Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas
“Cuestionamiento a causal por violación esconde afán de controlar sexualidad de las mujeres”
Después de 25 años, en enero de 2015, la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales; riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y casos de violación. Conversamos con Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, quien asegura que el parlamento está frente a una deuda democrática con las mujeres que es ineludible.
Por Marcela Tapia
Poco antes del fin de la dictadura en Chile se modificó el Artículo 119 del Código Sanitario que, desde 1931, permitía el aborto terapéutico. A raíz de esto, el cuerpo legal prohibió la ejecución de cualquier acción cuyo fin sea provocar el aborto. Han pasado décadas y recién este año, bajo la segunda presidencia de Michelle Bachelet, se impulsa un proyecto de ley para despenalizar el aborto en situaciones particulares.
Corporación Humanas, a través de la abogada Camila Maturana, es una de las organizaciones feministas que ha asistido al debate en la Comisión de Salud presidida por el diputado Juan Luis Castro, presentando argumentos desde la perspectiva de los derechos humanos y haciendo eco de la demanda que pesa en el tema y que insta a Chile a cumplir con sus compromisos internacionales hacia las niñas y mujeres.
“Después de 25 años de la recuperación de la democracia, no fue posible que ninguno de los cinco gobiernos pusiera en discusión revisar la criminalización del aborto, por eso es importante destacar que este proyecto es un avance en la sociedad, aunque no resuelva la problemática de los embarazos no deseados y los abortos clandestinos”, comenta Maturana.
La primera causal, que se refiere al riesgo de la vida de la madre establece que “la mujer podrá interrumpir su embarazo cuando se encuentre en riesgo vital, presente o futuro”. La segunda que “se podrá interrumpir el embarazo cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina”. Y por último, la tercera hace referencia a los casos de violencia sexual.
Violencia sexual y aborto
La abogada Camila Maturana hace énfasis en que este último punto es uno de los más complejos a debatir, debido a que gran parte de las mujeres que sufren violencia sexual son niñas y menores de edad. Asegura que esta causal es controversial y la que más frena la discusión en el parlamento. “Es la más resistida entre quienes van a tomar la decisión de que en Chile las niñas y mujeres tengamos nuestro derecho de decisión, ya que es la que está sujeta a la mayor necesidad de regulaciones específicas en términos de quiénes toman las decisiones”, comenta.
La causal por violación del proyecto sostiene que a las mujeres no se les exigirá hacer una denuncia del delito previa, ya que se busca respetar la decisión de las mujeres y resguardar su salud física y psíquica. Sin embargo, este punto ha sido uno de los más batallados ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, porque existen opiniones dividas al respecto a “qué tan seguro” sería realizar un aborto sin comprobar violencia sexual.
“Se utiliza la falta de certeza respecto de una violación como argumento para decir no podemos aceptar esto que va a significar que las mujeres mientan, porque supuestamente históricamente las mujeres mentimos con la violencia sexual.”, sentencia Camila Maturana abogada de Corporación Humanas. Asegura que la orientación que tiene el proyecto, al no obligar a la mujer a realizar una denuncia es la correcta y lo que corresponde, pero el gran problema es el cuestionamiento a la causal, ya que afirma que detrás de esa oposición de legislar sobre aborto, “se esconde siempre un afán por controlar la sexualidad de las mujeres; el control de la reproducción”.
“Mantener a las mujeres en su lugar de subordinación. La naturalización de la violencia sexual y todos los estereotipos que están asociados a ella: que las mujeres provocan la violaciones, que las mujeres mienten, que son irresponsables con su vida sexual, causantes de las agresiones en su contra, esos son los estereotipos que están detrás y que no se nombran de esa manera, pero que aparecen en frases como ‘ella puede llegar y decir que fue violada”, asevera Maturana.
Esta causal establece que se podrá interrumpir el embarazo a las 12 semanas de gestación a las mujeres entre 14 y 18 años, y que en las niñas menores de 14 el plazo será de 18 semanas. Camila Maturana explica que estos plazos están mal planteados en el proyecto, ya que afirma que no es tiempo suficiente para que las mujeres o niñas puedan detectar un embarazo ni asumir la violencia sexual que han sufrido, ya que generalmente esa violencia la ejercen parientes o conocidos.
“En el caso de un ataque por un desconocido, es fácil que una mujer inmediatamente identifique la violencia sexual y normalmente esas mujeres denuncian, buscan anticoncepción de emergencia, y en pocos casos, van a quedar embarazadas. Pero la violencia sexual en la mayoría de las mujeres y niñas es un tipo de agresión que es sistemática, que está muy cerca; en tu familia o en tu contexto cercano”, asegura Maturana.
Enfatiza en que es muy poco probable que una niña menor de 14 años detecte un embarazo antes de las 18 semanas de gestación, y que por lo tanto en el proyecto el plazo debiera extenderse hasta la semana 22. “La semana 22 es la que la OMS (Organización Mundial de la Salud) define como el límite entre la inviabilidad y la viabilidad extrauterina. Si se mantiene un plazo tan limitado de 18 semanas, probablemente, muy pocas niñas podrán acceder a esta atención médica, lo que significa que vamos a continuar con una legislación en que habrá maternidad forzada en las niñas que han sido sometida a violencia sexual o abortos clandestinos con el riesgo que significa, en espacial tratándose de niñas”.
Lo mismo pasaría con las adolescentes menores de 18 años y mayores de 14, que probablemente tampoco podrán reconocer su embarazo en 18 semanas, lo que significa que ellas al igual que las niñas menores de 14 años, se encuentran en la misma situación de indefensión frente a la violencia sexual.
Confidencialidad
Otro de los puntos complejos que se tratan en el proyecto es la confidencialidad del equipo médico, ya que por más de 15 años los organismos internacionales (Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) han reprochado a Chile no resguardar la confidencialidad de la atención médica, provocando que muchas mujeres hayan sido denunciadas por personal de los centros de salud, sometidas a juicio penal e incluso algunas de ellas, privadas de libertad.
Camila Maturana explica que el proyecto viene a clarificar esto “la relación debiera ser siempre de confidencialidad, pero muchas veces se trastoca y se convierte en una relación de persecución y de estigma en circunstancias que a los médicos y al equipo de salud, en general, no les corresponden tener funciones policiales ni judiciales si no que únicamente resguardar la salud de las mujeres”.
El proyecto ha estado en debate en la Comisión de Salud por cuatro meses y se espera que salga del primer trámite legislativo. Tanto Corporación Humanas como otras organizaciones de mujeres y feministas esperan que sea aprobado lo más rápido posible y que después de tantos años se enfrenten parte de los embarazos no deseados. “Hoy en día el Estado de Chile no les ofrece a las niñas ni a las mujeres ninguna otra alternativa que la situación forzada del embarazo y la maternidad, que para los órganos de Naciones Unidas constituyen una situación de tortura. En esta situación se encuentra Chile: con una deuda tremenda con las mujeres que por una necesidad democrática ineludible, el parlamento tiene que resolver” esta situación, concluye la abogada.
