carroza

Corporación Humanas, en representación de Ana María Campillo y Patricia Herrera, se hizo parte del alegato de apelación solicitado por José Luis Contreras Valenzuela, ex Cabo Segundo y miembro del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR).

Contreras Valenzuela, acusado de secuestro agravado durante la dictadura cívico militar se encuentra en prisión preventiva y, recientemente, solicitó su libertad bajo fianza al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, quién en primera instancia no dio lugar al beneficio solicitado por el ex unif0rmado.

En diciembre de 2010, Corporación Humanas presentó una querella por el secuestro de Patricia Herrera cuando tenía 19 años de edad. Su aprehensión se registró en las afueras de su hogar en junio de 1974 y, posteriormente, fue trasladada por un grupo de agentes de la SICAR al subterráneo de la Plaza de la Constitución.

En su relato, Patricia Herrera sostuvo: “no hubo interrogatorio; sólo torturas; no me preguntaron nada; yo tampoco dije nada. Me pegaban, me insultaban, me gritaban “comunista de mierda”, entre otros tratos inhumanos, crueles y degradantes”.

Respecto del caso de Ana María Campillo, fue detenida a los 21 años de edad y sacada del domicilio de su pareja en ese entonces, junto a otras tres personas en junio de 1974. En junio del año pasado se presentó una querella criminal contra todos quienes resulten responsables por los delitos de secuestro agravado, violencia sexual como tortura, violación sexual y abusos deshonestos cometidos en su contra y por el delito de asociación ilícita para secuestrar y torturar, todos constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

Ambas causas fueron acumuladas en un proceso en el que en junio de este año se dictó auto de procesamiento en contra de Manuel Muñoz Gamboa en calidad de autor del delito de secuestro agravado y contra Contreras Valenzuela y otros 10 ex agentes de la SICAR en calidad de cómplices del mismo delito.

Patricia Herrera y Ana María Campillo son representadas por Corporación Humanas. Ellas reconocen que fueron trasladadas a los subterráneos de la Plaza de la Constitución, donde funcionó un centro clandestino de secuestro y tortura conocido como “El Hoyo” durante la dictadura cívico militar.

Asimismo, Corporación Humanas en su alegato ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitó se deje sin efecto la resolución que concede la libertad bajo fianza para a 10 agentes del grupo de Contrainteligencia del SICAR procesados, entre otros delitos, por secuestro agravado.

Pese a la gravedad de los antecedentes expuestos la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dio a lugar la solicitud de fianza solicitada para los agentes procesados por violaciones a los derechos humanos, previo pago de una fianza de 500 mil pesos para el ex uniformado Contreras Valenzuela y una fianza de 1 millón de pesos para los otros 10 ex agentes del grupo de Contrainteligencia del SICAR.

Los argumentos esgrimidos por los magistrados son por una parte, que los hechos tuvieron lugar hace más de 30 años y que, en el caso de Contreras Valenzuela, no constituye un peligro para la sociedad.

Existen antecedentes suficientes en la causa para señalar que los subterráneos de la Plaza de la Constitución fue un recinto que se encontraba a cargo del Departamento de Contraiteligencia de la SICAR del cual Contreras Valenzuela y los otros 10 agentes procesados hacían parte.