El acuerdo por un nuevo proceso constituyente parece avanzar con menos premura que el proceso que inició aquel 15 de noviembre de 2019, en plena revuelta social. En medio de este proceso, en que los partidos políticos intentan zanjar un nuevo camino, la paridad en el órgano constituyente, uno de los pilares del primer proceso que fue reconocido a nivel mundial como un avance democrático, ha pasado a segundo plano en la discusión.
Si bien la voluntad de que el nuevo órgano sea paritario ha sido confirmada por la mayoría de los partidos, la fórmula de una “paridad de entrada y de salida”, aún no es una realidad, debido a que en términos formales la paridad aún no está institucionalizada, advierte Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.
“Hay todavía mucha conversación pendiente para efectos de la paridad (…) que algunos partidos estén planteando que su preferencia es la paridad en la competencia o en la definición de candidaturas, es una cuestión súper distinta a un compromiso fuerte con la paridad que incluye necesariamente pensar en una composición paritaria del órgano constituyente”, agrega la abogada.
Maturana señala que quienes trabajaron en 2019 y en 2020 para elaborar el mecanismo paritario para la Convención Constitucional tienen claro que el resultado final, en el que incluso algunas mujeres que obtuvieron mayor votación fueron reemplazadas por candidatos hombres para asegurar el resultado paritario, “no se habría logrado únicamente con una definición de paridad de entrada”, destaca.
“En su momento fue un avance la incorporación del mandato en la composición de las listas para que los partidos políticos tuvieran que incorporar -al menos- un 40% de mujeres, pero al no tener un mecanismo, una garantía de paridad en los resultados, lo que tenemos es un Senado y una Cámara con un tercio de representación de mujeres, pero no una cifra cercana a la paridad. eso significa que la mayoría de las bancadas parlamentarias están compuestas mayoritariamente por hombres, porque la legislación que se aplica en la elección del Senado y de la Cámara no incorpora la paridad”, dice la integrante de la corporación.
Además, Camila Maturana refuerza la importancia de relevar que: “La paridad no está instalada institucionalmente en nuestro país, ni respecto de los órganos de elección popular, ni respecto de los órganos y cargos de designación, en ninguno de los poderes del Estado está institucionalizada la participación política de mujeres y hombres en igualdad de condición, eso no debemos perderlo de vista. Por lo tanto, es todavía una cuestión a asegurar a través de las leyes, los reglamentos y las prácticas necesarias de los distintos actores políticos y sociales, y desde las distintas instituciones”.
La agenda de género post rechazo
“Estamos en un escenario bastante desalentador porque esta propuesta (de nuevo texto constitucional) no haya concitado el respaldo ciudadano requerido”, así define el momento post plebiscito la abogada Camila Maturana, quien fue parte de las diversas organizaciones feministas que colaboraron desde la creación del instrumento paritario hasta la elaboración de propuestas populares de norma para la Convención.
“Esa propuesta constitucional que respondía de manera muy cercana a la histórica agenda feminista y de diversidad sexual no se aprobó. Volvemos a estar en el mismo punto que estábamos, todavía el Estado de Chile mantiene deudas importantes en estas materias, deudas que incluso han sido señaladas reiteradamente por diversos organismos internacionales de derechos humanos”, agrega la abogada.
Respecto a las razones por las que la mayoría de las mujeres que votaron también optaron por el rechazo, Camila Maturana señala que tiende a pensar que “las razones que llevaron a las mujeres a rechazar, probablemente tengan que ver con otras cuestiones y no necesariamente con la agenda de género, pero no lo puedo descartar del todo.”
Destaca que los resultados que arrojan las encuestas sobre percepciones de las mujeres sobre sus condiciones de vida que ha realizado Corporación Humana y en los últimos años en el marco de la plataforma Nada sin Nosotras, se observa que desde “hace más de una década viene nítida la percepción de las mujeres de que son discriminadas en distintos ámbitos: en el trabajo, en el ámbito de la familia, en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y la en la respuesta estatal frente a la violencia de género; entonces no tengo elementos para pensar que hubiera un retroceso en la conciencia de las mujeres respecto de la discriminación estructural”, dice.
“Pero está el dato que la nueva Constitución, tal como la propuso la Convención, no consultó el apoyo de la ciudadanía, ni tampoco de las mujeres, y es un dato irrefutable, está ahí sobre la mesa”, agrega.
En cuanto a la permanencia y relevancia de la agenda en materia de género, la abogada destaca que aunque “es evidente que se han ido produciendo avances en esta agenda, tanto en términos legislativos como de política pública, lo que nos mantiene movilizadas dice relación con los temas que están pendientes y desde ese punto de vista también resulta bien claro que el rechazo al texto propuesto por la Convención Constitucional, es un golpe importante en términos de los avances que este texto contemplaba”, dice Camila Maturana.
Por el derecho de las mujeres a vivir sin violencias
A pesar de los avances, tal como señala la abogada de Corporación Humanas, aún hay deudas y temas pendientes en la agenda de género, derechos sexuales y reproductivos de mujeres y disidencias sexuales, entre ellos se incluye el proyecto sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se presentó en 2017, al término del Gobierno de Michelle Bachelet. “Ese proyecto se tramitó en la Cámara de Diputados, se aprobó en primer trámite constitucional y pasó al Senado, durante largo tiempo se discutió en la Comisión de la Mujer, pasó a la Comisión de Constitución del Senado durante 2021 y no hubo ninguna discusión”, explica la abogada.
“Ha pasado un proceso bastante largo para que el Ejecutivo pudiera presentar una nueva propuesta a través de una indicación sustitutiva al proyecto, eso ha tardado bastantes meses, la verdad. Recién se presentó el 26 de septiembre. Nosotras nos enteramos hace poco que abrieron un nuevo plazo para la presentación de indicaciones”, agregando que en las próximas semanas las indicaciones comenzarán a ser trabajadas en las comisiones unidas de Constitución y Mujer en el Senado.
“Consideramos que esta es una oportunidad importante de mejorar un proyecto de ley que, en su formulación inicial del 2017, respondía a un contexto distinto al de hoy, en términos de la mayor fuerza de las demandas de las organizaciones feministas, de la mayor conciencia social frente a la violencia de género. Vemos que es una oportunidad de fortalecer las obligaciones de los órganos del Estado en materia de prevención de la violencia de género, en investigaciones, de protección de las víctimas, y de atención integral, reparación y acceso a la justicia”, detalla.
Respecto a la ley de aborto en tres causales, Camila Maturana destaca que la moción para derogar las causales de inviabilidad y violación es un retroceso en “una legislación ya vigente que está dictada hace cinco años, que ha tenido avances significativos en su implementación en términos de lo que ha significado la protección de al menos las mujeres que han podido acceder a esta interrupción del embarazo, sabemos que hay falencia, sin duda, pero ha significado una base importante para muchas mujeres”.
“Lo que se plantea este proyecto es retroceder; aumentar las penas a quienes interrumpan embarazos, sancionar de manera mucho más grave a los y las profesionales de la salud que hagan estos procedimientos y otras medidas que también son de carácter muy regresivo”, enfatiza la abogada.
Una iniciativa que sí es relevante de apurar en su implementación, según la abogada de Corporación Humanas, es el manual para la fiscalización de la aplicación de la Ley de Tres Causales: “Lo señalado desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer en torno a la fiscalización, que es un pendiente que viene desde el gobierno del presidente Piñera, en que se preparó un borrador. Ese manual de fiscalización todavía no está lanzado públicamente, no está en la aplicación. Es una cuestión urgente, muy importante para poder tener un diagnóstico muy claro, respecto de qué es lo que ocurre en los distintos establecimientos de salud en relación a las mujeres y niñas afectadas por algunas de las tres causales”.