Por Mónica Maureira M.[1]

El proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo por tres causales, ingresado por el Ejecutivo en enero de 2015, ha permitido que el aborto deje de ser un asunto marginal y se torne objeto de discusión pública tanto en la agenda política como en los medios de comunicación.

El debate público en torno al proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo por tres causales está por cumplir un año. Se ha tratado de una discusión zigzagueante, dura y en ocasiones desgastante. Tramposa, toda vez que se expone a las mujeres a explicar los por qué y las razones por las que abortarían; mujeres presionadas a rendir cuenta pública ante un discurso moral aparentemente dominante.

Dominante, en apariencia. Muy tempranamente iniciada la década del 90, diversas entidades privadas y organismos de Estado realizaron sondeos de opinión pública, registrando corrientes de opinión favorables respecto a legalizar el aborto, ya fuera por las mismas causales que se legislan hoy o por decisión de la mujer. Diversas iniciativas parlamentarias intentaron canalizar esta demanda política, enviando propuestas de ley que fracasaron en el corto plazo.

Dominante, en apariencia, porque el escenario político actual se topa con una sociedad civil representada por mujeres organizadas; robusta en la producción de conocimientos sobre el aborto como derecho, que ha capitalizado de sus propias experiencias de incidencia política, en un panorama global interferido por nuevas formas y medios para comunicar.

El proyecto ingresado por el Ejecutivo en enero de 2015 permite así que la demanda del movimiento de mujeres y feministas en Chile tenga un horizonte de posibilidad después de veintiséis años de abortos clandestinos y arriesgados. Con ello, el aborto dejaría de ser un asunto marginal y se tornaría objeto de discusión pública para la agenda política y en los medios de comunicación.

No obstante, una vez iniciado el debate reciente, los aislados e insuficientes esfuerzos del Estado y de la comunicación gubernamental por gestionar la relación con los medios respecto al proyecto de ley y el aborto tensionaron el quehacer de la sociedad civil, implicando que mujeres organizadas y feministas, desde sus institucionalidades y la academia, adquirieran un protagonismo sin comparación en la discusión. Tan incontrarrestable ha sido su participación, que con fundamento se puede afirmar que gracias a ellas –a las mujeres organizadas y feministas– la discusión se mantiene viva, vigorosa.

Resistencia mediática

A fines de la década del 90, existían serias dificultades para producir información (contenidos noticiables) y opinión sobre derechos sexuales y de salud reproductiva, que reivindicaran asuntos de género y demandas feministas. La capacidad reactiva y de respuesta de las organizaciones tenía como límite los discursos comunes y la dificultad de gestionar estas informaciones para su publicación: ausencia de recursos humanos y la resistencia mediática de abrir un debate sobre temas de derechos fundamentales para la construcción democrática del país.

La tendencia de los medios de comunicación fue empalmar con los discursos hegemónicos que insistían (e insisten hasta ahora) en que las reivindicaciones por los derechos individuales de las personas, especialmente de las mujeres y sus cuerpos, eran de patrimonio social puesto en lo público y en una escala de valores vinculada principalmente a lo religioso. Así, las acciones comunicacionales rigidizaron el debate, demostrando –una vez más– intolerancia frente a las diferencias; los “nuevos discursos” se desvalorizaron y el debate terminó por clausurarse.

Con el actual proyecto de ley en el Congreso, la cobertura sobre aborto en los medios de comunicación ha sido sostenida: la agenda política y la agenda de los medios (setting) evitan que el tema salga de la agenda pública; se mantiene en el repertorio noticioso, situación que se refuerza por la seguidilla de encuestas de opinión que dan cuenta de cómo crece la adhesión a la despenalización del aborto en Chile.

El tema se aloja en la agenda mediática a través de los vericuetos del debate legislativo, la desprivatización de las experiencias personales sobre aborto, la violencia sexual como detonante de embarazos forzados en mujeres adolescentes (niñas) y la criminalización de aquellas que optaron por abortos clandestinos pese a los riesgos. El efecto endogámico y mimético de la prensa[2] le ha dado supremacía al tema en el escenario político y concordancia gracias a la reiteración de las informaciones.

Política en red

Las técnicas mediáticas cambiaron y las prácticas políticas también. La espectacularidad de los usos políticos, su dramatización y la personalización de los asuntos de interés público[3] redundaron en la deslegitimación de los partidos políticos como vasos comunicantes entre los intereses de la ciudadanía y el Estado. Paralelo a ello, y de manera vertiginosa, la comunicación política en red[4] permitió afortunadamente equilibrar las oportunidades de los movimientos sociales de incidir en la agenda pública a través de la autoproducción de contenidos e informaciones y de la autonomía para difundir discursos y mensajes. Los procesos de información y las relaciones de poder en el sistema político se horizontalizaron.

En este escenario, los medios de comunicación tradicionales están realizando esfuerzos por mantener su jerarquía ante la capacidad de los medios digitales y sus plataformas para generar flujos informativos. Uno de esos trabajos consistió en editorializar sobre el aborto, interpretando desde sus propias lógicas políticas y económicas (necesarias para su sobrevivencia) los alcances que tendría el proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales para la sociedad chilena.

Los recursos editoriales de la prensa tradicional se cruzaron rápidamente con un cúmulo de experiencia y conocimiento capitalizado por las organizaciones de mujeres y feministas, no solo en el ámbito discursivo local sino que también internacional: hacía tiempo que dichas entidades estaban tensionando los sistemas de protección de derechos, desarrollando estrategias de alto impacto jurídico para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres así como lo mandata el desarrollo internacional.

Aprendizaje, conocimiento, incidencia política; disposición a impactar en la tematización y contextualización que los medios hacían del aborto en Chile. Comienza una disputa discursiva para legitimar posiciones. Ahí, nuevamente, se encuentran las mujeres organizadas y feministas reapropiándose del habla y de la palabra. Persuadiendo. El peso de la experiencia y la evidencia, impelieron a los medios a abrir sus tribunas de opinión; a dar voz y participación.

La tematización y editorialización del aborto en medios tradicionales interactúa con las plataformas digitales, amplificando la posibilidad de generar acción política colectiva e impulsando un activismo digital[5] que ahora sí disputa con la hegemonía cultural y las cuotas de pluralismo necesarias para una democracia saludable.

Los anuncios recientes del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet incluyeron el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales como una de las prioridades legislativas en lo que resta el periodo legislativo de este 2016. En este contexto, las mujeres organizadas y feministas deberán redoblar sus recursos para seguir vinculando la dimensión socio-técnica[6] en la acción política colectiva y comunicacional respecto al aborto, porfiando a la hegemonía cultural y politizando espacios democráticos menos consensuados.

Fuente: Revista Rufián