Por Carolina Carrera F. Presidenta de Corporación Humanas
Han pasado 8 meses desde que se inició el debate legislativo del Proyecto de Ley de Despenalización del Aborto en tres causales. La Comisión de Salud aprobó la idea de legislar el 4 de agosto pasado -con 8 votos a favor y cinco en contra-, después de haber escuchado a 76 representantes y expertos/as del área de la salud, de las ciencias sociales, organizaciones de tipo religioso o espiritual, abogados/as, académicos/as, jerarquías de las diversas iglesias, organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos, entre otras. A ello se suman las más de 100 indicaciones que fueron votadas el 15 de septiembre pasado, en una jornada que se extendió por alrededor de 11 horas. Entonces, suena paradójico que hoy la Comisión de Constitución plantee que realizaran el debate sin apuros, escuchando a “todos” los especialistas que se requieran.
Para poder decir que vivimos en un país democrático el proceso legislativo debe escuchar todas las voces y tomar decisiones en forma responsable con la ciudadanía y con los derechos humanos. Sin embargo, la obligación de escuchar a todos no puede convertirse en un freno para el avance los derechos de las mujeres. Si es por “escuchar”, nuestros congresistas debieran recoger la opinión de la ciudadanía que se expresa en las distintas encuestas, las que entregan un respaldo mayoritario a la despenalización del aborto por cada una de las tres causales. Sumando que las y los legisladores cuentan con todos los argumentos a su disposición, tanto en pro y en contra, para dar curso al trabajo en la Comisión de Constitución.
En este sentido, las declaraciones respecto al debate sin apuro y escuchando a todos quienes se requieran, se ha transformado en una práctica antidemocrática, ya que solo apunta a retrasar el proceso legislativo por presiones de sectores que lo que realmente buscan es que este Proyecto de Ley no se apruebe.
Llevamos más de 26 años, desde el retorno a la democracia y desde que fuera penalizado el aborto terapéutico en 1989 como último ejercicio de poder de la Dictadura, intentando recuperar un mínimo ético de derechos humanos de las mujeres, que son despenalizar el aborto, al menos, por riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal incompatible con la vida extrauterina y por el delito de violación. Las mujeres en Chile no podemos esperar más.
Tampoco se entiende la incapacidad de los congresistas de “escuchar” a los organismos internacionales de Derechos Humanos, que reiteradamente han recomendado a Chile cumplir los tratados vigentes, revisar la legislación punitiva, y regular al menos las tres causales que contempla el proyecto y garantizar la confidencialidad de la atención médica.
Hemos escuchado la demanda de las mujeres desde hace más de 20 años, escuchamos la voz de la ciudadanía, escuchamos la voz de expertos y expertas en distintas áreas del saber en la comisión de salud, escuchamos las recomendaciones de la comunidad internacional, entonces, Ya basta de “escuchar”, ¡es hora de legislar! porque mientras más se retrasa el proceso, siguen ocurriendo casos de niñas obligadas a parir a sus hermanos; mujeres violadas obligadas a llevar a término un embarazo producto de una violación y mujeres forzadas y sometidas a la tortura de llevar a término un embarazo inviable. Es hora de sincerar el debate y avanzar en la toma de decisiones.
