La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) estuvo en Chile investigando la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y advirtió sobre las limitantes del proyecto de despenalización del aborto en tres causales.
“La criminalización del aborto en Chile constituye una violación grave a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres”.
Esa es una de las conclusiones a las que llegó la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) –una ONG internacional que agrupa a 184 organizaciones nacionales de derechos humanos de 112 países-, después de la semana que duró la Misión Internacional que realizaron en Chile sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en particular en el debate sobre el proyecto de aborto en tres causales. Para ello contaron con la colaboración del Observatorio Ciudadano, la Corporación Codepu y la Corporación Humanas.
La misión estuvo compuesta por Elsie Monge, vicepresidenta de la FIDH y directora de la Comisión Ecuménica de DD.HH. de Ecuador; Selma Hajri, doctora en endocrinología e investigadora en salud reproductiva de Túnez; Antoine Bouhey, encargado del Área de Derechos de las Mujeres y de Migrantes de la FIDH, además de José Araya del Observatorio Ciudadano y Camila Maturana de Humanas.
Durante la semana, se juntaron con representantes del gobierno, del Parlamento, organizaciones sociales, feministas, representantes de la Justicia, médicos y distintos actores, con el fin de analizar a cabalidad la situación en Chile.
Entre las principales conclusiones, se critica la criminalización del aborto como la violación de los derechos de las mujeres, ya que “impone graves riesgos a la salud y la vida de las mujeres y niñas que deciden abortar, especialmente cuando no cuentan con los recursos y la información para acceder a un aborto seguro”. El riesgo está principalmente en mujeres pobres y mujeres indígenas, que son las que suelen sufrir la persecución penal.
Sobre el proyecto de aborto en tres causales, que se debate actualmente en la comisión de Constitución del Senado, si bien la Misión lo califica como “un avance”, también reconoce que es “limitado respecto a las recomendaciones y decisiones de los órganos de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al aborto”.
Temor ante la cocina del Senado
“Nuestra preocupación es por lo que pasó en la Cámara. Se negoció con la derecha y nos preocupa que ahora se haga lo mismo. Nos reunimos con senadores de la Nueva Mayoría y vimos voluntad de mejorar el proyecto, pero nos parece que será extremadamente difícil”.
La confidencialidad de la atención medica a abortos inseguros; los plazos de la causal de violación; la objeción de conciencia; la denuncia del delito de violación sexual por parte del establecimiento de Salud al Ministerio Público; la garantía judicial para niñas menores de 14 años y la información sobre la ley son parte de las preocupaciones que recabó el FIDH, ya que no están del todo tratadas en el actual proyecto y temen que este pueda sufrir aún más modificaciones.
“La ley no debe poner límites la causal de violación, por protección a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, dijo Selma Hajri, ante la posibilidad que el Senado o el Tribunal Constitucional desechen dicha causal. Y agregó que se debe considerar incluso hasta las 18 semanas, porque en las niñas es más díficil porque muchas veces ni ellas mismas se dan cuenta del embarazo.
Respecto a la objeción de conciencia, los profesionales destacaron que este solo debe ser individual, nunca de una institución (lo que entraría en conflicto con la negativa ya anunciada del rector de la PUC Ignacio Sánchez a realizar abortos) y que pese a la objeción, el profesional médico tiene la obligación de informar a su paciente para que esta sí obtenga el aborto.
Sobre el debate que vieron en Chile, específicamente tras su asistencia a la comisión de Constitución del Senado, los profesionales se sorprendieron del conservadurismo de algunos legisladores. “Nos choqueó algunas de las posiciones”, dijo Elsie Monge y llamó a los legisladores a entender que “el aborto es parte del derecho a decidir, está en juego la vida y la muerte de la mujer. Sabemos que es difícil conjugar entre dos posiciones que son antagónicas, pero debería ser libre”.
También afirmó que le llamó la atención ver que algunas personas incluso se oponían a una mejor educación sexual, que para el FIDH es el preámbulo para el ejercicio de este derecho. “Las personas tienen que estar formadas con respeto al cuerpo“, afirmó. Por su parte, Hajri afirmó que se reunieron con organizaciones feministas que tienen mucho conocimiento sobre el tema y que son estas, en conjunto con la sociedad civil, los llamados a presionar y levantar el tema del aborto. “No va a ser el gobierno ni los políticos, ni siquiera de izquierda”, afirmó.
La Misión del FIDH también llamó a que la discusión del aborto no se cierre después de la despenalización de las tres causales y a que tampoco se fomente la “estigmatización o criminalización a las mujeres y organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas que esta ley no protegerá”.
El informe final con los resultados de la investigación del FIDH será presentado en abril de este año.
Fuente: El Desconcierto