Según cifras del Ministerio de la Mujer, de las 28 mujeres asesinadas, 20 no habían dado a conocer a las autoridades situaciones de violencia. Por esto, llamaron a denunciar.
Rosa Martínez Duarte (58) fue a declarar en contra de su pareja por presunta violencia psicológica reiterada ante la fiscal Erika Maira, el 29 de enero pasado. La persecutora, quien hoy es la jefa de atención a víctimas de la Fiscalía Nacional, desestimó que los hechos relatados por Martínez fueran constitutivos de maltrato habitual. Nueve meses después, Rosa fue asesinada por su pareja, convirtiéndose así en la octava víctima de femicidio registrada este año que había presentado una denuncia previa por situaciones de violencia intrafamiliar.
Además de ellas, hubo otras 20 mujeres que también fallecieron por femicidio en lo que va de 2018. Sin embargo, estas últimas no presentaron una denuncia, por lo que en el Estado no se tenía conocimiento de que ellas hubieran sido maltratadas con anterioridad.
Todas estas cifras son parte de un análisis realizado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género al que tuvo acceso La Tercera. En este se detalla, además, que de las 28 víctimas en total, solo una contaba con medidas de protección vigentes y tres estaban en los programas del gobierno para ayudar a estas mujeres. Asimismo, en 10 de estos casos el agresor se suicidó luego de cometer el crimen.
De acuerdo a la información del ministerio, la víctima de femicidio que más denuncias presentó fue María José Hurtado, una mujer de 33 años, que fue encontrada muerta en Ñuñoa el 27 de mayo, con un golpe en la cara y en avanzado estado de descomposición. Tenía cuatro hijos y su marido se suicidio tras cometer el crimen.
Según los datos del gobierno, registraba ocho denuncias por violencia intrafamiliar: el 17 de febrero de 2012 en la 5° Comisaría de Casablanca; el 24 de marzo de 2013 en la 3° Comisaría de Algarrobo; el 6 de enero de 2015 en la Tenencia El Tabo; el 24 de noviembre de 2015 en la misma tenencia; el 19 de enero de 2016 en el mismo lugar; el 4 de diciembre de 2012 en la 3° Comisaría de Algarrobo; el 22 mayo de 2017 en la 3° Comisaría de Santiago, y el 11 de noviembre de 2017, en la 16° Comisaría de La Reina. No registraba medidas cautelares ni atención del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) al momento de su deceso.
Consultada respecto de cómo ve el rol de la fiscalía, tomando en cuenta que ocho víctimas habían denunciado hechos de violencia previos, la ministra de la Mujer, Isabel Plá, dijo que “lo único que nosotros hemos visto de todas las instituciones, especialmente de la fiscalía, del Poder Judicial y de la policía, es preocupación y son bien comprometidos, ponen lo mejor de ellos”. Señaló que “el máximo responsable de la muerte de una mujer víctima de femicidio es el femicida. Nunca podemos perder el foco de quién es el verdadero criminal”.
En ese sentido, indicó que “siempre es mejor que la mujer denuncie a que se mantenga en silencio”, y agregó que “de las mujeres que son víctimas de violencia, menos del 30% había denunciado a Carabineros, a la PDI o a la fiscalía, y solo tres habían recurrido a un centro de la mujer. Necesitamos que las mujeres confíen en la institución”.
Por esto, la secretaria de Estado aseguró que “el principal objetivo estratégico es revestir de una mayor confianza a las instituciones para que las ciudadanía denuncie”.
En tanto, Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, aseguró que “esta situación lamentablemente pone en evidencia las falencias que presenta el Estado de Chile en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención a la violencia y de protección a las víctimas, que se refleja, por ejemplo, en la ausencia de un mecanismo estatal a cargo del seguimiento y evaluación de las medidas de protección que se decretan para la seguridad de las mujeres”.
En tanto, consultada la Fiscalía Nacional sobre cuál es el seguimiento que les hizo a estos casos, La Tercera no obtuvo respuesta.
Por La Tercera