave que un partido confesional, que no separa religión y política, esté a cargo de esta cartera”, advierte. “Nos hace retroceder más de un siglo en el consenso de separar Iglesia y Estado”, agrega.

El contexto no es menor. El nuevo Gobierno asumirá tres días después del 8 de marzo, una fecha que históricamente ha marcado la relación entre el poder político y el movimiento feminista.

Para Humanas, ese momento puede ser una oportunidad: una señal temprana de respeto institucional y apertura al diálogo. Para Miles, será un período de observación y vigilancia democrática.

La Coordinadora 8M, en cambio, anticipa un escenario de confrontación: “Nos declaramos en alerta. El perfil de Marín representa una afrenta a demandas levantadas por millones de mujeres y disidencias. Este 8M volveremos a ser multitudes en las calles, afirmando que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás”.

No se trata solo de un nombre. Tampoco de una ministra en particular. El conflicto es más profundo: qué lugar tendrán los derechos de las mujeres en un Gobierno que llega con una agenda conservadora, confesional y dispuesta a reordenar –o debilitar– la institucionalidad que los sostiene.

Noticia publicada en El Mostrador, 21 de enero 2026.-

Rechazamos total y categóricamente esta invasión y agresión militar, que no puede ser presentada, justificada ni relativizada como “operación”, “intervención humanitaria” o “acción correctiva” bajo argumento alguno de orden político, humanitario o de seguridad. La violencia armada no es un espectáculo ni una solución política. Nombrar estos hechos con precisión es una responsabilidad ética: se trata de una invasión que vulnera la soberanía de un pueblo y que legitima el uso del terror, la fuerza y la impunidad como formas de ejercicio del poder, de colonización, desconociendo el derecho de los pueblos a decidir soberanamente su propio destino.

Lo sucedido constituye una violación flagrante al derecho internacional de los derechos humanos y del orden jurídico internacional, en particular de los principios de igualdad soberana de los Estados, no intervención y prohibición del uso o amenaza de la fuerza consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos. No concurren en este caso las excepciones reconocidas por el derecho internacional —ni legítima defensa ni autorización del Consejo de Seguridad—, lo que configura un acto de agresión armada ilegal. Normalizar este precedente erosiona el derecho internacional de derechos humanos, el multilateralismo, debilita las garantías colectivas de protección de los pueblos y nos retrotrae a un escenario donde la fuerza reemplaza al estado de derecho.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con su diáspora, reafirmando el principio de soberanía de los pueblos. La única salida legítima a la crisis debe ser construida por las y los propios venezolanos, mediante mecanismos pacíficos y democráticos, con el acompañamiento responsable de la comunidad internacional, en pleno respeto de la autodeterminación y los derechos humanos. La condena a esta invasión no implica desconocer ni relativizar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades venezolanas y documentadas por organismos internacionales.

Frente a la lógica de la guerra, el tutelaje y la imposición armada, sostenemos una propuesta de paz feminista, anticolonial y no imperialista, que ponga en el centro la dignidad humana, la vida, el cuidado y la autodeterminación de los pueblos. La paz no se construye mediante bombardeos ni secuestros políticos, sino a través del diálogo soberano, la participación social efectiva y la garantía plena de los derechos humanos.

Desde una perspectiva feminista, afirmamos que la militarización profundiza las violencias estructurales, impacta de manera diferenciada a mujeres, niñas y comunidades, y clausura las posibilidades de una salida democrática duradera. Reivindicamos el rol de las mujeres como constructoras de paz y actoras políticas fundamentales en la toma de decisiones.

Organizaciones firmantes:

• Corporación Humanas Chile
• Plataforma Nada Sin Nosotras
• Corporación Humanas Colombia
• Corporación Mujeres Siglo XXI
• Corporación Humanas Ecuador
• Coordinadora de la Mujer de Bolivia
• Centro de Estudios de la Mujer CEM
• Observatorio Género y Equidad – OGE
• Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto
• MEMCH
• Fundación Olga Poblete
• Observatorio de Movimientos Feministas en ALAC
• Fundación Educación Popular en Salud EPES
• Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas
• Ciudadanía Inteligente
• Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir
• Movimiento Acción Migrante
• Coordinadora Feminista 8M
• Coordinadora Internacional de Mujeres Chilenas en Región Exterior
• Litigación Estructural para América del Sur- LEASUR ONG
• Udema Histórica – Copiapó
• Psicólogas Feministas Universidad de Chile
• Usuarios PRAIS y Derechos Humanos Hualpén
• Casa de las Mujeres Michay
• Fundación PIDEE
• Servicio Paz y Justicia SERPAJ CHILE
• Coordinadora 19 diciembre
• Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos
• ONG Familiarte
• Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos – Puerto Montt
• Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile – Redperiofem
• Corporación Usuarios PRAIS O’Higgins
• Corporación 3y4 Álamos
• Red de Profesionales por el Derecho a Decidir
• Asociación de Abogadas Feministas de Chile
• Mujeres Siglo XXI
• Fondo Alquimia
• Colectivo Bordadoras de Memoria Villa Frei
• Fundación Paskay
• O.N.G. Defensoría Comunitaria por los Derechos Humanos
• Corporación El Canelo
• Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores lesbianas, gays y bisexuales Luis Gauthier
• Coordinadora Nacional de Trabajadoras en Domicilio
• Sindicato Trabajadores Paicabi

Lo primero es asumir el escenario sin resignarse: cuando el contexto se vuelve más adverso, cambia el ritmo, no el horizonte. Ese es un punto clave para leer el 2025 y proyectar el 2026 en la agenda de derechos humanos de las mujeres.

El balance del año es ambivalente. Por una parte, se abrieron debates largamente postergados -como el aborto legal por plazos y el derecho al cuidado-, lo que constituye un avance democrático relevante. Por otra parte, el clima político se endureció y las agendas de seguridad y orden tendieron a desplazar los derechos, presentándolos como secundarios o prescindibles. El principal desafío fue sostener que los derechos humanos de las mujeres no son un tema sectorial ni identitario, sino un piso básico de cualquier democracia. El avance, aunque parcial, fue que la conversación pública no se apagó: se mantuvo anclada en evidencia, estándares de derechos humanos y exigencia de responsabilidad estatal.

Uno de los grandes pendientes del año fue el estancamiento en participación política y paridad. No se trata de un problema técnico, sino político. Los diagnósticos y propuestas existen desde hace años; lo que falta es voluntad para modificar reglas que redistribuyen poder, financiamiento y acceso real a espacios de decisión. En un año electoral, muchas decisiones se volvieron defensivas y lo estructural volvió a postergarse. El mensaje es preocupante: sin cambios en las reglas, la igualdad queda librada a la excepción y no a la garantía.

En 2025 se presentó finalmente el proyecto de ley de aborto legal por plazos, abriendo una conversación social y legislativa ineludible. El debate continúa en el Congreso, marcado por intentos de frenar, dilatar o vaciar el contenido de la iniciativa. Por eso será clave sostenerlo con información rigurosa, evidencia comparada y un enfoque de derechos humanos y de salud pública. El rol de las organizaciones es vigilar el proceso legislativo, enfrentar la desinformación y recordar que no basta con una ley si no existen condiciones reales de acceso en el sistema de salud.

La insistencia en los datos -especialmente en materia de violencia contra las mujeres- sigue siendo una herramienta de justicia. No es lo mismo saber que la violencia existe que demostrar cómo opera, a quiénes afecta más y dónde fallan las instituciones. La evidencia permite exigir metas, presupuesto y rendición de cuentas, y protege el debate público frente a la negación y la manipulación.

El derecho a cuidar y ser cuidados marcó también un cambio de paradigma. Avanzar hacia una sociedad del cuidado implica reconocer que el cuidado no es un asunto privado ni exclusivamente femenino, sino una responsabilidad pública y un estándar de derechos humanos. Redistribuir el cuidado es redistribuir oportunidades y profundizar la democracia.

Entramos a 2026 con un escenario político más adverso. La estrategia debe ajustarse sin abandonar el horizonte: mayor vigilancia institucional y presupuestaria, alianzas amplias, pedagogía pública basada en evidencia y una defensa persistente del sentido común democrático. El desafío es claro: que los retrocesos no se normalicen y que los derechos de las mujeres sigan siendo una exigencia central de la democracia.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna de Opinión publicada en Radio Universidad de Chile, 22 de diciembre 2025

Se trata del primer estudio de su tipo en la región, con información recopilada en 33 países y 14 enclaves coloniales, e incorporando 11 investigaciones nacionales y contextuales realizadas en Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Venezuela y en la diáspora latinoamericana.

Una mirada regional inédita

El informe ofrece una “fotografía ampliada” de la región, identificando avances, tensiones y desafíos comunes en la implementación de la Agenda MPS. Entre sus hallazgos centrales, destaca que la Agenda no es una agenda importada, sino que se sustenta en el liderazgo histórico de los movimientos de mujeres y en el activismo feminista del Sur Global, especialmente en el trabajo comunitario y de base.

A la vez, el estudio muestra cómo la Agenda ha sido apropiada y reinterpretada en los territorios, generando caminos diversos, pero también brechas significativas entre las actorías implicadas: movimientos feministas, institucionalidad estatal, fuerzas militares, cooperación internacional y espacios multilaterales. Una de las conclusiones principales apunta a la escasez de puentes entre estos actores, lo que dificulta la construcción de políticas integrales y sostenidas.

Desafíos urgentes para la región

El balance también identifica realidades críticas que requieren atención prioritaria: la expansión del crimen organizado, los feminicidios, las violencias ligadas a procesos electorales, las tensiones territoriales y ambientales, la situación de Haití, Nicaragua, Ecuador, Paraguay y Honduras, y el riesgo que enfrentan defensoras y lideresas comunitarias.

Asimismo, subraya que la agenda regional se ha centrado más en la protección y la justicia, mientras que elementos esenciales como el diálogo, la memoria y la construcción de paz desde lo local siguen siendo áreas poco desarrolladas.

Recomendaciones para los próximos 25 años

El informe propone un conjunto amplio de recomendaciones orientadas a fortalecer los próximos 25 años de la Agenda MPS, entre ellas:

• fomentar diálogos multiactorales estables y no solo consultivos,
• fortalecer la memoria histórica y el rol de las mujeres en la creación de paz,
• repensar las nociones de seguridad desde enfoques feministas y comunitarios,
• reconocer y proteger a las defensoras en contextos de violencia escalada,
• abordar las interrelaciones entre crimen organizado, autoritarismos contemporáneos y desigualdades de género,
• incorporar a las diásporas de manera más activa en las políticas de paz y seguridad,
• y articular las agendas de MPS y Clima, Paz y Seguridad.

El papel del ICIP en la Red LAMPS

El ICIP forma parte de la Red LAMPS junto con organizaciones de toda la región, entre ellas CIASÉ (Colombia), SERAPAZ y JASS Mesoamérica (México), CINEP/PPP (Colombia), ACI Participa (Honduras), SERPAJ (Paraguay), Humanas (Chile), Think Twice (Brasil), Rediálogo (Venezuela) y Mujer Diáspora (España/Barcelona).

La publicación de este balance representa un paso clave para fortalecer el trabajo conjunto en la construcción de paz desde una perspectiva feminista, regional y decolonial.

Las protestas surgieron como expresión del descontento ciudadano ante la inseguridad, la crisis económica y la falta de respuesta estatal a demandas sociales legítimas. Sin embargo, la reacción del Estado ha sido marcadamente represiva. Se desplegaron convoyes militares y policiales en respuesta a las manifestaciones, incluido uno de más de 100 vehículos que salió de Quito hacia Imbabura el 28 de septiembre encabezado por los ministros del Interior y de Defensa. Se intervinieron Fuerzas Armadas en funciones de control de orden público —una tarea que normalmente no les corresponde— y se utilizó fuerza desproporcionada con armas de fuego.  

Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, hasta la fecha se registran 252 vulneraciones de derechos humanos, 124 personas heridas y una víctima fatal ocurrida en el marco de la represión estatal. Aunque las cifras oficiales refieren 111 personas detenidas, la Alianza ha documentado 101 detenciones arbitrarias y, al menos, 12 personas que sufrieron desaparición forzada de corta duración, entre ellas, una persona con discapacidad. En Cotacachi, Otavalo y La Esperanza se denunciaron cortes de internet y telefonía, una forma de censura que impide que manifestantes, comunicadores y defensores de derechos humanos se comuniquen y denuncien violaciones. Además, se han documentado detenciones masivas, procesos judiciales sin garantías, desinformación, bloqueo de cuentas bancarias, criminalización a operadores de justicia, personas defensoras y periodistas, y deportaciones sumarias.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha expresado su alarma por la escalada de violencia en Ecuador y ha hecho un llamado urgente al diálogo entre el Estado y los sectores movilizados, enfatizando la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos y la vida de todas las personas involucradas. Asimismo, recuerda que es una obligación estatal investigar el uso ilícito de la fuerza y que las fuerzas militares no están formadas para tareas de seguridad ciudadana.  

Recordamos que la protesta pacífica es un derecho fundamental, estrechamente vinculado con la libertad de expresión, reunión, asociación y participación pública. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar su ejercicio, lo que incluye asegurar condiciones seguras para la movilización, facilitar convocatorias en línea y proteger la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El uso de la fuerza solo es legítimo si cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad (limitando su uso a lo estrictamente necesario y proporcional al riesgo), y la participación de las fuerzas armadas en control del orden público contradice estándares internacionales y aumenta el riesgo de graves violaciones.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes exigimos al Estado ecuatoriano a cesar de inmediato el uso de la fuerza desproporcionada, garantizar la protesta pacífica y abrir espacios de diálogo genuino con la sociedad movilizada. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, incluida la CIDH y la ONU, a condenar la represión, requerir información oficial y realizar visitas de verificación en terreno para constatar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. 

Firman: 

Internacionales

1.     Centro de Derechos Reproductivos
2.     CIVICUS Alianza Global 
3.     Federación Internacional por los Derechos Humanos  (FIDH)
4. International Service for Human Rights (ISHR)
5.     Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

 Regionales

6.   Amnistía Internacional   Oficina Regional de las Américas
7.   Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
8.   Grupo de pueblos indígenas de la ILC-ALC – América Latina y el Caribe
9.   Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra – ILC – América Latina y el Caribe
10.   Plataforma Mujeres y Derechos a Tierra y Territorios de la ILC LAC – América Latina y el Caribe
11.   Plataforma Regional De Agricultura – América Latina y el Caribe
12.   Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe – América Latina y el Caribe
13.   Red Territorios de Vida TICCA Latinoamérica (ICCA Consortium) – América Latina

Locales

14.   Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
15.   Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS – Bolivia
16.   Environmental Defender Law Center – Brasil
17.   Corporación Humanas – Chile
18.   Observatorio Ciudadano – Chile
19.   Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) – Colombia
20.   Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) – Colombia
21.   Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) – Colombia
22.   Coalición Nacional Por la Tierra Ecuador – Ecuador
23.   Movimiento Mujeres Luna Creciente – Ecuador
24.   Manuel Eduardo Peralta Antamba – Ecuador
25.   Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
26.   Runa Ayllullakta Comunidad Amazónica Cordillera de Cóndor Mirador – Ecuador
27.   Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador – Ecuador
28.   Fundación Hermandad Integrada por la Solidaridad del Inmigrante (FHISI) – Ecuador
29.   Fundación Arupo – Ecuador
30.   Amazon Frontlines – Estados Unidos
31.   Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – Estados Unidos
32.   Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)   – Estados Unidos
33.   Robert F. Kennedy Human Rights – Estados Unidos
34.   Central de organizaciones indígenas maya Ch’orti’ Nuevo Día – Guatemala
35.   Red de Mujeres del Trifinio HOSAGUA Guatemala – Guatemala
36.   Centro Jurídico por los Derechos Humanos – Honduras
37.   Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – Honduras
38.   Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Mesoamérica
39.   Consultora Solidaria – México
40.   Mujeres Indígenas por ciarena – México
41.   Fundación para la Justicia – México
42.   Movimiento Autónomo de Mujeres – Nicaragua
43.   Congreso General indigena Maje Embera Drua – Panama
44.   Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco – Paraguay
45.   Asociación Pro Derechos Humanos – Peru
46.   Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra – Perú
47.   DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Perú
48.   Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD) – Perú
49.   Fundación Étnica Integral – Republica dominicana
50.   Mesa nacional para las migraciones y refugiados en República Dominicana (MENAMIRD) – República Dominicana
51.   Articulación Nacional Campesina  (ANC) – República Dominicana