El pasado 06 de septiembre se aprobó en la Comisión de Salud del Senado la idea de legislar sobre el proyecto de aborto en tres causales. Es sabido, que el debate sobre interrumpir un embarazo producto de una violación ha devenido en variadas controversias y cuestionamientos: ¿Sin denuncia, quién garantiza la veracidad de la violación?, ¿qué ocurre con el agresor? En el mejor de los casos, cuando se da credibilidad a la víctima, la pregunta deriva en ¿un aborto es más dañino que la violación misma?
Estas dudas aparecen desde la perspectiva de sujetos que temen que les pasen “gato por liebre”, en el entendido que una mujer podría inventar una violación con tal de acceder a la prestación de salud, lógica que no es extraña en un país en dónde los delitos sexuales son difíciles de probar, no siempre por falta de antecedentes sino más bien por falta de pruebas o por un testimonio poco creíble. La caracterización de la violencia intrafamiliar ya nos ha guiado que serían siente años lo que tarda una mujer en reconocerse víctima de violencia, a veces tienen que pasar el doble o triple de tiempo para que una víctima pueda verbalizar que fue abusada. ¿No les ha pasado?. Lo anterior se suma a que gran parte los delitos sexuales en el país denunciados, son archivados o bajo la figura de no perseverar (Ministerio Público, 2016). Por lo tanto, la denuncia no garantiza la persecución, ni la sanción del agresor sexual.
Frente a la no denuncia de la violencia sexual, ocurre que las víctimas se dan cuenta en fases avanzadas de sus embarazos, por lo que se debe priorizar la voluntad de la mujer de interrumpir el embarazo y otorgarle el apoyo que ella estime conveniente recibir en aquel momento. Todo a su tiempo, si apresurar o imponer la denuncia, se arriesga a que las mujeres no vuelvan y corran la peor de las suertes: realizarse un aborto de igual forma, en condiciones adversas y aún en el mismo lugar donde habita la violencia sexual. Por lo tanto, la confidencialidad es una conducta que se recomienda para la atención en adolescentes quienes son las principales víctimas en el país.
El embarazo por violación es una maternidad forzada, desde mi experiencia clínica y desde los antecedentes teóricos, ninguna mujer ha querido resultar embarazada de su violador -casi por sentido común- por el contrario, es significado como una experiencia de trauma que se agudiza en la medida que el embarazo avanza.
Superando las anteriores barreras del acceso al aborto, existe el temor bioético de que el procedimiento pueda resultar más dañino que el trauma mismo de la violación. La evidencia científica señala que el aborto provocado electivo no tiene un efecto perjudicial en la salud mental de las mujeres (Rondón, 2015) más bien la queja radica en problemas asociados al apoyo social percibido, sobre todo en un país en dónde el aborto es una práctica ilegal (Toledo, 1998).
El común denominador de estos juicios, se instala desde las propias convicciones de sujetos situados que no dialogan con el aborto, por razones ideológicas, religiosas o mediados por el estigma social que implica rechazar la maternidad y practicar-se un aborto en Chile.
El embarazo por violación es una maternidad forzada
Desde mi experiencia clínica y desde los antecedentes teóricos, ninguna mujer ha querido resultar embarazada de su violador -casi por sentido común- por el contrario, es significado como una experiencia de trauma se agudiza en la medida que el embarazo avanza. Es más que una experiencia lacerante, mayoritariamente se convierte en un estresor crónico. La Dra. Kimelman, experta en apego perinatal, ejemplificó vivencias del embarazo de una adolescente víctima de violación “me asustan, me asquea es como si tuviera una bolsa de gusanos que atacan” (Seminario “Embarazo adolescente y agresiones sexuales: Un asunto de derechos y alternativas UDP, 2013), también hay experiencias opuestas ydiversas.
He conocido realidades donde mujeres han dado en adopción a sus hijos producto de una violación, han tenido los hijos producto de la violencia sexual, las que han intentado abortar y la que han intentado suicidarse producto del daño a las que se encuentras expuestas con el hecho de tener que afrontar un embarazo de aquellas características. Cualquiera sea la decisión que una mujer tome sobre su vida, son extremo complejas.
El trastorno por estrés postraumático o trastorno adaptativo, depresión o ansiedad son algunas de las consecuencias de la violación, pero la toma de decisiones con respecto al curso de ese embarazo debe ser en base a su autonomía, las consecuencias psíquicas de su historia de abuso no la convierten en un sujeto interdicto e inválido. Por lo tanto, que el Estado y la sociedad chilena niegue el derecho a la autonomía de las víctimas de violencia sexual en estas situaciones severas de dolor, implica un doble victimización al exponerlas a vivir el horror otra vez. No miremos para el lado, esta realidad ocurre y seguirá ocurriendo si no otorgamos una salida a esta tragedia, porque “la salud mental de las mujeres no se puede alcanzar sin una situación de igualdad en el goce de los derechos Humanos Básicos, entre ellos la libertad, la autonomía y los derechos sexuales reproductivos”.
Fuente: El Mostrador
