En recuerdo del asesinato de tres mujeres opositoras a la dictadura de Leónidas Trujillo en República Dominicana, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día en el que las organizaciones feministas y de mujeres de todo el mundo salen a la calle a visibilizar este problema y reclamar por una vida libre de violencia para todas.
(25 de noviembre de 2015) – En la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevó a cabo el 17 de diciembre de 1999 se estableció que cada 25 de noviembre se celebraría el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha fue establecida en memoria de las hermanas Mirabal (Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal), quienes fueron asesinadas por defender sus ideales políticos en República Dominicana. Desde entonces, todos los años las organizaciones feministas y de mujeres alrededor del mundo realizan actividades en conmemoración del día para visibilizar la violencia contra las mujeres. El femicidio es la expresión más dramática de la violencia contra las mujeres.
Según datos oficiales recopilados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, 1678 mujeres fueron asesinadas por su condición de tal durante 2014 en catorce países de América Latina y tres del Caribe. La mayoría corresponde a asesinatos ocasionados en el ámbito de las relaciones de pareja.
Los marcos legales adoptados en gran parte de los países del mundo, si bien han sido claves en el reconocimiento y la visibilización de una problemática históricamente ocultada, también revelan graves deficiencias en su aplicación, producto de la persistencia de prácticas discriminatorias en especial en el acceso a la justicia. Las mujeres víctimas de violencia no sienten que puedan resolver su conflicto y, en cambio, se ve fortalecida la sensación de impunidad, que reproduce mayor violencia. Desde la política social, se cuenta con experiencias disímiles. Parte del repertorio adoptado en la región en el marco de políticas que buscan generar las condiciones de tratamiento y atención a las víctimas son medidas que aparecen como experiencias aisladas en relación con una política social más general que se proponga transversalizar el quehacer del Estado.
El desafío ya no es consagrar o justificar derechos suficientemente reconocidos en las constituciones de los países de la región y en los tratados internacionales de derechos humanos, sino proteger esos derechos y garantizar su ejercicio efectivo. Para lograr este objetivo es necesario que la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones, constituya un tema prioritario en la agenda pública. La prevención, sanción y erradicación de la violencia será posible cuando sea enfrentada de manera integral por los Estados considerando los factores de desigualdad económica, social y cultural que operan en la sociedad así como también en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.
Articulación Regional Feminista
