Sorprende que el gobierno apele a la precaución de que la ratificación de dicho protocolo implique una cesión de soberanía. Todo acuerdo, ya sea comercial, medioambiental o de derechos humanos implica la decisión soberana del Estado de sumarse a un acuerdo multilateral y a realizar las adecuaciones internas necesarias que permitan dar cumplimiento a ese acuerdo, adecuaciones que existe la disposición de realizar puesto que se comparte lo allí estipulado.
El Estado de Chile ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, lo que ha ido permitiendo, lentamente, ir ajustando las normativas internas para cumplir con los derechos consagrados en dicha Convención.
No obstante, varios de los tratados en materia de derechos humanos han añadido “protocolos facultativos”, los cuales requieren ser ratificados por los estados y constituyen mecanismos jurídicos que complementan los tratados, ya sea profundizando alguno de los aspectos abordados en el mismo, incorporando una nueva preocupación o añadiendo un procedimiento para su aplicación como lo es la presentación individual de quejas. Así, los estados que ya han ratificado una Convención o Pacto deben adicionalmente decidir si ratifican el o los protocolos facultativos que la complementan.
El Protocolo Facultativo de la CEDAW fundamentalmente apunta a garantizar la posibilidad de presentaciones individuales frente a la violación por parte del Estado de un derecho garantizado por la Convención, lo mismo que garantiza el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile.
En concreto, este Protocolo estipula las “comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas” (art. 2); que deben ser por escrito y no pueden ser anónimas; de que se hayan agotado todos los recursos de jurisdicción interna; que refiera a una cuestión que no haya sido examinada anteriormente por el Comité; que esté suficientemente fundada; entre otras. El proceso que se inicia a partir de una comunicación en el marco de este Protocolo se sustenta el entendido de que si el Estado ratifico la Convención (y el Protocolo, porque de los contrario el proceso no sería posible) tiene la voluntad política y el compromiso de avanzar sostenidamente en la garantía a nivel nacional de los derechos allí consagrados y de que es labor del Comité que supervisa el cumplimiento de ese tratado ayudar a los estados, a través de sus recomendaciones, a que ello efectivamente ocurra.
Sorprende que el gobierno apele a la precaución de que la ratificación de dicho protocolo implique una cesión de soberanía. Todo acuerdo, ya sea comercial, medioambiental o de derechos humanos implica la decisión soberana del Estado de sumarse a un acuerdo multilateral y a realizar las adecuaciones internas necesarias que permitan dar cumplimiento a ese acuerdo, adecuaciones que existe la disposición de realizar puesto que se comparte lo allí estipulado. Los acuerdos multilaterales, particularmente los medioambientales y los de derechos humanos, representan el anhelo de los países del mundo de avanzar en la construcción y consolidación de comunidades nacionales donde el ser humano y la sustentabilidad del planeta y las especies que en él habitan, sean prioridad en cada una de las naciones que los suscriben.
Pareciera que cuando se trata de derechos de las mujeres, surgen los temores. La aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW lleva ¡18 años en el Congreso!, y ahora que al fin avanza su tramitación en el Senado, el gobierno intenta ponerle freno.
