Por Beatriz Cantero Riveros, Paola Contreras Hernández, Lorena Garrido Jiménez, Judith Muñoz Saavedra, Patsilí Toledo Vásquez y Macarena Trujillo Cristoffani.
Entre los días 26 y 28 de octubre se desarrolló en la Universidad de Barcelona la X edición de la Conferencia Internacional Encuentros (EBCN 2016). Este evento organizado por docentes, investigadores/as y redes científicas chilenas congregó a destacadas personalidades políticas, sociales y académicas internacionales con la idea de generar conocimiento para la equidad social. El último día un grupo de activistas feministas chilenas y locales, irrumpimos en el acto de clausura con camisetas y una pancarta que decía: NO HAY EQUIDAD SOCIAL SIN ABORTO LEGAL. El público presente, entre los que se encontraban los diputados Gabriel Boric, Giorgio Jackson y la diputada Karla Rubilar, nos recibió con aplausos.
No extrañó la buena recepción porque durante las conferencias se había hablado de dotar de contenido a un concepto tan amplio como el de equidad social. Además, porque en el contexto científico internacional se entiende claramente que negar el derecho al aborto a una niña, a una mujer, con un feto inviable o, incluso, a una mujer que no tiene recursos económicos es una clara muestra de desigualdad e inequidad social.
La Organización Mundial de la Salud señala que la inequidad social es el resultado de normas, políticas y prácticas sociales que toleran o incluso favorecen una distribución injusta del poder. Por tanto, negar la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo refuerza esta estructura injusta y demuestra cómo se ejerce el poder político, económico y social contra los derechos de las mujeres. El patriarcado es violencia y se sustenta en constructos culturales, simbología, lenguaje e ideologías; pero también en leyes (o ausencia de estas) que justifican, legitiman y avalan la desigualdad de las mujeres.
Las enormes resistencias para aprobar una ley de mínimos sobre el aborto, evidencian la influencia del poder capitalista patriarcal en la sociedad chilena; que para mantener su estructura de privilegios de género y clase, necesita controlar la sexualidad de las mujeres y fomentar roles sexuales y sociales tradicionales, aún a costa de negar derechos que están garantizados en la mayoría de países del mundo.
Esta denuncia no sólo se ha manifestado en Chile, desde hace un par de años un grupo de chilenas que vivimos en países donde existe derecho al aborto nos hemos movilizado para poner en evidencia la enorme desigualdad y violencia que sufren nuestras compatriotas. Por ello creamos en las redes sociales una plataforma denominada “por el derecho a decidir también en Chile” ya que nosotras mientras vivimos en el extranjero, podemos ejercer derechos sexuales y reproductivos que son negados en Chile. Pero cuando volvemos a nuestro país, al igual que todas las mujeres que viven en Chile, nos convertimos en cuerpos tutelados y controlados donde las consignas morales de los sectores conservadores priman por sobre el derecho a la autodeterminación de las mujeres.
Y quizás, por esta mirada comparada que tenemos desde el extranjero, nos damos cuenta que negar la posibilidad de una interrupción legal y voluntaria del embarazo es una expresión brutal de violencia cultural, estructural y directa contra las mujeres chilenas. Aún más extrema si se niega incluso en los casos más graves, como cuando el embarazo ha sido consecuencia de la violencia sexual. Violencia que compartimos con mujeres de sólo 7 países en el mundo. Por ello, continuaremos denunciando y visibilizando en el mundo que las mujeres chilenas tienen menos derechos que la mayoría de mujeres del mundo.
Para nosotras, la decisión de ser madres es un derecho personal e íntimo que le compete sólo a la mujer, con independencia de su edad, estado civil o nacionalidad. Las mujeres merecemos el pleno respeto a nuestros derechos humanos y el Estado debe garantizar el ejercicio de la autonomía en nuestros derechos sexuales y reproductivos. La equidad no sólo se mide en aspectos económicos, sino que también en las garantías que permiten el desarrollo de proyectos de vida libremente escogidos. Por eso, Chile debe dotarse de una legislación que permita la interrupción legal del embarazo. De lo contrario continuaremos acrecentando la inequidad y la violencia contra las mujeres.
