Fuente: El Desconcierto

Todo indica que a partir de este 8 de marzo la agenda política y feminista este 2015 será intensa. Se verá la puesta en marcha el Ministerio de la Mujer, se presenciará la disputa presupuestaria y el porfiado conservadurismo que sospechará que las mujeres siempre demandarán más derechos de los que se les puede conceder.

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Hace menos de una semana se congregaba en Chile una diversidad de liderazgos femeninos en el encuentro “Mujer y Poder” convocado por la presidenta Bachelet y ONU Mujeres. El título reviste un sitial al que muchas mujeres legítimamente aspiran. Evoca también un deseo de justicia: es del todo justo que las mujeres ocupen puestos de poder y toma decisiones de manera equitativa junto a sus pares varones para discutir y definir sobre asuntos que son de interés político y público.

Todo indica que a partir de este 8 de marzo la agenda política y feminista este 2015 será intensa. Se verá la puesta en marcha el Ministerio de la Mujer, se presenciará la disputa presupuestaria y el porfiado conservadurismo que sospechará que las mujeres siempre demandarán más derechos de los que se les puede conceder.

Las cuotas que contempla la reforma al sistema binominal será otro punto de inflexión. En este camino a la equidad, se asistirá a los esfuerzos partidarios por “encontrar” a aquellas mujeres disponibles para competir en las lides políticas. Para algunos será un esfuerzo inconmensurable, ya que se reclama hasta el hastío que “no hay mujeres” interesadas en emprender en esta esfera del poder; “no hay mujeres” y no hay con “méritos” suficientes. Lo anterior, mientras la obstinada coyuntura muestra un mayoritario desfile de poderosos hombres deslegitimados por su falta de ética y compromiso con lo público.

Durante el desarrollo de la reunión de “alto nivel” a fines de febrero, en Chile, ocho mujeres ya habían sido asesinadas por parejas, ex parejas u otros hombres. En esta madrugada del 6 de marzo, Susana Vargas fue asesinada por su pareja, en Rancagua.

Reparar en el slogan “Mujer y Poder” remite a un trecho más que avanzado. Podría sugerir que las acciones de justicia en el reconocimiento de los derechos de las mujeres permitieron la cosecha de innumerables conquistas. Fue un lema deslumbrante, pero ambicioso.Porque durante el desarrollo de la reunión de “alto nivel” a fines de febrero, en Chile, ocho mujeres ya habían sido asesinadas por parejas, ex parejas u otros hombres. En esta madrugada del 6 de marzo, Susana Vargas fue asesinada por su pareja, en Rancagua. Algunas de ellas tuvieron el poder de denunciar a sus agresores y, como tantas otras veces, la debida protección del Estado no se encontró. Es posible reflexionar sobre el poder real cuando no todas las chilenas pueden vivir una vida libre de violencias y cuando quienes toman las decisiones no empiezan siquiera a vislumbrar la gravedad de este flagelo como un tema político de primera línea.

Desde que se recuperó la democracia en Chile, las mujeres continúan demandando cambios, más derechos, reformas, mejoras; el perfeccionamiento de una ley que les permita vivir al resguardo de todos los tipos de violencia, en los ámbitos privado y público. De marcos legales y sentencia política donde la duda no tenga espacio: no haya duda de que la publicidad pueda ser sexista y constituir una apología a la violencia odiosa y machista, no exista vacilación cuando una autoridad avale delitos contra las mujeres, naturalizando la discriminación y la agresión.

¿Podemos tener poder, pero no sobre nuestros cuerpos? Marzo 2015 llega con lo que se vaticina como un debate álgido sobre el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado. Hasta ahora bullen las voces masculinas. Será sólo un 15,8% de mujeres en el Congreso Nacional las que tendrán voz para opinar sobre la discusión, si no se hacen esfuerzos imperativos por incluir a las mujeres organizadas y feministas que también desde hace décadas bogan por el derecho a decidir después que la dictadura criminalizara el aborto.  Veremos cómo se comportan los parlamentarios y parlamentarias, ellos deberán pagar los costos políticos y sociales en caso que no voten en los tiempos y según lo demandan millones de chilenos y chilenas que hoy tienen la convicción que las mujeres tienen derecho a decidir.